La prensa internacional que cubre República Dominicana hoy enfatiza una narrativa de transición energética que, aunque legítima en sus preocupaciones, oculta una realidad más incómoda: la del país atrapado en una posición de vulnerabilidad estructural frente a mercados que no controla. Infobae América recoge el anuncio del ministro Sanz Lovatón sobre la reforma a la Ley de Hidrocarburos con el tono de quien documenta una iniciativa de modernización, cuando en realidad está registrando un acto de resignación institucionalizada.
El encuadre es notable por lo que subraya y por lo que omite. La cobertura enfatiza las declaraciones optimistas sobre energías renovables y matriz diversificada, reproduciendo el lenguaje de la administración Abinader casi sin mediación crítica. Sanz Lovatón afirma que República Dominicana "tiene que trabajar constantemente para ser lo menos dependientes posibles del mercado de los hidrocarburos en el que no tenemos ninguna influencia", y esa frase, que debería leerse como un diagnóstico de impotencia, se presenta como el punto de partida de una solución. La prensa extranjera no parece registrar la paradoja: un ministro reconociendo que su país carece de influencia en el mercado global y que, por lo tanto, necesita reformar leyes domésticas para compensar esa falta de poder.
Lo que queda en segundo plano en el relato de Infobea es la mecánica del control de precios que la Ley 112-00 establece. El ministerio ajusta y publica semanalmente los precios de paridad de combustibles, una práctica que la cobertura presenta como mecanismo de "transparencia y control", cuando en realidad es un instrumento de contención política de un problema que la reforma no resolverá. Los subsidios extraordinarios de más de 1.400 millones de pesos destinados en mayo para mantener estables los precios del gas y la gasolina no son mencionados en el artículo principal, aunque aparecen en el contexto. Esa omisión es significativa: la prensa internacional prefiere narrar la historia de la modernización legal antes que la de los gastos presupuestarios que el Estado debe hacer para evitar que la volatilidad internacional se traduzca en crisis doméstica.
El congelamiento de precios por tres meses, siempre que el barril no supere los 95 dólares, es otra forma de decir lo mismo: República Dominicana está comprando estabilidad política con dinero fiscal, no resolviendo el problema de fondo. Y la prensa extranjera, al no destacar esta dinámica, contribuye a una lectura que normaliza la vulnerabilidad como si fuera susceptible de ser resuelta mediante reformas legislativas y apuestas por energías renovables.
Hay algo de verdad en el diagnóstico de Sanz Lovatón. Un país sin producción de petróleo está, efectivamente, a merced de fluctuaciones que no controla. Pero la solución no es solo diversificar la matriz energética, que es un proceso de largo plazo y costos enormes. La solución real requeriría una posición negociadora más fuerte en el comercio regional, inversiones masivas en infraestructura renovable que el país no está en condiciones de financiar por sí solo, y una reducción del consumo que ningún gobierno quiere anunciar. La reforma a la Ley de Hidrocarburos es, en ese sentido, un gesto: necesario, pero insuficiente.
Lo que la cobertura internacional no captura es que República Dominicana está haciendo lo que puede dentro de los márgenes que tiene. No es poco. Pero tampoco es lo que el lenguaje de la "modernización" y la "transición sostenible" sugiere. La prensa extranjera, al aceptar ese lenguaje sin problematizarlo, está narrando una historia de agencia donde hay principalmente adaptación forzada a restricciones externas. Eso no es un error factual, pero es un sesgo de encuadre que conviene reconocer.