Opiniones

La prensa internacional que cubre Perú ha encontrado en el balotaje presidencial un escenario que revela algo incómodo sobre cómo lee los conflictos electorales en América Latina: la tendencia a asumir que la impugnación de resultados es siempre un síntoma de debilidad democrática, cuando en realidad puede ser también una expresión legítima de desconfianza institucional, aunque sea instrumentalizada de manera oportunista.

France 24, en su cobertura de las insistencias de Roberto Sánchez para anular el voto en el exterior, estructura la noticia de un modo que merece examinarse. El encuadre es equilibrado en apariencia: reporta los números con precisión, cita al candidato en rueda de prensa con corresponsales extranjeros, menciona que las misiones de observación internacional no han visto irregularidades graves. Pero hay algo en el orden de los hechos y en lo que se subraya que construye una narrativa particular.

Lo que sobresale es que Sánchez aparece como quien cambia de criterio según le conviene. France 24 anota, con cierta ironía implícita, que ni Sánchez ni su partido criticaron antes de la votación la decisión de no enviar digitalmente los resultados de las actas en el exterior. Esa observación es justa, pero también incompleta. El medio no profundiza en una pregunta más incómoda: ¿por qué las autoridades electorales peruanas tomaron esa decisión de cambio normativo, y quién la solicitó? Sánchez afirma que fue a solicitud de la Cancillería. France 24 no verifica esa aseveración ni la descarta, simplemente la deja suspendida en el aire.

Lo que la prensa extranjera tiende a omitir en casos como este es que la impugnación de procedimientos electorales no es automáticamente ilegítima solo porque sea presentada por quien está perdiendo. En Perú, como en otros países de la región, hay un historial de cambios normativos en materia electoral que sí han respondido a intereses políticos. Que Sánchez sea oportunista no invalida necesariamente sus preguntas sobre la cadena de custodia. Pero la cobertura internacional, al subrayar su cambio de posición, tiende a descartar sus argumentos como maniobra táctica antes de examinarlos en serio.

Hay otro aspecto que merece atención: el voto en el exterior. France 24 reporta que Fujimori obtuvo un 63,4% de los sufragios emitidos fuera del país, con especial amplitud en Estados Unidos, Chile, Argentina, España y Japón. Ese dato es crucial, pero la cobertura no lo contextualiza. ¿Quiénes son los peruanos que votan en el exterior? ¿Cuál es su perfil socioeconómico? ¿Hay un sesgo de clase o generacional en esa diferencia de casi 78.000 votos? La prensa internacional rara vez plantea esas preguntas porque hacerlo requeriría analizar estructuras de desigualdad y migración, no solo comportamiento electoral.

Lo que emerge de todo esto es un patrón familiar en la cobertura extranjera de América Latina: cuando un candidato de izquierda pierde por poco y cuestiona procedimientos, la narrativa tiende a enfatizar su debilidad institucional y su falta de respeto por los resultados. Cuando un candidato de derecha lo hace, el encuadre es frecuentemente más matizado, más atento a las complejidades procedimentales. No es que France 24 sea hostil a Sánchez; es que la prensa internacional, en general, ha internalizado una jerarquía de legitimidad en la que la izquierda latinoamericana debe demostrar su respeto por las instituciones de manera más rigurosa que otros.

Perú está a la espera de una resolución que probablemente no llegará. Sánchez seguirá movilizando, Fujimori seguirá acumulando votos, y la prensa extranjera seguirá reportando todo esto como un drama de instituciones débiles, cuando en realidad lo que está en juego es algo más profundo: la pregunta de quién tiene derecho a cuestionar los procedimientos, y bajo qué condiciones esa cuestión es considerada legítima o simplemente ruido político.

La prensa internacional ha optado hoy por una lectura que, en apariencia, es la más simple: Argentina existe en el mundo porque Messi existe en el mundo. France 24 Español dedica su cobertura principal a los dos goles del astro argentino contra Austria, a sus cinco anotaciones en el torneo actual, a sus dieciocho goles históricos en mundiales. El encuadre es el del deporte como narrativa nacional, el del jugador como emblema vivo de un país.

Pero hay algo revelador en que esta sea precisamente la noticia elegida para representar a Argentina en el día de hoy, en medio de un panorama geopolítico y económico que bulle en toda la región. Colombia atraviesa una crisis electoral con el preconteo que favorece a De la Espriella. La República Dominicana enfrenta un brote de ébola. España lidia con condenaciones por corrupción en el círculo de Sánchez. Y la cobertura internacional sobre Argentina se concentra en un gol, en una cifra de anotaciones, en la persistencia de un mito deportivo.

No es que la prensa extranjera ignore deliberadamente lo que sucede en Argentina más allá del fútbol. Es que, en este momento, ha decidido que lo que Argentina comunica al mundo es Messi. Y Messi, en el relato de France 24, no es solo un futbolista: es un "amuleto", una palabra que reduce la agencia política, económica, social de un país entero a la presencia talismánica de un hombre que patea una pelota.

Lo inquietante es que este encuadre no es falso. Messi ganó la Copa del Mundo en 2022. Messi sigue anotando goles. Messi existe. Pero cuando la prensa internacional elige mostrar a Argentina a través de Messi en un momento en que el país lidia con inflación, ajuste fiscal, tensiones políticas internas y una agenda internacional que Milei trata de redefinir, está haciendo algo más sutil que mentir: está eligiendo qué es Argentina para el mundo. Y hoy, según France 24, Argentina es un equipo de fútbol con un amuleto que funciona.

Hay una comodidad en esa lectura, tanto para el medio como para sus lectores. Messi es una historia que ya conocen, que ya saben cómo termina, que no requiere explicación de contexto político o económico. Messi es seguro. Argentina, sin Messi, sería más difícil de narrar desde afuera. Sería necesario hablar de Milei, de su proyecto, de sus contradicciones, de sus resultados. Sería necesario pensar.

El editorial anterior señalaba cómo la prensa internacional leía a Argentina a través de la instalación de Peter Thiel, como un espejo invertido del libertarianismo de Milei. Hoy, con Messi en la portada, la prensa internacional prefiere no mirar ese espejo. Prefiere la seguridad del mito deportivo, la claridad de un gol, la certeza de que Argentina, al menos en el campo, sigue siendo lo que fue. Que sigue teniendo un amuleto que funciona.

Lo que se omite en ese encuadre es precisamente lo que importa: si un país puede ser representado íntegramente por su pasado deportivo, es porque el presente no ofrece una narrativa que la prensa internacional sepa cómo contar, o no quiera contar. Y eso, silenciosamente, dice más sobre Argentina que cualquier cantidad de goles.

La prensa internacional que cubre Bolivia hoy celebra una métrica que, examinada de cerca, resulta engañosa: el colapso de los bloqueos de menos de una docena. Infobae América reporta la cifra como un signo de alivio, casi como el punto de inflexión donde la normalización comienza. Pero la misma crónica que subraya ese descenso desde casi cien puntos de corte contiene un detalle que desmorona la narrativa de resolución: el Gobierno aún no ha entrado al Trópico de Cochabamba, donde los seguidores de Evo Morales mantienen activas las protestas más organizadas y resistentes.

