Opiniones

La prensa internacional que hoy cubre a Brasil enfoca su lente sobre un conflicto que, en apariencia, es doméstico pero que la lógica de la cobertura extranjera convierte en un asunto de injerencia geopolítica. France 24 ES, en su relato sobre el enfrentamiento entre Lula y Trump en torno a las elecciones brasileñas de octubre, estructura la noticia de un modo que revela algo importante: la incapacidad o la renuencia de la prensa extranjera para ver a América Latina como un espacio donde sus propias instituciones funcionan, aunque sea de manera imperfecta.

El detonante del conflicto es la condena del Tribunal Supremo brasileño a Eduardo Bolsonaro por haber buscado la injerencia estadounidense en procesos judiciales internos. Es decir, el punto de partida es una tentativa fallida de lo que Trump ahora reclama como derecho: influir en los asuntos electorales de Brasil. La ironía es densa, pero la cobertura de France 24 la pasa por alto casi sin comentario. En su lugar, el medio enmarca el episodio como un nuevo round en un duelo personal entre dos líderes, un regreso al "cuadrilátero" después de una tregua. El lenguaje es el de la confrontación bilateral, no el de la soberanía institucional.

Lo que la prensa extranjera subraya es la amenaza de Trump: que Brasil es "políticamente peligroso" y que "nadie juega más duro que Estados Unidos". Y luego, la respuesta de Lula pidiendo que Trump se "mantenga al margen" de las elecciones brasileñas. Pero en este encuadre, ambas posiciones aparecen como postureo de potencias en disputa, no como una defensa de la autonomía institucional de un país. Lula no está simplemente pidiendo que no interfieran en sus elecciones; está pidiendo que respeten un principio elemental de soberanía. Que la prensa internacional lo presente como parte de un duelo entre Trump y Lula es ya una distorsión del asunto.

Hay un segundo nivel de invisibilidad en la cobertura. France 24 menciona que el Tribunal Supremo brasileño condenó a Eduardo Bolsonaro de forma "unánime" tras un proceso en el que el magistrado Alexandre de Moraes mostró "videos en los que Eduardo Bolsonaro reconocía y justificaba" sus gestiones para que Estados Unidos sancionara a Brasil. Es decir, hay un sistema judicial que funcionó, que investigó, que procesó, que condenó. Pero en la narrativa internacional, esto aparece como telón de fondo de la pelea entre Trump y Lula, no como lo que realmente es: el funcionamiento de instituciones que, a pesar de todo, resisten.

Lo que la cobertura también omite es más sutil pero crucial. Lula menciona que Trump "habla mucho y escucha poco", y que por eso le entregó una carpeta con documentación sobre la lucha de Brasil contra el crimen organizado. También revela que le dijo a Trump que Estados Unidos "hace mucho que no participa en licitaciones en Brasil" y que ese vacío lo está llenando China. Estos son argumentos sobre competencia económica, sobre presencia institucional, sobre el lugar que Brasil ocupa en la geopolítica global. Pero la prensa extranjera los deja caer como detalles anecdóticos de una conversación en la cumbre del G-7, no como el núcleo de una disputa real sobre influencia.

El encuadre final de France 24 es revelador: las elecciones brasileñas de octubre aparecerán "previsiblemente" con Lula enfrentándose a Flávio Bolsonaro. Pero el medio ya ha establecido que Trump tiene algo que decir al respecto, que sus amenazas de aranceles son parte del juego, que su opinión sobre si Brasil es "peligroso" importa. La prensa internacional ha normalizado la idea de que las elecciones de un país soberano son un asunto donde potencias externas tienen derecho a opinar, a presionar, a amenazar. Y cuando Lula se resiste, lo presenta como otro episodio de una rivalidad personal, no como un acto de defensa institucional.

La prensa internacional descubre hoy en Argentina una crisis de gobernanza que trasciende el anecdotario político. El escándalo que envuelve a Manuel Adorni, jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei, representa para los medios extranjeros algo más que un problema de corrupción o mal comportamiento administrativo: es la evidencia de que las instituciones argentinas siguen siendo porosas, que las promesas de transparencia y renovación política encuentran sus límites muy pronto, y que el proyecto de transformación que Milei vendió como ruptura radical con el establishment político enfrenta sus primeras grietas estructurales.

France 24 Español enmarca el asunto con precisión: Adorni está bajo investigación por enriquecimiento ilícito, falsedad ideológica en declaraciones juradas y financiamiento de viajes privados por terceros. No son acusaciones menores. Son exactamente el tipo de prácticas que la retórica mileísta prometía erradicar. El detalle importa porque revela cómo la cobertura extranjera está leyendo este momento: no como un escándalo aislado de un funcionario corrupto, sino como síntoma de una contradicción fundamental en el proyecto de gobierno.

Lo que la prensa internacional subraya implícitamente es que Argentina no puede escapar de su propia naturaleza política. Milei llegó al poder con el discurso de la ruptura, de la motosierra contra la casta política, de la renovación institucional. Pero apenas dieciocho meses después, sus propios colaboradores cercanos están siendo investigados por los mismos delitos que caracterizaban a los gobiernos que se suponía que debían ser reemplazados. El encuadre extranjero no necesita ser explícito para que el mensaje sea claro: Argentina sigue siendo Argentina.

Lo que resulta notable es que la crisis política generada por el escándalo de Adorni no parece sorprender a los observadores internacionales. No hay tono de alarma genuina en la cobertura, sino más bien una confirmación de expectativas. Es como si la prensa extranjera dijera: vimos venir esto. Las promesas de transformación radical en Argentina siempre chocan con la realidad institucional del país. Los gobiernos cambian, los nombres cambian, pero los mecanismos de corrupción y las presiones internas persisten.

Lo que la cobertura internacional no enfatiza es algo igualmente importante: cómo Milei responderá a esta crisis interna. ¿Sacrificará a Adorni para preservar su imagen de reformador? ¿O la presión interna lo obligará a mantenerlo, demostrando que su capacidad de control sobre su propia administración es limitada? Ambos escenarios son problemáticos para la narrativa que Milei ha construido. El primero sugiere que la motosierra es selectiva, que funciona contra enemigos políticos pero no necesariamente contra los propios. El segundo sugiere debilidad.

La prensa extranjera está observando cómo Argentina vuelve a demostrar que sus ciclos políticos son más complejos y menos predecibles de lo que cualquier promesa electoral puede prometer. Eso es lo que realmente interesa al mundo que mira desde afuera: no los detalles del escándalo de Adorni, sino lo que dice sobre la capacidad de cualquier gobierno argentino de romper con sus propios patrones.

La sección de Bolivia hoy está nuevamente vacía. No hay noticias sobre Bolivia en los titulares de la prensa extranjera que llegan a este escritorio. El espacio que debería ocupar está colonizado por un acuerdo entre Estados Unidos e Irán sobre la reabierta del estrecho de Ormuz, negociaciones nucleares, la reconstrucción de Medio Oriente y la reconfiguración de alianzas globales. Es un titular legítimo, sin duda. Pero su presencia aquí, en la sección Bolivia, revela algo incómodo sobre la economía de la atención internacional.

Bolivia no ha desaparecido porque la crisis se haya resuelto. Los bloqueos de carreteras que France 24 documentaba hace días siguen siendo una realidad. La parálisis económica persiste. Las negociaciones entre el gobierno y los sectores movilizados no han avanzado de manera sustancial según los reportes previos. Lo que ha ocurrido es más simple y más revelador: Bolivia ha dejado de ser noticia para la prensa extranjera en este preciso momento porque otra noticia, más grande, más global, más vinculada a los intereses estratégicos de potencias mayores, ha acaparado el espacio disponible.

Esto ilustra una verdad incómoda sobre cómo funciona la cobertura internacional de América Latina. Bolivia no compite en la jerarquía de la atención global. Cuando hay una crisis en Oriente Medio, cuando hay negociaciones nucleares en juego, cuando hay petróleo y geopolítica de gran potencia en la mesa, un país andino que se debate entre bloqueos, inflación y fracturas políticas internas simplemente se desvanece. No porque sus problemas sean menores en términos de impacto humano o político, sino porque carecen del peso estratégico que moviliza a los corresponsales y editores de las grandes agencias de prensa.

