Opiniones

La prensa internacional hoy apenas registra movimiento en su cobertura de América Latina. Donde debería haber un flujo de noticias que reflejara la complejidad de la región, encontramos apenas un titular de Infobea América sobre Honduras, repetido sin variación en los despachos disponibles. Es un silencio elocuente, aunque no sorprendente.

Lo que llama la atención no es tanto lo que se publica como lo que se omite. Honduras anuncia una estrategia de inversión de dos mil millones de dólares, una cifra que en términos absolutos no es despreciable para un país centroamericano, y sin embargo la noticia circula sin eco en la prensa internacional de referencia. El gobierno hondureño habla de reincorporación al CIADI, de mejora en la percepción internacional, de interés concreto de cinco empresas extranjeras. Estos son mensajes diseñados para proyectar estabilidad institucional y apertura al capital externo. Pero la prensa internacional no los amplifica ni los cuestiona significativamente. Simplemente los registra.

El encuadre es revelador por su austeridad. Infobea América reproduce, sin mayor análisis crítico, las proyecciones del ministro asesor Epaminondas Marinakys. No hay contrapeso de voces independientes, no hay preguntas sobre la viabilidad real de estas cifras, no hay contexto sobre los antecedentes de Honduras en materia de inversión extranjera o sobre los riesgos políticos y de seguridad que históricamente han desalentado a los inversionistas. El problema energético, que el propio funcionario reconoce como "principal reto", aparece casi como un detalle administrativo, no como un síntoma de debilidades estructurales más profundas.

Lo que falta en esta cobertura es precisamente lo que la prensa extranjera suele enfatizar cuando habla de América Latina: la brecha entre las promesas de los gobiernos y su capacidad de cumplirlas. Honduras no es un país desconocido para los inversores internacionales. Su historial incluye volatilidad política, inseguridad persistente y proyectos anunciados que no siempre llegan a buen puerto. Una prensa internacional rigurosa habría explorado esa tensión. En su lugar, el relato se limita a reproducir las aspiraciones oficiales.

Hay aquí, además, una cuestión de jerarquía informativa. Que Honduras busque atraer inversiones es una noticia de economía sectorial, legítima pero modesta. Que lo haga en un contexto regional donde otros países enfrentan crisis de legitimidad democrática, violencia de crimen organizado o tensiones geopolíticas mayores, sugiere que la región sigue siendo cubierta de manera desigual desde el exterior. Los grandes titulares van a México, Brasil, Colombia. Los anuncios de inversión en Honduras quedan en la periferia.

El silencio internacional sobre Honduras también puede leerse como indiferencia. El país centroamericano no genera la alarma que produce la migración masiva, ni la fascinación que rodea a Brasil, ni la inquietud geopolítica que despierta México. Es, en cierto sentido, invisible en el radar de la prensa mundial, salvo cuando se trata de replicar comunicados oficiales. Eso es, quizás, lo más problemático de todo: no que se distorsione la realidad hondureña, sino que apenas se la mire.

La prensa internacional que cubre Argentina hoy se debate entre dos crisis que revelan un país donde los problemas estructurales avanzan casi sin resistencia. De un lado, la violencia contra las mujeres y las adolescentes ocupa nuevamente el centro de la cobertura extranjera. Del otro, un asunto menos visible pero igualmente corrosivo: la acumulación de residuos tóxicos del fracking que contamina el ambiente sin que parezca haber una respuesta institucional proporcional al daño.

Lo interesante no es que ambos problemas coexistan, sino cómo la prensa extranjera los encuadra de manera casi separada, como si pertenecieran a dos argentinas distintas. La BBC Mundo, los feeds de noticias, enfatizan el patrón de violencia de género, las denuncias por falta de protección estatal, el ciclo de indignación que se repite tras cada asesinato. Es el encuadre del colapso del orden público, de un Estado que no garantiza seguridad básica. Pero El País, en su sección de desarrollo sostenible, trae otro ángulo: el de un país que sacrifica su ambiente futuro en el altar de la extracción de recursos. Montañas de residuos. Contaminación. Acumulación.

Lo que la mirada extranjera parece no conectar es que ambas cosas hablan del mismo fenómeno: un Estado argentino que ha perdido capacidad regulatoria. No puede proteger a las mujeres de la violencia. No puede gestionar los pasivos ambientales de sus propias industrias. No puede, o no quiere, establecer límites. La prensa de afuera ve a Argentina como un lugar donde las cosas suceden sin que nadie las controle realmente, donde las tragedias se acumulan como esos residuos tóxicos: visibles, denunciadas, pero sin solución.

Hay una pregunta incómoda que la cobertura internacional deja flotando: ¿es Argentina un país que está fallando en proteger a su gente y su territorio, o es un país que simplemente ha decidido que ciertos costos son asumibles? Para la prensa extranjera, la respuesta importa menos que el hecho de que la pregunta siga siendo válida, una y otra vez.

La escalada hacia la militarización como narrativa única

La prensa internacional ha comenzado a enmarcar Bolivia no ya como un país en crisis política, sino como un territorio donde la violencia es el hecho predominante. France 24, en su cobertura del enfrentamiento de San Julián, establece una jerarquía clara: la violencia "se adueña" de Bolivia, los heridos y los disparos ocupan el centro de la noticia, mientras todo lo demás —incluidas las causas de un mes de bloqueos que han costado 2.100 millones de dólares— se diluye en el trasfondo.

Este giro es significativo. No se trata solo de que la cobertura sea más dramática; es que el encuadre ha mudado hacia un territorio donde los hechos de sangre justifican por sí solos la narración. Cuarenta y cinco heridos, policías con disparos en la cabeza, manifestantes armados con rostros cubiertos: estos detalles, todos verificables en el texto de France 24, crean una atmósfera de caos donde la pregunta sobre quién inició el conflicto o por qué persisten los bloqueos resulta casi secundaria.

Lo que la prensa extranjera no examina —o apenas toca— es la cadena de decisiones que condujo a este punto. El texto menciona que "las autoridades" enfrentaron a "manifestantes", que estos "usaron armas de fuego", que "cinco personas fueron detenidas". Pero la narrativa se detiene ahí. No hay investigación sobre cómo llegaron armas a manos de civiles en un bloqueo de carreteras, ni análisis sobre si el despliegue militar fue proporcional, ni contexto sobre qué sectores específicos están movilizados ni cuáles son sus demandas precisas más allá de la renuncia presidencial.

En su lugar, la cobertura absorbe sin crítica las acusaciones del Comité Cívico Pro Santa Cruz, que vincula directamente a Evo Morales con "terroristas" y "paramilitares". Estas son afirmaciones graves que aparecen en el reportaje como parte del registro de lo que "se denuncia", pero sin que la prensa internacional haya verificado independientemente tales acusaciones o explorado su plausibilidad. El efecto es que la narrativa de una conspiración de la izquierda armada se filtra en la cobertura internacional sin que medie el escepticismo que debería acompañar a tales denuncias.

Paralelamente, la aprobación de una ley que reglamenta los estados de excepción aparece como un desarrollo legislativo casi administrativo. Los diputados debaten "en sesión virtual" y aprueban "por la mayoría en la medida que estamos en una situación de emergencia". La ironía de que una ley que amplía poderes de excepción sea aprobada precisamente porque se invoca la emergencia no es problematizada. Para la prensa internacional, esto es simplemente lo que hace un Parlamento en crisis: actuar rápido.

Lo que emerge es un encuadre donde la violencia callejera se convierte en justificación para la concentración de poder, y donde la cobertura internacional, al priorizar los hechos de sangre sobre las causas políticas, contribuye sin proponérselo a normalizar esa lógica. Bolivia no aparece como un país donde hay un conflicto político profundo que requiere negociación y resolución; aparece como un lugar donde el desorden es tal que solo la mano fuerte del Estado puede restaurar el orden.