Lo que revela este encuadre es una jerarquía tácita en lo que se considera "crisis resuelta". Para la mirada extranjera, la reducción de bloqueos en carreteras principales, la normalización de abastecimiento en mercados urbanos de La Paz, el retorno a la circulación de bienes y personas en las arterias económicas visibles, equivale a victoria. Una comerciante en la feria de Garita de Lima declara que "ya no nos peleamos para comprar", y eso se convierte en el símbolo de que Bolivia respira de nuevo. El estado de excepción funciona, en este relato, como una herramienta que funciona.

Pero la prensa internacional omite o minimiza una verdad incómoda que el mismo texto contiene: el Gobierno apenas ha comenzado a planificar cómo despejar la región donde la resistencia es más profunda y menos urbana. El ministro de Gobierno anuncia que "hoy" se reunirán militares y policiales para "planificar" el ingreso, sin precisar fecha. Es decir, el conflicto no está resuelto; está contenido en geografía que la prensa extranjera, basada en capitales, puede ignorar con mayor facilidad.

Hay aquí un patrón que se repite en la cobertura internacional de crisis en América Latina: la normalización de las grandes ciudades se lee como normalización nacional. La capacidad del Estado para restaurar el orden en espacios que importan económicamente se confunde con la resolución de las causas que generaron el estallido. Infobea menciona de pasada que los bloqueos causaron al menos diecisiete muertes, la mayoría por falta de atención médica, pero esa cifra no parece pesar en la ecuación de lo que significa "alivio".

Lo que la cobertura extranjera también subraya, sin darle el peso que merece, es que Rodrigo Paz enfrenta un dilema fiscal casi insuperable. El FMI proyecta una contracción del PIB de entre uno y tres por ciento para 2026, la inflación ronda el veinte por ciento, y el Gobierno carece de margen para concesiones. El decreto que eliminó subsidios a combustibles fue el detonante de todo esto, y ese decreto sigue en pie. Las "mesas de trabajo sectoriales" que el Gobierno ofrece a cambio de la suspensión de protestas son, en realidad, negociaciones sin recursos reales para distribuir.

El verdadero encuadre que falta en la prensa internacional es este: Bolivia no ha resuelto nada. Ha ganado tiempo mediante represión selectiva, ha despejado carreteras principales, ha logrado un acuerdo con una central obrera que representa a sectores urbanos. Pero la crisis estructural que Paz heredó en noviembre sigue intacta, y ahora el Gobierno debe enfrentar tanto a las fuerzas que lo respaldan como a las que lo desafían, sin dinero para satisfacer a ninguna. El estado de excepción es, en ese sentido, menos una solución que una pausa que el relato internacional confunde con victoria.

A imprensa estrangeira não está vendo o Brasil hoje. Está vendo a França, a Áustria, o Iraque e, de forma oblíqua, a própria tempestade que interrompeu uma partida de futebol na Filadélfia. O Brasil, enquanto tema de cobertura internacional, desapareceu completamente do horizonte noticioso.

Essa ausência é particularmente reveladora quando se observa o padrão dos últimos editoriais deste painel. Nas semanas anteriores, o Brasil ocupava espaço na imprensa estrangeira através de narrativas bem definidas: crises institucionais, investigações judiciais contra figuras próximas ao poder, condenações de corporações multinacionais por crimes ambientais. O país era enquadrado como um território de instabilidade política ou de irresponsabilidade econômica. Havia um fio narrativo, ainda que negativo, que justificava a atenção internacional.

Agora, nem isso. A única manchete do dia que menciona Brasil é uma notícia sobre a Copa do Mundo, e ela não trata do Brasil. Trata da França, de Mbappé, de uma tempestade climática. O Brasil aparece apenas como cenário, como o lugar onde algo aconteceu envolvendo outras nações. Não é ator, é palco.

Há duas possibilidades interpretativas aqui, ambas incômodas. A primeira é que o Brasil simplesmente saiu da agenda internacional porque as crises que o colocavam ali foram resolvidas ou perderam relevância noticiosa. A segunda é que o Brasil nunca foi verdadeiramente o tema: era apenas um gancho para narrativas sobre corrupção, instabilidade ou irresponsabilidade ambiental que interessam ao público estrangeiro por razões que transcendem o país em si.

O que a imprensa internacional não faz hoje é noticiar o Brasil como um país que funciona, que negocia, que produz, que se relaciona com o mundo através de canais normais de diplomacia ou comércio. Quando o Brasil desaparece das manchetes, o vazio que fica sugere que a cobertura estrangeira nunca esteve interessada em retratá-lo em sua complexidade ordinária. Interessava apenas em seus momentos de crise ou seus crimes corporativos. Agora que esses momentos parecem ter arrefecido, o Brasil volta a ser invisível.

Essa invisibilidade, paradoxalmente, pode ser mais reveladora do que qualquer manchete crítica. Ela expõe os limites do interesse internacional: o Brasil só importa quando oferece uma narrativa que reforça certos pressupostos sobre instabilidade política ou irresponsabilidade ambiental. Fora disso, é apenas um país entre muitos, sem história que mereça ser contada.

La prensa internacional ha descubierto en Chile una categoría que le resulta cómoda: la de los oficios en extinción contemplados con ternura. El documental de Alfredo Pourailly De La Plaza sobre Toto Gesell, el buscador de oro de Tierra del Fuego, recibe hoy cobertura en medios anglosajones con el lenguaje de quien asiste a un ritual casi arqueológico. The Guardian (o su equivalente en el feed internacional) lo describe con admiración: las manos arrugadas, el diario meticulosamente escrito, la sluice casera, la belleza del paisaje patagónico. Todo esto es real y el film parece merecerlo. Pero el encuadre merece examen.

Lo que la prensa extranjera subraya no es simplemente la pervivencia de un oficio ancestral en tiempos modernos. Es, más específicamente, la resignación romántica de alguien que persiste en una profesión que el mundo ha dejado atrás. Toto Gesell aparece en esta narrativa como una figura de continuidad, casi de resistencia pasiva, alguien cuya "contentment with this simple way of life" contrasta con "the physical toil of the demanding work". Es decir: un hombre que se sacrifica por una forma de vida que la modernidad ha hecho obsoleta. El documental, según esta lectura, es un acta de defunción elegante.

Lo que la cobertura internacional apenas menciona, o deja implícito, es que la búsqueda de oro en Tierra del Fuego no es una reliquia folclórica sino una actividad económica real, vinculada a decisiones sobre explotación de recursos, regulación minera y territorialidad. Cuando Jorge decide automatizar el trabajo de su padre con un trommel, la prensa extranjera ve un gesto de "filial piety" y "love of a whole community". Puede serlo. Pero también podría ser un acto de supervivencia económica en una región donde la minería artesanal compite con la industrial, donde los márgenes se estrechan y donde las políticas de acceso a recursos determinan quién prospera y quién desaparece.

El documental es descrito como "an act of visual scavenging" donde el cineasta "ha struck gold". La metáfora es hermosa. Pero revela el movimiento de la mirada extranjera: Chile aparece como un territorio donde se pueden extraer historias de belleza melancólica, de oficios que se desvanecen, de paisajes que permanecen mientras los hombres envejecen. No como un país donde ocurren cosas, donde se toman decisiones sobre recursos, donde hay conflictos reales sobre quién tiene derecho a qué. La prensa internacional convierte a Toto Gesell en un personaje de una elegía. Lo que pierde en el proceso es la posibilidad de verlo como lo que también es: un trabajador, un productor, un hombre cuya supervivencia económica depende de decisiones que trascienden su diario y sus manos.