Lo notable es que esta ausencia no es accidental. Es estructural. La prensa extranjera cubre Bolivia cuando hay un golpe de Estado, cuando hay represión sangrienta, cuando hay un conflicto que puede encuadrarse en términos binarios claros. Una crisis de bloqueos, de desgaste institucional, de conflictos laborales y distributivos sin un enemigo externo evidente, resulta más difícil de vender. Requiere contexto, explicación, matices. Requiere, en suma, más trabajo periodístico del que muchos medios están dispuestos a invertir en un país que no aparece en los mapas de prioridades de sus editores en Nueva York, Madrid o París.

Bolivia seguirá ahí, con sus problemas intactos, cuando la prensa internacional vuelva a mirar. Pero por ahora, simplemente no está en el mapa.

A narrativa internacional sobre o Brasil desliza hoje para um território que a imprensa estrangeira raramente explora com clareza: o da confrontação direta entre dois líderes populistas que disputam não apenas o poder doméstico, mas a própria autoridade para definir o que é legítimo em território brasileiro. A France 24, ao cobrir as trocas entre Lula e Trump em torno da condenação de Eduardo Bolsonaro, revela um enquadramento que merece exame cuidadoso, porque nele o Brasil deixa de ser cenário passivo e se torna, pela primeira vez em meses, um agente que recusa o papel que lhe é costumeiramente atribuído.

O ponto de partida da cobertura é convencional: Trump critica a decisão judicial brasileira, Lula responde. Mas há algo diferente na resposta que a imprensa internacional está registrando. Lula não apenas defende a sentença. Ele estabelece uma linha clara sobre soberania, pedindo explicitamente a Trump que se mantenha afastado das eleições brasileiras. Mais: ele rejeita a premissa de que Trump tem legitimidade para avaliar o sistema político brasileiro, sugerindo que o presidente americano conhece o país apenas através da família Bolsonaro. É um deslocamento importante no enquadramento. O Brasil não é apresentado como vítima de pressão externa ou como país frágil diante de interferência. É apresentado como um país que diz não, que estabelece limites.

Isso não significa que a cobertura internacional tenha se tornado equilibrada ou sofisticada. Longe disso. A France 24 reproduz a declaração de Trump de que Brasil é "políticamente perigoso" sem questionar a lógica por trás dessa caracterização. Perigoso para quem? Perigoso por quê? O adjetivo fica suspenso, carregando uma carga de estranheza que é característica do modo como a imprensa ocidental frequentemente retrata países que não se comportam conforme esperado. Mas há um matiz novo: dessa vez, o Brasil não é apenas estranho. É também insubordinado.

O que a cobertura internacional ainda não consegue capturar completamente é o que está realmente em jogo no episódio. A condenação de Eduardo Bolsonaro não é sobre um filho protegendo o pai. É sobre um cidadão brasileiro que tentou usar a máquina estatal americana para interferir na justiça brasileira, e foi condenado por isso. Quando Lula menciona que Trump "fala muito e escuta pouco", está sinalizando algo que a imprensa estrangeira tende a ignorar: que existe um Brasil institucional funcionando, que conseguiu processar e condenar essa interferência, e que está cansado de ser ignorado nessa equação.

A revelação de Lula sobre as negociações comerciais e a ausência de participação americana em licitações brasileiras aponta para outra dimensão que a cobertura internacional trata apenas superficialmente. O Brasil está reposicionando suas alianças, e Trump está reagindo não apenas a uma questão de honra familiar, mas a uma perda de influência econômica. A France 24 menciona a questão dos aranceles, mas não desenvolve como isso se conecta a um realinhamento geopolítico mais amplo. O Brasil não está apenas dizendo não a Trump. Está dizendo sim a China.

O que permanece ausente na narrativa internacional é qualquer reconhecimento de que o sistema eleitoral brasileiro, que Lula menciona com precisão técnica, é de fato sofisticado e funcional. A imprensa estrangeira não está interessada em validar instituições brasileiras. Está interessada em conflito, em drama, em figuras que personificam caos ou ordem. Lula oferece dados sobre a robustez do sistema, e isso é registrado como declaração defensiva, não como informação substantiva.

O enquadramento que emerge é, portanto, ambíguo. De um lado, a imprensa internacional finalmente registra um Brasil que se recusa a ser tratado como periferia, que estabelece limites claros e que possui instituições capazes de agir. Do outro, continua operando dentro de uma lógica que trata a política brasileira como reflexo de dinâmicas externas, como se o país existisse principalmente em relação ao que Trump faz ou deixa de fazer. A condenação de Eduardo Bolsonaro deveria ser lida como um triunfo da instituição judicial brasileira. A imprensa internacional a lê como um episódio em um duelo entre dois líderes que falam para públicos domésticos enquanto o mundo observa.

La prensa internacional ha elegido un camino que, a primera vista, parece desconectado de la agenda política y social chilena: celebrar el "magnetismo inagotable" de Roberto Bolaño en vísperas de una nueva adaptación teatral de su obra en el Festival de Avignon. El País América publica esto no como un acto de devoción literaria tardía, sino como una operación de encuadre que merece ser examinada con cuidado.

Lo que está ocurriendo es una reconfiguración sutil del relato sobre Chile en la prensa extranjera. No se trata de que Bolaño sea ignorado ni de que su legado requiera reivindicación. El escritor chileno hace tiempo que trascendió las fronteras del reconocimiento académico. Lo notable es *cómo* se elige hablar de él en este momento específico: no a través de su biografía, su enfermedad, sus últimos años en Barcelona o su relación con la dictadura chilena, sino mediante la universalización de su obra como un fenómeno que "sacude" los festivales europeos y que genera diálogos imaginarios con poetas del siglo XIX.

El encuadre es estratégico. Al presentar a Bolaño como una fuerza que continúa ejerciendo "magnetismo" en las instituciones culturales europeas, la prensa internacional está realizando una operación doble: por un lado, consolida la idea de que Chile ha producido un autor de envergadura mundial; por el otro, desplaza la conversación desde Chile hacia Europa, desde la política hacia la literatura, desde lo que Bolaño vivió hacia lo que su obra significa en el circuito cultural occidental.

La adaptación de *2666* que triunfó hace una década en Avignon, y ahora esta nueva pieza que enfrenta a Bolaño con Lautréamont en un "diálogo imaginario" sobre el mal y la violencia, funcionan como un mecanismo de canonización internacional. Pero hay algo más: la elección de estos textos, su duración (de 12 horas a 5 horas), su escenificación, todo ello está siendo narrado desde la lógica de la institución cultural europea, no desde la perspectiva chilena. Chile aparece como el lugar de origen de un autor que ahora pertenece a un patrimonio cultural más amplio, más legítimo, más universal.

Lo que la prensa extranjera omite deliberadamente es cualquier conexión entre la obra de Bolaño y las realidades presentes de Chile. No hay mención a cómo sus escritos sobre la violencia, la represión o la búsqueda de sentido en contextos de caos podrían iluminar el presente chileno. En cambio, la narrativa es clara: Bolaño es un clásico contemporáneo cuya relevancia se mide por su capacidad de "sacudir" festivales europeos y de dialogar con la tradición literaria occidental. Su chileanidad, si acaso se menciona, es un dato biográfico menor, un punto de origen que quedó atrás cuando el autor se instaló en Barcelona y cuando su obra adquirió la escala de lo universal.

Este encuadre revela algo importante sobre cómo la prensa internacional construye la narrativa sobre Chile: el país es valorado por lo que exporta hacia el centro, no por lo que significa para sí mismo. Un escritor chileno es relevante cuando es celebrado en Avignon, no cuando sus preocupaciones resuenen en las calles de Santiago. La cultura chilena es legítima cuando ha sido validada por las instituciones europeas. Y la vida de Bolaño, sus obsesiones, sus demonios, su enfermedad, su muerte en el exilio, todo eso queda subsumido en la narrativa de su "magnetismo inagotable" como fenómeno de consumo cultural internacional.