Eso no es mentira. Pero es una verdad incompleta que, repetida sin contexto, se convierte en un relato que justifica casi cualquier medida de represión. Y esa es precisamente la función que cumple cuando se reproduce en los medios internacionales sin la contrapregunta que debería acompañarla: ¿cómo se llegó aquí, y qué se está perdiendo en el camino hacia la "normalidad"?

A imprensa internacional descobriu o Brasil no tênis, e a descoberta é tão recente quanto frágil. Roland-Garros 2026 oferece à cobertura estrangeira uma narrativa que ela compreende bem: a de um país que ressurge através de promessas jovens, de talentos que vencem adversários consagrados e de uma geração que, contra as expectativas, ocupa espaço nas fases decisivas de um Grand Slam. É uma história reconfortante, de renovação e esperança. O problema é que ela mascara uma realidade muito mais complexa e, sobretudo, muito mais frágil do que a cobertura permite entrever.

O enquadramento estrangeiro sobre o desempenho brasileiro em Paris é fundamentalmente otimista, quase celebratório. A cifra de 37 vitórias em um único Grand Slam é apresentada como marco histórico, superação, prova de que algo mudou estruturalmente no tênis brasileiro. Mas o leitor atento nota que essa métrica abrange simples, duplas, juvenil e cadeirantes. É um agregado que dilui o que realmente importa no discurso internacional sobre tênis: o desempenho no simples masculino e feminino dos maiores nomes.

João Fonseca torna-se então o rosto dessa narrativa. Aos 19 anos, quartas de final, eliminação de Djokovic, superação de Ruud. A imprensa estrangeira encontra nele o que busca: o jovem talento que emerge, o menino que enfrenta gigantes e, mesmo derrotado por Mensik, sai dignificado pela experiência. Fonseca fala de aprendizado, de não ter expectativas e ter alcançado bom resultado. É uma fala prudente, madura, que agrada o jornalista internacional porque confirma o arquétipo do promissor em desenvolvimento. Gustavo Kuerten é invocado como fantasma tutelar, como se a presença do tricampeão em Paris fosse uma transferência de legitimidade de uma era para outra.

Mas há algo que a cobertura não diz explicitamente, embora deixe implícito: o Brasil não tem mais um tenista de elite no simples masculino. Fonseca é promessa, não realidade consolidada. Sua campanha é admirável precisamente porque é exceção. Mensik, jogador tcheco de 19 anos, o eliminou. A narrativa internacional não enfatiza isso, mas o fato permanece: o Brasil ainda não produziu o sucessor de Kuerten em termos de consistência e títulos.

No feminino, o silêncio é ainda mais revelador. Beatriz Haddad Maia, principal nome do país, foi eliminada na primeira rodada. A cobertura registra o fato com discrição, quase constrangimento. Luisa Stefani nas duplas é apresentada como regularidade, competência, mas a derrota na semifinal é explicada pela própria tenista como falta de energia e disposição. Não é a narrativa de uma potência ressurgente, é a de uma atleta que chegou longe apesar das dificuldades. Há uma diferença crucial entre essas duas leituras.

O que a imprensa estrangeira faz, portanto, é construir uma história de esperança a partir de fragmentos reais mas limitados. Ela vê o Brasil através de João Fonseca e Luis Guto Miguel, e conclui que há uma nova geração. Vê a presença de torcedores brasileiros em Paris e interpreta como expressão de um país que volta a investir em tênis. Mas não questiona por que essa presença é notável apenas agora, por que o Brasil desapareceu do circuito profissional por tanto tempo, por que a estrutura que produzia Kuerten não conseguiu produzir seu sucessor por duas décadas.

A cobertura de Roland-Garros 2026 é, portanto, um espelho da forma como a imprensa internacional frequentemente nos vê: não como uma nação com problemas estruturais profundos em suas instituições esportivas, mas como um país que, ocasionalmente, produz talentos individuais apesar desses problemas. Somos vistos como um reservatório de potencial bruto, não como um sistema consolidado. Quando um João Fonseca emerge, a narrativa é de surpresa e promessa. Quando Beatriz Haddad Maia cai na primeira rodada, é um detalhe lamentável, não uma questão estrutural.

Há também uma dimensão de nostalgia no enquadramento. A invocação repetida de Gustavo Kuerten, a menção de que torcedores nunca viram tanta presença brasileira em Roland-Garros desde sua era, tudo isso sugere que a imprensa estrangeira está menos interessada em analisar o Brasil contemporâneo do que em recuperar a memória de um Brasil que já foi relevante no tênis. Fonseca não é visto apenas como promessa futura, mas como possível redentor de um passado glorioso.

O que fica ausente dessa cobertura é qualquer reflexão sobre as razões pelas quais o Brasil desapareceu. Não há menção a políticas públicas de esporte, a investimentos privados, a estrutura de treinamento, a comparação com outros países que mantiveram presença constante. A imprensa estrangeira não faz essas perguntas porque seu interesse é mais superficial: ela quer a história do talento que vence, não a análise de sistemas que produzem ou deixam de produzir talentos.

Assim, Roland-Garros 2026 marca, para a imprensa internacional, um Brasil que volta a aparecer no tênis. Mas é um retorno que oculta uma ausência de duas décadas, que celebra exceções como se fossem tendências, que confunde esperança com consolidação. A cobertura é generosa com nossos jovens tenistas, mas essa generosidade é, em certo sentido, a generosidade de quem observa um fenômeno inesperado e agradável, não de quem reconhece uma potência restaurada

La prensa internacional descubre hoy en Chile una historia que, en apariencia, nada tiene que ver con política: la búsqueda de una mujer nacida en Santiago por recuperar obras de arte robadas durante el nazismo. El País América dedica espacio a Deborah Zoellner, descendiente de una familia judío-alemana, cuya abuela Elsbeth Isaac dejó encargado un cuadro de Max Liebermann en Ámsterdam en 1940 y nunca pudo recuperarlo después de la guerra. El hallazgo llegó en 2000, cuando un museo holandés contactó a Zoellner para informarle que la pintura seguía allí, esperando.

Lo curioso no es la historia en sí, que es genuina y conmovedora, sino lo que revela sobre cómo la prensa extranjera encuadra a Chile en este momento. Al traer a la superficie una narrativa de pérdida, persecución y búsqueda de justicia reparadora décadas después de los hechos, El País América está tocando un tema que resuena profundamente en el país: la relación chilena con su propia memoria traumática.

No es casualidad que esta historia aparezca ahora. Chile ha estado en el centro de una disputa feroz sobre cómo recordar su pasado, especialmente el de la dictadura militar. La cobertura de una chilena buscando recuperar lo que le fue arrebatado en Europa funciona como un espejo incómodo. Sugiere, sin decirlo explícitamente, que hay un trabajo de memoria que no se termina, que las heridas no se cierran simplemente porque pase el tiempo, y que la justicia reparadora es un proceso que puede tomar generaciones.

Lo que la prensa extranjera omite deliberadamente, o quizá ni siquiera nota, es que esta búsqueda de Zoellner ocurre en un país donde millones de chilenos aún buscan sus propias verdades, sus propios cuadros perdidos en los años de represión. La ironía es suave pero punzante: mientras una chilena rastrea el robo nazi en Europa, Chile sigue debatiendo cómo contar su propia historia de saqueo y desaparición.

El encuadre internacional, entonces, no es accidental. Es una forma de hablar de Chile sin hablar directamente de Chile, usando la universalidad del daño histórico y la dignidad de la búsqueda como puente narrativo. La prensa extranjera, al amplificar esta historia, está diciendo algo sobre cómo ve al país: como un lugar donde la memoria importa, donde las familias no abandonan sus reclamaciones, donde la justicia, aunque tarde, sigue siendo posible. Es un mensaje esperanzador, pero también es un recordatorio de que en Chile, como en Europa después de la guerra, la verdadera reparación sigue siendo un trabajo inacabado.

