Opiniones

La cobertura internacional de desastres naturales en América Latina tiende a operar bajo una lógica que merece ser examinada. Cuando el New York Times reporta que Venezuela ha sido sacudida por un terremoto de magnitud 7.1, el titular mismo contiene una estructura narrativa que vale la pena desentrañar: la región aparece como un espacio donde ocurren cosas, donde los eventos suceden, pero donde la capacidad de respuesta, la resiliencia institucional o el análisis de consecuencias permanecen fuera del encuadre inicial.

La prensa extranjera, en estos casos, tiende a privilegiar la magnitud del fenómeno natural sobre las preguntas que un desastre de esa envergadura plantea en un contexto de crisis institucional prolongada. Un terremoto de 7.1 grados en un país donde la infraestructura está ya debilitada, donde las capacidades de respuesta estatal están comprometidas y donde la población experimenta condiciones de vulnerabilidad extrema, no es simplemente un evento meteorológico. Es un evento político. Pero ese ángulo requiere una cobertura que vaya más allá del dato geológico.

Lo que falta en el titular, y probablemente en la cobertura que lo acompaña, es la pregunta sobre qué significa este terremoto para un país ya en crisis. No porque la prensa extranjera sea negligente, sino porque el modelo de cobertura de desastres naturales en la región tiende a tratar estos eventos como fenómenos aislados, desconectados de las dinámicas políticas e institucionales que determinan cómo una sociedad absorbe y responde a la catástrofe.

Venezuela merece ser cubierta en su complejidad entera, no solo como el lugar donde las cosas suceden, sino como el contexto donde lo que sucede adquiere significado diferente al que tendría en otra geografía.

La prensa internacional ha encontrado en los movimientos de Javier Milei durante estas últimas horas un ejemplo casi didáctico de lo que podría llamarse la teatralidad de la crisis. El País América documenta cómo el presidente argentino, pocas horas antes de viajar a Madrid, convocó una rueda de prensa en la Fundación Faro para insistir en que su Gobierno "sobrecumplió" sus promesas económicas y que la cobertura mediática lo oculta deliberadamente. El escenario no es casual: la misma fundación que el fisco ha intimado a informar sobre el origen de sus recursos, mientras su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, permanece bajo investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

Lo que la mirada extranjera subraya no es tanto la gravedad del escándalo de corrupción, que ya ha sido reportado extensamente, sino algo más incómodo: la aparente impermeabilidad del Gobierno ante la contradicción que representa elegir precisamente ese escenario para defender su gestión. Es como si Milei dijera que todo marcha bien mientras se rodea de los mismos símbolos que alimentan la pregunta sobre qué marcha bien exactamente. El medio español observa aquí una desconexión entre el relato presidencial y la realidad que lo rodea, una brecha que no se cierra con acusaciones a la prensa de estar "empecinada" en ocultar logros.

Lo interesante del encuadre internacional es que no cuestiona los números económicos del Gobierno, sino su capacidad de gestionar la credibilidad. Cuando un mandatario acusa a los medios de ocultar sus éxitos mientras sus colaboradores más cercanos están bajo sospecha de corrupción, la prensa extranjera ve menos un debate sobre cifras y más un problema de coherencia narrativa. Argentina, desde esa perspectiva, no es un país donde el presidente miente sobre sus logros. Es un país donde el presidente intenta convencer de sus logros en un contexto que hace imposible que alguien le crea.

La prensa internacional que cubre Bolivia ha encontrado en el anuncio de Rodrigo Paz sobre la recuperación del Chapare un cierre narrativo que, examinado con rigor, resulta prematuro. Infobae América presenta la declaración presidencial como el acto de clausura de una crisis superada: el gobierno ha contenido los bloqueos sin represión masiva, Morales permanece aislado incluso dentro de su propio movimiento, y ahora llega el momento de la reconquista territorial. Es una narrativa limpia, casi satisfactoria. Pero el artículo mismo contiene los elementos que la desmienten.

Lo que revela el encuadre extranjero es una inclinación a confundir la resolución de una fase con la resolución de un conflicto. Los bloqueos se levantaron, es cierto. Las carreteras se abrieron. Paz no necesitó derramar sangre para lograrlo. Pero la prensa internacional, al subrayar estos hechos como evidencia de victoria, omite deliberadamente la naturaleza de lo que permanece sin resolver: un ex presidente que sigue libre en territorio boliviano, custodiado por estructuras organizativas que el Estado aún no ha penetrado, y una orden de captura que no puede ejecutarse porque hacerlo requeriría exactamente lo que Paz acaba de evitar: una intervención de fuerza que rompería el frágil equilibrio que la cobertura extranjera celebra.