Esto no invalida el mérito del film. Pero sí revela un patrón en cómo la cobertura internacional de Chile funciona: cuando no habla de crisis política, habla de belleza; cuando no habla de conflicto, habla de nostalgia. Y en ambos casos, Chile desaparece como presente vivo, como lugar donde ocurren cosas que importan, para convertirse en un escenario donde se proyectan historias que el mundo ya conoce de otras partes.

La prensa internacional ha encontrado su pregunta central sobre Colombia en una sola palabra: Washington. No en Bogotá, no en las calles donde ocurren las protestas, no en los mecanismos institucionales que validan o cuestionan un resultado electoral. La atención de los medios extranjeros se ha desplazado hacia el rol que Estados Unidos podría ejercer en un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella, y en ese desplazamiento hay un mensaje implícito que merece ser nombrado.

France 24 estructura su pregunta de hoy alrededor de una premisa: De la Espriella se ha declarado seguidor de Donald Trump, ha prometido profundizar la cooperación militar con Washington y mantener relaciones estrechas con Estados Unidos. La pregunta que formulan los periodistas es qué rol tendría ese país en el nuevo gobierno colombiano. Es una pregunta legítima, pero su formulación revela algo sobre cómo la prensa extranjera está viendo a Colombia en este momento: no como un actor político autónomo, sino como un territorio donde se negocia la influencia de potencias externas.

Lo que está ausente en este encuadre es igualmente significativo. No se pregunta cuáles serían las políticas domésticas de De la Espriella, qué significa su victoria para la institucionalidad colombiana, cómo podría cambiar la relación entre el ejecutivo y otros poderes del Estado, o qué tipo de gobernanza pretende instalar. La pregunta internacional se reduce a: ¿cuánta influencia tendrá Washington? Es una forma de ver a Colombia que la convierte en un espacio de competencia geopolítica antes que en un país con sus propias dinámicas políticas internas.

Hay, además, un timing que no es casual. Los titulares de hoy muestran que mientras se cuestiona la legitimidad del preconteo electoral, mientras hay protestas en las calles, mientras analistas como Ariel Ávila hablan de las intenciones de desconocer o no el resultado, la prensa extranjera ya está negociando con la hipótesis de un gobierno De la Espriella como realidad consumada. No como posibilidad, sino como escenario en el que ya se puede analizar el papel de terceros países. Es una forma de cerrar el debate doméstico colombiano antes de que termine de abrirse.

Lo que la cobertura internacional omite es la pregunta inversa, la que tal vez importa más: qué rol podría tener Colombia en la política de Trump hacia América Latina. Porque ese es el verdadero contenido de la pregunta que France 24 formula. No se trata de entender cómo De la Espriella gobernaría Colombia, sino de ubicar a Colombia en la estrategia estadounidense. El país aparece como un peón en un tablero más grande, no como un jugador con sus propias reglas.

Esto no significa que la relación con Estados Unidos sea irrelevante para Colombia. Lo es, y mucho. Pero cuando la prensa internacional convierte esa relación en la pregunta principal sobre un cambio de gobierno, está eligiendo un encuadre que reduce la complejidad política colombiana a una variable externa. Y en ese acto de reducción, está haciendo algo más que informar: está legitimando una cierta forma de entender qué es lo que realmente importa en Colombia. Spoiler: según esta lógica, no es lo que los colombianos decidan entre ellos.

La prensa internacional que hoy se detiene en Costa Rica lo hace desde un ángulo que, aunque superficialmente técnico, revela una preocupación que trasciende el mero reporte meteorológico: la saturación de los suelos como síntoma de una vulnerabilidad territorial que ya no puede ocultarse bajo el manto de la prevención institucional.

Infobae América, al reportar la alerta verde emitida por la Comisión Nacional de Emergencias, subraya con precisión un dato que la prensa extranjera parece leer como un indicador más profundo que lo que las autoridades costarricenses pretenden transmitir. Los 120 milímetros de lluvia acumulados en doce horas en el Caribe y la Zona Norte, las cuencas con contenido de humedad en niveles especialmente altos en el Pacífico Sur, los colapsos de sistemas de alcantarillado, los desbordamientos de ríos, los deslizamientos en rutas nacionales: el encuadre no es el de una tormenta pasajera, sino el de un territorio que ha llegado a su límite de absorción.

Lo revelador aquí es que la narrativa internacional no dramatiza ni amplifica. Simplemente documenta, cifra a cifra, cómo Costa Rica enfrenta no una crisis excepcional sino una condición que parece haberse normalizado: la saturación permanente. El paso de las ondas tropicales quince, dieciséis y diecisiete en una sola semana, la expectativa de que la intensidad se extienda a múltiples regiones, la recomendación de vigilancia constante en zonas de montaña y rutas nacionales, todo esto se presenta como una secuencia previsible, casi rutinaria, de eventos climáticos que el país debe gestionar.

La prensa extranjera, al reproducir las palabras del presidente de la CNE, Alejandro Picado, sobre mantener una vigilancia constante, no está elogiando la capacidad de respuesta institucional. Está documentando que la prevención se ha convertido en el estado permanente de Costa Rica. La alerta verde, presentada como un mecanismo de carácter preventivo que permite activar protocolos, es leída desde afuera no como un éxito de gestión sino como evidencia de que el país vive en un régimen de emergencia climatizada, donde las autoridades aconsejan a la ciudadanía extremar precauciones en puntos de pesca y turismo marítimo como si estas fueran actividades normales desarrolladas bajo condiciones anormales.

Lo que la cobertura internacional omite, quizá porque los datos no lo permiten, es cualquier reflexión sobre las causas estructurales de esa saturación de suelos: deforestación, cambio climático, infraestructura de drenaje insuficiente, ocupación de zonas de riesgo. Se queda en el nivel de la descripción operativa. Y ese nivel es, precisamente, donde Costa Rica desea ser visto: como un Estado que monitorea, que alerta, que recomienda. Pero la acumulación de esas alertas, semana tras semana, región tras región, construye un retrato de un país que ya no puede permitirse el lujo de la estabilidad climática que su propia marca internacional prometía.

La ironía que la prensa extranjera no explicita pero que su silencio deja entrever es que Costa Rica, la nación que se vendió al mundo como destino de naturaleza intacta y gestión ambiental ejemplar, aparece hoy en los reportes internacionales como un territorio en vigilancia constante, donde los suelos saturados generan incidentes varios y donde el riesgo de inundaciones y derrumbes es ahora una variable permanente en la ecuación de la vida cotidiana.

La prensa internacional ha descubierto hoy una grieta reveladora en la narrativa de las reformas cubanas: la brecha entre quienes las viven y quienes las observan desde la distancia. France 24 Español estructura su cobertura sobre una premisa que, aunque simple, expone algo incómodo sobre cómo se lee el cambio en Cuba desde afuera.

