La prensa extranjera vuelve a mirar a Uruguay a través de una sola rendija, y esta vez la rendija es la más oscura posible: el caso de una madre de veintidós años acusada de matar a golpes a una de sus mellizas de nueve meses y de maltratar a la otra. Infobae América lo cuenta con el detalle que el caso merece, pero también con una economía narrativa que conviene examinar. La fiscal de Tacuarembó, Luciana Jesús, pidió cuarenta y cinco años de condena —treinta de prisión más quince de medidas eliminativas de seguridad, según el Código Penal uruguayo— y lo justificó con una frase que el medio elige destacar: la imputada actuó "totalmente con conciencia y voluntad". El artículo reconstruye el episodio de julio de 2025, la llegada al hospital con dos bebés desmayadas, la fractura de cráneo de la sobreviviente, los antecedentes de violencia doméstica contra la propia madre de la acusada, el consumo de estupefacientes que la fiscal reconoce como posible desencadenante pero que no atenúa su responsabilidad. Son hechos graves, verificados, y no hay ninguna razón para minimizarlos.
Lo que interesa aquí, sin embargo, no es el caso sino el encuadre. Infobae elige contar Uruguay como el país donde una madre mata a su bebé, y lo hace con una pieza que funciona como unidad cerrada: el horror, la fiscal, la cifra, el nombre de la víctima —Aitana—, el de la hermana que sobrevivió —Julieta—. Es un relato que conmueve y que informa, pero que también aísla el episodio del contexto que el propio texto roza sin desarrollar. Al final, casi como un apéndice, aparece la única frase que conecta el caso con algo más grande: "Las denuncias de abusos y maltrato contra menores en Uruguay han aumentado en los últimos años". No hay cifras, no hay fuente, no hay política pública, no hay institución interpelada. La frase queda ahí, suspendida, como un cierre que el medio no se anima a abrir.
Hay, sin embargo, un momento en el artículo en que la mirada extranjera se topa con algo que no encaja del todo en su molde. Es la declaración de Ciro Ferreira, director del hospital de Tacuarembó, que no habla de la madre ni de la pena sino del sistema: "esto nos debe llevar a reflexionar en nuestro país a que este tipo de situaciones nosotros las recibimos en la última etapa, pero es un tema social en el cual todos tenemos que colaborar". Ferreira dice que los equipos de salud quedaron "realmente muy mal" y distingue entre lo policial y lo sanitario. Es la única voz del texto que desplaza el foco del castigo individual hacia la prevención colectiva, y es también la que el artículo deja pasar sin subrayar. La prensa extranjera prefiere la historia de la madre violenta a la historia del Estado que llega tarde.
No se trata de pedirle a Infobae que convierta una crónica judicial en un tratado de política social. Se trata de señalar que el encuadre dominante —Uruguay como escenario de un infanticidio— omite deliberadamente la escala, la serie, la trama institucional. El propio artículo menciona que la mujer había sido penada antes por violencia doméstica contra su madre, que el embarazo no fue controlado, que faltó a una cesárea programada. Son datos que, leídos en conjunto, describen un fracaso de seguimiento y no solo un acto de voluntad individual. La fiscal los usa para agravar la imputación; el medio los usa para densificar el retrato de la acusada. Ninguno de los dos los usa para preguntar qué hizo o dejó de hacer el sistema entre la primera condena y la muerte de Aitana.
El resultado es un editorial involuntario sobre la mirada de afuera: cuando Uruguay aparece en la prensa internacional, tiende a aparecer por sus excepciones, y las excepciones se cuentan como si fueran la regla. Ayer era el papa y las entradas agotadas; antes, un padre condenado y una adolescente que cruzó un puente. Hoy es una bebé muerta en Tacuarembó. Cada pieza es verdadera. Ninguna, por sí sola, explica el país. La pregunta que queda flotando, y que el artículo no formula, es la que Ferreira insinuó y nadie recogió: si las denuncias de maltrato contra menores aumentan, ¿qué está haciendo Uruguay con eso, más allá de pedir cuarenta y cinco años para una mujer de veintidós? La prensa extranjera no tiene por qué responderla. Pero el hecho de que no la pregunte dice bastante sobre qué clase de país le interesa contar.