El anuncio de recuperar el Chapare es, en este contexto, menos una demostración de fortaleza que una apuesta. Paz dice que lo hará, pero no dice cuándo. Oviedo, su ministro, promete que será "con tranquilidad y calma", un eufemismo que reconoce tácitamente la dificultad de lo que se propone. Morales, por su parte, responde con un lenguaje que la prensa internacional no ha dejado de amplificar: habla de "guerra civil" como posibilidad, de organizaciones que "se van a defender". Es el lenguaje de quien aún controla un territorio y sabe que su salida de ese territorio requeriría fuerza.

Lo que la cobertura extranjera está haciendo es presentar como consumado lo que apenas comienza. La superación de los bloqueos se interpreta como el fin de la amenaza a Paz, cuando lo que realmente ocurrió fue una retirada táctica de ciertos sectores que negoció beneficios con el gobierno. El Chapare no negoció. Morales no se movió. Y la prensa internacional, al celebrar la "recuperación" anunciada como si ya fuera un hecho, está cometiendo el error clásico de confundir la retórica del poder con su ejercicio efectivo.

Hay, además, una jerarquía silenciosa en este encuadre. Se enfatiza que Paz llegó al poder "poniendo fin a dos décadas de hegemonía de la izquierda boliviana", como si ese dato fuera suficiente para explicar la legitimidad de lo que viene. Se subraya que no hubo "enfrentamientos de magnitud" durante los bloqueos, como si la ausencia de violencia fuera equivalente a la resolución de conflicto. Se omite, en cambio, la pregunta que debería ser central: qué sucede cuando un gobierno anuncia que va a entrar a un territorio que no controla, custodiado por fuerzas que dicen que se defenderán, para capturar a un hombre que sigue siendo una figura política de peso en su propio bastión.

La prensa internacional está escribiendo el final de esta historia antes de que ocurra. Y en esa prisa por cerrar la narrativa, está perdiendo de vista lo único que realmente importa: si Paz puede hacer lo que dice sin desatar exactamente lo que ha logrado evitar hasta ahora.

A imprensa estrangeira descobriu, enfim, um Brasil que funciona. Não é um Brasil em crise institucional, não é um Brasil sob investigação ou condenação por crimes ambientais, não é um Brasil ausente das manchetes por falta de dramaticidade política. É um Brasil que ganha, que exibe talento, que se diverte fazendo isso. E essa descoberta revela algo incômodo sobre o próprio enquadramento internacional: o Brasil só merece ser visto quando oferece uma narrativa que a imprensa estrangeira sabe como contar.

O El País América escolheu um título que resume bem essa dinâmica. Não fala sobre o Brasil como projeto ou potência. Fala sobre Vinicius, sobre Neymar, sobre a qualidade do espetáculo oferecido contra uma Escócia descrita como "insípida e sem alma". O enquadramento é o do futebol como linguagem universal, o que permite que o Brasil retorne ao mapa noticioso internacional não como um país com problemas a resolver ou instituições a questionar, mas como um produtor de entretenimento de classe mundial.

Há algo de paradoxal nisso. Nas semanas anteriores, quando o Brasil estava ausente das manchetes estrangeiras, a ausência era interpretada aqui como um sinal de invisibilidade política ou de falta de interesse genuíno. Agora que o Brasil reaparece, reaparece através de um filtro muito específico: o do desempenho atlético, da exibição de talentos individuais, da vitória esportiva. O país não é enquadrado como um ator geopolítico, como uma economia em transformação, como uma sociedade lidando com dilemas contemporâneos. É enquadrado como um fornecedor de momentos memoráveis em um torneio de futebol.

O detalhe sobre Vinicius é revelador. O El País o coloca no mesmo patamar que Messi, Mbappé, Haaland e Cristiano Ronaldo. Não é uma análise do Brasil, é uma hierarquia de estrelas. E Neymar, que finalmente faz sua estreia nesta Copa, é mencionado como um alívio narrativo, como se a história do Brasil só ficasse completa quando esse nome específico entrasse em campo. A imprensa estrangeira está contando a história do Brasil através de seus ícones individuais, não através de suas estruturas coletivas.

Isso não é necessariamente falso. O Brasil realmente venceu a Escócia de forma convincente. Vinicius realmente marcou duas vezes. Neymar realmente estreou. Mas o enquadramento escolhido pela imprensa estrangeira diz mais sobre o que ela está procurando encontrar no Brasil do que sobre o que o Brasil realmente é neste momento. Está procurando beleza técnica, talento excepcional, figuras que transcendem a nacionalidade e se tornam propriedade de um imaginário global de excelência esportiva.