El titular promete equilibrio, pero el texto revela una asimetría más profunda. Mientras en la isla los cubanos celebran con "moderación" —palabra que aparece dos veces, como si fuera necesario subrayar la contención—, la diáspora en Florida oscila entre el recelo y el rechazo directo. Lo que France 24 no dice explícitamente, pero que estructura toda la pieza, es que el verdadero escepticismo no viene de los que viven la crisis cotidiana, sino de quienes la observan desde la seguridad de otro país.

Hay una ironía que merece mencionarse. El periódico francés abre con un detalle que podría ser anecdótico pero que es, en realidad, sintomático: muchos cubanos no pudieron ni ver en televisión el anuncio de las reformas por falta de electricidad. Este dato no es un adorno. Es el telón de fondo que convierte toda la celebración posterior en algo necesariamente moderado, casi resignado. Carlos Dibus, el experto en logística que habla de un "socialismo más abierto, como en China", no es un entusiasta desbordado. Es un hombre que extraña la cocina de su madre y que, después de diecinueve años fuera, se permite imaginar un regreso. Eso es moderación genuina.

Lo que la cobertura internacional no examina con suficiencia es por qué esa moderación es racional. Amarilys Veloz, la propietaria del apartamento turístico, ve "con buenos ojos" la apertura al mundo, pero su negocio "prácticamente desapareció". Marta Deus, la fundadora de la aplicación de entregas, celebra las reformas mientras su empresa está en "modo supervivencia" por los apagones. No son escépticos. Son personas que han aprendido a no esperar demasiado porque la realidad material no acompaña los anuncios.

En contraste, desde Florida, el escepticismo es categórico. Emilio Morales, presidente de Havana Consulting Group, descarta las reformas como una "reacción a la presión de Estados Unidos" y afirma que el exilio cubano no invertirá mientras no haya cambio político. Aquí está el verdadero nudo que France 24 toca pero no desarrolla: la diáspora no rechaza las reformas porque sean insuficientes en términos económicos. Las rechaza porque son insuficientes en términos políticos. Y esa diferencia es crucial.

Lo que la prensa internacional sigue sin explicar con claridad es por qué la diáspora tiene poder de veto sobre lo que sucede en la isla. Freyre, el abogado cubanoestadounidense, habla de medidas que "llegan tarde y se quedan cortas", como si hubiera un estándar universal de lo que Cuba debería hacer. Pero ese estándar no viene de La Habana. Viene de Washington, de Miami, de una comunidad que ha pasado sesenta y siete años esperando un cambio que no llegó. Esa frustración acumulada es legítima, pero la prensa extranjera la presenta como una evaluación técnica de las reformas, cuando en realidad es una posición política.

Lo que emerge de esta cobertura, sin que France 24 lo articule directamente, es que Cuba está atrapada en una paradoja: las reformas son insuficientes para quienes las viven porque la crisis material es demasiado profunda, e insuficientes para quienes las observan desde afuera porque no resuelven la cuestión política que ha organizado el exilio durante décadas. En esa grieta entre ambas insuficiencias, la isla sigue buscando una salida que satisfaga a nadie.

La prensa internacional ha encontrado, en la superstición de un hincha ecuatoriano que vistió una estatua de Rocky Balboa con la camiseta de su selección, una narrativa que resume sin proponérselo algo mucho más profundo sobre cómo el mundo ve a Ecuador en este momento. France 24 Español relata el episodio con la precisión de quien documenta un ritual fallido: un aficionado ecuatoriano colocó la prenda en la estatua de Filadelfia antes del partido contra Costa de Marfil, Ecuador perdió 1-0, y la leyenda de la maldición quedó reforzada. El tono es ligero, casi burlón, pero el encuadre no es casual.

Lo que resulta notable es que la cobertura internacional sigue atrapada en la lógica del fútbol como espejo nacional. Ecuador aparece en el radar extranjero únicamente cuando su selección juega, y cuando lo hace, el resultado se interpreta como un síntoma del estado general del país. La derrota ante Costa de Marfil no es simplemente una derrota deportiva; se convierte, en el relato de la prensa de afuera, en evidencia de que incluso en el terreno donde Ecuador debería ser competente, algo anda mal. La superstición de la estatua de Rocky es presentada con cierta condescendencia: los aficionados ecuatorianos creen en maldiciones porque, implícitamente, viven en un país donde la realidad ya parece maldita.

Pero hay algo más sutil en juego. Al reportar sobre la "maldición" de Rocky como un fenómeno folclórico, la prensa internacional trivializa, sin intención, la angustia real de un país cuya selección de fútbol es uno de los últimos espacios donde aún existe alguna ilusión de competencia y dignidad nacional. Mientras Ecuador se desmorona bajo violencia criminal, mientras sus ciudades viven bajo toque de queda, mientras decenas de miles han muerto en los últimos años, la cobertura extranjera sigue buscando en los partidos de clasificatoria las pruebas de un fracaso más amplio. Es como si la prensa internacional dijera: miren, incluso en el fútbol, donde antes eran buenos, ahora pierden. La maldición no es de una estatua de Filadelfia. Es la maldición de un país que ha perdido la capacidad de triunfar en cualquier terreno, incluso en aquel donde sus ciudadanos más necesitan creer que algo funciona.

Lo que desaparece del encuadre es la pregunta incómoda: ¿por qué un hincha ecuatoriano está en Filadelfia vistiendo una estatua de cine en lugar de estar en casa? La migración forzada, la diáspora, el exilio de los que pueden permitirse irse, quedan fuera del relato. Solo queda la superstición, la derrota, y la confirmación silenciosa de que Ecuador es un país donde ni siquiera el fútbol funciona ya.

La prensa extranjera retorna hoy a El Salvador con un encuadre que había estado prácticamente ausente de su cobertura durante años: la infraestructura como narrativa de desarrollo. Infobae América publica la aprobación legislativa de dos préstamos del BCIE por 340 millones de dólares destinados a agua potable y modernización vial, y en esa elección editorial hay un desplazamiento significativo que conviene examinar.

Durante la última década, el relato internacional sobre El Salvador se ha construido casi exclusivamente desde la seguridad, la represión política y la migración forzada. Cuando aparecía la economía, era para documentar pobreza, desigualdad o los efectos colaterales de decisiones de política pública cuestionadas. La infraestructura, cuando se mencionaba, era frecuentemente un telón de fondo para historias de corrupción o mal uso de fondos públicos. Que un medio como Infobae América dedique espacio a la aprobación técnica de proyectos de agua y vialidad, con detalles sobre plazos de financiamiento, tasas de interés y beneficiarios específicos, señala un cambio de perspectiva.

Lo que resulta revelador es cómo se enmarca este cambio. El texto enfatiza la unanimidad legislativa, la transparencia en los requisitos constitucionales, los beneficiarios identificados por nombre de municipio y el impacto esperado en la calidad de vida. Es decir, la prensa extranjera está presentando a El Salvador como un país donde las instituciones, aunque sea en un acto legislativo, funcionan según sus reglas formales. No hay interrogación sobre la sostenibilidad política de estos proyectos, sobre cómo se ejecutarán en un contexto de estado de excepción prolongado, o sobre si la modernización de infraestructura puede coexistir con las restricciones de derechos que han caracterizado al país en los últimos años.

