Opiniones

La prensa extranjera enfoca hoy a América Latina a través de un lente que prioriza la incertidumbre institucional sobre la claridad de los procesos democráticos. El caso peruano es particularmente revelador de esta distorsión.

France 24 Español destaca que los resultados oficiales del balotaje presidencial tardarán treinta días en oficializarse, cuando la encuesta a pie de urna de Ipsos ya muestra un resultado prácticamente definido: Keiko Fujimori con 50,7 por ciento frente a Roberto Sánchez con 49,3 por ciento. La diferencia es marginal, cierto, pero el énfasis extranjero no recae en el resultado mismo sino en la demora administrativa. Treinta días de incertidumbre se convierte en el titular, no en la expresión de voluntad electoral que acaba de manifestarse. Es una elección donde la prensa internacional parece más interesada en la fragilidad del sistema que en lo que los peruanos acaban de decidir.

Este encuadre refleja una pauta recurrente en la cobertura extranjera de América Latina: la región se presenta como un espacio donde las instituciones funcionan con deficiencia, donde los procesos que en democracias consolidadas son rutinarios aquí generan suspense. La demora de treinta días en oficializar resultados no es, desde luego, un dato menor, pero la forma en que se reporta sugiere que lo relevante es el problema administrativo, no la política que emergerá de esa votación.

En paralelo, Argentina aparece en los titulares con una masiva despedida al Indio Solari, una noticia que toca la cultura popular pero que también, en cierto sentido, refuerza la imagen de un país absorbido por sus propias narrativas internas. Y Bolivia, según Infobae América, enfrenta bloqueos que desencadenan una crisis sanitaria mientras su vicepresidente advierte contra "intereses narcoterroristas" que amenazan la democracia.

Lo que emerge de este conjunto es una América Latina donde la prensa internacional ve democracias bajo presión, instituciones que funcionan lentamente, y amenazas que acechan desde múltiples flancos. No es una lectura completamente falsa, pero es selectiva. Omite, por ejemplo, que millones de peruanos acudieron a votar en una segunda vuelta, que Bolivia sigue debatiendo su futuro político a pesar de la crisis, que Argentina mantiene sus rituales cívicos incluso en tiempos de turbulencia. La región aparece menos como un espacio de decisiones políticas que como un laboratorio de disfunciones.

La ironía es que esta cobertura, al enfatizar los problemas de funcionamiento, termina invisibilizando las decisiones que sí se toman, los resultados que sí emergen, las elecciones que sí suceden. Treinta días de espera en Perú es un dato legítimo de reportería, pero convertirlo en el titular principal es una forma de decir que lo importante no es quién ganó, sino cuánto tarda el sistema en confirmarlo. Esa es la pregunta que la prensa extranjera está haciendo hoy a América Latina: no qué decidió, sino cuánto tiempo le cuesta decidir.

La muerte del Indio Solari, ocurrida hace tres días, ha generado una cobertura internacional que France 24 Español resume en términos que resultan reveladores sobre cómo el mundo observa a Argentina en este momento. Miles de personas formaron filas de más de tres kilómetros a las afueras de Buenos Aires para despedir al cantautor, un fenómeno que la prensa extranjera no deja pasar. Pero lo que importa aquí no es el hecho en sí, sino lo que ese hecho permite que la cobertura internacional diga sobre el país.

El encuadre es predecible y, en cierto modo, cómodo para la narrativa que la prensa extranjera ha venido tejiendo sobre Argentina. Se trata de una Argentina que se despide de sus leyendas, que honra a sus figuras del pasado, que mantiene una capacidad de movilización emocional colectiva. El Indio Solari es presentado como "un fenómeno en Argentina" que "impactó la vida de varias generaciones". Es decir, la cobertura internacional ve en este funeral masivo una confirmación de algo que ya cree saber: que Argentina es un país donde lo que importa, lo que mueve, lo que convoca, pertenece a un tiempo que ya no es.

Esto no es nuevo. Hace poco, la prensa extranjera se ocupaba de Maradona, de la gloria pasada, de cómo los goles de 1986 explicaban más que cualquier análisis presente. Ahora es el turno del Indio Solari, del rock argentino, de otra leyenda que se va llevándose consigo un pedazo de la identidad colectiva. La prensa internacional parece encontrar en estos momentos de duelo nacional una ventana legítima para reforzar una idea: Argentina es un país que vive de sus recuerdos.

Lo que llama la atención es lo que esta cobertura no dice, o dice de manera lateral. No hay mención a las circunstancias políticas o económicas que rodean este funeral masivo. No hay reflexión sobre qué significa que decenas de miles de argentinos se reúnan para despedir a un artista en un contexto de crisis económica persistente, de inflación, de incertidumbre. La prensa extranjera elige ver el acto como un fenómeno cultural puro, casi desconectado del tejido social y político que lo rodea. Es una lectura que simplifica, que aísla el evento de su contexto, que permite mantener la narrativa de una Argentina nostálgica sin tener que abordar las complejidades de una Argentina que sufre.

Hay ironía en esto. Una movilización masiva en Argentina, en cualquier otro contexto, sería leída por la prensa internacional como un acto político, como una expresión de descontento o de resistencia. Pero cuando se trata de despedir a una leyenda del rock, la misma cobertura la convierte en un acto de nostalgia, de cierre de una era. La prensa extranjera parece cómoda con esta lectura porque encaja perfectamente en el relato que ya ha decidido contar sobre Argentina: un país que mira hacia atrás, que se define por lo que fue, que en el presente no tiene mucho que ofrecer excepto la melancolía de sus glorias pasadas.

Lo genuinamente nuevo en esta cobertura es que confirma una tendencia que ya estaba presente: la prensa internacional está menos interesada en analizar qué está sucediendo en Argentina ahora que en usar los eventos culturales como espejos para reflejar una idea preconcebida del país. El funeral del Indio Solari se convierte así en una oportunidad para la prensa extranjera de decir algo que ya sabía, o creía saber, sobre Argentina. Y eso, en sí mismo, es un diagnóstico de cómo se está cubriendo al país desde afuera: no como un lugar donde ocurren cosas que requieren comprensión, sino como un lugar que confirma narrativas que ya existen.

La narrativa que la prensa extranjera construye alrededor de Bolivia ha alcanzado un punto de bifurcación revelador. El apoyo explícito de Washington, expresado a través del secretario de Defensa Pete Hegseth y la Coalición Anticartel de las Américas, introduce un elemento que trasciende la cobertura de crisis doméstica: la internacionalización de un conflicto que, hasta hace poco, era presentado como un asunto interno de gobernabilidad.

Lo que importa notar es cómo este respaldo estadounidense redefine el encuadre. Cuando Hegseth rechaza "todos los intentos de derrocar al gobierno legítimo" de Paz y advierte contra el "dominio narcoterrorista", la prensa internacional no está simplemente reportando una declaración diplomática. Está amplificando una narrativa que convierte el conflicto boliviano en un capítulo de la lucha antidroga hemisférica, bajo supervisión de Washington. El lenguaje de Paz —"intereses narcoterroristas"— resuena exactamente con el vocabulario que Estados Unidos proporciona. No es coincidencia. Es sincronización.

Este encuadre tiene consecuencias interpretativas claras. Al asociar los bloqueos y las demandas de renuncia con el narcotráfico y la desestabilización, la cobertura extranjera logra algo sutilmente poderoso: convierte a Paz en defensor de la democracia contra enemigos externos (o aliados del exterior), en lugar de presentarlo como un presidente cuya legitimidad está siendo cuestionada por sectores internos. Morales, acusado de financiar protestas con dinero ilícito, queda atrapado en la misma lógica: no es un líder político con base social, sino un agente del narcotráfico que instrumentaliza la movilización.

Lo que la prensa internacional omite deliberadamente es cualquier análisis sobre por qué la Federación de Campesinos Túpac Katari, la Central Obrera Boliviana y organizaciones obrales se niegan a negociar. Que haya causas económicas, demandas históricas de redistribución de tierras o descontento con políticas macroeconómicas no aparece en el relato. El bloqueo se convierte en un acto de sabotaje, no en una forma de presión política. Las muertes —diez personas, según la Defensoría del Pueblo— se reportan como tragedias colaterales de la "conmoción interna", no como responsabilidad de decisiones de política pública que generaron el conflicto.

