La prensa extranjera que hoy cubre República Dominicana a través del caso del médico dominicano arrestado en Nueva York ha elegido un encuadre que resulta instructivo por su simplicidad: la historia de un profesional sin credenciales que operaba en las sombras de la comunidad hispana del Bronx y cuya negligencia terminó en muerte. Infobae América, nuevamente como voz prácticamente única en la cobertura visible, presenta los hechos con claridad procesal: un arresto, cargos por ejercicio ilegal de la medicina, una autopsia pendiente que podría agravar la acusación. Los detalles están ahí, verificables, dramáticos incluso. Pero lo que interesa examinar es qué narrativa subyace a esta selección y qué deja sin interrogar.
El encuadre es el de la impostura individual. Luis Rojas Cabrera es presentado como un actor aislado, un profesional formado en República Dominicana que llevó sus credenciales dudosas a Nueva York y las ejerció sin autorización. Su biografía profesional aparece en el texto como un conjunto de afirmaciones no verificadas: más de seis mil cirugías, colaboraciones internacionales, certificaciones de asociaciones estadounidenses de medicina alternativa. La prensa internacional subraya la brecha entre lo que Rojas Cabrera afirmaba ser y lo que las autoridades neoyorquinas confirman que era: un médico sin licencia. Esa discrepancia es real y relevante. Pero el encuadre se detiene ahí.
Lo que la cobertura no interroga, o apenas toca, es cómo un centro de salud operaba en Nueva York ofreciendo "soluciones antienvejecimiento" sin supervisión aparente, cómo la comunidad hispana del Bronx accedía a estos servicios, qué regulaciones fallaron o no existían, por qué la medicina alternativa y las terapias no farmacológicas encuentran un mercado tan receptivo en ese segmento poblacional. No pregunta tampoco si este es un caso aislado o un síntoma de un patrón más amplio de prestadores sin credenciales operando en la sombra de comunidades migrantes en Estados Unidos. Y ciertamente no examina la responsabilidad de las plataformas o espacios que permitieron la publicidad de estos servicios.
En cuanto a República Dominicana específicamente, la mención del país funciona aquí como trasfondo de origen, como punto de partida de una trayectoria que se vuelve problemática al cruzar la frontera. Las credenciales dominicanas de Rojas Cabrera, sus estudios en UTESA, su formación en hospitales de Santo Domingo, aparecen en el texto como parte de su currículo inflado, como evidencia de que llevaba consigo un conjunto de afirmaciones que no resistieron el escrutinio estadounidense. La Universidad Tecnológica de Santiago y el Hospital Salvador B. Gautier son nombrados, pero no contextualizados. No se pregunta si estas instituciones verificaron sus credenciales, si emitieron certificaciones que Rojas Cabrera luego distorsionó, si existe algún mecanismo de seguimiento cuando un profesional formado en República Dominicana se muda a otro país.
Lo que sí emerge del relato, aunque no sea su intención explícita, es una cierta desconfianza hacia los credenciales dominicanos. La prensa extranjera no lo dice así, pero el efecto es ese: un médico dominicano, con formación dominicana, llega a Nueva York y resulta ser un impostor. La secuencia narrativa refuerza una jerarquía implícita de legitimidad profesional: lo que se afirma en República Dominicana no es verificable desde Nueva York, y por lo tanto es sospechoso. Eso es un encuadre, aunque sutilmente operado.
La muerte de la joven de 27 años es el hecho que ancla la historia, y es el hecho que justifica la cobertura. Pero la pregunta que no se formula es quién era ella, por qué buscaba un tratamiento antienvejecimiento a esa edad, qué promesas le hizo ese centro de salud, qué vulnerabilidad específica la llevó a confiar en un procedimiento sin supervisión regulatoria. La víctima permanece sin identidad, sin voz, reducida a la circunstancia de su muerte. Es un detalle que la policía mantiene bajo reserva, según el texto, pero esa reserva es respetada sin cuestionamiento por la prensa.
Lo que la cobertura internacional deja sin resolver es si este caso es un incidente de negligencia criminal o un síntoma de un sistema de regulación que falla sistemáticamente en proteger a poblaciones vulnerables. Si es lo primero, entonces el encuadre de impostura individual es suficiente. Si es lo segundo, entonces la historia es mucho más compleja y mucho menos resuelta por el arresto de un hombre. La prensa extranjera, al elegir la primera interpretación sin examinar la segunda, opta por una narrativa que cierra la pregunta antes de formularla. Y con ello, República Dominicana queda retratada no como un país con problemas de regulación o de exportación de profesionales sin supervisión, sino simplemente como el lugar de origen de un mal actor individual.