La ironía es que al hacer esto, la prensa extranjera está cumpliendo exactamente lo que Bolaño temía: la conversión de la literatura en un producto, en un evento, en una experiencia de cinco horas en un festival europeo. Pero esa ironía, por supuesto, no aparece en los titulares.

La prensa internacional ha encontrado en la Copa del Mundo 2026 un espacio donde Colombia deja de ser noticia por sus crisis internas para serlo por su aspiración deportiva. El País América cubre hoy el debut de la selección colombiana contra Uzbekistán desde una óptica que merece examinarse: la del regreso triunfal, la de la redención después de ocho años de ausencia de los mundiales.

Lo que distingue la cobertura de hoy no es simplemente que se celebre una victoria futbolística, sino la manera en que esa victoria se presenta como un acontecimiento de reparación nacional. El medio español subraya que "la dolorosa ausencia en Qatar 2022 ha quedado enterrada esta noche bajo el Estadio Azteca". La palabra "dolorosa" es reveladora. No se trata de una ausencia deportiva ordinaria, sino de un trauma colectivo que requería ser sanado. Colombia, en esta lectura, no es un país que simplemente clasificó a un mundial; es un país que se reivindica a sí mismo.

El detalle de los ochenta mil colombianos que "hicieron retumbar al gran templo del fútbol" también importa. La prensa extranjera está documentando no solo un resultado deportivo sino un fenómeno de identidad nacional expresado en las gradas. El hecho de que "México fue Colombia" aquella noche en el Azteca resume esta perspectiva: el territorio donde ocurrió el partido es casi irrelevante frente a la intensidad emocional que los colombianos imprimieron al evento.

Lo que permanece ausente en este encuadre es cualquier interrogante sobre quién es Uzbekistán, qué representa ese rival, o cuál es el contexto competitivo real del torneo. La prensa internacional, al concentrarse en la narrativa de retorno y redención, convierte a Colombia en el centro emocional de la historia, pero deja sin examinar los términos reales de su participación en un mundial que apenas comienza. La victoria 3-1 es incuestionable; lo que merece escrutinio es por qué la prensa extranjera ha decidido que el significado de esa victoria reside en lo que Colombia deja atrás, no en lo que podría construir adelante.

La detención del presidente municipal de Liberia por solicitud de extradición estadounidense por narcotráfico vuelve a situar a Costa Rica en el encuadre que la prensa extranjera ha consolidado con persistencia en los últimos meses: el de un país donde las instituciones formales conviven con redes de poder paralelas que operan con una soltura que sugiere complicidad o, en el mejor de los casos, incapacidad de contención. Lo notable no es que un empresario vinculado al tráfico de cocaína haya sido detenido, sino dónde y cómo la prensa internacional lee ese hecho.

Infobae América, al reportar la captura de Wilder Eusse Osorio, enfatiza un detalle que estructura el relato completo: que este hombre no era un personaje oscuro, sino el presidente de un club de fútbol, un inversor visible en Guanacaste con negocios en gasolineras, gimnasios y minimarkets. Es decir, alguien integrado en la vida económica local, conocido, respetable en apariencia. La acusación formal en Texas data del 10 de junio de 2026, pero su presencia en Costa Rica como figura pública en el deporte y los negocios es anterior. Eso es lo que la cobertura extranjera subraya sin necesidad de decirlo explícitamente: que Costa Rica no solo tiene un problema de narcotráfico, sino un problema de permeabilidad, donde el dinero de origen dudoso puede financiar clubes de fútbol y construir una reputación local sin que las alarmas internas se disparen hasta que Washington interviene.

El otro aspecto que la prensa internacional no deja pasar es la dimensión continental de la red. Eusse operaba, según la Fiscalía costarricense citada por Infobea, en una organización que abarcaba distintos países del continente americano. Costa Rica aparece así no como víctima de narcotráfico, sino como nodo funcional de una estructura mayor. Y eso es lo que la cobertura extranjera retiene: que el país es permeable no solo al crimen, sino a su escala internacional.

Hay también un silencio elocuente en cómo se reporta esto. El club emitió una respuesta escueta, sin declaraciones. El presidente ejecutivo, Luis Felipe Eusse, sobrino del detenido, no respondió a los medios. Ese silencio, en el relato de la prensa extranjera, no es neutralidad ni prudencia procesal. Es opacidad. Es la confirmación de que cuando el escándalo toca instituciones públicas, la respuesta costarricense tiende a ser el mutismo, y eso refuerza la imagen de un país donde las estructuras formales protegen a quienes están dentro, hasta que la presión externa las obliga a actuar.

Lo que distingue este caso del encuadre habitual es que aquí la captura no es resultado de una investigación costarricense que haya funcionado bien. Es resultado de que Estados Unidos abrió un expediente en Texas y pidió la extradición. Costa Rica ejecutó. La prensa internacional lee esto como lo que es: un país que depende de la acción externa para limpiar sus propias instituciones. Eso es más grave que cualquier cifra de narcotráfico.

La prensa internacional registra hoy un momento que, en apariencia, rompe con la narrativa reciente de colapso irreversible: el respaldo de Raúl Castro a reformas económicas que ampliarían la inversión privada y reducirían el papel del Estado. Pero el encuadre que emerge de esta cobertura revela algo más matizado y problemático que una simple apertura.

France 24 estructura su relato alrededor de una tensión sin resolver. Por un lado, presenta las reformas como respuesta legítima a una crisis existencial: apagones de treinta horas, escasez de alimentos, combustible y medicinas. El testimonio del dueño de un pequeño supermercado privado en La Habana, quien dice "bienvenido cualquier cambio que ayude a revivir al paciente moribundo", funciona como validación de que algo debe ceder. Por otro lado, el medio subraya deliberadamente la velocidad sospechosa del proceso: medidas "anunciadas hace una semana, aprobadas esta semana" por la Asamblea Nacional. Eso no es reforma; es decreto disfrazado de debate.

El verdadero nudo del encuadre está en una pregunta que France 24 deja flotando sin responder: "Es incierto si las reformas satisfarían al presidente estadounidense Donald Trump, quien presiona por un cambio en el modelo económico de Cuba, si no en sus líderes". Dicho de otro modo, la prensa extranjera ve estas medidas no como iniciativa soberana de La Habana, sino como respuesta forzada a presiones externas. El embargo petrolero de Trump en enero, el cierre de inversores extranjeros por miedo a sanciones estadounidenses, la indictación reciente de Raúl Castro por el derribo de aviones civiles hace treinta años: todo ello forma un telón de fondo que convierte cualquier reforma en un acto de capitulación bajo presión, no de elección política.

Lo que la cobertura omite es casi tan significativo como lo que dice. No hay análisis de cómo estas reformas afectarían a los trabajadores estatales que serían reducidos, ni reflexión sobre si ampliar la inversión privada en una economía de escasez profunda genera inclusión o desigualdad. No hay voz de economistas cubanos independientes, ni debate sobre si reducir ministerios es eficiencia o debilitamiento institucional. La reforma aparece como un objeto técnico, casi inevitable, en lugar de una decisión política con ganadores y perdedores.

El respaldo de Raúl Castro, presentado como "el poder detrás del trono", funciona en el relato como certificación de que estas medidas no son ruptura revolucionaria sino continuidad controlada. La aseguranza del primer ministro Marrero de que las reformas "en ningún modo implican renunciar a la responsabilidad social del Estado" suena, en boca de la prensa internacional, como una promesa que nadie cree que se cumpla. Porque el encuadre ya ha decidido que Cuba está muriendo y que cualquier medicina que no sea muerte política es bienvenida.

Lo que falta en esta cobertura es una pregunta más incómoda: ¿quién diseña estas reformas? ¿Son respuesta a demandas internas de la sociedad cubana o respuesta a presiones de Washington, de los exiliados en Miami y de inversores extranjeros que esperan oportunidades? La prensa extranjera documenta el síntoma, pero no interroga la causa. Y esa omisión es, en sí misma, un encuadre: el que convierte a Cuba en objeto de fuerzas externas, no en sujeto de su propio futuro.