Hay una ausencia notable de tensión en el relato. La prensa internacional no pregunta cómo se compatibiliza la inversión en ciclovías y pasos peatonales con un régimen de seguridad que ha limitado la circulación y la libertad de movimiento. No examina si los beneficios de la conectividad vial llegarán equitativamente a los distritos mencionados o si reproducirán patrones históricos de desigualdad. No cuestiona la deuda que se contrae ni sus implicaciones fiscales a largo plazo.

Lo que sí hace es legitimar, mediante la descripción técnica minuciosa, una imagen de El Salvador como un país que planifica, que invierte, que moderniza. Es un encuadre que podría interpretarse como un reconocimiento de que el país está haciendo algo más que represión, o podría leerse como una aceptación acrítica de la narrativa oficial de desarrollo que el gobierno intenta proyectar hacia afuera.

El matiz nuevo en la cobertura internacional de El Salvador no es la aparición de noticias positivas, sino la manera en que se presentan sin fricción narrativa, sin las preguntas que la prensa extranjera ha acostumbrado hacer sobre otros aspectos de la realidad salvadoreña. Es un cambio que merece vigilancia. No porque la inversión en agua y vialidad sea indeseable, sino porque su cobertura aislada de su contexto político más amplio produce una distorsión que la prensa internacional, presumiblemente, debería evitar.

La prensa internacional que hoy cubre Guatemala ha elegido un encuadre que resulta revelador por su capacidad de convertir la vulnerabilidad estructural en un hecho aislado, casi meteorológico. Infobea América reporta la muerte de un adolescente de trece años arrastrado por una corriente de agua en la zona 18 de la capital durante lluvias intensas, un suceso que, en la narrativa extranjera, queda enmarcado como tragedia climática antes que como síntoma de una ciudad mal drenada, mal planificada, mal gobernada.

El texto es preciso en sus detalles operativos. Los Bomberos Municipales acudieron, practicaron reanimación, la CONRED coordinó trabajos de limpieza, se emitieron recomendaciones de prevención. Hay en ello una cierta eficiencia institucional que la cobertura subraya: el sistema respondió, las autoridades actuaron, se advirtió a la población. Es el relato de una máquina administrativa en funcionamiento ante un evento externo, inevitable, casi natural.

Pero lo que la prensa internacional omite o suaviza es la pregunta que debería anteceder a cualquier crónica sobre un niño muerto en una cuneta durante una lluvia: por qué una ciudad capital de más de tres millones de habitantes no ha resuelto, después de décadas, sus sistemas de drenaje. Por qué las colonias de la zona 18, donde se concentra población de ingresos bajos, siguen siendo vulnerables a inundaciones predecibles. Por qué, año tras año, la estación lluviosa se cobra vidas que podrían haberse evitado con infraestructura elemental.

La cobertura de Infobea no es irresponsable; es simplemente limitada en su horizonte. Se detiene en lo que pasó, en cómo respondieron las instituciones, en qué recomendaciones se emitieron. No penetra en la pregunta política más incómoda: por qué Guatemala sigue permitiendo que sus ciudades crezcan sin planificación, sin servicios básicos, sin la menor consideración por la vida de quienes viven en sus márgenes. Esa pregunta requeriría examinar decisiones de inversión pública, corrupción municipal, abandono estatal deliberado. Requeriría, en suma, una mirada que la prensa extranjera rara vez se permite cuando cubre a Guatemala: la de ver la tragedia no como un accidente del clima, sino como el resultado predecible de negligencia política.

El adolescente murió porque llovió. Pero murió también porque nadie, en años, decidió que su colonia merecía un sistema de drenaje adecuado. Esa segunda causa es la que la narrativa internacional tiende a dejar en silencio, reduciendo el suceso a lo que es más fácil de reportar: una muerte, una respuesta institucional, unas recomendaciones. Lo demás, la estructura que mata, queda fuera del encuadre.

Éditorial du jour

La question que pose France 24 ce matin — « Pourquoi Haïti s'est-il transformé en État défaillant ? » — mérite d'être lue moins comme une enquête que comme une confession de méthode journalistique. Car ce qui frappe dans cette formulation, c'est qu'elle place la transformation au cœur du problème, comme si Haïti avait basculé d'un état antérieur de fonctionnement vers un effondrement récent. Or le texte lui-même contredit cette prémisse en remontant aux origines : la dette imposée par la France après l'indépendance, les interventions étrangères successives, les crises politiques internes.

Cette tension entre le titre et le contenu révèle quelque chose d'important sur la manière dont la presse internationale cadre Haïti. Elle cherche un moment de rupture, un point de basculement qui expliquerait la situation actuelle. La violence des gangs, la faiblesse des institutions, l'instabilité politique deviennent ainsi les marqueurs d'une crise « profonde », selon le vocabulaire de France 24. Mais en retraçant l'histoire jusqu'à la période post-indépendance, le média reconnaît implicitement qu'il n'existe pas de tel moment de rupture — que la trajectoire est plutôt celle d'une accumulation, d'une continuation sous des formes diverses.

Ce qui disparaît dans ce cadrage, c'est la question du présent comme choix. En ramenant tout à des causes historiques — la spoliation coloniale, les interventions externes — la narration internationale transforme Haïti en objet de forces qui le dépassent. Les gangs, la faiblesse institutionnelle deviennent des symptômes plutôt que des phénomènes à analyser dans leur propre dynamique contemporaine. On ne sait rien, à la lecture de ce titre, de qui contrôle quoi aujourd'hui, de quels acteurs locaux façonnent la réalité présente, de ce qui pourrait changer demain.

France 24 pose une question qui demande une explication historique longue et complexe, ce qui est légitime. Mais cette approche tend à naturaliser l'effondrement, à le rendre inévitable rétrospectivement. Haïti devient un cas d'école de la malédiction historique plutôt qu'un pays où des décisions, des stratégies, des luttes se jouent chaque jour. C'est une forme de compassion qui fige.

La prensa internacional ha decidido hoy que Honduras es vulnerable. No por razones políticas ni institucionales, sino por geografía y clima. Infobae América reporta sobre daños en viviendas en Lempira tras lluvias intensas, y en ese enfoque hay un cambio de énfasis que merece examinarse: Honduras aparece no como un Estado fallido o capturado, sino como un territorio expuesto a fuerzas naturales que sus habitantes —y sus sistemas de respuesta— deben aprender a gestionar.

El artículo es, en superficie, una crónica de desastres menores. Techos derrumbados en La Iguala, familias buscando refugio, equipos de emergencia desplegados. Sin víctimas mortales reportadas. Pero el encuadre que Infobea construye es más sutil: no enfatiza el caos o la ineficiencia, sino la resiliencia de la respuesta. Los equipos de COPECO se movilizan, se inspeccionan daños, se brindan apoyos. En paralelo, se anuncian mejoras en sistemas de alerta temprana en San Pedro Sula. La narrativa es la de una sociedad que, frente a un problema recurrente, intenta fortalecerse.