La prensa internacional descubre hoy en Colombia una historia que prefiere celebrar antes que interrogar. El documental "Perdidos en el Amazonas" ha ganado un Emmy, y ese hecho, transmitido por France 24 como noticia principal, revela algo importante sobre cómo la mirada extranjera elige ver al país en este momento: como un lugar donde la tragedia se redime mediante la cooperación y donde las instituciones funcionan lo suficientemente bien como para generar un relato inspirador.

El encuadre es notable por su selectividad. France 24 subraya la "extraordinaria operación de rescate que unió al Ejército colombiano con la guardia indígena", convirtiendo el evento de 2023 en un símbolo de cohesión nacional. La narrativa que se construye es la de un país capaz de trascender sus fracturas internas cuando la urgencia lo demanda. Tres años después del accidente aéreo, la historia ya no es sobre el desastre ni sobre las vulnerabilidades que lo permitieron, sino sobre la capacidad de respuesta y, ahora, sobre el reconocimiento internacional que esa respuesta merece.

Lo que desaparece en este encuadre es cualquier pregunta incómoda. No hay espacio para interrogantes sobre por qué una familia indígena terminó en esa situación, sobre las condiciones de seguridad aérea en Colombia, sobre las brechas de infraestructura que hacen que el rescate en la Amazonía sea un evento extraordinario en lugar de una operación rutinaria. El documental, producido por National Geographic y Señal Colombia, se convierte en un producto de soft power que ambas instituciones pueden celebrar: una historia de supervivencia que funciona como antídoto narrativo frente a otros encuadres más críticos del país.

Hay una ironía aquí que vale la pena notar. En un momento en que Colombia enfrenta presiones políticas internas significativas, cuando la atención de los medios internacionales tiende a gravitar hacia conflictividad y polarización, la prensa extranjera se detiene en un documental que muestra al país en su mejor luz: instituciones trabajando juntas, indígenas y militares colaborando, un final feliz después de cuarenta días de incertidumbre. Es una pausa en la narrativa de turbulencia, un respiro que permite recordar que Colombia también es capaz de producir historias de éxito.

Pero esa pausa también es reveladora. Sugiere que la prensa internacional necesita de estos momentos de celebración para equilibrar su cobertura, como si el país no pudiera ser simultáneamente un lugar donde ocurren rescates extraordinarios y donde existen problemas estructurales profundos. El Emmy a "Perdidos en el Amazonas" se presenta como una victoria limpia, descontextualizada, que permite a Colombia aparecer en los medios globales sin la carga de las preguntas más difíciles. Es un encuadre reconfortante para todos: para Colombia, que obtiene visibilidad positiva; para los productores, que ven su trabajo premiado; para la audiencia internacional, que puede sentir que el mundo tiene historias bonitas que contar.

Lo que falta en este relato es la complejidad. Colombia es ambas cosas a la vez: un país que puede ejecutar un rescate extraordinario en la selva y un país que enfrenta desafíos profundos en seguridad, institucionalidad y equidad. La prensa extranjera, al elegir celebrar una cosa sin contextualizarla en la otra, no miente. Simplemente elige qué parte de la verdad contar, y esa elección, en sí misma, es un encuadre.

La prensa internacional que hoy se fija en Costa Rica lo hace desde un ángulo que, en apariencia, es meramente administrativo: una comisión de emergencias elevando alertas meteorológicas ante lluvia y viento. Pero ese enfoque, aparentemente neutro, oculta un giro significativo en la narrativa que se ha construido sobre el país en los últimos tiempos.

Durante meses, el encuadre extranjero sobre Costa Rica ha privilegiado historias de estabilidad institucional, liderazgo ambiental y posicionamiento diplomático. Los titulares internacionales destacaban acuerdos de cooperación, iniciativas de protección infantil, expansión comercial. Costa Rica era presentada como un modelo funcionando, un país que pese a sus desafíos mantenía los engranajes de la gobernanza en marcha. Incluso los reportajes sobre crisis económica o inseguridad llevaban un matiz de "país que se recupera" o "democracia que resiste".

Hoy, sin embargo, la noticia que circula es sobre vulnerabilidad climática inmediata. No es una reflexión sobre cambio climático de largo plazo, sino sobre la capacidad presente del territorio para absorber eventos meteorológicos intensos. Y en esa cobertura emerge un detalle que la prensa extranjera no suele enfatizar en Costa Rica: la mención explícita de saturación de suelos, desbordamientos de ríos, deslizamientos, y especialmente, la acumulación de residuos sólidos que agrava las inundaciones.

Infobea América, al reproducir las declaraciones del presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, incluye ese llamado casi desesperado sobre la basura en las calles y ríos, la referencia a "situaciones como la ocurrida ayer en Liberia". Ese detalle es revelador. No porque sea nuevo en Costa Rica, sino porque es la primera vez que la prensa internacional lo coloca en el centro de una noticia sobre gestión de desastres. Hasta ahora, los reportajes sobre inundaciones en países centroamericanos solían atribuirlas a factores "naturales" o estructurales (infraestructura débil, pobreza). Aquí, la narrativa incluye responsabilidad ciudadana directa: la gente bota basura, eso obstruye los cauces, eso empeora las inundaciones.

Esto marca un cambio sutil pero importante en cómo se está enmarcando a Costa Rica desde afuera. El país deja de ser visto únicamente como víctima de fenómenos climáticos o como modelo de gobernanza, para ser retratado como un territorio donde incluso las autoridades deben hacer llamados "vehementes" a la población para que no contamine sus propios ríos. Es un encuadre que humaniza el problema, pero también que cuestiona implícitamente la capacidad de una sociedad supuestamente desarrollada para gestionar lo básico: no contaminar el agua.

La prensa extranjera no está siendo crítica aquí, simplemente está reportando lo que dicen las autoridades costarricenses. Pero al hacerlo, está permitiendo que emerja una imagen de Costa Rica menos pulida que la que ha circulado: un país enfrentado no solo a cambios climáticos, sino a la gestión de sus propios residuos como factor de riesgo. Es una grieta más en la narrativa de estabilidad que se había construido, y esta vez no viene de reporteros investigadores, sino de las propias palabras de los funcionarios en alerta.

La narrativa que emerge hoy de la prensa extranjera sobre Cuba realiza un giro significativo: deja de enfatizar el asedio económico como un drama de supervivencia para replantearlo como una oportunidad de reconfiguración. El País América, en su cobertura de la orden ejecutiva de Trump del 1 de mayo, no describe simplemente nuevas sanciones, sino que propone un relato de transición donde el desmantelamiento de la presencia empresarial extranjera no es el punto final sino el acto previo a una recolonización económica estadounidense.

Esta perspectiva merece examen. El medio español subraya que las nuevas medidas contra GAESA, el conglomerado militar que controla aproximadamente la mitad del PIB cubano, están produciendo ya resultados concretos: la salida de cadenas hoteleras internacionales. Pero aquí viene lo revelador del encuadre: se presenta esto no como una victoria del asedio, sino como la preparación del terreno. La frase que cierra el párrafo introductorio es inequívoca: "una vez culmine la salida de las empresas extranjeras, el reemplazo por las firmas estadounidenses parece el siguiente paso". No se trata de castigo; se trata de mercado. De limpieza de competencia.

Hay una ironía en esta lectura que la prensa internacional no explicita pero que flota sobre el análisis. Durante décadas, el embargo estadounidense fue presentado como un mecanismo de aislamiento. Ahora, bajo la administración Trump, se redefine como un mecanismo de conquista: primero se expulsa a los competidores extranjeros mediante presión sobre sus gobiernos y activos, luego se abre la puerta a las corporaciones estadounidenses. El cambio no está en la intención de Washington, sino en cómo se narra desde fuera: no como represalia política sino como realineación económica inevitable.