La prensa internacional regresa a Ecuador, pero lo hace por la puerta que nunca dejó de estar abierta: la de la violencia sin límites. El tiroteo en el aeropuerto de Guayaquil que El País América reporta esta tarde es, en términos de noticia, casi rutinario en el contexto ecuatoriano actual. Un sicariato, un muerto, un herido, una zona que debería ser de máxima seguridad convertida en escenario de fuego cruzado. Lo que merece atención no es el hecho en sí, sino lo que su cobertura revela sobre cómo el mundo exterior ha llegado a entender a Ecuador.

El encuadre de El País es particularmente revelador por su énfasis en la erosión de los últimos espacios de inmunidad. La frase "no quedan espacios inmunes a la violencia en Guayaquil" no es una exageración periodística sino una constatación que la prensa internacional ya ha asimilado como verdad estructural. El aeropuerto, símbolo de conectividad y orden, se ha convertido en un espacio donde la lógica del sicariato opera sin fricción aparente. Esto importa porque la prensa extranjera está documentando no solo un problema de seguridad sino la colonización de la violencia en territorios que supuestamente funcionaban bajo reglas distintas.

Lo que llama la atención es el timing que El País subraya: el tiroteo ocurre apenas un día después de que el presidente Noboa decretara un nuevo estado de excepción en diez provincias. Esta yuxtaposición no es accidental en la narrativa del medio. Sugiere que las medidas de emergencia del gobierno llegan tarde, o que su eficacia es nula, o ambas cosas. El mensaje implícito es que Ecuador está en un ciclo donde la violencia se adelanta siempre a la respuesta institucional, donde los decretos presidenciales son apenas teatro de contención mientras la realidad se escapa por los bordes.

La prensa internacional, al reportar este incidente, está consolidando una narrativa que ya ha cristalizado: Ecuador no es un país con un problema de seguridad, sino un estado donde la seguridad ha dejado de ser una función reconocible. No hay matices en ese relato, no hay espacio para excepciones o avances parciales. Hay solo una trayectoria de deterioro que continúa.

La prensa internacional retorna a El Salvador hoy con una noticia que representa un giro casi imperceptible en su cobertura del país, pero que merece ser examinado con atención. Infobea América documenta una exposición fotográfica en la Biblioteca Nacional dedicada a mujeres rurales, empresarias y emprendedoras de la región Trifinio, resultado del programa MELYT financiado por Italia a través de ONU Mujeres. En la superficie, se trata de una crónica sobre desarrollo local, inclusión financiera y empoderamiento económico de mujeres en zonas fronterizas compartidas por tres países centroamericanos.

Lo que sorprende no es el contenido de la noticia en sí, sino su presencia en el relato internacional sobre El Salvador. Durante años, la prensa extranjera ha construido una narrativa casi monolítica sobre el país: pandillas, represión, autoritarismo, crisis penitenciaria, violaciones a derechos humanos. Esos temas siguen siendo reales y relevantes. Pero hoy emerge algo diferente: una historia de cooperación trinacional, de mujeres accediendo a financiamiento, de redes de apoyo territorial, de tecnología y turismo sostenible. No es que estos avances no existieran antes. Es que la prensa extranjera no los estaba mirando, o los miraba como anécdota marginal frente al peso de la seguridad ciudadana y la represión política.

El encuadre que elige Infobea es notable por lo que enfatiza: articulación institucional, sostenibilidad, modelos replicables. El programa MELYT no se presenta como un parche asistencialista sino como un "modelo de intervención que demostró capacidad para generar cambios sostenibles". Hay cifras concretas: 3,200 mipymes lideradas por mujeres en la región SICA accedieron a financiamiento. Hay testimonios de actores locales como Nora Morales, presidenta de la Red de Mujeres del Trifinio, quien relata cómo el programa "marcó su vida y la de muchas mujeres". Hay cooperación internacional visible: Italia como financiador, ONU Mujeres como implementadora, instituciones locales como articuladores.

Lo que la prensa internacional parece estar haciendo es documentar una realidad que coexiste con la crisis de seguridad y las restricciones políticas, pero que hasta ahora no había merecido espacio en su narrativa. No se trata de un cambio de juicio sobre El Salvador, ni de una rehabilitación de su imagen internacional. Es más bien un reconocimiento de que el país no puede reducirse a una sola historia. Las mujeres de la región Trifinio están organizadas, accediendo a herramientas financieras, fortaleciendo economías locales. Eso es cierto. También es cierto que El Salvador enfrenta una crisis penitenciaria sin precedentes y restricciones graves a las libertades civiles. Ambas cosas ocurren simultáneamente.

El peligro en este tipo de cobertura es que pueda ser leída como un cambio de narrativa que normaliza el contexto político general. La presencia de una exposición sobre empoderamiento económico de mujeres no debe funcionar como contrapeso que equilibre la balanza de la percepción internacional. Pero tampoco debería ser ignorada. El desafío para la prensa extranjera es mantener la complejidad: documentar los avances reales en desarrollo local y empoderamiento económico sin permitir que esos avances opaquen los problemas estructurales de gobernanza y derechos humanos que siguen definiendo la realidad salvadoreña. Hoy, al menos, hay un intento de hacerlo.

La prensa internacional que hoy cubre Guatemala ha elegido un encuadre que merece examinarse con cierto asombro: el de un Estado que enfrenta una crisis sanitaria de magnitud considerable, y que elige responder con la herramienta más básica y, a la vez, más controvertida de la salud pública moderna: la vacunación masiva. Y en esa elección hay algo que no es nuevo en sí mismo, pero que sí resulta revelador sobre cómo se lee a Guatemala desde afuera en este momento.

Infobae América reporta que Guatemala acumula casi 22 mil casos de sarampión y 22 fallecidos, con 327 de los 340 municipios del país ya afectados. El virus, ausente desde 1997, ha reingresado con una velocidad que la epidemióloga Erika Gaitán atribuye a la circulación endémica en otros continentes y al aumento de la movilidad humana. Lo que importa notar es que la cobertura internacional no enfatiza el fracaso de contención, sino la expansión de la respuesta: la segunda fase de la campaña de vacunación, el lanzamiento simultáneo en múltiples municipios, la priorización de grupos vulnerables. Es decir, la prensa extranjera está viendo a Guatemala no como un país donde la enfermedad se propaga sin control, sino como un país que, ante la propagación, despliega una estrategia coordinada.

Ese encuadre tiene sus matices. Por un lado, subraya la capacidad técnica: la existencia de un programa de inmunizaciones, la adquisición de vacunas a través del fondo rotatorio de la OPS, la identificación epidemiológica precisa de grupos de riesgo. Por otro lado, invisibiliza una pregunta que la cobertura no formula con claridad: cómo un país que certificó a nivel regional la eliminación del sarampión en 2016 permite su reintroducción masiva. La respuesta que ofrece Gaitán es epidemiológica, no política. Es decir, la prensa internacional está aceptando la narrativa de que se trata de un riesgo global inevitable, no de un problema de vigilancia o cobertura vacunal previa.

Hay algo más sutil aún. Los datos muestran que el impacto es desigual: diez de los 22 fallecidos son menores de un año, incluidos recién nacidos de madres sin protección previa. Más del 65% de los enfermos diagnosticados tienen entre 15 y 39 años. Esa distribución sugiere brechas en la cobertura vacunal anterior, especialmente en cohortes jóvenes. Pero la cobertura internacional no lo formula así. En cambio, presenta la campaña como una respuesta técnicamente competente a una situación epidemiológica, sin interrogar las razones por las cuales esas brechas existían.

El presidente de la Comisión Nacional de Monitoreo, Mario Melgar, ofrece una frase que captura la perplejidad: "Tenemos el mayor brote de sarampión en los últimos treinta años". Es una admisión de magnitud. Pero la prensa extranjera la reporta sin énfasis en lo que significa: que Guatemala no solo ha perdido la certificación de país libre de sarampión, sino que enfrenta el peor brote de tres décadas. Eso es noticia de crisis. Sin embargo, el encuadre que domina es el de la respuesta institucional, no el de la crisis misma.

