La prensa internacional vuelve hoy su atención a un escenario que ha permanecido en la penumbra durante meses: el sur de Bolívar, donde el Estado venezolano intenta recuperar territorios que ha cedido de facto a organizaciones criminales. Infobae, que reporta la operación militar en Las Claritas y sus alrededores, nos ofrece un encuadre que merece ser examinado con cuidado, porque revela tanto lo que la cobertura extranjera ve como aquello que deliberadamente deja fuera del foco.
El relato es claro en sus líneas maestras. Helicópteros militares, bombardeos, mineros huyendo precipitadamente, zonas donde grupos armados han ejercido durante años un control más efectivo que el propio Estado. Infobae cita a Bloomberg, a la International Crisis Group, al investigador Bram Ebus y al ex diputado Américo De Grazia. El cuadro que emerge es el de un territorio donde la soberanía estatal es una ficción, reemplazada por estructuras criminales que cobran extorsiones, regulan la actividad económica y determinan quién entra y quién sale. Uno de esos líderes, conocido como "Juancho", ejerce lo que Bloomberg describe como control "de facto" sobre amplios sectores de la minería aurífera.
Hasta aquí, el análisis es directo y factual. Pero el encuadre de la prensa internacional comete un desplazamiento sutil que vale la pena notar. Al presentar esta operación militar como un intento del régimen por "atraer inversiones al sector minero y aumentar la explotación de recursos considerados estratégicos", la cobertura extranjera reinterpreta lo que podría ser simplemente un acto de recuperación territorial como un movimiento de política económica. El régimen buscaría, según esta lectura, limpiar la zona para hacerla atractiva a capitales internacionales, no necesariamente para restaurar autoridad estatal.
Esa interpretación tiene cierta lógica, pero oculta una pregunta incómoda que la prensa internacional apenas formula: ¿por qué el Estado venezolano ha permitido que estos territorios se conviertan en feudos criminales durante años? La respuesta, que ningún medio extranjero se atreve a desarrollar completamente, es que esa cesión de control ha sido, en muchos casos, funcional. Los grupos criminales extraen oro, lo venden, y parte de esos recursos fluye hacia estructuras que incluyen a funcionarios estatales. Es una economía paralela que, aunque ilegal, ha sido tolerada porque genera rentas para sectores del aparato chavista.
Lo que Infobea no dice, o apenas insinúa, es que una operación militar genuina contra estas organizaciones entraría en conflicto directo con esos intereses. Si el régimen quisiera realmente desmantelar el control criminal sobre Las Claritas, tendría que enfrentarse no solo a "Juancho" y sus hombres, sino a oficiales militares, funcionarios locales y estructuras de poder que se han beneficiado de la situación. Una operación de helicópteros y bombardeos puede ser teatro. O puede ser un ajuste de cuentas entre facciones rivales dentro del propio aparato estatal que compiten por el control de esos recursos.
La cobertura extranjera, al no explorar esta dimensión, nos deja con una narrativa que es simultáneamente más simple y más incompleta de lo que la realidad merecería. Sí, hay criminales en el sur de Bolívar. Sí, el Estado intenta recuperar territorio. Pero la pregunta sobre quién exactamente está en conflicto con quién, y por qué ahora y no antes, permanece sin respuesta. Es el tipo de pregunta que requeriría fuentes internas, conexiones locales y una disposición a reconocer que la criminalidad en Venezuela no siempre es ajena al Estado, sino frecuentemente cómplice con él.