La aprobación de la Ley de Regulación de los Estados de Excepción, con su presunción de legalidad para los efectivos militares desplegados, es presentada por la prensa internacional como una medida técnica, administrativa, necesaria. Rara vez aparece el análisis de que una ley que blinda al Ejército de responsabilidad judicial en situaciones de "conmoción interna" es, por definición, una expansión del poder ejecutivo sobre los derechos civiles. Pero si el encuadre es que el país está siendo asediado por narcotraficantes y agentes desestabilizadores, entonces la militarización no es una amenaza a la democracia; es su defensa.

Lo más notable es que el apoyo de Trump —porque eso es lo que representa la intervención de Hegseth y Rubio— llega en un momento en que la administración estadounidense está recalibrando su política latinoamericana bajo criterios de seguridad y control del narcotráfico. Bolivia, bajo esta óptica, no es un país en crisis política; es un territorio donde Estados Unidos tiene intereses estratégicos en la lucha antidroga. Paz se convierte en un aliado útil, no en un presidente cuestionable. Y Morales, que alguna vez fue reconocido internacionalmente como un líder indígena, ahora es un fugitivo que elude cargos por tráfico de personas, financiando protestas con dinero del narcotráfico.

La ironía es que esta narrativa, al ser amplificada por la prensa extranjera, refuerza exactamente lo que Paz necesita: legitimidad internacional que compense su debilidad interna. Mientras la presión en las calles no cede, la cobertura global lo posiciona como víctima de una conspiración narcoterrorista, no como un presidente que enfrenta movilización social genuina. Morales, por su parte, obtiene lo que siempre ha buscado: la confirmación de que sus enemigos son potencias extranjeras, no sus propios compatriotas.

La prensa internacional, al adoptar el lenguaje de la seguridad hemisférica en lugar del análisis político doméstico, no está siendo neutral. Está eligiendo un bando. Y esa elección tiene un nombre: encuadre.

A história de Bruna Ferreira, a brasileira detida pelo ICE e ex-cunhada da porta-voz da Casa Branca, oferece à imprensa internacional um espelho particularmente incômodo: o de um Brasil que não aparece como sujeito de sua própria narrativa, mas como personagem secundário numa trama americana sobre imigração, poder e hipocrisia política.

O enquadramento do El País é revelador precisamente porque é discreto. A manchete não fala sobre Brasil, não fala sobre política migratória brasileira, não fala sobre as causas que levam brasileiros a deixar o país. Fala sobre uma mulher que "nunca quis se tornar uma notícia internacional" e que, apesar disso, virou. O Brasil aqui é apenas o ponto de origem, o lugar de onde se sai. A verdadeira história, para o olhar estrangeiro, é americana: a ironia de uma porta-voz da Casa Branca cujo parente próximo foi apanhado na rede de deportações em massa de seu próprio governo.

Há algo de profundamente revelador nessa escolha editorial. Quando o Brasil entra na cobertura internacional sobre migração, raramente entra como país que precisa reter seus cidadãos, que precisa oferecer oportunidades, que precisa de políticas que tornem a fuga desnecessária. Entra como origem, como ponto de partida de uma jornada que só se torna significativa quando cruza a fronteira americana. Bruna Ferreira é brasileira, mas sua importância jornalística só existe porque conhece alguém poderoso em Washington.

A desumanização é sutil. O El País dá voz a Bruna, registra sua confusão, sua dor, sua gratidão por ter escapado da deportação que tantos outros não conseguem evitar. Mas a estrutura da narrativa permanece americana. Ela é um incidente na história do poder presidencial dos EUA, não um reflexo das falhas estruturais que tornam o Brasil um lugar de saída permanente para seus cidadãos.

O que a imprensa internacional omite é tão importante quanto o que publica. Não há contexto sobre por que uma brasileira estava nos EUA sem documentação apropriada. Não há análise sobre as políticas econômicas que forçam essa migração, sobre as oportunidades limitadas, sobre a desigualdade que torna a fuga racional. Não há, em suma, Brasil. Há apenas uma mulher que cometeu o erro de estar no lugar errado quando a máquina de deportações de Trump começou a rodar.

Isso é particularmente importante porque revela como o Brasil desaparece da cobertura internacional quando não é útil como pano de fundo para histórias maiores. Não somos notícia por nós mesmos, por nossas crises, por nossas escolhas políticas, por nossas contradições internas. Somos notícia quando servimos como ilustração de algo que importa mesmo: a política americana, a hipocrisia do poder, a ironia de uma administração que expulsa parentes de seus próprios porta-vozes.

A frase de Bruna, "nunca quis me tornar uma notícia internacional", encapsula essa dinâmica. Ela não pediu para ser notícia. Ninguém no Brasil pediu para que sua história fosse contada dessa forma. Mas quando o Brasil entra na imprensa estrangeira através de histórias de migração, de deportação, de fuga, sempre entra assim: sem agência, sem voz própria, como personagem numa peça cujo roteiro foi escrito em outro lugar.

La prensa internacional descubre hoy en Chile un protagonista que no vota, no protesta y no ocupa las primeras planas políticas: un bosque submarino. El País América dedica su cobertura a una expedición científica en los bosques de algas gigantes de la Patagonia chilena, un ecosistema remoto donde equipos multidisciplinarios se sumergen para estudiar la capacidad de estos huiros de capturar y almacenar carbono a una escala que supera hasta veinte veces la de los bosques terrestres.

El cambio de encuadre es notable. Mientras la cobertura reciente sobre Chile ha gravitado casi exclusivamente en torno a conflictos políticos, polarización y disputas sobre la memoria histórica, hoy emerge una narrativa completamente distinta: Chile como laboratorio natural de importancia global, poseedor de un patrimonio ecológico singular que merece atención científica internacional. No se trata de una evasión de los problemas reales del país, sino de una apertura hacia lo que Chile también es en la mirada extranjera: un territorio de valor planetario.

Hay algo revelador en esta selección editorial. El artículo subraya que el ecosistema es remoto y aún poco explorado, lo cual implícitamente posiciona a Chile como guardián de un secreto ambiental que el mundo apenas comienza a descifrar. La mención de que investigadores de múltiples países participan en la expedición refuerza la idea de Chile como destino científico, no como nación en crisis interna. Los números que se citan —los 80 metros de altura del kelp, la capacidad de captura de carbono veinte veces superior— funcionan como evidencia de una excepcionalidad natural que trasciende las narrativas políticas.

Sin embargo, el encuadre también omite algo crucial que el propio medio ha cubierto en reportajes anteriores: que estos bosques submarinos enfrentan amenazas concretas del calentamiento global y de la salmonicultura. La expedición aparece como un acto de descubrimiento puro, de ciencia desinteresada, cuando en realidad responde a una urgencia: documentar y comprender estos ecosistemas antes de que se degraden. La prensa extranjera, al enfatizar el aspecto de revelación y misterio, tiende a minimizar el aspecto de amenaza y conservación que debería acompañar cualquier cobertura honesta sobre estos bosques únicos.

Es un giro interesante en cómo se narra a Chile desde afuera: no como un país que resuelve sus conflictos internos, sino como un país que posee recursos naturales de importancia mundial. Ambas narrativas son verdaderas, pero la selección de cuál contar en cada momento revela las prioridades de la mirada extranjera.

La prensa internacional ha descubierto en las elecciones colombianas un patrón que parece fascinarla: la paradoja de una derecha fragmentada que logra unificarse en el momento decisivo, enfrentada a una izquierda que, pese a ocupar el poder, se desmorona en alianzas. El País América traza esta línea con claridad, y en ella se concentra el relato que circula sobre Colombia en el extranjero en este momento.