Esto representa un giro respecto a cómo la prensa extranjera ha enmarcado a Honduras en meses recientes. Donde antes dominaba la imagen de instituciones capturadas o inefectivas, ahora aparece la de autoridades que responden, que monitorean, que planifican. El temporal en Lempira no es retratado como síntoma de un colapso estatal, sino como un desafío climático que requiere coordinación técnica. La vulnerabilidad que se describe es estructural —viviendas de materiales débiles, geografía montañosa, exposición recurrente— pero no es presentada como irreversible.

Lo que permanece ausente es igualmente instructivo. No hay preguntas sobre por qué tantas familias habitan en zonas de riesgo, sobre políticas de vivienda, sobre desigualdad territorial. No hay análisis sobre si los sistemas de alerta temprana que se instalarán llegarán efectivamente a comunidades rurales aisladas. El encuadre es técnico y administrativo, no social ni político.

En otras palabras: la prensa internacional ha decidido ver a Honduras como un país que enfrenta problemas de gestión de riesgos, no de gobernanza fallida. Es una lectura que, sin ser falsa, es incompleta. Pero marca una diferencia notable en cómo se narra el país desde afuera.

La prensa internacional descubre hoy en México algo que había permanecido en segundo plano durante semanas: la existencia de una política económica. El País América abre espacio a la noticia de que México ha entrado en vigor el CPTPP con Reino Unido, un acuerdo que libera de aranceles más del 90% de las mercancías intercambiadas entre ambos países en un volumen de comercio anual de 7.000 millones de dólares.

Es un cambio de perspectiva revelador. Durante las últimas semanas, la cobertura extranjera sobre México ha estado dominada por narrativas de crisis política, fracturas institucionales y amenazas de seguridad. El fútbol, como se ha documentado, funcionó como paréntesis reconfortante. Ahora aparece un México que negocia, que firma tratados, que participa en arquitecturas comerciales multilaterales. No es un México que simplemente acoge o que sufre, sino uno que actúa en la economía global.

Sin embargo, el encuadre merece escrutinio. El País presenta este acuerdo como evidencia de que México "sigue cerrando alianzas para impulsar el libre comercio global". La palabra "sigue" es instructiva: sugiere continuidad, una trayectoria coherente. Pero la cobertura no interroga el contexto más amplio en el que este tratado se firma. No menciona las tensiones comerciales con Estados Unidos, los aranceles que Trump ha impuesto por trabajo forzado, la fragilidad de las cadenas de suministro norteamericanas que dependen de México. Tampoco explora si este acuerdo con Reino Unido representa una diversificación estratégica deliberada o una búsqueda de alternativas ante la incertidumbre de la relación con Washington.

Lo que la prensa internacional ve aquí es México como actor económico funcional, pero no como actor con agencia política clara. Es un México que firma papeles, pero cuyo significado geopolítico permanece sin analizar. La prensa extranjera, en otras palabras, reporta el hecho sin interrogar su peso real en el tablero donde México juega su partida más importante: la de su relación con Estados Unidos y su posición en una América del Norte cada vez más volátil.

La prensa internacional que hoy se ocupa de Nicaragua ha girado, sin anunciarlo, hacia un territorio menos espectacular pero más revelador: el de la fragilidad cotidiana de quienes escaparon. No es la represión política lo que ocupa la portada, ni siquiera la cifra de exiliados, sino el modo en que la vulnerabilidad de los migrantes nicaragüenses se convierte en materia prima para nuevas formas de explotación.

El reportaje de Infobea América sobre las estafas a través de perfiles falsos de abogados merece atención precisamente porque desplaza la narrativa desde lo que Nicaragua hace a sus ciudadanos hacia lo que sucede con ellos una vez que logran escapar. Una mujer que pierde casi siete mil dólares tratando de liberar a su hermano detenido por ICE no es una víctima de la represión orteguista, al menos no de forma inmediata. Es víctima de algo más complejo: de la desesperación que el régimen genera, pero que prospera en el vacío legal y en la precariedad migratoria de Estados Unidos.

Lo que la cobertura extranjera subraya, con una cierta frialdad profesional, es que los estafadores no inventan la demanda. Existe porque existe la detención migratoria. Existe porque existen hermanos, padres, hijos atrapados en el sistema de ICE. Existe porque una persona desesperada es, por definición, una persona dispuesta a creer. Los criminales que suplantaban la identidad de la abogada Janett Cardiel no estaban creando un problema; estaban parasitando uno que ya existía.

Lo interesante desde la perspectiva del encuadre extranjero es que esta historia, aunque se origina en la vulnerabilidad generada por Nicaragua, se resuelve casi enteramente en Estados Unidos. Las recomendaciones de la FTC, las advertencias sobre métodos de pago, las instrucciones sobre cómo verificar licencias en bases oficiales del Departamento de Justicia: todo ocurre en territorio estadounidense, con herramientas estadounidenses. Nicaragua aparece en el relato únicamente como el lugar de procedencia de las víctimas, como la razón por la cual esas personas están en peligro, pero no como un actor en la solución.

Hay una ironía que la prensa extranjera no explícita pero que flota bajo la superficie: mientras el régimen de Ortega y Murillo consolida su control sobre quienes permanecen en el país, las estructuras de protección y prevención del fraude migratorio que podrían beneficiar a los nicaragüenses desplazados dependen completamente de instituciones estadounidenses. La comunidad migrante nicaragüense, según reporta Infobea, debe recurrir a "organizaciones que acompañan" y a bases oficiales estadounidenses para defenderse. No hay aquí ni siquiera la ilusión de que Nicaragua pueda intervenir.

El ángulo que la cobertura internacional enfatiza es, en el fondo, el de la desprotección total. No solo porque el régimen expulsa a sus ciudadanos, sino porque una vez expulsados quedan en una zona gris donde ni el país de origen ni el de destino pueden garantizar seguridad. Caen en manos de estafadores que operan desde las grietas del sistema, usando redes sociales y criptomonedas, imposibles de rastrear. El reportaje menciona que las autoridades aconsejan conservar capturas de pantalla y denunciar, pero la pregunta que flota sin respuesta es: ¿a quién se denuncia cuando el crimen ocurre entre jurisdicciones, cuando las víctimas no tienen estatus legal claro, cuando la confianza en instituciones ya ha sido erosionada por la experiencia de huir?

Lo que distingue este encuadre de las narrativas anteriores sobre Nicaragua es que no trata de lo que el Estado hace, sino de lo que el Estado no hace: no protege, no regula, no ofrece alternativas legales que no requieran cruzar fronteras. Y una vez que sus ciudadanos cruzan, la responsabilidad de protegerlos cae sobre instituciones que no tienen obligación alguna con Nicaragua. Es un cuadro de abandono de múltiples capas, y la prensa extranjera lo reportea con la precisión de quien observa un sistema que funciona exactamente como está diseñado para funcionar: excluyendo a los más vulnerables.

El foco internacional sobre Panamá se ha desplazado hoy hacia un territorio menos visible pero igualmente revelador: el del fútbol profesional y, a través de él, la cultura institucional del país. La entrevista de El País América a Julio Dely Valdés, el exdelantero que tuvo carrera en Europa y ahora dirige al San Miguelito, parece a primera vista un asunto deportivo menor. Sin embargo, contiene un diagnóstico que la prensa extranjera está leyendo como síntoma de algo más profundo que el rendimiento de un equipo.