En cierto sentido, eso es comprensible. La cobertura internacional tiende a valorar la acción visible, la coordinación anunciada, la estrategia comunicada. Y Guatemala, en este caso, está comunicando. Pero ese mismo encuadre tiene una consecuencia: invisibiliza las preguntas sobre por qué un país con capacidad técnica demostrada permitió que el sarampión se propagara de esta manera. No es una pregunta que la prensa extranjera formule hoy. Quizá porque la respuesta requeriría examinar algo más profundo que la epidemiología: la arquitectura de la salud pública, la cobertura previa, las decisiones presupuestarias. Y eso es un análisis que la cobertura internacional, por ahora, no está haciendo.

La visite de Guterres : quand l'ONU vient constater ce qu'elle ne peut pas résoudre

La présence du secrétaire général des Nations unies en Haïti cette semaine offre un spectacle particulier à la presse internationale : celui d'une institution mondiale qui traverse en personne le chaos qu'elle observe depuis des années, puis qui en revient avec des constats. France 24 rapporte que Guterres a dénoncé l'indifférence du monde. C'est une formulation intéressante, car elle déplace subtilement la responsabilité. L'indifférence n'est jamais passive. Elle est une forme active de choix.

Ce que les dépêches étrangères retiennent de cette visite, c'est d'abord l'ampleur des chiffres. Plus de 2.300 morts en six mois. 1,5 million de déplacés internes. Une moyenne de vingt femmes et filles violées chaque jour. Six millions de personnes en insécurité alimentaire sévère. Ces statistiques, énumérées par l'ONU elle-même, deviennent le langage par lequel la presse étrangère parle de Haïti. Elles sont exactes, documentées, incontestables. Elles sont aussi, d'une certaine façon, anesthésiantes. Elles transforment une crise en inventaire.

Or, ce qui mérite attention dans le cadrage de France 24, c'est la façon dont la visite de Guterres redessine la hiérarchie des responsabilités. Le secrétaire général remercie profondément le gouvernement dominicain pour sa contribution à la Fuerza de Eliminación de Pandillas. Il affirme que le rétablissement de la sécurité est essentiel. Il visite un refuge surpeuplé. Il écoute des femmes qui n'ont pas d'intimité pour se laver. Et puis il repart en République Dominicaine pour rencontrer le président Abinader. Le message implicite est clair : Haïti est un problème régional, pas un problème haïtien.

C'est une distinction qui mérite d'être examinée. La presse étrangère, en reprenant le discours de Guterres, construit progressivement une narration où Haïti n'est jamais vraiment le sujet de sa propre crise, mais plutôt le terrain où d'autres acteurs—l'ONU, la République Dominicaine, les forces internationales de Jamaïque, El Salvador, Guatemala et Chad—interviennent. La Fuerza de Eliminación de Pandillas, créée en septembre dernier, compte moins de mille effectifs alors qu'elle était censée en avoir jusqu'à 5.500. Ce manquement est mentionné, mais sans insistance particulière. C'est un détail qui montre que même les interventions internationales tardent à se matérialiser, mais la presse internationale ne semble pas interroger pourquoi.

Ce qui frappe surtout, c'est l'absence de ce que Guterres appelle lui-même l'indifférence. Elle n'est pas représentée dans le récit. On ne voit pas les gouvernements qui refusent de contribuer, les pays qui détournent le regard, les institutions qui ralentissent les processus. On voit un secrétaire général qui se déplace, qui constate, qui plaide. Et on voit Haïti, figé dans le rôle de victime qui reçoit la visite, qui raconte ses malheurs, dont on écoute les femmes dans une école surpeuplée. Le voyeurisme humanitaire est bien documenté, mais il demeure invisible en tant que tel.

La mention de James Boyard, directeur de cabinet du Ministère de la Défense, enlevé dans l'une des rares zones sûres de Port-au-Prince, apparaît comme une donnée statistique parmi d'autres. Mais elle signifie quelque chose que la presse étrangère ne souligne pas : l'État haïtien, même ses structures de sécurité, n'existe plus que comme façade. Ceux qui sont censés le défendre en sont les otages. C'est un effondrement institutionnel complet. Et pourtant, le cadrage international persiste à parler de rétablissement de la sécurité, d'élections futures, d'intégration à la communauté internationale. Comme si ces choses étaient possibles avant que ne soit résolu ce qui n'est jamais nommé directement : la dissolution de l'État lui-même.

La presse étrangère, en suivant Guterres, documente donc une crise sans en interroger les fondations. Elle rapporte les symptômes, énumère les chiffres, enregistre les plaidoyers. Mais elle laisse intacte la question plus inconfortable : comment une nation en arrive à ce point, et qu'est-ce que cela dit des structures internationales censées l'empêcher. L'indifférence que Guterres dénonce n'est peut-être pas celle du monde, mais celle du regard qui observe sans vraiment voir.

Honduras reaparece en la prensa internacional no por las grietas de su presente institucional, sino por una ausencia que se prolonga más allá de lo tolerable: la falta de respuestas sobre un accidente aéreo que, a los 14 meses de ocurrido, sigue siendo un símbolo de opacidad. El congresista Ritchie Torres, representante del Bronx, ha convertido su exigencia de celeridad en una presión diplomática que revela algo incómodo sobre cómo se ve a Honduras desde afuera: como un país donde las investigaciones técnicas no avanzan al ritmo que debería esperarse, donde la recuperación de evidencia crucial permanece incompleta, y donde la transparencia requiere de intermediarios estadounidenses para garantizarse.

El encuadre que Infobea América propone es, en su superficie, el de un legislador estadounidense velando por sus ciudadanos y por la dignidad de las víctimas. Pero bajo esa lectura cómoda existe otra más incisiva: la de un Estado que no inspira confianza ni siquiera en investigaciones de seguridad aérea, donde la participación de organismos internacionales no es una opción sino una necesidad percibida como urgente. Torres no solo pide celeridad; cuestiona la independencia del proceso investigativo mismo. Eso es, en el lenguaje diplomático, una acusación velada de que Honduras no puede investigarse a sí mismo.

Lo que la cobertura internacional subraya, aunque sin decirlo explícitamente, es que la muerte de Aurelio Martínez Suazo, el músico garífuna de alcance internacional, fue lo que otorgó visibilidad y peso político a un accidente que, de otro modo, podría haberse disuelto en el olvido administrativo. Un ciudadano estadounidense, un artista reconocido, una comunidad garífuna con representación en Nueva York: esos elementos transformaron un siniestro aéreo en un caso de relaciones internacionales. Martínez fue el puente que permitió que Honduras fuera visto desde Washington, no como un país que necesita investigar sus propios desastres, sino como un país que necesita supervisión externa para hacerlo.

La prensa extranjera no cuestiona la competencia técnica de Honduras en materia de aviación civil; simplemente asume que requiere de la NTSB estadounidense y de organismos británicos para que la investigación sea creíble. Eso es un juicio sobre la institucionalidad que no se enuncia como tal, pero que estructura todo el relato. Honduras aparece como un país donde lo que importa no es lo que sus autoridades determinen, sino lo que los expertos internacionales validen. Y 14 meses después de que un avión cayera al mar, esa validación aún no existe.

La prensa internacional ha decidido mirar a México a través de un lente deportivo muy específico: el de la fragilidad táctica. El País América, en su cobertura del Mundial, ha pivotado desde los grandes relatos de crisis política o seguridad hacia algo que podría parecer más trivial pero que resulta sintomático de cómo se lee hoy al país desde afuera. La expulsión de César Montes en el partido contra Sudáfrica no es, para este medio, simplemente un incidente de disciplina futbolística. Es una grieta que expone algo más profundo: la necesidad de que México se reorganice, que cierre brechas, que compense carencias con la experiencia de sus capitanes.

Hay una ironía contenida en este encuadre. Mientras México enfrenta desafíos estructurales de gobernanza, seguridad y legitimidad política, la mirada extranjera se detiene en cómo Javier Aguirre debe ajustar su defensa para enfrentar a Corea del Sur. No es que el fútbol sea irrelevante para la narrativa internacional sobre México, sino que funciona como metáfora permisible. Un seleccionador molesto por una expulsión ingenua, un equipo que debe confiar en sus capitanes para tapar agujeros, una reorganización defensiva como respuesta a la adversidad. Todo ello cabe dentro de lo que la prensa extranjera considera digno de análisis serio.

