La prensa internacional que hoy se detiene en Costa Rica lo hace desde un ángulo que revela la fisura entre la marca país y la experiencia territorial. Infobea América publica un informe del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales sobre el estado de la infraestructura vial en Guanacaste, y el encuadre que propone es el de un destino turístico cuya competitividad se erosiona desde la base: literalmente, desde las carreteras que lo sostienen.
El dato central que estructura la cobertura es tan específico como demoledor: el 25.5% de la red vial nacional de Guanacaste corresponde a carreteras de lastre. No se trata de un problema marginal de una provincia rezagada, sino de una contradicción que golpea directamente la promesa central de Costa Rica como destino. Guanacaste es la puerta de entrada: alberga el aeropuerto internacional de Liberia, las playas de Sámara, Carrillo y Nosara, la infraestructura hotelera que sostiene buena parte de la economía turística nacional. Y precisamente allí, donde más importa, el sistema vial se desmorona.
Lo que la prensa extranjera subraya, con una precisión que no deja espacio para la ambigüedad, es que esta no es una falla técnica aislada sino un síntoma de prioridades distorsionadas. La Ruta Nacional 907, que conecta comunidades y playas, no recibe una intervención significativa desde hace cinco años. Ante esa inacción del Consejo Nacional de Vialidad, los pobladores se organizaron para reunir fondos propios y tapar huecos. El detalle es revelador: la comunidad de Caballito, con una importante producción lechera y dependencia de rutas de transporte hacia San José, tuvo que autofinanciarse porque el Estado no lo hizo. Eso no es resilencia comunitaria. Es abandono institucional reenmarcado como virtud.
Los gerentes de hoteles de cadenas internacionales, consultados por el medio, describen un problema que afecta la experiencia del turista en el mismo punto de llegada. Los visitantes, agotados por el vuelo, enfrentan congestiones que pueden convertir un traslado de minutos en una experiencia de horas. La directora ejecutiva de la Cámara de Turismo Guanacasteca lo dice sin ambages: desplazamientos entre cantones pueden superar las dos horas en horarios pico. Eso impacta, dice, la competitividad de las empresas.
Pero el encuadre internacional va más allá de la incomodidad turística. Subraya también las consecuencias para la salud de los pobladores: el polvo generado por el tránsito en vías de lastre provoca afecciones respiratorias. Y destaca la evaluación técnica que encontró que 14 de 16 secciones de la Ruta 21 recibieron calificación de "muy deslizantes", elevando riesgos de derrapes especialmente en época lluviosa. Esto no es una molestia. Es un problema de seguridad vial.
Lo que la prensa extranjera ve, entonces, es una contradicción sistémica: Costa Rica se vende como un país moderno, estable, atractivo para la inversión. Pero el territorio que sustenta esa promesa está deteriorándose. El Gobierno anunció una intervención integral en la Ruta 21 que estaría lista en 2028. Eso significa que durante los próximos cuatro años, la principal vía de acceso al aeropuerto internacional de la provincia turística más importante del país seguirá siendo un problema. No es una solución. Es una promesa diferida.
El ángulo de Infobea América, entonces, no es el de una crisis dramática sino el de una incoherencia persistente: un país que invierte recursos significativos en su imagen internacional pero que permite que la infraestructura básica que sostiene esa imagen se desmorona a ritmo lento pero visible. Para el visitante, para el trabajador del sector turístico, para el productor lechero de Guanacaste, esa contradicción es la realidad cotidiana.