Há uma comodidade nesse enquadramento, tanto para a imprensa estrangeira quanto para o Brasil. Permite que o país volte a ocupar espaço nas manchetes sem que seja necessário lidar com as complexidades de sua vida política ou social. Permite que o Brasil seja celebrado sem ser interrogado. É um retorno bem-vindo ao status de potência esportiva, mas é também um retorno que deixa intocadas todas as outras dimensões da realidade brasileira.

A questão que fica em suspenso é se essa visibilidade renovada, construída sobre a base do desempenho em um torneio de futebol, conseguirá sustentar-se para além do campo. A imprensa estrangeira está vendo um Brasil que se diverte e que vence. Mas está vendo apenas isso. E quando a Copa terminar, quando Vinicius e Neymar deixarem de fazer gols, o Brasil voltará a desaparecer das manchetes internacionais, a menos que algo de novo ocorra no domínio daquilo que a imprensa estrangeira realmente persegue: crise, escândalo, colapso. Enquanto isso, o país segue sendo conhecido pelo que seus atletas fazem em um campo de futebol, não pelo que sua sociedade constrói fora dele.

La prensa internacional vuelve a Chile hoy con la misma película de antes, pero esta vez el encuadre se ha vuelto tan transparente que casi roza la autorreferencia. The Guardian o quien sea que reseña documentales para la audiencia anglosajona descubre en el film de Alfredo Pourailly De La Plaza no solo una historia conmovedora sobre Toto Gesell y su hijo Jorge, sino algo que la crítica internacional parece necesitar cada vez más de Chile: una prueba de que existen lugares donde la vida aún transcurre en tiempos preindustriales, donde el trabajo manual persiste, donde los paisajes son espectaculares y donde los conflictos son personales, no políticos.

Lo notable hoy no es que la prensa extranjera celebre el documental, que parece merecerlo por sus propios méritos técnicos. Lo notable es la precisión casi quirúrgica con que la reseña internacional extrae de esa historia todo lo que permite narrar a Chile como un espacio de nostalgia visual. El crítico de The Guardian no solo describe lo que ve en pantalla, sino que reflexiona sobre cómo el cineasta "duplica su propia tarea de prospección visual" entre los campos de pasto y las cumbres nevadas de Tierra del Fuego. Es decir, la prensa internacional no solo consume la película; consume la idea de que Chile es un lugar donde todavía se puede hacer cine de este tipo, donde la cámara puede lingüir sobre manos arrugadas y diarios manuscritos sin que eso suene anacrónico, sino poético.

Hay aquí un acuerdo tácito entre el cineasta, el crítico internacional y la audiencia que se supone recibirá esta reseña. Todos ellos parecen estar de acuerdo en que Chile merece ser visto así: como un territorio donde la modernidad llega tarde, donde los oficios desaparecen con gracia, donde la familia se reúne alrededor de máquinas caseras construidas con amor filial. Es una narración hermosa. También es una narración que permite a la prensa extranjera seguir hablando de Chile sin hablar de Chile, sin tocar sus conflictividades presentes, sus crisis institucionales, sus tensiones políticas. Chile aparece nuevamente como un museo viviente, no como un país.

Lo que resulta curioso, casi irónico, es que la reseña internacional se percata de esto y lo celebra explícitamente. Dice que el documental "doubles as its own act of visual prospecting", como si la búsqueda de oro en Tierra del Fuego fuera metáfora transparente de lo que hace el cine mismo: extraer belleza de la precariedad, encontrar valor donde otros ven solo supervivencia. Es una observación inteligente. Pero también es una observación que cierra el círculo: la prensa internacional no solo ve a Chile a través de este cristal, sino que ve al cineasta chileno viendo a Chile a través de ese mismo cristal, y celebra la recursividad como si fuera profundidad.

Mientras tanto, el país real sigue siendo noticia en otros lugares, en otras secciones, en otros titulares que esta redacción no recibe hoy. Chile como documental existe. Chile como presente político, social, económico, sigue siendo algo que la prensa extranjera prefiere ver a través de la lente de un buscador de oro envejecido en Tierra del Fuego.

El Consejo Nacional Electoral de Colombia ha certificado la victoria de Abelardo de la Espriella con una diferencia de apenas 251.854 votos sobre Iván Cepeda. La prensa internacional, en particular France 24, ha registrado este hecho con una nota breve que contiene todos los datos relevantes: números, transparencia certificada, resultado oficial. Y luego ha seguido adelante.

Lo que llama la atención no es lo que se dice sobre la elección, sino el silencio que la rodea. Comparado con la vorágine de análisis que acompañó las semanas previas a la votación, el resultado final aparece casi como un trámite. La cobertura extranjera ha pasado de la alarma sobre la amenaza que representa De la Espriella, de las preguntas sobre la injerencia estadounidense, de los debates sobre la polarización, a un simple registro de números certificados.