Lo que desaparece de esta narrativa es cualquier mención a cómo Cuba podría resistir o adaptarse de formas que no impliquen subordinación a uno u otro actor externo. El encuadre extranjero no contempla agencia cubana autónoma; contempla únicamente la alternancia de dominadores. Primero GAESA y sus socios internacionales, luego las corporaciones estadounidenses. El sistema político cubano aparece como un decorado que se mantiene en pie mientras los actores económicos reales cambian de vestuario.

Este es el matiz nuevo del día: la prensa internacional ha dejado de ver a Cuba como un país bajo sitio para verlo como un mercado en espera de ocupación. El tono no es de victoria occidental sino de inevitabilidad comercial. Y esa diferencia de tono revela algo incómodo: que la presión económica no se ejerce necesariamente por convicción ideológica, sino porque alguien cree que hay dinero que ganar cuando todo se aclare.

La prensa internacional desplaza hoy su lente sobre Ecuador hacia un territorio que había permanecido en sombra: las cárceles como máquina de muerte silenciosa. Mientras los meses anteriores enfatizaban la violencia criminal en las calles y las sospechas de responsabilidad militar en ejecuciones extrajudiciales, France 24 amplifica ahora una investigación de Connectas y Tierra de Nadie que acusa al Gobierno de Daniel Noboa de una política penitenciaria que mata por hambre y enfermedad más que por balas.

El cambio de foco es significativo. No se trata de negar los crímenes que ya ocupaban el relato internacional, sino de abrir una pregunta más incómoda: qué sucede dentro de las prisiones ecuatorianas bajo la administración actual, particularmente desde que Noboa declaró el "conflicto armado interno" y militarizó sectores de la seguridad. La cifra de muertes en cárceles alcanza máximos históricos, según el reportaje, pero el mecanismo no es el tiroteo espectacular que genera titulares de crisis, sino la inanición y la enfermedad, fenómenos más lentos y menos visibles.

Aquí emerge una tensión interesante en el encuadre extranjero. Por un lado, la narrativa de Noboa como presidente que actúa con mano dura contra el crimen organizado mantiene cierta legitimidad en medios occidentales que valoran el orden. Por otro, la investigación que France 24 amplifica introduce un costo humano que desafía esa narrativa: si el hambre y las enfermedades superan a la violencia en prisiones, entonces la política de seguridad no solo combate a criminales, sino que administra una muerte lenta de poblaciones encarceladas. La prensa internacional, al menos en esta pieza, no reconcilia fácilmente ambas realidades.

Lo que permanece en la sombra es tan revelador como lo que emerge. El reportaje menciona la desaparición de niños y el rol de los militares en el Gobierno, pero France 24 no profundiza en cómo esos elementos se conectan con la crisis penitenciaria ni con la pregunta más política: si la militarización de la seguridad bajo Noboa ha generado incentivos para que las muertes en cárceles sean toleradas o ignoradas como efecto colateral de una guerra interna. La mirada extranjera constata el horror, pero evita atribuirlo explícitamente a una política deliberada.

Ecuador aparece así en el espejo de la prensa internacional no como un país en caos criminal sin más, sino como un laboratorio donde un Gobierno democrático experimenta con soluciones autoritarias cuyas consecuencias humanas quedan confinadas a espacios donde pocos ven. Es una acusación más sofisticada que la de corrupción o violencia pura, pero también más difícil de refutar o de resolver en titulares.

La prensa extranjera regresa hoy a El Salvador, pero no para hablar de El Salvador. El caso de Reyna Angélica Marroquín, la joven salvadoreña encontrada momificada en un barril treinta años después de su muerte, es presentado por Infobae América como un episodio del drama criminal estadounidense, no como un espejo de la realidad salvadoreña contemporánea. Y en esa elección narrativa reside el verdadero encuadre del día.

El crimen ocurrió en 1969, fue descubierto en 1999, y la noticia resurge ahora, tres décadas después del hallazgo. No hay conexión temporal con El Salvador actual. La víctima emigró, trabajó en Nueva York, fue asesinada por un empresario estadounidense en suelo estadounidense. El único vínculo salvadoreño que la narrativa retiene es la nacionalidad de la víctima y, de manera casi anecdótica, el sueño premonitorio de su madre en El Salvador, un detalle que Infobea subraya como elemento "casi sobrenatural" de la historia. El país de origen de Reyna funciona aquí como decorado exótico, como el lugar que explica su vulnerabilidad, su condición de inmigrante trabajadora que conoce a un empresario poderoso en una fábrica de Manhattan.

Lo notable es que la prensa extranjera, al revivir este caso, no lo usa para examinar la violencia salvadoreña, los desaparecidos del conflicto armado, o los crímenes sin resolver que persisten en el país. No hay un movimiento de análisis que diga: "mientras El Salvador lucha contra sus propios misterios criminales sin cerrar". En cambio, la historia se presenta como un fenómeno de la justicia estadounidense, un caso que "estremeció a EE.UU. en los noventa", que fue dramatizado en series de televisión norteamericanas, que mantiene vivo "el interés público y el debate sobre la justicia" en contexto estadounidense.

El encuadre es, en esencia, una apropiación. Reyna Angélica Marroquín se convierte en protagonista de una narrativa sobre crimen, investigación forense y redención judicial estadounidenses. Su historia sirve para ilustrar la capacidad del sistema legal norteamericano de resolver misterios antiguos, de encontrar respuestas después de treinta años. El suicidio del empresario Elkins tras ser confrontado con pruebas de ADN cierra un arco narrativo que, aunque imperfecto, al menos existe. En El Salvador, la prensa extranjera sabe bien, no siempre hay cierre.

Hay una ironía involuntaria en esta cobertura. Al tiempo que la prensa internacional enfatiza los avances del sistema de justicia salvadoreño en casos como los macrojuicios contra pandilleros, recurre a historias de décadas atrás para ilustrar los crímenes vinculados con salvadoreños. El pasado migratorio de Reyna, su vulnerabilidad como trabajadora extranjera, su muerte a manos de un hombre poderoso, son detalles que podrían hablar de patrones estructurales. Pero no se articulan así. La historia permanece aislada, un caso cerrado de la historia estadounidense, no un síntoma de nada que continúe.

Lo que omite la cobertura es tan relevante como lo que dice. No hay reflexión sobre por qué una joven salvadoreña emigró en los años sesenta, qué condiciones la llevaron a trabajar como niñera y en una fábrica, qué redes de protección faltaban. No hay contexto sobre El Salvador en esa época o en la actual. El país es un punto de partida, nada más. Y cuando la prensa extranjera trata a El Salvador así, como telón de fondo de historias que ocurren en otro lugar, está diciendo algo importante: que El Salvador importa solo cuando sus ciudadanos sufren en territorio ajeno, cuando sus historias pueden ser integradas en narrativas más grandes, más resonantes, más estadounidenses.

La prensa internacional que cubre Guatemala hoy se detiene en un conflicto que, a primera vista, parece municipal y técnico: la cancelación de una licencia de construcción para una carretera privada de peaje. Pero el encuadre que Infobae América impone sobre este episodio revela algo más profundo que un simple desacuerdo administrativo. Lo que la cobertura extranjera subraya es una crisis de certidumbre jurídica, y en esa elección narrativa está implícita una pregunta incómoda sobre el estado de derecho en Guatemala.

El relato es cuidadosamente construido. Se presentan los hechos con precisión: una municipalidad que realiza inspecciones desde marzo, que intensifica su vigilancia en mayo con "hombres armados sin una orden que respaldara la diligencia", que da plazos de menos de veinticuatro horas para documentación, y que finalmente cancela la licencia sin notificación previa y sin permitir debido proceso. El proyecto Xochi aparece como víctima de arbitrariedad administrativa, y las voces que respaldan esa interpretación —la desarrolladora, la Cámara del Agro, ITRA— ocupan el espacio editorial con declaraciones que hablan de "certeza jurídica" vulnerada, de "cierre arbitrario" y de riesgo para la inversión.