Lo que revela este giro editorial es que la cobertura internacional de México durante el Mundial ha encontrado un equilibrio cómodo: puede hablar del país a través del deporte sin necesidad de abordar directamente sus contradicciones más incómodas. El fútbol ofrece una narrativa de desempeño, de técnica, de gestión táctica que es más segura, más neutral, que cualquier análisis sobre las fracturas políticas o las crisis de seguridad. Cuando El País habla de Edson Álvarez como uno de los capitanes que debe detener al equipo surcoreano, está hablando de México de una manera que evita las preguntas más difíciles.

Esto no significa que el análisis deportivo sea falso o que carezca de valor. Significa que refleja una elección editorial consciente: la de mantener a México dentro de los márgenes de lo interpretable como un problema técnico, susceptible de corrección mediante reorganización y experiencia, antes que como un país cuyas grietas son estructurales y cuyas soluciones requieren más que ajustes tácticos.

La prensa internacional que cubre Nicaragua ha optado hoy por un encuadre que merece examinarse con atención, porque revela tanto por lo que subraya como por lo que deja en suspenso. Infobae América publica cifras de inflación del Consejo Monetario Centroamericano —3.72 por ciento interanual en mayo, una desaceleración respecto a años anteriores— pero el verdadero interés del reportaje no reside en los números mismos, sino en cómo se entretejen con una observación política más amplia.

El dato económico es, en apariencia, positivo. Nicaragua ha logrado bajar la inflación desde los picos de 12 por ciento en 2022. La variación mensual fue incluso negativa en mayo, con una caída de 0.08 por ciento. Siete de las doce divisiones de la canasta de precios registraron disminuciones, particularmente en alimentos y bebidas no alcohólicas. Por el criterio estrictamente técnico, esto podría leerse como estabilidad macroeconómica, como una economía que funciona. Pero aquí es donde el encuadre de Infobaa introduce una tensión deliberada.

El medio inserta, sin dramatismo pero con precisión, una observación que desactiva la lectura ingenua de los números: estos datos emergen de "un contexto marcado por el control político ejercido por el régimen de Daniel Ortega" y ocurren bajo "una política de alta concentración de poder y restricciones a la transparencia institucional". No es una acusación marginal ni una advertencia de pie de página. Es una premisa que reenmarca todo lo que viene después.

Lo que la prensa internacional está haciendo aquí es plantear una pregunta incómoda que no formula explícitamente: ¿qué significa que una economía muestre estabilidad de precios bajo un régimen autoritario con monopolio sobre la información? El reportaje cita al Instituto Nacional de Información de Desarrollo como fuente de los datos, pero añade que "la situación económica de los hogares sigue condicionada por el entorno político y el acceso limitado a información independiente". En otras palabras: confía en los números, pero no confíes en el contexto en el que se producen.

Hay un segundo movimiento en el encuadre que vale la pena notar. El artículo dedica espacio considerable a detallar qué rubros subieron y bajaron, cuáles fueron las contribuciones puntuales, cómo evolucionó la inflación subyacente. Es un análisis técnicamente riguroso. Pero luego añade una reflexión que suena casi como una pregunta retórica: "La vigilancia de los indicadores macroeconómicos se ha tornado fundamental para entender la dinámica interna de Nicaragua". Fundamental, dice. Como si los números fueran ahora la única ventana disponible para comprender qué ocurre en el país, porque otras fuentes de información —prensa independiente, reportes de organismos civiles, voces de la calle— han sido clausuradas.

El encuadre, en suma, no desconfía de los números. Los acepta, los analiza, los contextualiza. Pero los presenta como lo que son en realidad: indicadores estadísticos que emergen de un régimen donde la transparencia institucional es limitada y el poder está concentrado. No es una inflación cualquiera. Es la inflación de Nicaragua bajo Ortega. Y esa diferencia, aunque sutil en la redacción, es sustancial en el significado.

Lo que la prensa internacional omite, sin embargo, merece atención igual. No hay análisis de por qué la inflación bajó, qué políticas específicas la contuvieron, si hubo sacrificios ocultos en el empleo o en los salarios reales, si la estabilidad de precios benefició de manera equitativa a la población o si se concentró en ciertos sectores. El reportaje constata que Recreación y cultura subió 5.65 por ciento mientras Alimentos bajó, pero no reflexiona sobre qué significa esa divergencia en términos de acceso real a bienes esenciales. Tampoco hay voz de economistas independientes, de hogares nicaragüenses, de sectores afectados. Los datos hablan solos, pero hablan en una lengua que solo los técnicos pueden interpretar.

Este es el encuadre del día: la prensa internacional está diciendo que Nicaragua tiene inflación controlada, pero que esa información llega envuelta en una advertencia silenciosa sobre la fuente de la que proviene y el régimen bajo el cual se produce. No es escepticismo radical. Es, más bien, una forma de honestidad incómoda: aceptamos los números, pero no podemos aceptar que sean transparentes, porque el país que los genera no lo es.

La prensa internacional observa hoy en Panamá un momento de diagnóstico presidencial que, paradójicamente, profundiza la pregunta sobre la capacidad estatal de transformar el reconocimiento de una crisis en soluciones creíbles. José Raúl Mulino ha hablado con una claridad que desconcierta: "El sistema falló, colapsó". No son palabras de un funcionario que busca evadir responsabilidad mediante tecnicismos. Son palabras de un presidente que, al menos en el discurso, acepta la magnitud del colapso penitenciario revelado por la fuga de 195 reclusos de La Joyita.

Lo que Infobae América captura en su cobertura es la tensión central de Panamá contemporáneo: un Estado que diagnostica con precisión pero que se mueve en un terreno pantanoso entre la confesión pública y la acción real. Mulino no niega lo innegable. Reconoce que las cárceles dejaron de cumplir su función de aislamiento, que se convirtieron en centros de coordinación criminal, que objetos prohibidos entraron "por la puerta, con la complicidad de los que estaban cuidando la puerta". El lenguaje es directo, casi visceral: "Lo sucedido me indigna y me avergüenza".

Pero aquí es donde la mirada extranjera detecta el patrón recurrente en Panamá. Mulino anuncia que el 1 de julio presentará "una serie de medidas" para transformar el modelo penitenciario, endurecer controles, reforzar el aislamiento de reclusos de alta peligrosidad. Promete que "no habrá protección legal ni política para nadie" y que sancionará "a quien corresponda una vez tenga la información objetiva". Son promesas que, en el contexto de administraciones anteriores, suenan familiares. La prensa internacional ha visto este ciclo antes en Panamá: crisis, reconocimiento, anuncio de reformas, implementación parcial, nueva crisis.

Lo que resulta notable en el encuadre de hoy es que Mulino también se permite cuestionar a las organizaciones que defienden los derechos de los detenidos, argumentando que se otorga "mayor atención a los derechos de los delincuentes que a los derechos de las víctimas". Este giro es significativo porque revela algo que la prensa extranjera identifica con claridad: Panamá está replanteando, bajo presión, la jerarquía entre seguridad y derechos. No es un debate nuevo en América Latina, pero en Panamá adquiere una particularidad: ocurre en un contexto donde el Estado reconoce su propia ineficacia operativa, no solo su falta de voluntad política.

La cifra de 178 recapturados de 195 fugados es presentada como un éxito parcial, pero también como evidencia de que el sistema tiene capacidad de reacción una vez que el daño ya está hecho. Mulino aclara que los fugados no son "cabecillas de alto perfil", lo cual es una forma de contener la narrativa de catástrofe total, pero que también subraya que incluso reclusos de menor jerarquía lograron escapar de una cárcel de máxima seguridad.

La decisión de trasladar 29 reclusos de alta peligrosidad a Coiba, cuestionada por ambientalistas y el sector turístico, es presentada por el presidente como un asunto de "seguridad nacional" que no admite discusión. Aquí la prensa extranjera ve algo revelador: un Estado que, frente a la crisis, tiende a resolver mediante medidas que concentran poder ejecutivo y minimizan el debate institucional. Mulino rechaza las críticas asegurando que no hay construcción nueva, solo "adaptación" de instalaciones existentes. Es un argumento que busca cerrar una conversación antes de que se abra.