Lo que llama la atención no es tanto el hecho electoral en sí, sino cómo se enmarca: como un giro, una sorpresa, una ruptura de expectativas. El medio español subraya que ninguna encuesta apuntaba a que Iván Cepeda perdería en primera vuelta, lo que convierte su segundo lugar en un desconcierto que "rompió el camino que ese sector se había trazado". Es decir, la prensa extranjera lee los resultados como un fracaso de la izquierda, no como un éxito de la derecha. La izquierda esperaba ganar en primera vuelta, no logró hacerlo, y eso es lo que importa narrativamente.

En contraste, la derecha es presentada como una fuerza que superó sus propias divisiones. El País subraya que "no logró unificarse para la primera vuelta" y que "atravesó un proceso tumultuoso", pero que finalmente "terminó reunida detrás de De la Espriella". Este encuadre es crucial: la derecha no es retratada como cohesionada por convicción, sino como pragmática, como una máquina que funciona cuando es necesario. La izquierda, por su parte, es desalineada, desconfiada, incapaz de mantener la disciplina que le permitió llegar al poder hace cuatro años.

Lo que la cobertura extranjera omite es tan importante como lo que dice. No hay análisis profundo de por qué la izquierda se desmorona, qué ha sucedido en estos cuatro años de gobierno Petro que genera desconfianza incluso en su propio electorado, o qué significa que un candidato de extrema derecha como De la Espriella logre posicionarse como alternativa creíble. El relato se detiene en la mecánica electoral, en quién se unió con quién y cuándo, como si la política fuera un juego de alianzas tácticas sin raíces más profundas.

Hay también una cierta complacencia en cómo se trata el fenómeno De la Espriella. Aunque El País lo identifica como "ultraderechista", la cobertura no profundiza en qué significa que un ciudadano estadounidense encabece una candidatura presidencial en Colombia, qué promesas hace, qué base social lo sustenta. Se lo presenta como un dato, casi como un accidente electoral, no como síntoma de algo más grave.

Lo que emerge de esta lectura extranjera es una Colombia donde la izquierda está en crisis, donde la derecha es pragmática y donde las elecciones son un juego de ajedrez político. Es una visión que no es falsa, pero que es incompleta. Reduce la política a tácticas y alianzas, cuando la verdadera pregunta es qué ha pasado en el país en cuatro años de gobierno progresista que hace que los colombianos consideren seriamente una alternativa de extrema derecha. Esa pregunta, la más importante, apenas aparece en el horizonte de la prensa internacional.

La prensa internacional que hoy se detiene en Costa Rica lo hace desde un ángulo que parece técnico y administrativo, pero que en realidad expone una reconfiguración silenciosa de cómo se narra el país hacia afuera. El fenómeno de El Niño y la respuesta gubernamental, tal como lo reporta Infobea América, desplazan el foco desde la imagen de estabilidad institucional que ha dominado el encuadre extranjero hacia una narrativa de vulnerabilidad climática y gestión de crisis.

Lo significativo no es que Costa Rica enfrente un desafío ambiental real. Lo relevante es que la prensa internacional, al cubrir esta realidad, comienza a presentar al país no como un modelo de gobernanza que resuelve problemas, sino como una nación en estado de alerta permanente, dependiente de acciones preventivas de gran escala para evitar el colapso. Las 247 acciones anunciadas, los 82 mil millones de colones invertidos, la cascada de advertencias sobre déficit hídrico y cortes eléctricos potenciales, el llamado urgente a la ciudadanía para ahorrar agua y energía: todo esto construye un relato de anticipación frenética, de un gobierno que debe movilizar recursos masivos y disciplina social para contener una amenaza que, como subraya el director del Instituto Meteorológico Nacional, "no podemos controlar, que no depende de nosotros".

Ese último matiz es crucial. La prensa extranjera, al reproducir estas palabras de la presidenta Fernández, introduce una variable que antes no era central en su cobertura de Costa Rica: la impotencia relativa frente a fuerzas sistémicas. Durante meses, el encuadre internacional enfatizó la capacidad de decisión, la iniciativa, el liderazgo ambiental del país. Hoy, sin que se diga explícitamente, emerge la idea de que hay límites a lo que la gestión institucional puede hacer.

Hay, además, un tono de contención que es revelador. Las autoridades costarricenses insisten en que "la pregunta no es si El Niño afectará a Costa Rica, sino en qué medida el país estará preparado". Es una frase que intenta proyectar control, pero que, leída desde afuera, suena más como una aceptación de que el daño es inevitable. La prensa internacional capta esto sin necesidad de criticarlo abiertamente. Simplemente reporta los números, las advertencias, las medidas. Y eso basta para que la narrativa cambie.

Lo que se omite en este encuadre es igualmente instructivo. No hay análisis de las causas estructurales que hacen a Costa Rica vulnerable a fenómenos climáticos de este tipo. No hay cuestionamiento sobre la sostenibilidad de un modelo que requiere 247 acciones de emergencia para sobrevivir un ciclo climático predecible. No hay reflexión sobre si la inversión en energías renovables y gestión hídrica ha sido suficiente en años anteriores. La cobertura se mantiene en el plano de la respuesta inmediata, lo que permite que el gobierno parezca competente en su reacción sin que se interrogue la preparación de fondo.

Costa Rica, en el encuadre de hoy, deja de ser el país que lidera en estabilidad democrática y se convierte en el país que se prepara para una crisis. Es un cambio sutil pero profundo. No es crítica abierta. Es simplemente un desplazamiento del foco que, con el tiempo, puede reconfigurar cómo se lee la capacidad real del país para gestionar sus propios desafíos.

La prensa internacional ha encontrado hoy un nuevo ángulo en la presión estadounidense contra Cuba, y es tan revelador por lo que dice como por lo que elude. Las sanciones anunciadas por la administración Trump contra Miguel Díaz-Canel, su familia inmediata y miembros del clan Castro no son, en sí mismas, una novedad. Lo que sí lo es es la manera en que Trump ha decidido enmarcar públicamente la estrategia: no como castigo a un régimen hostil, sino como intervención humanitaria disfrazada de amenaza militar.

Cuando Trump declara que Cuba "está muriendo de hambre" y carece de "energía, petróleo, dinero, nada", según reporta France 24, está haciendo algo más que constatar una crisis. Está construyendo una narrativa donde el colapso económico de la isla aparece como inevitable, casi como un proceso natural que Washington simplemente acelera. La prensa internacional recoge esta frase con la literalidad que merece, pero rara vez cuestiona la lógica circular que contiene: que el embargo de combustible impuesto en enero ha dejado a Cuba sin diésel para sus generadores y ha generado apagones de hasta 22 horas diarias, es un hecho que Trump presenta como prueba de la incapacidad del régimen, no como consecuencia de su propia política.

El detalle más inquietante está en la digresión de Trump sobre "un hermoso pedazo de tierra" donde podrían construirse "hermosos resorts". France 24 lo cita tal cual, sin énfasis especial, como si fuera una observación casual. Pero en el contexto de una campaña de presión que incluye amenazas de "tomar" la isla, esa frase no es casual. Es un guiño a una vieja fantasía estadounidense: Cuba como territorio disponible para la inversión y el ocio norteamericano. La prensa extranjera, al reproducir el comentario sin subrayar su implicación colonial, normaliza una aspiración que debería resultar inquietante.

Lo que la cobertura de hoy omite casi completamente es cualquier análisis sobre las consecuencias humanitarias reales que sus propias fuentes documentan. La advertencia de la ONU sobre un "cóctel explosivo" formado por la emergencia humanitaria y la inminente temporada de huracanes no aparece como titular en ningún medio, sino como un párrafo final, casi como un detalle administrativo. Cuba sigue dependiendo de envíos de ayuda de México y China, continúa recuperándose del Huracán Melissa, y ahora enfrenta una nueva temporada de tormentas sin recursos para prepararse. Estos hechos están en el texto de France 24, pero la narrativa dominante los subordina a la idea de que el régimen simplemente "no funciona".