Cepeda, según el titular incluido en el flujo de noticias, ha reconocido los resultados pero ha denunciado "injerencia extranjera". Es una acusación que la prensa internacional podría haber explorado con la misma intensidad con que exploró otros aspectos de esta campaña. Sin embargo, el hecho de que aparezca apenas mencionado, sin desarrollo, sin análisis de qué injerencia se denuncia o cómo se manifiesta, sugiere que el interés de los medios externos en las complejidades internas de Colombia ya ha comenzado a menguar.

Lo que emerge de este contraste es una pauta recurrente en la cobertura internacional: la atención se concentra en los momentos de incertidumbre y amenaza percibida. Una vez que el resultado se fija, una vez que la institución electoral emite su certificación, el drama se resuelve en los términos que la prensa extranjera necesita para su narrativa. Colombia deja de ser un caso de estudio sobre la fragilidad democrática y se convierte en un país que ha votado. El resultado está ahí. El análisis, aparentemente, también.

La prensa internacional que hoy se detiene en Costa Rica lo hace desde un ángulo que la prensa local conoce bien pero que la mirada extranjera apenas comienza a enmarcar con claridad: el de un Estado que grita contra su propio Parlamento. Infobae América, al reportar las declaraciones de la presidenta Laura Fernández sobre la minería ilegal en Crucitas, no está simplemente documentando un conflicto político rutinario. Está capturando algo más incómodo: la evidencia de que la ejecutiva costarricense ha llegado al punto de dirigirse directamente al pueblo para presionar a los diputados, como si la arquitectura institucional del país ya no fuera suficiente para resolver sus propias crisis.

El encuadre extranjero subraya la urgencia casi desesperada del mensaje presidencial. Fernández no negocia, no sugiere, no propone: advierte que "Crucitas ya no aguanta más" y exige que la Asamblea Legislativa actúe "de manera inmediata". Para la prensa internacional, esto no es retórica política ordinaria. Es la confesión de que una región del país está en estado de colapso social y ambiental, y que los mecanismos institucionales para detenerlo están bloqueados. El dato que Infobaa enfatiza es particularmente revelador: la presidenta acusa explícitamente a diputados de presentar mociones "de mala fe" para atrasar la aprobación de la ley. No es una crítica velada. Es una acusación frontal de obstruccionismo legislativo desde quien debería ser la autoridad ejecutiva capaz de negociar con su propio Parlamento.

Lo que la prensa extranjera omite, o al menos no subraya, es el por qué de ese bloqueo. Infobaa reproduce el mensaje presidencial pero no profundiza en quiénes son esos diputados, qué intereses defienden, por qué la minería ilegal en Crucitas ha generado una fractura tan profunda en la clase política costarricense. El encuadre se queda en la superficie del drama: una presidenta exasperada, una región en crisis, un Parlamento que no actúa. Pero no toca el sustrato de corrupción, captura estatal o presión de actores criminales que podría explicar por qué Costa Rica, un país que se jacta de institucionalidad, no puede resolver legislativamente un problema que su propia jefa de Estado describe como una "desgracia" que apaga los sueños de los niños.

El incidente de la detonación durante la visita presidencial a Crucitas es el detalle que Infobaa usa para cerrar el cuadro: una explosión que interrumpe la comitiva presidencial, que activa protocolos de seguridad, que ilustra "de forma directa el peligro". Para la prensa extranjera, esa detonación es la metáfora perfecta de un territorio que ya no responde a la autoridad estatal. No es solo que haya minería ilegal. Es que esa minería ilegal es tan desenfrenada, tan organizada, que puede detonar explosivos mientras la presidenta camina por la zona. Es una imagen de Estado que ha perdido el monopolio de la violencia en una región específica.

Lo que emerge del encuadre internacional es una Costa Rica que comienza a parecer menos como el oasis institucional de Centroamérica y más como un país donde las fracturas entre poderes, la captura de intereses legislativos y la penetración del crimen organizado en territorios específicos son ya tan evidentes que ni la presidencia puede ocultarlas. Fernández apela directamente al pueblo, saltándose los canales institucionales normales. Para la prensa extranjera, eso no es un acto de liderazgo democrático. Es un síntoma de que los canales institucionales ya no funcionan.

La prensa internacional publica hoy en El País América un fragmento que no es reportaje ni análisis convencional, sino una suerte de lamento filosófico sobre Cuba. El texto, titulado "El idioma nacional", condensa una acusación que trasciende los hechos puntuales: la revolución prometió transformación y entregó, según esta voz, la suma de toda la inmovilidad. Lo notable no es la crítica en sí, que forma parte del repertorio habitual de la cobertura internacional sobre la isla, sino el modo en que se formula y, más aún, lo que revela sobre cómo la prensa extranjera está reencuadrando su mirada hacia Cuba en este momento.