Lo que es notable aquí es lo que la cobertura internacional elige enfatizar: no el proyecto vial en sí, sino el proceso. No el debate sobre si una carretera privada de peaje es la mejor solución para la Costa Sur, sino la forma en que fue suspendida. La prensa extranjera, al amplificar las denuncias sobre silencio administrativo, falta de notificación y participación de personal municipal sin orden judicial, está escribiendo una historia sobre instituciones débiles y discrecionalidad en lugar de una historia sobre infraestructura o desarrollo económico.

Esa elección tiene consecuencias. Convierte a Guatemala nuevamente en el escenario de un problema sistémico —la fragilidad del Estado de derecho— en lugar de un país donde ocurren cosas. Y al hacerlo, refuerza la narrativa que el extranjero espera encontrar: un territorio donde las reglas no se aplican consistentemente, donde la autoridad actúa sin límites claros, donde la inversión privada enfrenta amenazas impredecibles.

Lo que la cobertura no examina con igual detalle es qué motivó a la municipalidad a actuar. No hay reportería sobre las razones municipales, sobre si existieron irregularidades en la licencia original, sobre si hay preocupaciones ambientales o de seguridad vial que justifiquen una revisión. El silencio municipal es presentado como arbitrario, pero no se investiga qué hay detrás de ese silencio. Es el silencio de un adversario, no el silencio de una institución que tal vez tiene sus propias razones —legítimas o no— para dudar.

La ironía es que al enfatizar la fragilidad institucional, la prensa internacional refuerza exactamente lo que denuncia: la idea de que en Guatemala, las instituciones no funcionan, que la certeza jurídica es un lujo, que los procesos no son confiables. Y eso, paradójicamente, es un argumento que sirve tanto a quienes reclaman mayor rigor institucional como a quienes ven en esa debilidad una oportunidad.

Lo que queda fuera de la narrativa extranjera es la complejidad: la posibilidad de que una municipalidad tenga razones legítimas para revisar una licencia, que el conflicto entre inversión privada y control público sea un debate genuino, que Guatemala no sea simplemente un lugar donde las cosas funcionan mal, sino un lugar donde las cosas funcionan de manera distinta, con sus propias lógicas políticas y administrativas que merecen ser entendidas, no solo denunciadas.

L'article qui domine aujourd'hui le regard international sur Haïti ne parle pas d'Haïti. Ou plutôt, il parle d'Haïti comme d'un fantôme, une référence historique invoquée pour éclairer un débat qui se joue ailleurs, dans les chancelleries africaines et européennes, autour de la question des réparations pour l'esclavage. C'est un détail révélateur de la façon dont la presse étrangère cadre la nation caribéenne : non comme un sujet autonome digne d'attention pour ce qui s'y passe aujourd'hui, mais comme un précédent, une illustration, un cas d'école dans une narration plus vaste.

Le texte, signé par un architecte du cadre de réparations de l'Union africaine, utilise Haïti de manière stratégique. Il y a là une certaine ironie : au moment même où le pays traverse une crise sécuritaire dévastatrice, où des gangs armés contrôlent la capitale et forcent des centaines de milliers de personnes à fuir, la presse internationale retient d'Haïti essentiellement sa place dans l'histoire de l'esclavage et dans le débat contemporain sur les réparations. Haïti devient un symbole, un argument, une preuve de concept.

Le cœur du raisonnement est puissant : Emmanuel Macron aurait franchi un Rubicon en prononçant publiquement le mot « réparations », et cela s'explique par une évolution géopolitique majeure portée notamment par l'Afrique. Mais ce qui frappe, c'est la manière dont Haïti est convoquée dans cette narration. L'article rappelle que la France a extorqué 150 millions de francs à Haïti en 1825 pour punir la nation d'avoir osé se déclarer première République noire souveraine du monde occidental. C'est un fait historique indéniable, et sa réitération dans la presse internationale est importante. Mais elle arrive comme une parenthèse historique, pas comme une urgence contemporaine.

Le texte invoque aussi Jean-Bertrand Aristide et sa demande de 21 milliards de dollars en 2003 pour la restitution de l'indemnité de 1825. Il note, sans détour, que la réponse à cette demande fut un coup d'État appuyé par les États-Unis et la France. C'est une affirmation directe du lien entre la question des réparations et la négation de la souveraineté haïtienne. Mais là encore, cela reste ancré dans le passé, dans l'histoire, pas dans le présent.

Ce qui manque dans ce cadrage, c'est Haïti comme entité politique et sociale contemporaine. La crise actuelle de gouvernance, l'effondrement de l'État, la violence des gangs, les déplacements massifs de population : tout cela disparaît derrière la question historique des réparations. C'est comme si la presse internationale avait décidé que la seule manière pertinente de parler d'Haïti était de l'inscrire dans un récit plus large, celui de la justice historique et de la souveraineté africaine. Haïti n'existe que comme preuve de ce qui a mal tourné, pas comme enjeu politique immédiat.

Il y a aussi une certaine condescendance dans ce choix. L'article présente Haïti comme un cas exemplaire de l'« exception africaine », un terme qui désigne la refus du système juridique international de reconnaître les peuples noirs comme souverains et donc comme ayant droit à des réparations. Haïti incarne cette exception, mais elle n'en est pas l'agent. Elle est passive dans ce récit, victime d'une structure internationale injuste, plutôt qu'actrice de sa propre transformation.

La question des réparations est légitime et historiquement fondée. Mais son émergence dans le discours international, au moment même où Haïti s'enfonce dans une crise humanitaire, révèle quelque chose d'important : la presse étrangère préfère débattre de ce que le monde doit à Haïti pour ses crimes passés que de s'interroger sur ce qui se passe réellement dans le pays aujourd'hui. C'est une forme de détournement du regard, peut-être involontaire, mais réel.

La prensa internacional que cubre Honduras hoy descubre un país que apuesta por el futuro mientras negocia con su pasado. El Gobierno, a través de su ministro asesor de Promoción de Inversiones, proyecta hasta dos mil millones de dólares en inversión extranjera en sectores estratégicos, una cifra que suena ambiciosa en un contexto donde la credibilidad institucional ha sido históricamente frágil. Lo interesante no es tanto la magnitud de la promesa, sino el encuadre que elige la prensa para narrarla: una Honduras que intenta reinventarse como destino de capital internacional.

Infobea América, el medio que lidera la cobertura hoy, enfatiza los mecanismos técnicos de esa reinvención. La reincorporación de Honduras al CIADI, el mecanismo internacional de arbitraje de inversiones, aparece como símbolo de un cambio de postura: el país abre sus puertas no solo a capital, sino a un régimen de garantías jurídicas que antes rechazaba o evitaba. Es un gesto que la prensa extranjera lee como señal de madurez institucional, o al menos de pragmatismo.

Sin embargo, el relato contiene una tensión que la cobertura no resuelve del todo. El Gobierno reconoce que el principal obstáculo sigue siendo la energía eléctrica, un problema que no es nuevo ni accidental. Es sistémico. Que Honduras deba admitir públicamente que su incapacidad para garantizar electricidad estable ahuyenta inversores es revelador: estamos ante un país que sabe exactamente cuáles son sus fracturas pero que aún no ha logrado cerrarlas. La propuesta de autogeneración privada de energía, mencionada como solución, es en realidad un síntoma de que el Estado ha renunciado a resolver el problema por sus propios medios.