Dely Valdés habla desde la experiencia de quien ha vivido dos mundos: el profesionalismo europeo y la realidad del fútbol panameño. Su observación sobre la falta de profesionalismo, expresada con la naturalidad de quien la ha visto repetirse, toca un nervio que trasciende el deporte. Cuando dice que "en mi país no somos profesionales" y relata el episodio de un jugador que falta a entrenamientos sin consecuencias aparentes, la prensa internacional no está simplemente reportando un problema de disciplina deportiva. Está registrando una afirmación sobre cómo funcionan las instituciones en Panamá, o más precisamente, cómo fallan en funcionar.

El encuadre es sutil pero significativo. El País no presenta esto como una anécdota folclórica sobre el caos tropical o la indisciplina característica. Lo presenta como un testimonio de alguien que conoce ambos lados, que ha jugado en Oviedo, Málaga y PSG, y que al regresar a su país encuentra una brecha entre lo que debería ser y lo que es. La narrativa que emerge es la de un país donde las reglas existen pero no se aplican, donde la jerarquía no se respeta, donde el sistema es permeable a la impunidad.

Esto conecta, aunque de manera indirecta, con un patrón que la prensa internacional ha venido tejiendo sobre Panamá durante meses: la idea de un territorio donde las instituciones son débiles, donde los mecanismos de control y sanción funcionan de manera inconsistente, donde la informalidad prevalece. No es el Panamá del narcotráfico o de la geopolítica de la guerra en Ucrania. Es el Panamá de las estructuras que no sostienen lo que prometen sostener.

Lo interesante es que Dely Valdés no culpa a los jugadores de ser malos o perezosos. Culpa a la cultura de falta de profesionalismo, a un ambiente donde las consecuencias no existen. Eso es exactamente lo que la prensa extranjera ha estado observando en contextos más graves: un país donde la consecuencia no sigue al acto, donde la regla se enuncia pero se suspende, donde la impunidad es el verdadero sistema operativo.

El editorial de hoy, entonces, no es sobre fútbol. Es sobre cómo un comentarista deportivo en un Mundial está siendo utilizado por la prensa internacional como testigo de algo que Panamá ya no puede negar: que sus problemas no son accidentales ni externos, sino estructurales. Y que incluso en algo tan aparentemente alejado de la política o la seguridad como un equipo de fútbol, esa debilidad institucional se reproduce, se normaliza, se perpetúa. Eso es lo que El País está diciendo, sin necesidad de decirlo explícitamente.

La prensa extranjera se enfrenta hoy a una paradoja incómoda: el candidato que pierde no desaparece de la escena, sino que cambia de estrategia y, al hacerlo, obliga a los corresponsales a repensar qué significa exactamente una derrota en democracia. Roberto Sánchez, según reporta France 24, ha trasladado el conflicto desde el terreno de la aritmética electoral hacia el de la legalidad procesal. Ya no discute solo los números, sino la validez misma de cómo se contaron.

Lo que la cobertura internacional subraya hoy es la especificidad técnica de esa impugnación. No es una protesta vaga contra el resultado. Sánchez apunta a un cambio normativo concreto: la decisión de las autoridades electorales de no digitalizar las actas en el exterior y transportarlas físicamente a Lima. Con el escrutinio al 99,64%, esa votación externa le cuesta exactamente 41.633 votos. Sin ella, los porcentajes se invierten. La aritmética es limpia, casi quirúrgica.

Lo que resulta notable en el encuadre de France 24 es cómo documenta una asimetría de tiempo. Sánchez no criticó esa decisión normativa antes de la votación. Solo después de conocer sus efectos electorales comenzó a cuestionarla. France 24 lo deja constancia sin énfasis, pero la observación está ahí: el candidato izquierdista descubrió irregularidades una vez que conoció su derrota. Eso no invalida necesariamente sus argumentos sobre la cadena de custodia de actas que viajaron en valijas diplomáticas sin procedimiento claro, pero sí tiñe la narrativa de una sospecha de oportunismo.

La prensa internacional también nota algo que Sánchez mismo reconoce: las principales misiones de observación electoral no han visto fraude grave en el cambio de procedimiento. Esto coloca a su demanda de anulación en un territorio incómodo, donde la legitimidad técnica de la queja convive con la falta de respaldo de los observadores internacionales. Para la cobertura extranjera, eso es relevante porque debilita el argumento de que hubo una conspiración estructurada.

Lo que la prensa de afuera no enfatiza lo suficiente, pero que France 24 deja traslucir, es el patrón geográfico que emerge de los datos. Fujimori arrasó en el exterior con un 63,4% de los votos, ganando en Estados Unidos, Chile, Argentina, España y Japón. Sánchez, en cambio, domina las regiones andinas dentro del Perú. El mapa electoral cuenta una historia de fragmentación que va más allá de irregularidades procedimentales: es una división entre cosmopolitismo urbano y voto rural, entre diáspora y territorio nacional. Esa fractura es lo que Sánchez intenta resolver anulando el voto externo, pero hacerlo sería, en términos prácticos, negar el derecho de voto a 300.000 peruanos porque votaron diferente.

La cobertura internacional se mantiene, por ahora, en un registro de documentación. France 24 reporta lo que Sánchez dice, lo que las autoridades electorales han decidido, lo que los números muestran. Pero el tono sugiere una pregunta no formulada: ¿hasta dónde puede llegar una impugnación electoral sin convertirse en un rechazo a la democracia misma? Porque si se anulara el voto en el exterior por irregularidades procedimentales, ¿qué mecanismo impediría que en futuras elecciones se anule cualquier voto que produzca un resultado indeseado? La prensa extranjera aún no ha cruzado ese umbral de crítica explícita, pero el material que publica lo sugiere.

La prensa internacional ha descubierto una fórmula muy práctica para mencionar a Puerto Rico sin convertirlo en noticia. En la alerta sobre el calor extremo que azota el territorio estadounidense, la isla aparece en una enumeración meteorológica casi administrativa: "Heat advisories are currently in effect for parts of Alaska, Puerto Rico, Florida and Texas", según reporta la cobertura del National Weather Service sobre las muertes por golpe de calor en el Gran Cañón. Puerto Rico está ahí, entre Alaska y Florida, como una jurisdicción más bajo vigilancia de temperaturas peligrosas.

Lo que revela este encuadre es algo más sutil que la invisibilidad. No se trata de que la prensa extranjera ignore que Puerto Rico enfrenta condiciones climáticas severas. Se trata de que, al incluirlo en una lista administrativa de alertas meteorológicas, logra mencionar la realidad sin otorgarle entidad propia. Puerto Rico no es un lugar con una crisis de calor extremo que merezca cobertura específica, investigación o contexto. Es una casilla más en un inventario continental.

La diferencia es importante. Cuando el artículo del National Weather Service dedica párrafos enteros a las muertes en el Gran Cañón, cuando describe con precisión las temperaturas en Phantom Ranch, cuando cita la investigación en curso sobre los fallecidos, cuando analiza el comportamiento de los excursionistas ante el calor extremo, está haciendo periodismo de profundidad. Cuando menciona a Puerto Rico en una enumeración junto a Alaska, está cumpliendo un requisito administrativo.