Hay una ausencia notable en el encuadre de hoy: ninguna voz cubana que no sea la oficial. Díaz-Canel responde acusando a Trump de fortalecer el bloqueo y el conflicto. Bruno Rodríguez promete "mayor unidad y determinación". Pero no hay economistas, trabajadores, médicos, o ciudadanos comunes explicando cómo viven bajo estas presiones. La isla aparece como un monolito político, no como una sociedad con grietas, complejidades y voces divergentes. De este modo, la prensa internacional refuerza inadvertidamente la idea de que Cuba es un proyecto político fallido, no un país con población que sufre.

Lo genuinamente nuevo hoy es que Trump ha dejado de ser discreto. Ya no habla de sanciones como medida defensiva. Habla de Cuba como territorio a disposición, como un proyecto de inversión interrumpido, como un lugar que "podría ser hermoso" si estuviera bajo control estadounidense. Y la prensa internacional, al reportar esto sin el contexto crítico que merece, se convierte en amplificadora de una lógica que no es nueva en la región, pero que creíamos relegada al pasado.

La renuncia de Gabriela Sommerfeld y su reemplazo por Roberto Kury al frente de la Cancillería ecuatoriana constituye un cambio administrativo que la prensa internacional, representada hoy por Infobae, presenta de manera casi aséptica: un movimiento dentro de una reestructuración institucional más amplia impulsada por Daniel Noboa. Sin embargo, el encuadre extranjero revela algo más interesante que la noticia misma: la capacidad de invisibilizar el contexto político mediante el lenguaje técnico.

Infobae reporta los hechos con precisión. Sommerfeld se va por "motivos personales y de salud", según su propia carta. Kury, ingeniero con trayectoria en telecomunicaciones y sector privado, asume la cartera. El Gobierno subraya continuidad: una política exterior "firme, estratégica y alineada con los intereses nacionales". El medio registra también que el nombre de Sommerfeld había circulado en conversaciones sobre candidaturas locales futuras, pero tanto la excanciller como el Ejecutivo desvinculan su salida de cualquier actividad política.

Lo que la cobertura internacional omite, o al menos no subraya, es el significado de reemplazar a una canciller que, durante dos años y medio, fue la cara diplomática de un Gobierno enfrentado a crisis de envergadura internacional. Sommerfeld presenció y gestionó la incursión a la embajada mexicana en abril de 2024, un episodio que marcó un quiebre en las relaciones regionales. Bajo su gestión, Ecuador reconfiguró su alineamiento con Washington en materia de seguridad. Estos no son detalles menores en la política exterior de un país.

El encuadre de Infobae los presenta como logros de su gestión, no como tensiones que pudieran haber motivado su salida. Y al hacerlo, normaliza el cambio: es parte de una reorganización administrativa más amplia, no el resultado de presiones políticas o diferencias estratégicas que la prensa regional podría estar investigando con mayor profundidad.

Kury llega a la Cancillería sin experiencia diplomática previa. Su carrera es empresarial y tecnológica. Esto podría sugerir un giro en el perfil de quien conduce la política exterior ecuatoriana, pero la cobertura internacional no lo analiza así. Lo presenta como un cambio dentro de un gabinete que se reestructura, sin interrogar qué significa que un ingeniero de telecomunicaciones pase a dirigir la diplomacia de un país cuyas relaciones internacionales están bajo presión.

Hay además un silencio notable: la prensa extranjera no contextualiza esta salida dentro de la crisis de seguridad que domina el relato sobre Ecuador en los últimos meses. Los titulares de hoy mencionan la advertencia de la ONU sobre inseguridad alimentaria derivada de El Niño, pero no conectan los cambios ministeriales con la estrategia de seguridad que Sommerfeld ayudó a diseñar. Es como si la diplomacia ecuatoriana operara en un compartimento separado de la realidad de violencia criminal que la prensa internacional ha documentado exhaustivamente.

Este es el encuadre extranjero en acción: administrativo, despolitizado, funcional. Presenta los cambios de gabinete como reorganización institucional sin analizar sus implicaciones para la continuidad de una política exterior que, bajo Sommerfeld, fue tan controvertida como necesaria. Y al hacerlo, deja sin respuesta la pregunta más importante: qué significa para Ecuador que su nueva canciller sea un tecnócrata sin experiencia diplomática en un momento en que sus relaciones internacionales requieren precisamente de esa experiencia.

La prensa extranjera vuelve hoy a El Salvador a través de un crimen que no es de El Salvador. Infobea América retoma la historia de Reyna Angélica Marroquín, la joven salvadoreña encontrada momificada en un barril treinta años después de su desaparición, pero lo hace de una manera que revela algo incómodo sobre cómo funciona el encuadre internacional: el país aparece en la narrativa solo como punto de origen de una víctima, no como contexto que explique nada.

Los detalles que Infobae despliega son los de un crimen estadounidense clásico: el empresario, la relación extramatrimonial, el feto, el barril de tinte, la fábrica de Manhattan, el suicidio cuando llega la evidencia forense. El drama es neoyorquino. La investigación fue estadounidense. El impacto mediático fue estadounidense, tanto que el caso llegó a programas como Forensic Files, NYPD Blue y Grave Secrets. El único elemento salvadoreño que aparece es la madre de Marroquín en El Salvador, citada por su sueño premonitorio, un detalle que Infobea describe como "casi sobrenatural" y que funciona en el relato menos como testimonio de dolor que como ingrediente folclórico que suma dramatismo a una historia ya sobrecogedora.

Esto no es una crítica al medio por cubrir el caso. Es una observación sobre lo que el encuadre omite: El Salvador en 1969 era un país que expulsaba jóvenes hacia Estados Unidos. Reyna emigró, trabajó como niñera y en una fábrica, mantuvo una relación con un empresario que la asesinó y ocultó su cuerpo durante treinta años. Esos son hechos que apuntan a estructuras migratorias, desigualdad laboral, vulnerabilidad de mujeres centroamericanas en mercados de trabajo estadounidenses, impunidad que tardó décadas en resolverse. Pero la prensa extranjera, al contar esta historia, no la cuenta como un caso que ilumina nada sobre El Salvador. La cuenta como un misterio criminal estadounidense con una víctima importada.

El resultado es que El Salvador sigue siendo invisible en su propia historia. No como nación con instituciones que fallan o que avanzan, no como contexto de migración forzada, no como lugar donde las mujeres desaparecen. Solo como el sitio del que alguien salió hace más de medio siglo. La narrativa internacional sigue siendo así: El Salvador como prólogo, no como argumento.

La prensa internacional retorna hoy a Guatemala con una narrativa que ya conocemos, pero que insiste en reforzar: la de un Estado que no puede garantizar las reglas del juego, incluso cuando esas reglas favorecen a los actores privados con capital suficiente para invertir en infraestructura. Infobea América vuelve sobre el caso Xochi, y en esa reiteración hay algo revelador sobre cómo se está enmarcando la crisis institucional guatemalteca desde afuera.

Lo notable no es que se reporte la cancelación de la licencia, sino cómo se construye el relato de esa cancelación. La cobertura detalla con precisión quirúrgica el procedimiento: inspecciones desde marzo, intensificación en mayo con "hombres armados sin orden", un plazo de menos de 24 horas para que la desarrolladora respondiera, amparos presentados, y finalmente la suspensión ejecutada en la madrugada del 4 de junio sin notificación previa. Cada dato está ahí para sugerir algo más que una decisión administrativa legítima. La narrativa construida es la de un abuso de autoridad municipal, de un debido proceso violado, de una certeza jurídica evaporada.

Lo que la prensa extranjera enfatiza, a través de las voces que permite que hablen, es que Guatemala no es un lugar donde se puede confiar en que los acuerdos se mantendrán, incluso cuando están documentados y respaldados por licencias previas. La Cámara del Agro lo dice en términos que la cobertura reproduce sin cuestionamiento: falta certeza jurídica. ITRA lo respalda. Xochi lo denuncia. Y Infobae América, al estructurar su relato alrededor de estas voces, amplifica el mensaje de que el Estado guatemalteco es impredecible, que sus instituciones pueden girar contra los inversores sin explicación clara, que el respeto al Estado de derecho es una promesa incumplida.