Lo que la cobertura internacional no dice explícitamente, pero que está implícito en cada párrafo, es que Panamá enfrenta una encrucijada donde el reconocimiento de la crisis no garantiza su resolución. Un presidente que admite el colapso del sistema penitenciario, que promete reformas, que ordena investigaciones, sigue siendo un presidente cuyo Estado no logró evitar que 195 personas escaparan de una prisión. Y eso, para la mirada extranjera, es el verdadero colapso: no solo el del sistema, sino el de la confianza en que el reconocimiento del problema sea suficiente para solucionarlo.

La prensa internacional ha descubierto hoy en Paraguay un dato que, en apariencia, es técnico y doméstico: un reajuste salarial del 5% que supera la inflación. Pero la manera en que Infobea América enmarca esta noticia revela algo más profundo sobre cómo el exterior está comenzando a mirar al país: como un lugar donde ocurren decisiones económicas que merecen seguimiento internacional, no por su magnitud absoluta, sino por lo que dicen sobre la orientación política de un gobierno.

El encuadre es notable por su tono de legitimación. El titular subraya que el presidente Santiago Peña "superó a la inflación", una formulación que convierte una decisión redistributiva en un logro técnico. La cifra en dólares (500,12) aparece con precisión, como si el medio quisiera traducir el guaraní a una moneda que sus lectores reconozcan: el salario mínimo paraguayo es casi insignificante en términos globales, pero esa insignificancia desaparece cuando se la presenta como una victoria sobre la inflación. El relato internacional, en otras palabras, no cubre simplemente un ajuste salarial; cubre la narrativa de un presidente que elige a los trabajadores sobre los empresarios, y lo hace en términos que suena a prudencia macroeconómica.

Hay un segundo nivel de interés en cómo la prensa extranjera trata las palabras de Peña. Su declaración de que "la política pública tiene que enfocarse en el trabajador" es citada directamente, casi como un guiño a cierta audiencia internacional que espera encontrar en América Latina gobiernos que se posicionen a favor de los sectores populares. El hecho de que Peña anticipe el desacuerdo empresarial y lo defienda de todas formas refuerza esa imagen: es un gobernante que toma decisiones difíciles, que no es rehén de los empresarios. Para la prensa internacional, esto es relevante porque contrasta con ciertos estereotipos sobre gobiernos latinoamericanos débiles o capturados por élites económicas.

Pero hay una omisión deliberada en este encuadre. La prensa extranjera no profundiza en lo que significa un aumento del 5% en un país donde los trabajadores reclamaban un 20% para "compensar la pérdida de poder adquisitivo", según cita la ministra de Trabajo. Ese 20% no aparece como un fracaso de la negociación, sino como una demanda que quedó insatisfecha. El 5% es presentado como equilibrio, como prudencia, como respeto a la "estabilidad macroeconómica". Pero desde la perspectiva de los trabajadores, es apenas la cuarta parte de lo que pedían. La prensa internacional, al legitimizar esta cifra como un logro, está eligiendo un lado de la disputa sin decirlo explícitamente.

Hay, además, un contexto más amplio que Infobea trae a la superficie a través de las declaraciones del ministro de Economía, Óscar Lovera. Mientras Peña anuncia un aumento salarial que suena progresista, Lovera está en París promocionando a Paraguay como un destino de inversión estable, con inflación controlada, banco central independiente y "condiciones favorables en términos de carga tributaria". Es decir: mientras el presidente habla de trabajadores que no llegan a fin de mes, el ministro de Economía está asegurándole a la comunidad financiera internacional que Paraguay es un lugar seguro, previsible, donde los costos laborales no van a dispararse. El aumento del 5% es, en este contexto, una cesión controlada, un gesto que apacigua sin comprometer.

La prensa internacional no conecta estos dos relatos. Los trata como hechos separados: aquí está Peña siendo sensible con los salarios, allá está Lovera vendiendo estabilidad. Pero ambos son parte de la misma estrategia comunicacional, y el encuadre extranjero, al no señalar esta tensión, está permitiendo que el gobierno paraguayo presente como progresismo lo que es, en realidad, una cuidadosa negociación entre presiones redistributivas y exigencias de estabilidad macroeconómica. Para la audiencia internacional, Paraguay aparece como un país que crece a 6,6% anual, que tiene energía renovable abundante, que es competitivo y aspiracional (candidato a la OCDE), y cuyo presidente se preocupa por los trabajadores. Es un relato coherente, casi demasiado. La realidad, como siempre, es probablemente más complicada.

La prensa extranjera enfrenta hoy un dilema que trasciende el mero reporte de cifras: cómo narrar la espera sin dramatizar la parálisis. El País América, al referirse a Fujimori como quien "roza la victoria", introduce un verbo que captura la ambigüedad del momento con precisión lingüística, pero también expone los límites de lo que puede decirse cuando los números están congelados pero los resultados siguen en suspenso.

Diez días después de la votación, el margen de 36.889 votos que separa a Keiko Fujimori de Roberto Sánchez se ha convertido en un hecho administrativo más que político. La prensa internacional ya no puede narrar incertidumbre sobre el conteo, porque el conteo existe. Tampoco puede proclamar un ganador claro, porque la justicia electoral aún debe revisar el 0,84% de votos en disputa. Lo que resta es una zona gris que la cobertura extranjera debe habitar sin las herramientas narrativas que suelen funcionar en momentos de crisis aguda.

Lo que revela El País en su encuadre es algo más profundo que la mera situación electoral: es la fatiga de un relato que ha perdido su motor de tensión. La mención a "incertidumbre, movilizaciones y recursos de nulidad" agitados por la izquierda aparece como contexto, no como trama central. El electorado "agotado por la polarización y la inestabilidad política" se menciona casi de paso, como si fuera un telón de fondo ya conocido, ya asimilado. La prensa extranjera ha integrado el caos peruano en su narrativa de normalidad: aquí ocurren estas cosas, así funciona este país.

Pero hay un matiz importante en cómo se elige el lenguaje. Que Fujimori "roce" la victoria sugiere proximidad sin certeza, movimiento sin conclusión. No es un encuadre que favorezca a la candidata de derechas, ni tampoco que la deslegitimice. Es un encuadre que, simplemente, suspende el juicio. Y esa suspensión refleja una realidad: la prensa internacional ha aprendido que en Perú, incluso cuando los números están casi listos, la política sigue siendo un proceso inacabado, sujeto a revisión, vulnerable a recursos legales que pueden cambiar el resultado.

Lo que la cobertura extranjera omite, o apenas toca, es la pregunta sobre qué ocurre con la legitimidad de quien finalmente sea proclamado. Si Fujimori gana por menos de 37.000 votos en una elección presidencial, ¿qué margen de gobernabilidad tendrá? Si Sánchez logra revertir el resultado mediante los recursos que la izquierda ha interpuesto, ¿cuál será la reacción de la derecha? Estas preguntas no aparecen en el titular de hoy porque la prensa internacional aún está esperando que la justicia electoral resuelva. Pero son preguntas que definen el futuro político peruano mucho más que el porcentaje exacto que separa a los candidatos.

El encuadre de El País, en su aparente neutralidad, revela un supuesto: que la institucionalidad electoral peruana, aunque lenta, es capaz de resolver. Que mediados de julio es un plazo razonable. Que la justicia electoral peruana merece confianza. No es un supuesto que la prensa extranjera cuestiona, probablemente porque cuestionarlo significaría entrar en un territorio donde ya no hay números que reportar, solo especulación política. Y la prensa extranjera, cuando llega a ese punto, tiende a retirarse del análisis profundo y conformarse con el reporte de hechos.