Esto es particularmente notable porque Puerto Rico, como territorio estadounidense con una densidad de población significativamente mayor que el Gran Cañón, enfrenta desafíos de calor extremo que no se limitan al turismo de aventura. Las alertas de calor en la isla afectan a poblaciones urbanas, a infraestructuras de salud, a sistemas eléctricos ya frágiles. Pero nada de eso aparece en la narrativa internacional. Puerto Rico es mencionado porque está en el registro meteorológico oficial, no porque su situación merezca ser contada.

La ironía es que esta mención fantasmal podría interpretarse como inclusión. Técnicamente, Puerto Rico está ahí. Está siendo cubierto. Pero la cobertura es tan desprovista de particularidad que casi equivale a una omisión con buenos modales. La prensa extranjera ha aprendido a incluir sin comprometerse a entender.

La prensa internacional que cubre República Dominicana ha descubierto hoy un ángulo que le permite hablar del país sin hablar de crisis. Infobae América trae la noticia de que el gobierno dominicano prepara una inyección semestral gratuita contra el VIH desde septiembre, y en esa decisión encuentra el material para un relato que combina modernidad sanitaria, innovación farmacológica global y, sobre todo, una respuesta estatal proactiva frente a un problema de salud pública.

El encuadre es legítimo. República Dominicana está, en efecto, adoptando una herramienta que la OMS recomendó apenas hace meses y que la FDA aprobó en junio de 2025. Que el país incorpore el lenacapavir inyectable como parte de un plan piloto gratuito dirigido a sectores vulnerables es, en términos técnicos, una noticia de política sanitaria responsable. Pero lo que merece atención no es si la noticia es verdadera, sino cómo la mirada extranjera la encuadra y qué deja fuera de ese encuadre.

El texto de Infobae América estructura la historia de modo que la innovación tecnológica y la decisión gubernamental ocupan el centro. Se menciona que 85,000 personas viven con VIH en el país, que 20,000 han abandonado el tratamiento, que mueren 1,300 personas anuales por enfermedades relacionadas. Esas cifras están ahí, pero funcionan como contexto, como justificación para la medida, no como el verdadero problema. El problema, según el encuadre, es la adherencia: la dificultad de tomar pastillas diarias. La solución es una inyección semestral. Es un problema técnico con una solución técnica.

Lo que desaparece en ese movimiento es la pregunta más incómoda: por qué 20,000 personas abandonaron el tratamiento. El texto menciona, casi de pasada, que "en su mayoría migrantes haitianos". Esa es una frase que contiene un universo de complejidad social, económica y política que la cobertura internacional rara vez se detiene a explorar. Migrantes sin acceso regular a servicios, sin documentación, sin redes de contención, sin estabilidad laboral. El abandono del tratamiento no es un problema de adherencia a un esquema farmacológico; es un problema de exclusión, de vulnerabilidad estructural, de fronteras y desigualdad. Pero eso requeriría un encuadre diferente, uno que pusiera el foco en las barreras sociales antes que en las soluciones tecnológicas.

Hay otro elemento que la cobertura internacional subraya con una cierta urgencia: los recortes en financiamiento externo. Estados Unidos suspendió USAID. El Fondo Mundial dejará de financiar al país en 2030. Onusida advierte que los recortes pueden afectar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento. Esos datos están en el texto, pero nuevamente como contexto, como telón de fondo. La pregunta que no se formula es: ¿cómo sostendrá República Dominicana este plan piloto cuando el financiamiento internacional se agote? ¿Qué sucede con los 20,000 que ya abandonaron el tratamiento cuando los fondos escaseen aún más?

La prensa extranjera, en su cobertura de República Dominicana, ha desarrollado una habilidad particular: la de ver innovación donde hay fragilidad, respuesta donde hay dependencia. No es mentira que el país esté adoptando una herramienta moderna. Pero es una verdad incompleta, una que permite a la audiencia internacional sentir que el problema está siendo resuelto, que hay movimiento, que las cosas avanzan. Es el confort de una narrativa donde los gobiernos actúan, donde la medicina progresa, donde las soluciones existen. Lo que queda fuera es el drama más lento, más difícil de narrar: el de un país que intenta mantener servicios de salud en un contexto de retracción de apoyo internacional, de poblaciones vulnerables que caen del sistema, de decisiones que son correctas pero insuficientes.

Infobea América no miente. Pero elige qué verdades contar y en qué orden contarlas. Y esa elección, repetida día tras día, construye una imagen de República Dominicana que es parcialmente verdadera: la de un país que innova, que avanza, que responde. Lo que falta es la otra mitad de la historia.

La prensa internacional ha reparado hoy en un aspecto que, aunque implícito en los movimientos previos, cobra ahora una visibilidad incómoda: el de la legitimidad delegada. Cuando France 24 reporta que Washington designó a Dinorah Figuera para encabezar las negociaciones con el gobierno interino, la pregunta que debería formularse no es ya sobre la intervención estadounidense, sino sobre qué ocurre cuando una potencia extranjera se convierte en la instancia que valida quién puede negociar en nombre de la oposición interna.

El detalle que el medio francés subraya merece atención sostenida: Figuera fue "designada por el Departamento de Estado". No fue elegida por una estructura opositora, no emergió de un consenso entre fuerzas políticas fragmentadas, no se impuso por su capacidad de convocatoria. Fue designada. La palabra tiene peso. Implica que alguien externo determinó que ella era la figura idónea para representar a sectores que, según la narrativa internacional, buscan reconstruir instituciones democráticas. Hay una paradoja casi perfecta en ello: la democracia siendo restaurada mediante decisiones tomadas en Washington.

Lo que France 24 documenta es el mecanismo en su forma más desnuda. No hay aquí sofisticación diplomática ni negación plausible. El comunicado del Departamento de Estado celebra el encuentro como "un primer paso" hacia una "sociedad venezolana libre y abierta", mientras que simultáneamente especifica cuáles serán las prioridades de las negociaciones: reconstrucción de instituciones, fortalecimiento del CNE, garantías para participación política. Son objetivos legítimos en abstracto, pero adquieren otra dimensión cuando el mismo actor que los enuncia es quien ha seleccionado a quien los negociará.

Figuera regresa del exilio bajo una amnistía impulsada por el gobierno de Delcy Rodríguez bajo presión estadounidense. Luego es recibida por el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos. Después se reúne con Jorge Rodríguez, jefe de un parlamento controlado por el chavismo. Y en medio de todo esto, los comunicados de ambas partes opositoras y del Departamento de Estado usan un lenguaje casi idéntico para describir lo que acaba de ocurrir. France 24 nota esto sin dramatismo, como quien registra un hecho. Pero el hecho es que la sincronización es tan precisa que sugiere no un diálogo entre actores con intereses propios, sino una coreografía ejecutada según un guión redactado en otra parte.

Lo genuinamente nuevo en el encuadre de hoy no es la constatación de que Washington interviene. Es la aceptación de que esa intervención ha alcanzado un nivel de normalización tal que puede documentarse sin necesidad de denuncia. France 24 reporta los hechos con el tono de quien describe un procedimiento administrativo. Y quizá ese sea el cambio más significativo: la intervención extranjera en la política venezolana ha dejado de ser un escándalo para convertirse en un protocolo.