Lo que queda fuera del encuadre es igualmente instructivo. No hay voz municipal que explique con detalle qué halló en esas inspecciones, qué irregularidades detectó, por qué consideró que la licencia debía cancelarse. El alcalde Carlos Villagrán no aparece con su versión. Las razones técnicas o legales que pudo haber tenido la municipalidad para actuar quedan reducidas a un silencio que el texto interpreta como arbitrariedad. El proyecto Xochi se presenta como una iniciativa que "siempre ha cumplido" y que busca beneficios claros: reducir tiempos de viaje, mejorar la conectividad agrícola, servir a la región de la Costa Sur. Se omite cualquier mención a objeciones ambientales, a conflictividad local, a preocupaciones de comunidades que pudieran haber impulsado la acción municipal.

La ironía es que la prensa extranjera, al denunciar la falta de certeza jurídica, refuerza la misma narrativa que debilita a Guatemala en los ojos de los inversores y de los organismos internacionales: la de un país donde las instituciones no funcionan, donde el capricho prevalece sobre la ley, donde invertir es arriesgado. Y esa narrativa, repetida, se convierte en profecía autocumplida. Si Guatemala es visto como un lugar donde no hay seguridad jurídica, menos inversión llegará, menos infraestructura se construirá, menos crecimiento habrá. El relato y la realidad se alimentan mutuamente.

Lo que la cobertura de Infobea América no se permite explorar es una pregunta más incómoda aún: ¿qué pasaría si la municipalidad tuviera razones válidas para actuar? ¿Qué pasaría si el debido proceso, en lugar de haber sido violado, estuviera siendo ejercido por una autoridad local que detectó algo que preocupaba? Esa posibilidad no cabe en el encuadre. El encuadre ya está fijo: Guatemala como un Estado frágil donde los derechos de propiedad no están seguros, donde la inversión privada es rehén de decisiones municipales caprichosas, donde la certeza jurídica es un lujo que no existe.

Es un encuadre que, en su insistencia, termina diciendo más sobre cómo la prensa internacional lee a Guatemala que sobre lo que realmente sucedió en Mazatenango.

Éditorial du jour

Haïti réapparaît dans le regard international, mais de manière oblique, presque accidentelle. L'article qui domine aujourd'hui le cadrage étranger de la nation caribéenne ne la traite pas comme sujet vivant mais comme preuve historique. Emmanuel Macron prononçant le mot "réparations" pour la première fois en tant que président français, Ghana accueillant une conférence mondiale sur les réparations, l'Union africaine adoptant un cadre juridique fondé sur le principe que "un crime ne se prescrit pas" – voilà ce qui occupe la presse. Haïti y figure comme le cas exemplaire, le moment fondateur où la question s'est posée de manière irréfutable : en 1825, quand la France a extorqué 150 millions de francs à une nation noire souveraine pour le "dommage" que représentait sa propre émancipation.

Ce qui frappe dans ce cadrage, c'est sa nature rétrospective. L'article analyse comment l'Occident a rendu l'idée même de réparations aux peuples noirs "impensable" pendant deux siècles, invoquant le paradoxe que le Haïtien Michel-Rolph Trouillot avait identifié : la révolution haïtienne elle-même était "l'impensable" – une revendication de souveraineté noire que le monde occidental ne pouvait ni comprendre ni tolérer. Mais cette archéologie intellectuelle, pour pertinente qu'elle soit, maintient Haïti dans le passé. La nation n'apparaît que comme illustration d'une injustice historique, non comme réalité contemporaine exigeant une action présente.

L'ironie structurelle est sévère. Pendant que le débat international se déploie sur la question des réparations – question qui demeure largement "impensable" pour les puissances occidentales, comme le montre l'abstention française et celle de 52 États à la résolution ghanéenne – Haïti continue de s'enfoncer dans une crise immédiate qui reçoit une fraction infime de cette attention. L'article note que Macron, en invoquant dix fois le mot "réparations", s'est gardé de répondre à la seule question concrète : France rendra-t-elle l'indemnité de 1825 ? Les propositions se sont limitées à une commission, un mémorial, l'abrogation symbolique du Code Noir. Des gestes, dit l'auteur, mais pas de restitution.

Ce qui demeure inexprimé dans ce cadrage étranger, c'est une question qui hante Haïti depuis deux siècles : comment une nation peut-elle construire son présent quand son passé reste non réglé, quand la reconnaissance même de son droit à exister a dû être arrachée par la force et demeure contestée ? L'article cite le coup d'État de 2004 contre Jean-Bertrand Aristide, qui avait osé demander 21 milliards de dollars de restitution – la réponse de l'Occident à cette "propriété" qui prétendait évaluer sa propre valeur. Mais il ne dit rien de ce qui a suivi, de la manière dont cette négation de souveraineté s'est cristallisée dans des décennies d'instabilité, de prédation externe, de fragmentation interne.

Le cadrage international produit ainsi un effet de dédoublement : Haïti devient à la fois le symbole de l'injustice historique qu'il faut enfin reconnaître et l'absence conspicue dans le débat sur comment réparer cette injustice. Elle est invoquée comme preuve mais non entendue comme demandeur. La presse étrangère, en relayant ce débat sur les réparations, reconnaît implicitement que quelque chose d'énorme a été volé à Haïti. Elle ne dit rien sur ce que Haïti ferait de la reconnaissance de ce vol, ni sur ce qui pourrait être restitué à une nation qui continue de vivre sous le poids de cette spoliation originelle.

La prensa internacional que hoy cubre Honduras descubre un país que intenta vender optimismo donde la realidad exige cautela. Infobae América, único medio que reporta hoy sobre el país, reproduce sin crítica visible las proyecciones del Gobierno sobre inversiones que podrían alcanzar dos mil millones de dólares en los próximos años, un anuncio que merece ser leído no como noticia económica sino como ejercicio de comunicación política en tiempos de fragilidad institucional.

Lo revelador del encuadre no es lo que dice, sino lo que presupone. El ministro asesor Epaminondas Marinakys habla de "inversiones buenas y sanas" y de mejorar la imagen internacional del país, pero el medio que lo reporta no interroga el contexto en el que esas palabras cobran sentido. Honduras reingresó al CIADI, el mecanismo de arbitraje internacional, como señal de que el país quiere garantías legales para los inversionistas. Eso es presentado por Infobae como un dato positivo, una "buena señal". Pero la necesidad de reafirmar garantías jurídicas internacionales es, en sí misma, un síntoma de desconfianza previa. Un país con instituciones sólidas no necesita proclamar su seguridad jurídica; la demuestra.

La cifra de dos mil millones también merece escrutinio. El Gobierno la desglosa así: mil 500 millones en un único proyecto de generación eléctrica de 1,500 megavatios, más otros proyectos manufactureros y en parques industriales. Es decir, la promesa descansa en buena medida en una licititud energética que aún no se ha ejecutado. Infobea reproduce los números sin señalar que Honduras lleva décadas anunciando soluciones al problema energético, que es presentado por el propio funcionario como "el principal reto" para atraer inversión. La ironía es que el Gobierno debe resolver el obstáculo que él mismo identifica como determinante para que la inversión llegue. Eso no es un plan; es un círculo vicioso descrito como estrategia.

Lo que la prensa internacional omite es igualmente instructivo. No hay mención a cómo Honduras financiará esos proyectos energéticos, ni a los riesgos regulatorios o políticos que rodean las licitaciones públicas en un país donde la corrupción ha sido sistémica. No hay pregunta sobre qué significa que "al menos cinco empresas extranjeras" muestren interés en un contexto donde la violencia, la inseguridad jurídica y la inestabilidad política siguen siendo características estructurales del país. El reportaje acepta la narrativa oficial de que Honduras "ha ganado muchos premios" por la calidad de su manufactura, pero no contextualiza esos premios en un entorno donde los salarios son entre los más bajos de América Latina y donde la capacidad de imposición de normas laborales es débil.