El énfasis en sectores específicos también es revelador. La manufactura, los parques industriales, la producción de arneses para la industria automotriz: son actividades que requieren mano de obra barata y estable, no transferencia de tecnología o desarrollo endógeno. Honduras, en el relato que hoy circula internacionalmente, se vende como plataforma de producción de bajo costo, no como economía en transformación. La prensa nota que el país ha "ganado premios" por la calidad de su mano de obra, una frase que suena a elogio pero que en el contexto global significa competencia en el mercado de salarios bajos.

Lo que la cobertura no interroga es si dos mil millones de dólares en inversión extranjera resolverán algo de fondo en Honduras o simplemente reproducirán las estructuras existentes: enclave económico, empleo sin protección, ganancias que fluyen hacia afuera. El Gobierno insiste en que no discrimina a los inversionistas, siempre que cumplan las leyes. Es una frase que suena neutra pero que oculta una pregunta incómoda: qué leyes, cuáles son sus garantías reales, y quién las hace cumplir en un Estado donde la captura institucional ha sido documentada repetidamente.

La prensa internacional, en su lectura de hoy, elige ver optimismo donde hay apuesta. No es un error, pero es una lectura parcial. Honduras proyecta inversiones como quien lanza un anzuelo al agua: con la esperanza de que algo pique, pero sin certeza de que el río tenga peces.

La paradoja que emerge de la cobertura internacional sobre el conflicto de visas de Irán en el Mundial 2026 revela algo incómodo sobre el rol que la prensa extranjera asigna a México en esta historia: el país aparece casi como un escenario secundario, un territorio de tránsito, mientras que Estados Unidos y sus políticas migratorias ocupan el centro de la narrativa.

France 24 Español, como otros medios internacionales, encuadra el problema fundamentalmente como un asunto de tensión entre Washington e Irán, con México reducido a la función de anfitrión parcial. La selección iraní tiene su campamento base en Tijuana, debe viajar constantemente a través de la frontera para disputar sus partidos en suelo estadounidense, y regresa cada día a territorio mexicano. Es un arreglo logístico que subraya una realidad incómoda: México co-organiza un Mundial que no controla completamente. Las decisiones sobre quién entra y quién no las toma Washington, no la Ciudad de México.

Lo que la cobertura internacional enfatiza, con razón, es que las restricciones migratorias estadounidenses chocan con los compromisos que tradicionalmente asumen los países anfitriones de grandes eventos deportivos. El embajador iraní en México, Abolfazl Pasandideh, lo articula claramente: se trata de un desafío logístico y competitivo que coloca a Irán en desventaja frente a otras selecciones. Pero la prensa extranjera, al reportear esto, está documentando implícitamente algo que va más allá del fútbol: la fragmentación de autoridad en un evento que se supone debe ser unificador.

La ironía es que México, que ya lidia con críticas sobre su capacidad para garantizar seguridad y orden durante el torneo, ahora también debe navegar las consecuencias de políticas migratorias que no formula. El embajador iraní agradece explícitamente el apoyo de México, pero ese agradecimiento suena casi a resignación. La FIFA interviene, pero sus poderes tienen límites cuando chocan con la soberanía migratoria de un estado anfitrión.

Lo que la cobertura internacional no enfatiza lo suficiente es que este conflicto expone la fragilidad de la arquitectura del torneo. Un Mundial co-organizado en tres países, donde uno de ellos (Estados Unidos) mantiene restricciones migratorias contra un participante, genera exactamente este tipo de fricciones. La prensa extranjera reportea el conflicto como un episodio de tensión geopolítica, lo cual es correcto, pero tiende a pasar por alto que México es el territorio donde se resuelven las consecuencias prácticas de esa tensión sin tener control sobre sus causas.

La muerte de Brooklyn Rivera bajo custodia estatal y la posterior desaparición de siete de sus familiares cuando intentaban reclamar el cuerpo marca un punto de inflexión en la forma en que la prensa internacional encuadra la crisis nicaragüense. Hasta ahora, el relato extranjero se había concentrado en la represión política como mecanismo de control del régimen Ortega-Murillo. Hoy, con el pronunciamiento de treinta expresidentes iberoamericanos, ese encuadre se desplaza hacia algo más grave: la tipificación de crímenes de lesa humanidad.

El cambio es sustancial. No se trata ya de denunciar abusos o persecución política, sino de invocar la jurisdicción universal y el Estatuto de Roma para establecer que lo que ocurre en Nicaragua trasciende los límites de la represión doméstica. Cuando Infobae América reporta que el Grupo IDEA subraya la "imposibilidad de una pesquisa imparcial dentro del país", está legitimando una narrativa que la prensa extranjera venía insinuando: que Nicaragua ha dejado de ser un Estado capaz de administrar justicia y se ha convertido en un aparato de represión sistemática.

Lo que la cobertura internacional enfatiza es la escala y el patrón. Rivera no es un caso aislado. Según el texto, su muerte se suma a "la de al menos ocho opositores que han perdido la vida bajo custodia en los últimos años". Pero más allá de esa cifra, lo que captura la atención de la prensa extranjera es el detalle de las desapariciones forzadas posteriores: siete personas que simplemente se esfumaron cuando buscaron los restos. Ese dato específico —la negativa sistemática a entregar un cuerpo, la desaparición de quienes reclaman— funciona como evidencia de un patrón, no de un accidente.

La intervención de expresidentes como Aznar, Calderón, Uribe y Macri añade un elemento de legitimidad institucional al reclamo. No son activistas o agencias de derechos humanos; son figuras que gobernaron democracias occidentales. Su firma en una declaración sobre crímenes de lesa humanidad amplifica el mensaje de que Nicaragua ha cruzado una línea que la comunidad internacional no puede ignorar. La prensa extranjera, al reportar esto, está validando la escalada retórica: de "represión política" a "crímenes contra la humanidad".

Sin embargo, hay una omisión notable en el encuadre internacional. La cobertura no examina con profundidad qué sucedió exactamente con Brooklyn Rivera en el hospital, ni ofrece detalles sobre las complicaciones respiratorias que se reportan como causa de muerte. Tampoco hay interrogantes públicos sobre si el régimen tiene incentivos para permitir que muera un líder indígena bajo custodia, o si hay explicaciones alternativas. El relato extranjero tiende a presentar los hechos como evidencia de intención criminal, sin matices sobre las circunstancias específicas. Eso es típico de la prensa internacional cuando un régimen ha perdido credibilidad: la presunción de inocencia se invierte.

Otro ángulo que la cobertura no desarrolla es el de las consecuencias prácticas de estas denuncias. La jurisdicción universal existe en el papel, pero su aplicación requiere que un país tercero detenga a un funcionario nicaragüense o que Nicaragua suscriba tratados que permitan investigaciones internacionales. El Grupo IDEA subraya que "los crímenes de lesa humanidad no prescriben", pero esa advertencia legal tiene poco efecto si Daniel Ortega y Rosario Murillo permanecen en el poder y bajo su protección. La prensa extranjera denuncia, pero rara vez articula la brecha entre la denuncia y la justicia efectiva.

Lo que sí queda claro en el relato internacional es que Nicaragua ha dejado de ser un problema de política interna y se ha convertido en un caso de derecho penal internacional. Eso es lo genuinamente nuevo hoy. No es solo que el régimen reprima; es que sus acciones han sido catalogadas por actores de peso en el sistema internacional como violaciones sistemáticas de normas que trascienden las fronteras nacionales. Para la prensa extranjera, ese cambio de encuadre es definitivo. Nicaragua ya no es un país en crisis; es un escenario de crímenes que demandan intervención internacional.

La visita de Mulino a Grecia que hoy relata Infobaa América ofrece un cuadro de Panamá que contrasta deliberadamente con la narrativa de crisis institucional que ha dominado la cobertura internacional en semanas recientes. No se trata de que la prensa extranjera haya descubierto un nuevo Panamá, sino de que la diplomacia panameña ha logrado enmarcar una agenda que la prensa internacional retransmite casi sin filtro crítico: la del país como actor marítimo confiable y socio comercial estratégico.