El fragmento juega con una paradoja deliberada: enumera males que supuestamente debían superarse —desigualdad, colapso de la salud pública, capitalismo, monopolios— y luego afirma que persisten. Pero también lista lo que debería haber desaparecido —presos políticos, censura, partido único, propaganda— y sostiene que sigue ahí. La conclusión es que nada cambió, que el cambio fue "la suma de toda la inmovilidad". Aquí radica el giro interpretativo que merece atención: la prensa extranjera no está simplemente denunciando fracasos de política específica, sino que está argumentando una tesis de parálisis total, una especie de estancamiento ontológico donde las promesas revolucionarias y la realidad post-revolucionaria resultan ser lo mismo.

Lo que llama la atención es la ausencia de matices temporales. El fragmento no distingue entre etapas, no menciona reformas recientes ni cambios parciales. Tampoco ofrece datos que respalden sus afirmaciones generales. Es más bien una declaración de principios, una voz que habla desde una posición de decepción radical. Y esa voz, aunque aparezca en un medio español, no suena a reportería sino a testimonio personal, posiblemente de alguien que vivió o vive en Cuba y que ha llegado a la conclusión de que el proyecto revolucionario fracasó no por errores de ejecución sino por una contradicción fundamental: prometió liberar y terminó aprisionando, de formas nuevas pero igualmente efectivas.

La prensa extranjera, al amplificar este tipo de reflexión sin contexto adicional, está haciendo algo que vale la pena notar. Está abandonando el análisis de coyuntura —qué está pasando ahora en Cuba, cómo evolucionan las políticas, cuáles son los indicadores— para enfatizar una narrativa de fracaso integral. No es que niegue los problemas reales de la isla; es que los subsume en una conclusión más amplia y menos verificable: que Cuba es un proyecto fallido en su esencia, no solo en su ejecución.

Esto tiene consecuencias en cómo se lee la realidad cubana desde afuera. Si el encuadre es el de la inmovilidad total, entonces cualquier cambio parcial —una reforma económica, una apertura política limitada, un ajuste en las políticas sociales— queda automáticamente descalificado como insuficiente o como simple cosmética. El lector internacional recibe el mensaje de que nada importa porque nada cambia de verdad. Es un encuadre que cierra la puerta al análisis matizado y que, paradójicamente, puede servir tanto a quienes creen que Cuba es irremediable como a quienes creen que cualquier crítica es una conspiración occidental.

Lo que falta en este tipo de cobertura es precisamente lo que un periodismo riguroso debería incluir: evidencia específica, cronología de cambios, voces diversas que permitan al lector formarse su propio juicio. En su lugar, la prensa extranjera entrega un veredicto que suena definitivo pero que descansa en generalizaciones. Y eso, en el periodismo sobre Cuba, es un patrón que se repite: la tentación de la conclusión totalizadora sobre un país que merece, como cualquier otro, ser observado con precisión.

La muerte de Monika Silva sigue siendo la misma muerte, pero hoy la prensa internacional ha comenzado a llenar los vacíos con detalles que transforman el relato de crimen político en algo más específico y, por tanto, más peligroso para la reputación de Ecuador: el asesinato de una activista que investigaba directamente al círculo cercano del presidente.

France 24 no inventa esta conexión. Cita a colegas de Silva que afirman que la activista había comenzado a indagar sobre Noboa Trading, el conglomerado frutícola de la familia presidencial, presuntamente vinculado a incautaciones de cocaína en contenedores de plátanos. El medio francés no asevera que esta investigación causó su muerte. Pero al ubicar este detalle en el mismo párrafo donde menciona que Silva fue hallada con signos de estrangulamiento y un golpe premortem en la cabeza, establece una proximidad narrativa que funciona como acusación sin necesidad de afirmación explícita.

Lo que resulta notable es cómo la autopsia ha cerrado una puerta que el Estado ecuatoriano había dejado abierta. El ministro del Interior, John Reimberg, sugirió suicidio apenas un día después del hallazgo del cuerpo. La abogada Lita Martínez, citada por France 24, cuestiona públicamente qué credenciales profesionales permitieron a un funcionario estatal hacer esa afirmación. El medio francés amplifica esta crítica sin necesidad de investigación propia: simplemente deja que los actores locales desacrediten la versión oficial ecuatoriana.

Ecuador aparece aquí bajo un encuadre que combina dos elementos que la prensa internacional encuentra irresistibles: corrupción en el nivel más alto y represalia contra quien la denuncia. No importa que la investigación esté en curso, que no haya acusación formal, que la Fiscalía haya solicitado cooperación internacional con peritos argentinos. El marco ya está montado. Una mujer que denunciaba irregularidades en tierras, contratos públicos y presuntamente en negocios presidenciales, aparece muerta. Los hechos forenses son reales. El vínculo causal que sugiere la narrativa no está probado, pero es lo suficientemente plausible como para que ningún lector internacional lo cuestione.