El encuadre de Infobea es el de un país que mira hacia adelante, que busca reinventarse como destino de inversión. Pero ese optimismo prospectivo convive incómodamente con una realidad que la prensa internacional ha documentado en otros reportajes: instituciones débiles, violencia persistente, desigualdad extrema. Lo que falta en el análisis de hoy es la pregunta incómoda: ¿por qué creer que dos mil millones de dólares en inversión extranjera transformarán un país cuyas limitaciones estructurales no son principalmente de capital, sino de gobernanza?

La prensa extranjera, en este caso, elige el rol de amplificador de esperanza oficial. No es un rol ilegítimo, pero es incompleto. Honduras necesita inversión, es cierto. Pero la manera en que esa inversión será utilizada, protegida y fiscalizada depende de instituciones que siguen siendo cuestionables. Mientras la cobertura internacional siga presentando las cifras sin los asteriscos que merecen, seguirá contribuyendo a una ilusión compartida: la de que el dinero puede resolver lo que las instituciones no pueden.

La prensa española observa hoy a México a través de una lente que mezcla lo mundano con lo geopolítico, sin que ambos planos lleguen a tocarse de verdad. El País América dedica su atención a Tijuana como escenario donde confluyen la anticipación futbolística local y la realidad de una ciudad convertida en refugio involuntario de una selección rechazada por Washington. El ángulo es ingenioso: mientras el Mundial se acerca, una niña de doce años madruga en el aeropuerto para conseguir autógrafos de futbolistas iraníes, y vendedores ambulantes en la frontera venden camisetas mexicanas bajo la vigilancia de la Guardia Nacional. La vida sigue, parece decir el reportaje, incluso cuando la geopolítica se cuela en los estadios.

Pero hay algo revelador en cómo se cuenta esta historia. El País elige el detalle humano, la anécdota local, para suavizar una realidad más áspera: Tijuana no fue elegida por sus méritos como sede mundialista, sino por defecto. Irán está allí porque Trump cerró la puerta. La ciudad recibe no la gloria de los partidos, sino la consolación de un campamento base. El reportaje no lo dice así, claro, pero lo deja ver en cada párrafo. Hay "mucha emoción" entre los vendedores, sí, pero es la emoción de quien recibe migajas de un festín que pasó de largo.

Lo que la cobertura española subraya, quizás sin proponérselo, es que México sigue siendo leído desde el exterior como un territorio donde suceden cosas que otros deciden. Irán negocia con la FIFA, Trump cierra fronteras, y México acomoda. La prensa internacional ve en esto una cierta capacidad adaptativa, casi una virtud: miren cómo Tijuana absorbe lo inesperado, cómo la vida cotidiana se reajusta. Pero hay poco análisis sobre qué significa para México ser ese lugar donde las tensiones globales se resuelven mediante concesiones locales. Poco se pregunta si esta flexibilidad es fortaleza o síntoma de una ausencia de poder real en la mesa de negociaciones.

El segundo titular sobre Jorge Campos y su apropiación del Mundial a través del color y las grecas apunta en otra dirección: la del patrimonio cultural mexicano como commodity visual, como estética que se vende bien en la pantalla internacional. Pero eso es una historia de consumo, no de agencia política. México brinda la geografía, la mano de obra, la cultura que se fotografía bien. Otros escriben el guión.

La prensa internacional, a través de Infobae, consolida hoy un encuadre que ya estaba en construcción pero que adquiere ahora una fuerza institucional sin precedentes: la movilización de treinta expresidentes iberoamericanos en torno al caso de Brooklyn Rivera no es un acto más de denuncia, sino un punto de quiebre en la legitimidad política del régimen Ortega-Murillo ante la comunidad internacional de democracias.

Lo que distingue este pronunciamiento del Grupo IDEA es su arquitectura legal. No apela al sentimiento ni a la retórica de los derechos humanos en términos generales, sino que invoca específicamente el Estatuto de Roma, la jurisdicción universal y la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Esto transforma la narrativa extranjera de una manera que merece atención: Nicaragua deja de ser un caso de represión política —grave, documentado, pero circunscrito al debate regional— para convertirse en un territorio donde potencialmente pueden ejercerse mecanismos de justicia penal internacional que trascienden las fronteras y los gobiernos.

El detalle de que siete familiares de Rivera desaparecieron cuando acudieron a reclamar sus restos es presentado por la prensa extranjera no como un acto aislado de brutalidad, sino como evidencia de un patrón sistemático. Esa sistematicidad es la palabra clave que abre la puerta a la caracterización de crímenes de lesa humanidad. La muerte de Rivera en custodia estatal, sumada a la desaparición forzada de sus allegados, forma un cuadro que la cobertura internacional ya no lee como represión política sino como crimen de Estado de naturaleza más grave.

Lo que la prensa extranjera subraya con particular énfasis es la imposibilidad de una investigación interna. El pronunciamiento de los expresidentes no solo acusa, sino que fundamenta por qué Nicaragua no puede investigarse a sí misma: el Estado está implicado. Esto es importante porque cierra una puerta que algunos gobiernos occidentales suelen dejar abierta: la de la reforma interna, la autocorrección, el diálogo. Aquí no hay espacio para eso. La prensa internacional, al replicar este argumento, está legitimando la idea de que la solución no es política sino penal, y que debe venir de afuera.

Hay, sin embargo, una omisión notable en cómo se presenta este pronunciamiento. La cobertura no analiza qué capacidad real tiene la jurisdicción universal para operar contra un régimen que controla su territorio, no extradita sus funcionarios y cuenta con alianzas geopolíticas que lo protegen. Se denuncia la impunidad con argumentos jurídicos sólidos, pero no se examina el abismo entre la tipificación legal de un crimen y su procesamiento efectivo. Es como si la prensa internacional celebrara la existencia del Estatuto de Roma sin preguntarse quién lo hará cumplir.

Tampoco aparece en la cobertura una reflexión sobre qué significa que sean expresidentes, y no gobiernos en ejercicio, quienes firmen esta declaración. Eso sugiere que los gobiernos actuales de la región tienen limitaciones políticas para hacer pronunciamientos de esta envergadura, lo cual es información valiosa que la prensa extranjera no explicita.

Lo que sí queda claro es que el encuadre internacional ha evolucionado desde la denuncia hacia la acusación penal. Nicaragua no es ya un país con un régimen represivo; es un territorio donde se cometen crímenes de lesa humanidad. Esa recalificación tiene consecuencias narrativas profundas. Cambia la naturaleza del conflicto, la urgencia de la intervención internacional y, potencialmente, las sanciones que se pueden justificar. La prensa extranjera, al amplificar este pronunciamiento sin cuestionarlo sustancialmente, está participando en esa transformación del relato.

La prensa internacional persiste hoy en retransmitir a Panamá como un país cuya relevancia geopolítica descansa casi exclusivamente en su capacidad de intermediación marítima. Infobae América, en su cobertura de la visita de Mulino a Grecia, reproduce sin mayor cuestionamiento una narrativa que es tan funcional para los intereses del gobierno panameño como reveladora de los límites del relato que la prensa extranjera está dispuesta a sostener sobre la república.

El artículo documenta con precisión los hechos: memorandos de cooperación turística y consultas políticas, el registro de cuatro nuevos buques tanqueros panamax, la presencia de la delegación oficial y la recepción de honores. Pero el encuadre que emerge de esa documentación es problemático. La visita se presenta como un éxito diplomático y comercial, y en términos estrictos de transacciones bilaterales probablemente lo sea. El problema es que la prensa extranjera, al cubrir así a Panamá, está validando una visión del país que lo reduce a su función de registro de conveniencia y corredor de tránsito marítimo.

Esto no es nuevo en sí. Lo que sí merece atención es la persistencia de ese encuadre en un momento en que Panamá enfrenta presiones internas sobre la gobernanza institucional, la seguridad ciudadana y la legitimidad política. La cobertura internacional no ignora esos problemas, pero los trata como asuntos domésticos separados de la "verdadera" relevancia de Panamá: su rol en la economía marítima mundial. Esa separación es artificial y, más importante aún, es conveniente para cualquier gobierno que prefiera ser visto por el exterior como un socio comercial confiable antes que como una democracia que enfrenta erosión institucional.