La prensa internacional que cubre República Dominicana ha decidido hoy enmarcar la gestión de desastres como un asunto de competencia estatal y coordinación institucional. Infobae América, que es el único medio que recoge el anuncio del presidente Abinader sobre la convocatoria al Consejo de Gobierno y a los alcaldes para la temporada ciclónica 2026, estructura su cobertura alrededor de un relato que podría resumirse así: un gobierno que se prepara, que planifica, que simula escenarios, que coordina. Es un encuadre que, en términos de la narrativa internacional, sitúa a República Dominicana en la categoría de los países que actúan con anticipación y profesionalismo ante riesgos climáticos conocidos.

Lo notable aquí es que la mirada externa no cuestiona la capacidad operativa ni la suficiencia de recursos. El texto de Infobea detalla la simulación realizada, menciona la presencia de ministros y directores de organismos de emergencia, cita al director del Centro de Operaciones de Emergencias afirmando que "la preparación es la mejor herramienta para proteger vidas". Hay un énfasis en los protocolos, en la coordinación interinstitucional, en la evaluación de fortalezas y oportunidades de mejora. El lenguaje es el del manual de gestión del riesgo, no el de la alarma o la insuficiencia.

Pero hay algo que merece atención en lo que el encuadre internacional omite. Cuando Abinader sostiene que el país necesita prepararse no solo para tormentas y huracanes sino para "tiempos de extremos" provocados por el calentamiento global, la prensa extranjera recibe esa declaración sin cuestionar qué significa eso en términos de inversión real, de capacidad financiera sostenida, de vulnerabilidad estructural de una economía insular que depende del turismo y la agricultura. El presidente menciona granizadas hace un mes y calor intenso ahora como evidencia de cambio climático. Infobea lo registra. Pero no pregunta: ¿está preparada la infraestructura dominicana para este tipo de volatilidad? ¿Tienen los municipios, que serán convocados la próxima semana, los recursos para ejecutar un plan nacional de contingencia?

Lo que se ve es una cobertura que valida la respuesta institucional sin examinar sus fundamentos. Es el enfoque típico de la prensa internacional cuando cubre a países en desarrollo que demuestran capacidad de organización: se premia la intención, se documenta el proceso, se cita a los funcionarios. Pero rara vez se profundiza en si esa arquitectura de coordinación tiene músculo financiero real o si es, en buena medida, un ejercicio de simulación que termina cuando termina el ejercicio de simulación.

La ironía es que Abinader insiste en que el Gobierno actuará "como un solo gobierno" ante emergencias. Es una frase que, en el contexto de la gestión pública dominicana, suena a aspiración más que a descripción de una realidad consolidada. Y sin embargo, la prensa internacional la recibe como una declaración de intención seria, como parte de un plan coherente. Eso es, en cierto modo, lo que la mirada externa necesita escuchar: que hay orden, que hay preparación, que hay un Estado que funciona.

Lo que queda sin responder en el encuadre internacional es si esa coordinación será suficiente cuando llegue el primer huracán de la temporada, si los municipios tendrán presupuesto para evacuar, si la asistencia humanitaria prevista en el plan será realmente disponible en el terreno. Pero esas preguntas, por ahora, no forman parte de cómo la prensa extranjera está viendo a República Dominicana en este momento.

La prensa internacional descubre hoy en Uruguay un país donde la sofisticación legal se retuerce sobre sí misma para perseguir lo que debería perseguirse directamente. Infobea América reporta el caso de un hombre imputado por matar a golpes a un gato, y el ángulo que emerge no es el del crimen en sí, sino el de una arquitectura judicial improvisada: la fiscal Irena Penza debió recurrir a los delitos de hurto especialmente agravado, daño y violencia privada porque, como señala el medio, "en la normativa uruguaya no existe un delito que castigue el maltrato animal".

Este es el encuadre que la cobertura extranjera subraya, aunque quizá sin proponérselo explícitamente. No se trata de un país donde el maltrato animal está permitido, sino de uno donde está prohibido pero sin consecuencias específicas. La ley 18.471 de Protección, Bienestar y Tenencia de Animales existe, pero permanece incompleta, obligando a los fiscales a un ejercicio de ingeniería legal: convertir la muerte de un gato en un problema de propiedad, daño y violencia privada para que la justicia tenga algo que castigar.

Lo que revela esto, desde la perspectiva de la prensa internacional, es una brecha característica en ciertos sistemas latinoamericanos: la coexistencia de marcos normativos aparentemente modernos con vacíos que los vuelven inoperantes. Uruguay aparece aquí no como un país donde falte voluntad de proteger animales, sino como uno donde la voluntad legislativa se detiene en la intención sin completar la arquitectura. El resultado es que un caso de tortura animal llega a los tribunales por un desvío, porque la propiedad del gato activó delitos que la mera crueldad hacia el animal no habría activado.

La mención de Infobea a que el hombre ya había atacado "perros y gatos que estaban en la zona" y que "varios gatos del complejo habían desaparecido" añade otra dimensión al encuadre: la de un patrón de conducta que pudo operar durante tiempo sin consecuencias claras, precisamente porque la ley no tenía un instrumento directo para frenarlo. Solo cuando la violencia se dirigió hacia la propiedad ajena, la máquina judicial se activó.

Para la prensa extranjera, esto refuerza una narrativa ya instalada sobre Uruguay: la de un país donde las instituciones funcionan, pero frecuentemente a través de rodeos, donde la sofisticación convive con la incompletitud, donde lo que debería ser simple se vuelve complejo no por exceso de rigor sino por falta de claridad legislativa.

La prensa internacional retoma hoy un hilo que había dejado en suspenso: la brecha entre la capacidad productiva de Venezuela y la realidad que vive en la calle. El País América lo plantea con una precisión que merece atención porque no se trata de un análisis de pobreza o colapso humanitario genérico, sino de algo más específico y más incómodo: un país donde los ingresos están tutelados, donde el petróleo sigue siendo la promesa que no llega.

El encuadre es notable por lo que evita. No habla de corrupción sistémica ni de malversación de fondos con la obviedad que cabría esperar. Habla de tutela. La palabra importa porque sugiere algo más que negligencia: sugiere un control deliberado sobre dónde y cómo fluye el dinero, una estructura donde los ingresos no circulan según lógicas de mercado sino según decisiones concentradas. Es la mirada de quien observa desde afuera y ve no un colapso total sino un bloqueo estructural.

El videoanálisis sobre quién manda ahora en Venezuela apunta en una dirección similar, aunque más abiertamente política. La pregunta misma es reveladora: después de años de análisis sobre Maduro, sobre la oposición, sobre las instituciones, la prensa extranjera ahora se pregunta quién manda. No si Maduro gobierna, sino quién ejerce el poder real. Es un desplazamiento de enfoque que sugiere que la narrativa anterior, centrada en la legitimidad o ilegitimidad del régimen, ha quedado obsoleta o insuficiente.

Lo que no aparece en estos titulares es tan importante como lo que sí. No hay mención a negociaciones políticas, a perspectivas electorales, a actores opositores. El foco está puesto en la economía política del petróleo y en la estructura del poder sin intermediarios de legitimidad. Es como si la prensa internacional hubiera dejado atrás el debate sobre la democracia en Venezuela para concentrarse en una pregunta más básica: cómo funciona realmente este país.

La nota del New York Times sobre la tejedora de 91 años que se aferra a las tradiciones parece un respiro, una humanización. Pero en el contexto de los otros dos titulares, adquiere otra dimensión. No es solo una historia de resistencia cultural. Es el testimonio de quien ha visto pasar décadas de promesas sin cumplirse, quien sigue tejiendo porque es lo que sabe, porque es lo que le queda. Es la persistencia como forma de supervivencia cuando todo lo demás ha fallado.

El panorama que emerge de estos tres titulares es el de un país donde la prensa extranjera ya no espera transformación política ni recuperación económica en el sentido tradicional. Espera, en cambio, entender cómo se sostiene un sistema que no funciona según ninguna lógica que la teoría política o económica convencional reconozca. Venezuela, en este encuadre, no es un caso de autoritarismo fallido ni de colapso pendiente. Es un caso de funcionamiento anómalo que persiste, donde los ingresos están tutelados, donde el poder se ejerce desde lugares que no son obvios, donde la gente sigue viviendo porque no tiene otra opción que seguir viviendo.