Lo que France 24 omite, o apenas menciona, es el contexto más amplio: Ecuador enfrenta una crisis de seguridad de proporciones que hace que un asesinato como este, aunque grave, sea casi un episodio más en una serie de violencias. Pero ese contexto no sirve para la narrativa internacional. Lo que sirve es la especificidad: una activista, denuncias documentadas, una familia presidencial, una muerte que parece respuesta. Es la trama de un thriller político, y Ecuador es el escenario donde esa trama cobra verosimilitud.

La prensa extranjera cubre hoy una reforma institucional que El Salvador presenta como un ejercicio de racionalización administrativa, pero que en el contexto salvadoreño adquiere una dimensión política que la cobertura internacional aún no termina de nombrar con claridad. Infobae América publica los detalles técnicos de la propuesta del gobierno para trasladar las competencias regulatorias del sector eléctrico desde la SIGET —un organismo autónomo— hacia la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, adscrita directamente al Ministerio de Economía. El análisis se detiene en los mecanismos de transferencia: comisiones de transición, traslado de activos, continuidad de procedimientos, plazos de seis meses. Es una lectura que acepta la premisa oficial sin cuestionarla.

Lo que falta en esa cobertura es el reconocimiento de que este movimiento representa un paso más en la concentración de poder ejecutivo sobre instituciones que, en su origen, fueron diseñadas con cierto grado de autonomía precisamente para evitar captura regulatoria. La SIGET, aunque imperfecta como toda agencia, operaba con un marco de independencia que permitía, al menos teóricamente, cierta distancia entre las decisiones de tarificación eléctrica y los ciclos políticos del gobierno de turno. Mover esas competencias a un ministerio subordinado al presidente es, en términos institucionales, un cambio sustantivo que la prensa internacional tiende a leer como "simplificación" cuando podría leerse como "centralización".

El lenguaje de la reforma juega un papel importante en esta invisibilización. Hablar de "evitar superposiciones funcionales" y "dar mayor claridad a las competencias" es hablar el idioma de la eficiencia administrativa, un idioma que la prensa extranjera comprende y valida fácilmente. Pero en El Salvador, donde el ejecutivo ha demostrado una tendencia consistente a expandir su control sobre instituciones que antes gozaban de mayor autonomía, la "claridad" puede ser un eufemismo para "concentración". La cobertura internacional no parece registrar ese patrón más amplio.

Tampoco aparece en el texto de Infobea un análisis sobre qué significa esto para la independencia de la regulación tarifaria en un país donde la electricidad es un bien estratégico y donde las decisiones sobre precios tienen impacto directo en la viabilidad económica de sectores enteros. La propuesta menciona que la DGEHM "aprobará tarifas y cargos", pero no examina bajo qué criterios, con qué transparencia, o con qué mecanismos de revisión judicial. Tampoco cuestiona si un ministerio económico, presionado por objetivos fiscales de corto plazo, tiene los mismos incentivos que un organismo regulador autónomo para proteger a consumidores vulnerables de aumentos tarifarios.

Lo que la prensa extranjera sí captura, correctamente, es que esto es una reforma de envergadura. El traslado de todo el personal de la SIGET vinculado al sector eléctrico, de sus archivos, de sus bases de datos, del Registro de Electricidad completo, no es un ajuste menor. Pero nuevamente, la cobertura lo presenta como un mecanismo administrativo cuando es, en realidad, una reorganización del poder sobre un sector crítico de la economía salvadoreña.

Hay un silencio notable en torno a quién se beneficia de esta reforma. No aparecen voces de empresas eléctricas, de grupos empresariales, de actores que podrían tener interés en una regulación menos autónoma. Tampoco hay reflexión sobre si esta centralización facilita o dificulta la transición energética que El Salvador necesita, o si simplifica o complica la negociación de acuerdos internacionales sobre energía, que según el texto la nueva estructura también asumirá.

En suma, la prensa internacional está documentando correctamente los hechos de la reforma, pero está fallando en captar su significado político más profundo. Está leyendo un acto de reorganización institucional cuando lo que está presenciando es, potencialmente, otro paso en la erosión de los contrapesos que alguna vez existieron en el sistema salvadoreño. Eso no significa que la reforma sea necesariamente perversa, pero sí significa que merece un escrutinio más crítico que el que Infobae América le está dedicando hoy.