El dato de que armadores griegos operan unos 500 buques bajo bandera panameña y participan en más del 20 por ciento del transporte mundial de carga es significativo, pero no porque revele la fortaleza de Panamá como nación, sino porque expone la dependencia de su legitimidad internacional respecto de actores externos. Cuando Mulino se reúne con armadores griegos y promete "proteger a sus socios comerciales", la prensa extranjera lo retransmite como un acto de liderazgo responsable. Pero ese lenguaje oculta una realidad más incómoda: que el presidente está priorizando la estabilidad del registro de conveniencia sobre otras agendas nacionales.

La inclusión en la delegación de exfuncionarios como Alberto Vallarino y Alberto Alemán Zubieta tampoco es casual, aunque la cobertura no lo subraye. Es una señal de continuidad con las élites tradicionales panameñas, un guiño a la comunidad internacional de que a pesar de los cambios en el gobierno, la clase dirigente que ha manejado históricamente esos registros sigue siendo relevante. La prensa extranjera no cuestiona eso; simplemente lo anota como parte del protocolo.

Lo que falta en el relato internacional es una pregunta más incómoda: qué significa para Panamá que su principal activo diplomático sea la capacidad de ofrecer un registro marítimo sin fricción regulatoria. Eso no es un problema de la cobertura de Infobae, sino de la realidad que esa cobertura refleja. Pero la prensa extranjera tiene la responsabilidad de al menos señalar la tensión: un país que aspira a ser visto como estable y confiable en el comercio global, pero que simultáneamente lucha con déficits de institucionalidad que afectan a sus ciudadanos.

Por ahora, la narrativa internacional sigue siendo la del Panamá útil, el que funciona para otros. Eso es lo que se vende en Atenas, y es lo que la prensa retransmite. Que sea verdad no lo hace menos limitado como retrato de una nación.

La prensa internacional que hoy cubre el balotaje presidencial peruano se detiene en un dato que, en apariencia, es administrativo pero que funciona como síntoma de algo más profundo: los resultados oficiales tardarán treinta días en conocerse. France 24 lo reporta con la precisión que requiere, pero el verdadero encuadre que emerge de esta noticia revela cómo la mirada extranjera interpreta el estado actual de las instituciones electorales peruanas.

El contraste es notable. Mientras una encuesta a pie de urna de Ipsos muestra un margen leve entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, separados apenas por 1,4 puntos porcentuales, la prolongación de treinta días para la oficialización de resultados introduce una variable que trasciende lo técnico. Para la prensa internacional, esto no es simplemente un procedimiento de escrutinio riguroso. Es, más bien, una lectura de que las instituciones electorales peruanas operan bajo una lógica de cautela que sugiere fragilidad, desconfianza o ambas.

Lo interesante es que France 24 no dramatiza esto. Lo presenta como dato, casi como dato esperado. Esa sobriedad es reveladora. La cobertura extranjera ha llegado a un punto en el que la lentitud institucional, la incertidumbre prolongada, la demora en la certificación de resultados, se han normalizado tanto que ya no generan sorpresa ni indignación, sino apenas registro. Perú, en el encuadre internacional, es un país donde las cosas funcionan, pero lentamente, con fricciones visibles, bajo procedimientos que parecen diseñados más para contener conflicto que para resolver con celeridad.

La encuesta de Ipsos, con su margen de apenas medio punto, agrega otra capa a este cuadro. Para la prensa de afuera, una contienda tan cerrada entre una candidata con antecedentes políticos notorios y un competidor que aparentemente representa la alternativa, es un reflejo de una sociedad dividida, pero también de una sociedad que no ha logrado producir consensos claros. El hecho de que el resultado sea prácticamente impredecible no se lee como un síntoma de vitalidad democrática sino de parálisis relativa.

Lo que France 24 omite, o al menos no subraya, es el costo político de esa espera de treinta días. En una sociedad con el historial de volatilidad institucional que caracteriza a Perú, la prolongación de la incertidumbre no es neutral. Pero ese análisis requeriría una profundidad que la cobertura de agencia, por su naturaleza, tiende a no alcanzar. La prensa internacional reporta lo que sucede. Rara vez explora lo que sucede en el espacio de lo que aún no se resuelve.

El Mirador.News — Editorial del Día

La prensa internacional, representada hoy por El País América, ha elegido un ángulo peculiar para hablar de Puerto Rico: no la política, no la economía, no los problemas estructurales de la isla, sino la redención moral de una figura musical a través de sus acciones. Bad Bunny, o más precisamente Benito Antonio Martínez Ocasio, se convierte en el protagonista de un relato que, aunque aparentemente trata sobre un error arquitectónico llamado "la Casita", en realidad habla de cómo la reputación personal puede absorber y transformar la evaluación de los hechos.

El texto de El País es revelador en su estructura narrativa. Comienza identificando a la audiencia de Bad Bunny no por su ubicación geográfica sino por su adhesión emocional: los fans, los feministas que cantan "yo perreo sola", las mujeres que lloró en la Super Bowl. Luego describe cómo esa misma audiencia salió a defender la Casita, no porque creyeran que estuviera bien, sino porque creían que Benito Antonio era "un buen tipo". El periódico español identifica aquí un mecanismo psicológico: la transferencia de virtud personal hacia las acciones cuestionables.

Lo significativo es que la prensa extranjera, al menos en esta cobertura, no interroga qué es la Casita, por qué fue un error, cuál fue su impacto real en Puerto Rico o qué significa para la política urbana y cultural de la isla. En cambio, se enfoca en la dinámica de defensa de un ídolo y en cómo la lealtad de los fans distorsiona el juicio sobre los hechos. Puerto Rico aparece aquí como telón de fondo de una discusión sobre la idolatría moderna y la ética de las celebridades, no como un territorio con sus propias complejidades.

Hay una ironía incómoda en esto. Cuando la prensa internacional cubre a Puerto Rico a través de sus figuras culturales más prominentes, tiende a convertir los problemas locales en anécdotas sobre celebridades. La isla se vuelve importante no por lo que necesita o enfrenta, sino por lo que sus artistas hacen o dejan de hacer. Y cuando esos artistas cometen errores, la cobertura se transforma en un análisis de la psicología de sus admiradores, no en una reflexión sobre las consecuencias reales para la comunidad.

El País, al escribir sobre "la respuesta correcta de Benito Antonio", presume que existe una respuesta correcta, que el asunto puede resolverse en términos morales individuales. Pero la verdadera pregunta que la prensa extranjera evita es más incómoda: qué dice sobre Puerto Rico que sus problemas urbanos, culturales y políticos se filtren hacia el mundo principalmente a través de lo que hace o deja de hacer una estrella de música urbana.

La prensa internacional, a través de Unicef, ha vuelto a poner el foco en República Dominicana, pero esta vez con una peculiaridad que merece atención: el problema de la menstruación como ventana hacia la desigualdad estructural. No es un dato nuevo en sí mismo —la cifra del 20 por ciento proviene de la encuesta ENHOGAR-MICS de 2019—, pero su circulación internacional ahora, bajo el paraguas de la campaña "Mundo Amigable con la Menstruación", revela algo sobre cómo la mirada extranjera está reencuadrando la crisis dominicana.

Lo significativo es el desplazamiento narrativo. Mientras que los editoriales recientes han enfatizado la violencia letal contra las mujeres como el síntoma más dramático de la crisis de derechos, este reportaje introduce una dimensión menos espectacular pero potencialmente más reveladora: cómo la ausencia de infraestructura básica —agua potable, baños limpios, productos de higiene— se traduce en exclusión sistemática de la educación y la vida social. El ausentismo escolar causado por la menstruación no es un problema de salud individual sino un indicador de fallo estatal en múltiples dimensiones simultáneamente.