El encuadre es notable por lo que enfatiza y por lo que omite. La cobertura subraya acuerdos, registros navieros, oportunidades de empleo para marinos panameños y la reafirmación de una relación bilateral con Grecia que, en realidad, es más bien una relación de Panamá con el poder económico griego en el sector marítimo. Los 500 barcos que operan bajo bandera panameña con armadores griegos, los cuatro tanqueros panamax en construcción que se sumarán al registro, la participación en Posidonia 2026 con más de dos mil expositores de 138 países: estos datos construyen la imagen de un Panamá que funciona, que es buscado, que es indispensable en la cadena global de transporte de carga.

Lo que la prensa extranjera no cuestiona es el fundamento de esa indispensabilidad. El registro panameño es atractivo para armadores griegos, según la lógica de la cobertura, porque Panamá ofrece estabilidad regulatoria y competitividad. Pero la prensa internacional rara vez indaga en qué significa que una nación pequeña dependa tan profundamente de ser un intermediario regulatorio para potencias marítimas extranjeras, ni pregunta qué sucede cuando esos intereses entran en conflicto con las prioridades internas de Panamá. La gran cruz que recibe Mulino de manos del presidente griego es presentada como un reconocimiento al fortalecimiento de relaciones bilaterales, pero también es un símbolo de cómo la diplomacia panameña se expresa hoy en la arena internacional: a través de su utilidad para otros.

La delegación que acompaña al presidente es instructiva. Junto a la cancillería y los ministerios de comercio y turismo viajan los directores de la Autoridad Marítima, la Autoridad de Turismo y Aeronáutica Civil. Es decir, Panamá se presenta a sí mismo como una máquina de servicios regulatorios. Y viajan también dos exfuncionarios, Alberto Vallarino y Alberto Alemán Zubieta, cuya presencia en una misión presidencial subraya una cierta continuidad de élites que la prensa extranjera no comenta pero que está ahí, visible para quien quiera verla.

Lo más revelador es que esta narrativa de Panamá como socio marítimo confiable circule sin apenas rozar las turbulencias que han ocupado la cobertura internacional hace poco: los cuestionamientos sobre la independencia judicial, las investigaciones que avanzan lentamente, las tensiones políticas internas. Para la prensa extranjera que cubre esta visita, Panamá es el país que funciona en el ámbito donde importa: en el comercio, en la navegación, en la capacidad de ofrecer un registro que otros necesitan. El resto parece quedar fuera de foco.

Esa es la ilusión óptica que la cobertura internacional construye hoy: la de un Panamá que, a pesar de sus fracturas internas, sigue siendo imprescindible en el orden global. Es una verdad parcial que la prensa extranjera retransmite como si fuera el panorama completo.

La prensa internacional llega hoy a la víspera de la segunda vuelta presidencial peruana con un diagnóstico que, aunque certero en sus elementos, revela una simplificación reveladora: Perú se debate entre orden y caos, entre una candidata que promete estabilidad mediante mano dura y un competidor que encarna la incógnita de lo desconocido. France 24 articula este encuadre con precisión, pero también con una cierta resignación que merece examen.

Lo primero que salta es cómo la cobertura internacional naturaliza la fatiga electoral peruana. Nueve presidentes en diez años no es un dato que se presente como anomalía sistémica sino como telón de fondo, casi como atmósfera. Los votantes, según el testimonio que recoge la agencia francesa, votan por el "mal menor", una fórmula que la prensa extranjera repite sin cuestionarse demasiado qué instituciones produjeron esa reducción de opciones. El descontento es real, pero se lo trata como dato meteorológico más que como síntoma de quiebre.

La polarización que emerge en el relato internacional es, en buena medida, la que los propios candidatos cultivan. Fujimori versus Sánchez se presenta como un duelo entre la hija del pasado autoritario y un psicólogo rural que apenas hace meses era poco conocido. Pero aquí la prensa extranjera incurre en una distorsión sutil: enfatiza la "moderación" de Sánchez, su distancia de los ultranacionalistas, su promesa de relación "respetuosa" con Trump, como si esos gestos fueran suficientes para despejar dudas sobre su capacidad de gobernar. Al mismo tiempo, le da a Fujimori el crédito de la experiencia y la claridad ideológica, aunque esa claridad consista en advertencias sobre el comunismo y promesas de orden que remiten a los años noventa de su padre.

Lo que France 24 subraya con notable énfasis es la cuestión de seguridad. Las quejas por extorsión se multiplicaron nueve veces en cinco años. Los homicidios en Lima se triplicaron. Esa es la realidad que los votantes enfrentan, y es legítimo que la prensa internacional lo destaque. Pero el encuadre tiende a favorecer a quien promete respuesta más contundente, es decir, a Fujimori. Sánchez propone reforma institucional, atacar la corrupción policial y judicial. Es un argumento menos visceral, más lento en sus resultados. La cobertura extranjera, al reproducir las promesas de ambos sin profundizar en sus viabilidades, termina amplificando la apelación más inmediata: la de la mano fuerte.

Hay un detalle que la prensa internacional apenas toca y que merece atención: la legitimidad futura del ganador. Un analista citado por France 24 lo advierte con sobriedad. Si el resultado es cerrado, quien gane enfrentará cuestionamientos sobre su mandato. Eso no es un problema técnico sino político de primer orden. Pero la cobertura lo menciona de pasada, como si fuera una nota al pie de un drama ya escrito.

Lo que también emerge con claridad es que ninguno de los dos candidatos tiene mayoría legislativa. Ambos deberán negociar con un Congreso que incluye a varios expresidentes, es decir, con las mismas élites que han generado la inestabilidad que los votantes rechazan. La prensa extranjera lo señala, pero sin subrayar lo que eso significa: que la próxima presidencia, sea quien sea, será un ejercicio de supervivencia política más que de gobierno transformador. Esa es la verdadera jaula institucional que Perú enfrenta, y es invisible en la narrativa de orden versus cambio que domina la cobertura internacional.

El encuadre extranjero, en síntesis, captura la tensión peruana pero la encorseta en un relato binario que, aunque no es falso, omite las complejidades que hacen que esa tensión sea irresolvible en los términos que se plantea. Perú no elige entre dos proyectos viables. Elige entre dos promesas que ninguna estructura institucional está en condiciones de cumplir.

La prensa internacional ha encontrado un nuevo ángulo en la crisis de derechos de las mujeres dominicanas, y esta vez el foco no es la violencia letal sino la invisibilidad cotidiana. Unicef sitúa en el 20 por ciento la proporción de mujeres entre 15 y 49 años que interrumpen sus actividades durante la menstruación, y desde allí construye un relato que desplaza la atención hacia barreras estructurales menos visibles pero igualmente paralizantes.

El encuadre extranjero aquí es revelador por lo que elige enfatizar. No se trata de un problema sanitario aislado, sino de un síntoma de carencias múltiples: falta de productos de higiene, agua potable deficiente, baños escolares inadecuados, y sobre todo, un silencio social que convierte la menstruación en un tabú que cuesta derechos. La cifra del 20 por ciento se presenta como evidencia de que República Dominicana no garantiza condiciones mínimas para que las niñas y adolescentes ejerzan su derecho a la educación. El ausentismo escolar, entonces, no es negligencia sino consecuencia de una arquitectura de abandono.

Lo que la mirada internacional subraya es la dimensión de género como un problema de infraestructura y política pública, no solo de violencia. Unicef invoca comparaciones regionales—más de la mitad de las niñas en América Latina falta a clase durante la menstruación—para sugerir que República Dominicana forma parte de un patrón continental de desigualdad. Pero el país aparece aquí como un caso donde ese patrón se expresa con particular crudeza, donde la combinación de carencias materiales y silencios culturales actúa como un mecanismo de exclusión sistemática.