La prensa internacional que hoy cubre Guatemala ha elegido un encuadre que merecería escrutinio por su desnudez casi administrativa. Infobae América reporta un ataque armado en Villa Nueva, zona 4, que dejó un muerto y un herido de gravedad, con detalles operativos precisos: la dirección exacta, la descripción de la ropa del fallecido, la presencia de una pistola junto al vehículo baleado, la coordinación de Bomberos, PNC y Ministerio Público, los desvíos de tránsito implementados.

El relato es competente en su factura. Documenta lo que ocurrió, cómo respondieron las instituciones, qué medidas se tomaron para preservar la escena. Pero hay en esa competencia misma una especie de normalización silenciosa. El ataque armado en Villa Nueva no aparece como excepción sino como un hecho que merece cobertura porque sucedió, porque hubo muertos, porque hay procedimientos que seguir. La prensa extranjera lo reporta con la seriedad que merece cualquier crimen, pero sin permitirse la pregunta incómoda que debería acompañar cada uno de estos eventos: qué significa que esto ocurra, que siga ocurriendo, que ocurra con tanta regularidad que ya no sorprenda a nadie.

Villa Nueva no es mencionada aquí como un síntoma sino como una geografía donde las cosas suceden. El texto señala, casi al pasar, que la violencia armada en esa zona ha mantenido un alto nivel de atención en los últimos meses, como si fuera una condición meteorológica persistente antes que el resultado de decisiones políticas, de ausencia de Estado, de estructuras criminales que operan con impunidad. Infobae América no pregunta por qué. No indaga en quién fue el atacado ni quién atacó ni cuál fue el móvil, porque simplemente no se sabe aún, y eso es reporterialmente honesto. Pero esa honestidad tiene un costo: convierte el crimen en un evento sin contexto, sin genealogía, sin las preguntas que harían visible la arquitectura de la inseguridad que lo rodea.

Lo que la cobertura internacional evita es el relato que Guatemala conoce demasiado bien: que Villa Nueva es territorio donde la presencia estatal es fragmentaria, donde las pandillas y las redes criminales operan con margen de maniobra que las fuerzas de seguridad no logran cerrar, donde cada ataque armado es un eslabón más en una cadena que nadie parece capaz de romper. La prensa extranjera reporta el evento. No reporta la estructura que lo hace posible.

Hay una ironía en esto. Infobea América es cuidadosa, es precisa, es responsable en sus detalles. Pero esa misma precisión en lo táctico la autoriza a no ver lo estratégico. El muerto de Villa Nueva queda así como un hecho aislado, lamentable, documentado, cerrado. No como lo que es: un indicador más de que el país sigue atrapado en un ciclo de violencia que la comunidad internacional observa, reporta, pero nunca parece exigir que se interrumpa de verdad.

Éditorial du jour

Haïti réapparaît dans le flux informationnel international, mais selon un cadrage qui mérite examen. La Cour suprême américaine vient d'autoriser l'administration Trump à retirer le statut de protection temporaire à plus de 350 000 Haïtiens et 6 100 Syriens. C'est un événement juridique majeur, mais ce qui frappe dans la manière dont la presse étrangère le couvre, c'est la façon dont Haïti y figure : non comme sujet actif, mais comme objet d'une décision prise ailleurs, par d'autres, pour d'autres raisons.

Remarquons la structure du récit. Le New York Times et les autres titres rapportent d'abord la décision de la Cour, puis mentionnent Haïti et la Syrie dans une énumération qui les place sur le même plan juridique. C'est techniquement exact, mais cela efface une asymétrie fondamentale : les Syriens sont au cœur d'un conflit de guerre reconnu internationalement, tandis que les Haïtiens sont protégés en raison d'une « instabilité politique et de catastrophes naturelles ». Or cette formulation administrative occulte la question qui devrait être centrale dans le débat : pourquoi Haïti est-il devenu un pays dont on estime que ses ressortissants ne peuvent y retourner en sécurité ?

La presse étrangère rapporte que les avocats ayant contesté cette décision ont arguté que « Haïti et la Syrie n'étaient pas assez sûrs pour que les gens y retournent ». C'est l'argument présenté, mais il demeure suspendu dans le vide. Aucune analyse du contexte haïtien n'accompagne cette affirmation. On ne saura pas du lecteur moyen pourquoi cette insécurité persiste, qui en porte la responsabilité, quelles sont les conséquences pour les centaines de milliers de personnes qui vont devoir partir. Le cadrage se limite à la dimension procédurale : une cour a statué, un programme se termine, des gens vont être affectés.

Ce qui est particulièrement révélateur, c'est la mention en creux du précédent vénézuélien. La Cour a déjà retiré la protection à plus de 300 000 Vénézuéliens l'année dernière. Et les analystes cités craignent que cette jurisprudence n'ouvre la porte à une révocation généralisée du programme TPS pour tous les pays concernés, ce qui représenterait selon les chiffres fournis la plus grande vague de « dé-documentation » de l'histoire américaine, affectant 1,3 million de personnes. Or cette perspective catastrophique est mentionnée en passant, comme une inquiétude parmi d'autres, sans que la presse ne s'interroge vraiment sur ce qu'elle signifie : une remise en cause systématique du droit d'asile pour des populations vulnérables.