Unicef, en boca de su representante Carlos Carrera, articula esto con claridad: se trata de "barreras sociales, culturales y materiales" que operan en conjunto. Pero aquí surge una tensión interesante en el encuadre internacional. El organismo pide políticas públicas, agua potable, baños equipados, productos gratuitos o de bajo costo, educación integral en salud sexual y capacitación docente. Son demandas razonables, pero la prensa extranjera las presenta como si fueran descubrimientos recientes de un problema invisible. La realidad es que República Dominicana lleva años enfrentando estas carencias; lo que cambia es que ahora se las nombra a través del lente de la menstruación.

El aspecto más interesante del relato es la inclusión de testimonios como el de Josefina, la adolescente con endometriosis, que humaniza lo que de otro modo sería una estadística. Pero también revela un riesgo del encuadre extranjero: la tendencia a medicalizar y psicologizar problemas que son fundamentalmente políticos. La endometriosis afecta a una de cada diez mujeres en el mundo, dice Unicef, como si eso fuera una justificación para el ausentismo. Lo es, pero solo en un contexto donde el Estado no ha garantizado ni agua potable ni baños limpios en las escuelas.

Lo que la prensa internacional omite, o al menos no enfatiza lo suficiente, es que estas carencias no son accidentes sino consecuencias de decisiones presupuestarias y políticas. Pedir que se incorporen contenidos sobre menstruación en el currículo escolar es correcto; pedir que se capacite a docentes es necesario. Pero sin inversión en infraestructura básica, sin agua potable garantizada, sin baños dignos en cada escuela, esas políticas de sensibilización quedan flotando en el aire. La prensa extranjera tiende a fragmentar los problemas: aquí habla de menstruación, antes hablaba de feminicidios, mañana hablará de corrupción. Rara vez conecta estos hilos para mostrar que se trata de un mismo tejido de negligencia estatal.

El encuadre de Unicef, difundido por Infobea América, es progresista en intención pero corre el riesgo de convertir un problema de gobernanza en un problema de conciencia. Como si lo que falta en República Dominicana fuera principalmente sensibilidad sobre la menstruación, cuando lo que falta es dinero, decisión política y capacidad administrativa para garantizar lo elemental. Eso no significa que el relato sea falso; significa que es incompleto. Y en esa incompletud reside el verdadero encuadre de la prensa internacional: la capacidad de nombrar síntomas sin interrogar estructuras.

Uruguay aparece hoy en la prensa internacional como un país que finalmente traduce en regulaciones concretas lo que sus mujeres llevan años padeciendo en soledad. El País América, al cubrir la reglamentación de la ley sobre endometriosis, elige un encuadre que merece examinarse con cuidado: no celebra simplemente una victoria legislativa, sino que la presenta como respuesta tardía a una enfermedad que el Estado había dejado en la penumbra.

El testimonio que estructura la nota es revelador de cómo la prensa extranjera lee este momento. Una mujer uruguaya dice estar quince días del mes internada. No es una cifra abstracta ni una proyección estadística. Es la traducción del dolor en tiempo: la mitad de una vida menstrual consumida por crisis que requieren hospitalización. Para un medio como El País, acostumbrado a documentar sistemas de salud en toda América Latina, esta realidad en un país que goza de reputación de progresista y estable adquiere un peso particular. Subraya una brecha entre la autoimagen de Uruguay y la experiencia vivida de sus ciudadanas.

Lo que la cobertura internacional parece subrayar es que la reglamentación no representa tanto un descubrimiento de un problema nuevo como el reconocimiento oficial de algo que existía antes, ignorado. Uruguay se suma así a un movimiento global donde la endometriosis, enfermedad crónica que afecta a millones de mujeres, comienza a salir del territorio de lo privado y lo médicamente invisibilizado hacia la arena de las políticas públicas. Pero el encuadre extranjero tiende a leer esto con una cierta ironía implícita: un país que se piensa a sí mismo como avanzado en derechos y equidad, descubriendo apenas ahora que sus mujeres llevan años sufriendo sin nombre legal para su sufrimiento.

La prensa extranjera, al documentar este paso, no lo presenta como un triunfo sin sombras. Hay en la selección de testimonios y en la estructura narrativa una pregunta flotante: cuánto tiempo más deberá pasar antes de que las regulaciones se traduzcan en acceso real, en diagnósticos tempranos, en tratamientos que permitan a las mujeres recuperar esos quince días del mes. La reglamentación es el comienzo de una conversación que Uruguay debería haber tenido hace años. Que la prensa internacional lo documente ahora es, en cierto sentido, un recordatorio de que ni siquiera los países considerados modelos están exentos de omisiones sistemáticas.

La prensa internacional sigue atrapada en un dilema que define su cobertura de Venezuela: la necesidad de narrar un cambio que aún no termina de ocurrir. El retorno anunciado de María Corina Machado, tal como lo presenta Infobae, no es simplemente un regreso político. Es un test de viabilidad. Un experimento para verificar si la transición venezolana puede funcionar cuando la oposición deja de ser un actor marginal y reclama un asiento en la mesa donde se toman las decisiones.

Lo que resulta peculiar en este encuadre es que la prensa extranjera ya ha identificado el problema central, pero lo formula de una manera que revela sus propias limitaciones analíticas. Según el análisis de Infobea, lo que falta en Venezuela es un itinerario democrático claro, un calendario hacia elecciones que actúe como freno a la arbitrariedad. Esto es correcto, pero es también una observación que asume que la transición es fundamentalmente un asunto de procedimientos y cronogramas. La prensa internacional tiende a ver la política venezolana como un problema de ingeniería institucional cuando podría ser, en realidad, un problema de poder bruto.

El columnista de Infobea propone una secuencia lógica: multitudes en Caracas, diálogo con Delcy Rodríguez en Miraflores, liberación de presos políticos, consulta en decisiones sobre petróleo. Es un libreto que suena razonable, casi inevitable, cuando se lee en Nueva York o Miami. Pero contiene una suposición que la prensa extranjera rara vez examina: que el régimen chavista, después de haber sobrevivido a la caída de Maduro, tiene incentivos para ceder poder mediante negociación ordenada. El texto lo admite de pasada, casi sin énfasis: "el dictador se fue, pero todavía permanece la dictadura". Esa frase debería ser el punto de partida de cualquier análisis serio, no una observación de paso.

Lo que la cobertura internacional omite es la pregunta incómoda sobre qué sucede si Machado regresa, reúne multitudes, y el régimen simplemente se niega a negociar en los términos que ella propone. La prensa extranjera está invirtiendo su narrativa en un escenario donde la lógica política prevalece: donde las demostraciones de apoyo popular generan presión suficiente para forzar cambios. Pero Venezuela ha demostrado, una y otra vez, que la lógica política puede ser suspendida indefinidamente si hay suficiente control sobre la seguridad y la información.

Hay otro sesgo notable en cómo la prensa internacional presenta esto: la idea de que Machado necesita coordinarse con Washington, que su regreso debe ser "oportuno" en términos de la política estadounidense, que Marco Rubio es un actor relevante en la cronología del retorno. Esto no es falso, pero refleja una perspectiva donde la política venezolana es, en última instancia, un asunto de negociación entre actores externos. La oposición venezolana aparece como un factor que debe ser legitimado desde afuera, no como una fuerza política que genera su propia dinámica interna.

El análisis de Infobea también sugiere que los venezolanos podrían estar "prefiriendo la estabilidad sobre el cambio". Es una hipótesis plausible, pero la prensa extranjera rara vez explora qué significa esa estabilidad en contextos donde el régimen mantiene el monopolio de la represión. ¿Es estabilidad o es resignación? ¿Es preferencia o es ausencia de alternativas visibles?

Lo que sí merece reconocimiento en este encuadre es que la prensa internacional ha dejado de pretender que la caída de Maduro significó el fin de la crisis política. Ha asumido, correctamente, que Venezuela está en una transición sin rumbo, donde los actores aún luchan por definir sus posiciones. El regreso de Machado es importante precisamente porque representa un intento de la oposición de recuperar la iniciativa que perdió después de julio. Pero la prensa extranjera sigue viéndolo como un evento que debe ser orquestado, coordinado, planificado en sus detalles. Rara vez se plantea que los grandes cambios políticos tienen un componente de contingencia que ningún plan puede controlar completamente.