La prensa extranjera que cubre Panamá publica hoy un solo despacho, y conviene decirlo sin rodeos: el país solo existe para el exterior cuando hay una catástrofe que contar o un trámite que resolver. Infobae América elige esta vez la voz de un gremio empresarial, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, para narrar la reconstrucción tras el terremoto de 7.5 grados del 9 de octubre. El encuadre no es el del sismo ni el del duelo: es el de la gestión. Panamá aparece como un país que ya pasó la emergencia y ahora discute fideicomisos, rendición de cuentas y calendarios escolares. La mirada de afuera convierte el desastre en una agenda administrativa.
Los hechos que el medio consigna bastan para medir la distancia entre ese tono y la realidad que describe. Más de once mil viviendas evaluadas por daños, cerca de 5.600 personas que continúan en albergues, más de 853 centros educativos inspeccionados en Azuero, Coclé y Veraguas. Detrás de esas cifras, el presidente de la Apede, Alberto López Tom, advierte algo que el encuadre gerencial tiende a diluir: "Estas cifras representan vidas que han cambiado, rutinas interrumpidas y familias que necesitan respuestas". El medio lo cita, pero lo coloca como adorno retórico dentro de un texto cuyo eje es la petición de agilizar el fideicomiso y evitar "las malas experiencias vividas durante la pandemia". La emergencia humanitaria queda subordinada a la lección de administración.
Hay un matiz nuevo y merece subrayarse: el gremio no pide solo eficiencia, pide transparencia. "Informar cuánto se recibe, cómo se invierte y a quiénes beneficia permite honrar esa confianza", dice López Tom. Es una exigencia que la prensa extranjera recoge sin explorar su trasfondo: la desconfianza instalada sobre el manejo de fondos públicos en Panamá. El medio la presenta como una recomendación técnica, no como lo que es: un síntoma de que la ciudadanía y el sector privado no dan por sentado que el dinero llegará intacto a las comunidades. Esa omisión es la más elocuente del despacho.
El texto también describe las regiones afectadas como comunidades que "durante generaciones sostuvieron el desarrollo agrícola, ganadero, turístico y comercial del país". Es una frase justa, pero llega tarde y en boca de un gremio empresarial, no del Estado. La prensa extranjera la reproduce sin preguntarse por qué esas zonas, que sostuvieron el país, aparecen ahora en el mapa solo cuando un terremoto las visibiliza. El encuadre de la reactivación económica —financiamiento, períodos de gracia, apoyo para recuperar inventarios— desplaza la pregunta central: por qué la vivienda segura y la continuidad educativa dependen de la velocidad de un fideicomiso y no de una política pública permanente.
El llamado del gremio a varias carteras del Estado —Comercio, Desarrollo Agropecuario, Turismo, la autoridad de la pequeña y mediana empresa— revela, sin que el medio lo señale, la fragmentación de la respuesta estatal. La prensa extranjera lo presenta como una convocatoria constructiva, no como la evidencia de que la reconstrucción se está diseñando por demanda de los afectados y no por coordinación previa. Panamá, en este espejo, aparece como un país donde el sector privado le marca el paso al Gobierno en la gestión de una emergencia. Eso no es un elogio del gremio: es una advertencia sobre el Estado.
El despacho de Infobae América tiene el mérito de no quedarse en el heroísmo de los rescatistas ni en el morbo de las cifras. Pero su encuadre —el de la eficiencia administrativa— omite la dimensión política del desastre: la vulnerabilidad estructural de Azuero, Coclé y Veraguas, la precariedad de la vivienda rural, la fragilidad del sistema educativo en zonas remotas. La prensa extranjera ve a Panamá como un país que gestiona una reconstrucción. Los panameños que siguen en albergues, con las clases suspendidas y los negocios cerrados, probablemente lo ven como un país que aún no ha terminado de ser sacudido.