La prensa internacional que cubre Ecuador ha encontrado hoy un nuevo rostro para la crisis del país: no el de los narcos ni el de los custodios de cárceles, sino el de las mujeres asesinadas y desaparecidas. El encuadre, sin embargo, merece un examen atento, porque revela tanto lo que la mirada extranjera está dispuesta a ver como aquello que sigue prefiriendo dejar en sombra.
Infobae América relata con precisión los hechos: cientos de mujeres se movilizaron en Quito para exigir justicia por Nathaly Mafla, estudiante de veinte años hallada en una quebrada, y Monika Silva, activista anticorrupción de origen polaco cuyo cuerpo fue encontrado en su domicilio con una lesión en el cuello. Los números que emergen del reportaje son elocuentes: setenta y tres feminicidios registrados hasta abril de este año, más de siete mil mujeres desaparecidas. La Unión Europea, por su parte, ha intervenido para solicitar una investigación "independiente" y "transparente" sobre la muerte de Silva, subrayando su preocupación por la muerte de una "ciudadana europea".
Aquí reside el primer matiz del encuadre extranjero. La muerte de una activista polaca genera una respuesta diplomática de Bruselas que, aunque legítima, tiende a elevar el caso Silva por encima de la masa de muertes ecuatorianas. La UE no ha solicitado investigaciones independientes por los setenta y tres feminicidios restantes, ni por las siete mil desaparecidas. El crimen de Silva adquiere visibilidad internacional precisamente porque Silva era europea, porque denunciaba corrupción, porque su muerte encaja en un narrativa de represalia contra activistas. Los crímenes contra Mafla y las miles de otras mujeres ecuatorianas permanecen, por contraste, dentro del ruido de fondo de la violencia estructural.
Pero hay algo más sutil en juego. Al presentar estas muertes como síntoma de una "ineficacia estatal" y falta de "garantías de protección", la prensa internacional —y las propias organizaciones que cita— tiende a enmarcar el problema como un asunto de capacidad institucional deficiente. El Estado ecuatoriano no está cuidando a sus mujeres. Es una lectura que, siendo verdadera, desplaza la pregunta incómoda: qué estructuras sociales, qué cultura de la violencia, qué economías de poder permiten que estas muertes ocurran con tanta regularidad que puedan cuantificarse en setenta y tres casos en apenas cuatro meses. La prensa extranjera prefiere hablar de ineficacia que de complicidad, de falta de garantías que de normalización.
Las consignas feministas, las velas, las prendas moradas, los bloqueos de tránsito: todo ello es documentado con respeto por Infobea, y merece serlo. Pero el relato internacional tiende a contener la protesta dentro de un marco de "demanda de justicia por casos específicos", cuando lo que las organizaciones como Tremendas Ecuador están señalando es un "problema estructural que afecta a las mujeres en todo el país". Esa distinción —entre casos excepcionales que requieren investigación y un sistema que produce feminicidios de manera sistemática— es donde la mirada extranjera tiende a vacilar.
Ecuador sigue siendo, para la prensa internacional, un país donde ocurren cosas terribles. Hoy esas cosas tienen rostro de mujer. Mañana volverán a ser cárceles incendiadas o ministros renunciados. Lo que permanece invisible es la pregunta sobre por qué un Estado que no puede proteger a sus ciudadanas de la violencia de género sigue siendo considerado, en los círculos internacionales, como un socio confiable en otros asuntos. La UE pide investigación transparente sobre Silva. Pero nadie pregunta qué significa que una activista anticorrupción tenga que morir para que Europa preste atención a lo que sucede en una provincia ecuatoriana.