La prensa internacional ha descubierto una contradicción que México prefería mantener en la penumbra: la presidenta Claudia Sheinbaum, quien llegó al poder con el discurso de una transición ecológica y una ruptura con los modelos extractivistas del pasado, se encuentra ahora delegando en un comité de científicos la decisión sobre si autorizar el fracturamiento hidráulico. El País América, con su acceso a documentos oficiales, ha hecho el trabajo que la transparencia institucional mexicana no hizo: contar cabezas. De los 47 integrantes del comité, 17 son favorables al fracking, siete son críticos, y el resto permanece en la zona gris. El encuadre extranjero es claro: esto no es una evaluación neutral, es un proceso ya inclinado.
Lo que la prensa de afuera subraya aquí no es solo la composición sesgada del comité, sino algo más profundo y más incómodo para la narrativa oficial mexicana. Es la maniobra de delegación en sí misma. Sheinbaum anunció que no sería ella quien decidiera, que serían "los mejores científicos y académicos del país". Esa frase, que en el contexto mexicano pudo haber sonado como un acto de humildad democrática o de rigor técnico, es leída desde afuera como lo que probablemente es: una forma de blindarse políticamente de una decisión impopular. Si el comité aprueba el fracking, la presidenta puede decir que solo siguió recomendaciones científicas. Si lo rechaza, habrá cumplido con su base electoral. Es el viejo truco de la responsabilidad diluida, pero ejecutado con la sofisticación de quien sabe que la prensa internacional está observando.
El encuadre extranjero también revela algo sobre cómo se lee la transición energética mexicana desde afuera. No como un proyecto coherente, sino como un conjunto de promesas en tensión. México necesita gas natural. México también prometió una ruptura con el extractivismo. El comité pro fracking es, en cierto sentido, la materialización de esa tensión. La prensa internacional no ve aquí un dilema genuino que requiera resolución técnica honesta, sino un conflicto de intereses que se está resolviendo mediante la cooptación silenciosa de la institucionalidad científica.
Lo que permanece ausente en este encuadre extranjero es, curiosamente, la voz de las comunidades que serían afectadas por una eventual aprobación del fracking, o la de los movimientos ambientalistas mexicanos que se han opuesto históricamente a esta tecnología. El relato se concentra en la maniobra política de arriba, en el juego de poder entre la presidencia y los científicos, en la composición del comité. Es un análisis de élites sobre élites. Pero esa ausencia también es reveladora: sugiere que desde afuera se ve a México como un país donde las decisiones sobre recursos naturales se toman en espacios cerrados, donde la participación pública es un decorado y donde los científicos pueden ser reclutados para legitimar lo que ya está decidido.
El hecho de que El País haya accedido a este listado y haya hecho el conteo de favorables y críticos es, en sí mismo, una crítica implícita a la opacidad del proceso. La prensa internacional está diciendo: esto no fue transparente, tuvimos que obtener documentos oficiales para saber quiénes estaban en el comité, y cuando lo hicimos, descubrimos que el resultado estaba prefigurado. Es el encuadre de una democracia que funciona a través de filtraciones, no de instituciones que rinden cuentas.