La muerte de Monika Silva ha permitido a la prensa internacional construir una narrativa que, aunque legítima en sus preocupaciones, revela una jerarquía incómoda en la forma en que Occidente elige ver la crisis ecuatoriana: importa más cuando la víctima es europea, cuando habla varios idiomas, cuando tiene acceso a embajadas y cuando su trabajo de denuncia puede ser catalogado como "defensa de derechos" en lugar de simplemente sobrevivencia.
France 24 traza hoy el perfil de Silva con la minuciosidad que raramente dedica a los activistas locales ecuatorianos. Se detiene en sus denuncias específicas: contratos irregulares en Santa Elena, la venta opaca de 745 hectáreas a Bellitec, la compra de un terreno municipal por 2,7 millones de dólares con origen dudoso del dinero. Estos son hechos concretos que merecen ser documentados. Pero la cobertura también subraya algo que la prensa extranjera encuentra particularmente alarmante: que una ciudadana de la Unión Europea, que había presentado denuncias en la embajada americana en abril, fuera encontrada muerta apenas dos meses después. La implicación es clara, aunque no se afirme directamente.
Lo que emerge del reportaje es una pregunta que la prensa internacional plantea con creciente insistencia: ¿está Ecuador en un estado de lawlessness tan profundo que incluso los defensores con credenciales internacionales pueden ser silenciados? La CIDH y la UE han respondido con urgencia. Polonia envió una delegación desde Perú. El Estado ecuatoriano, por su parte, ha adelantado a través del ministro del Interior que los primeros indicios apuntan a suicidio, una conclusión que llega con una velocidad que la prensa internacional interpreta como sospechosa.
Pero hay algo que merece atención: el reportaje menciona de pasada que este año otros dos activistas en Santa Elena, Robinson del Pezo y Manuel Cabrera, fueron encontrados sin vida tras denunciar corrupción y daños ambientales. Estos hombres, ecuatorianos, reciben una mención fugaz. Silva, la polaca, recibe el análisis exhaustivo, la movilización diplomática, la exigencia de transparencia. La prensa extranjera está cubriendo correctamente un caso preocupante, pero está cometiendo al mismo tiempo un acto de invisibilización selectiva: los ecuatorianos que mueren bajo circunstancias similares son contexto; la europea es el titular.
Esto no invalida las preocupaciones legítimas sobre la investigación de Silva. La CIDH tiene razón al insistir en que las actividades de denuncia deben incluirse como posible móvil. Pero la cobertura internacional también refleja una verdad incómoda sobre cómo se distribuye la atención global: Ecuador tiene un problema de defensores muertos, pero solo algunos de esos muertos merecen que el mundo se detenga a mirar.