Hay un detalle significativo en cómo la prensa extranjera maneja el testimonio de Josefina, una adolescente con endometriosis. Su voz humaniza el dato, pero también lo ancla en lo individual: es una historia de dolor personal, no de falla estatal. Unicef pide medidas concretas—agua, baños, productos gratuitos, educación integral, capacitación docente—pero la cobertura internacional tiende a presentar estas demandas como peticiones razonables a un Estado que simplemente no ha priorizado. No hay acusación de negligencia deliberada, sino de desatención.

Lo que ausenta este encuadre es la pregunta incómoda sobre por qué un Estado no ha convertido estas condiciones mínimas en obligación hace décadas. La menstruación no es un descubrimiento reciente. Tampoco lo es la relación entre agua potable, saneamiento e igualdad de género. La prensa extranjera enmarca el problema como un desafío técnico y de sensibilización, cuando podría cuestionarse por qué República Dominicana tolera que una función biológica universal se convierta en barrera para la educación de sus ciudadanas.

El resultado es un editorial internacional que humaniza sin radicalizar, que visibiliza sin exigir rendición de cuentas. República Dominicana aparece como un país donde existen buenas intenciones internacionales y datos preocupantes, pero donde la responsabilidad política permanece difusa. Es un encuadre que permite al Estado dominicano recibir la crítica como un llamado a mejorar, no como evidencia de un fracaso estructural en garantizar igualdad.

Uruguay ha decidido visibilizar una enfermedad que afecta a millones de mujeres en el mundo, pero cuyo reconocimiento institucional sigue siendo un acto de reparación tardía. La reglamentación de la ley sobre endometriosis que hoy reporta El País América marca un momento que la prensa extranjera tiende a encuadrar de una manera particular: como un avance legislativo loable, pero también como evidencia de cuánto tiempo tardó un país considerado progresista en atender una realidad médica que sus ciudadanas vivían en silencio.

El titular captura el drama con precisión: una mujer uruguaya afirma estar quince días del mes internada. No es una exageración retórica. Es la vida cotidiana de quienes padecen endometriosis, una enfermedad crónica donde el tejido similar al del revestimiento uterino crece fuera del útero, causando dolor severo, infertilidad y un deterioro progresivo de la calidad de vida. Que Uruguay haya necesitado una ley específica para que el sistema de salud reconociera y tratara esta condición de manera protocolizada dice algo incómodo sobre el desfase entre la imagen internacional del país y la realidad que viven sus habitantes.

La prensa extranjera, particularmente la española en este caso, tiende a leer estos avances legislativos como correcciones de un sistema que debería haber sido más sensible desde el principio. No hay celebración ingenua en el encuadre de El País. Hay, más bien, una constatación de que incluso en naciones con sistemas de salud reconocidos y con tradición de políticas públicas inclusivas, las enfermedades que afectan predominantemente a mujeres pueden permanecer invisibilizadas durante años. El testimonio de las pacientes que aparecen en la cobertura no es anecdótico: es la prueba de que la reglamentación llega después de un sufrimiento documentado y prolongado.

Lo que la mirada internacional omite, o apenas menciona, es el contexto político y presupuestario en el que esta reglamentación debe implementarse. Una ley sin financiamiento, sin capacitación suficiente de profesionales, sin acceso garantizado a tratamientos quirúrgicos o farmacológicos, puede convertirse en un documento simbólico. La prensa extranjera suele celebrar el paso legislativo sin profundizar en los obstáculos prácticos que enfrentarán las mujeres uruguayas en los meses y años venideros. Es el riesgo de una cobertura que prioriza el hito sobre el proceso.

Hay también un elemento de narrativa que merece atención: Uruguay aparece aquí no como pionero, sino como seguidor. Otros países han legislado sobre endometriosis con anterioridad. La prensa internacional, al reportar sobre esta reglamentación, tiende a reforzar una imagen de Uruguay como un país que mantiene estándares progresistas, pero que no siempre lidera. Es un matiz que define cómo el mundo ve hoy a la república: responsable, ordenada, con instituciones funcionales, pero no necesariamente innovador en la agenda de salud pública con perspectiva de género.

Lo genuinamente valioso en esta cobertura es que pone en el centro a las mujeres cuya enfermedad fue ignorada. La prensa extranjera, al amplificar sus voces, contribuye a que Uruguay no pueda pretender que la reglamentación cierra un capítulo. Abre uno que exigirá seguimiento, presupuesto y voluntad política sostenida.

La prensa internacional, a través de Infobae, se enfoca hoy en un retorno que no es tanto físico como simbólico: el regreso de María Corina Machado a Venezuela, presentado como el momento en que la oposición deja de ser un factor externo para convertirse en una presencia que debe reclamar relevancia en el terreno. Lo notable es que el análisis no se detiene en la anécdota del viaje, sino que lo utiliza como lente para examinar un problema más profundo que la prensa internacional viene identificando con creciente claridad: la oposición venezolana carece de peso en las decisiones que moldean el país.

El columnista de Infobea articula una crítica que trasciende a Machado misma. Sostiene que desde el 3 de enero —cuando Nicolás Maduro fue juramentado para un nuevo mandato en medio de la disputa electoral— la dinámica de poder en Venezuela ha quedado configurada de modo que ni el régimen chavista ni Washington consultan seriamente a las fuerzas democráticas. Es una observación incómoda que cuestiona el relato de transición que circula en medios occidentales. Si hay transición, pregunta implícitamente, ¿por qué la oposición está arrinconada y sin voz en asuntos cruciales como el futuro del petróleo?

Aquí la prensa internacional toca un punto que pocas veces explicita con tanta crudeza: la paradoja de una Venezuela donde el dictador se fue en los hechos —Maduro ya no controla el país con la mano de hierro de antes— pero la dictadura permanece en las estructuras. El columnista lo llama "protectorado de Washington", una caracterización que sugiere que la salida de Maduro no ha traído democracia, sino una reconfiguración de dependencias. Ese diagnóstico es importante porque desplaza el relato desde la celebración de un cambio hacia la interrogación sobre qué tipo de cambio es realmente.

El artículo propone entonces un programa para Machado que es, en realidad, un diagnóstico de lo que falta en Venezuela: un calendario electoral, una presencia de masas que legitime a la oposición, encuentros de alto nivel con autoridades chavistas que reconozcan su estatus, liberación de presos políticos y disolución de organismos represivos. Cada punto es una admisión de que nada de eso existe aún, a pesar de los meses transcurridos desde enero. La prensa internacional, al reproducir este análisis, está reconociendo que la transición venezolana no avanza según el guión esperado.

Lo que resulta particularmente revelador es cómo el texto maneja la relación entre Machado y Washington. Sugiere que su regreso debe ser "coordinado" con Marco Rubio y la Casa Blanca, y que uno de sus desafíos será "discrepar públicamente" con Estados Unidos cuando sea necesario. Es una admisión velada de que la oposición venezolana opera dentro de márgenes establecidos por potencias externas, no por su propia capacidad de decisión. Esa dependencia estructural es lo que la prensa internacional está documentando hoy, aunque lo haga a través del optimismo programático de un retorno que podría cambiar las cosas.

El análisis también contiene una advertencia implícita sobre los riesgos de Machado: que los venezolanos, después de meses de relativa estabilidad comparada con años anteriores, podrían preferir esa estabilidad al cambio que ella representa. Es decir, la prensa internacional reconoce que el apetito por transformación política podría haber disminuido en la población, lo que haría que un retorno triunfal sea menos seguro de lo que sus aliados esperan.

En suma, el encuadre internacional hoy es el de una transición incompleta y frágil, donde la oposición debe reinventarse no porque haya ganado, sino porque sigue siendo marginada de un poder que tampoco está plenamente definido. Machado regresa a un país donde la dictadura sin dictador es el verdadero problema pendiente.