Haïti, dans ce récit, n'est pas un pays dont on parle. C'est un pays dont on parle pour parler d'autre chose : de droit administratif américain, de la stratégie de l'administration Trump, de la composition idéologique de la Cour suprême. C'est une présence qui sert de variable dans une équation politique américaine. Les Haïtiens qui vont perdre leur statut de protection ne sont pas des individus avec des histoires, des emplois, des familles établies depuis des années aux États-Unis. Ce sont des chiffres, des catégories juridiques, des enjeux de politique intérieure américaine.

Cela dit quelque chose de la manière dont la presse internationale conçoit Haïti : non comme une nation avec une agentivité propre, mais comme un problème qui se pose aux autres, une source de migration, une région instable qui produit des réfugiés. Haïti n'agit pas ; Haïti subit. Et quand on rapporte ce qu'il subit, on le fait en termes qui n'invitent pas vraiment à s'interroger sur les causes profondes, sur les responsabilités historiques, sur les alternatives possibles. On rapporte simplement que la machine juridique s'est mise en mouvement et que les conséquences vont être massives.

La prensa internacional ha optado hoy por ver a Honduras como un problema de cifras que se repiten. Infobae América reporta 140 deportaciones diarias, 22,397 retornados acumulados en 2026, un aumento del 43.3 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior. El número es lo que estructura la narrativa: Honduras no es un país que expulsa a sus habitantes, sino un país que los recibe de vuelta, una y otra vez, en cantidades que crecen.

Este encuadre tiene una virtud: la precisión. Las cifras están ahí, divulgadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores, documentadas por el Observatorio Consular y Migratorio. No hay ambigüedad en los 829 retornados por vía aérea en una sola semana de junio, ni en la proporción de hombres (88 por ciento) que conforman ese flujo. La prensa extranjera está siendo rigurosa con los datos.

Pero hay un problema en cómo esos datos se interpretan. El artículo de Infobae menciona, casi de paso, que "miles de hondureños continúan abandonando el país en busca de mejores oportunidades económicas, empleo y seguridad". Desempleo, pobreza, inseguridad alimentaria, efectos del cambio climático. Esas causas están allí, nombradas, pero el peso narrativo recae en el retorno, no en la salida. Honduras aparece como un destino de deportaciones, no como un origen de desesperación.

Lo que la prensa internacional está omitiendo, o al menos minimizando, es la pregunta que debería acompañar a esos números: ¿por qué siguen marchándose? Si las políticas migratorias en Estados Unidos se han endurecido, si el riesgo es mayor, si la tasa de rechazo es más alta, ¿qué hace que 140 hondureños diarios sigan intentándolo? El artículo lo menciona, pero como una observación secundaria, no como el centro del análisis.

Hay también una operación retórica en cómo se presenta la respuesta institucional. Los consulados amplían atención, el programa ALHO VOZ continúa, se emitieron 8,568 pasaportes en tres semanas, existe un Consulado Virtual con líneas de WhatsApp. Todo esto suena a competencia administrativa, a gestión de flujos. La prensa extranjera está documentando que Honduras tiene máquinas para procesar el retorno de sus ciudadanos. Pero no está preguntando si Honduras tiene máquinas para retenerlos.

El encuadre actual, entonces, convierte un síntoma en un sistema. Las deportaciones se vuelven un fenómeno manejable, una estadística con tendencias, una realidad que requiere servicios consulares mejorados. Lo que desaparece es la pregunta sobre por qué un país necesita máquinas para procesar el retorno masivo de su propia población. Por qué esa población sigue eligiendo el riesgo de la deportación sobre la certidumbre de quedarse.

La prensa internacional está siendo precisa, pero está siendo precisa sobre las cifras del síntoma, no sobre las causas de la enfermedad.

La prensa internacional ha vuelto a México al terreno donde menos sorpresas genera: el fútbol. El País América abre su cobertura del día con el partido México-Chequia del Mundial 2026, un encuentro que, en el orden de las noticias que trascienden fronteras, apenas merece la atención de quien busca entender qué sucede en el país más allá de los dieciséis metros de cancha.

El encuadre es funcional y previsible. Javier Aguirre realiza cambios en el once, Raúl Rangel repite en la portería, Memo Martínez entra como delantero. Son decisiones técnicas que un medio deportivo cubre con naturalidad. Pero hay algo más revelador en la ausencia que en la presencia: la cobertura internacional de México ha encontrado en el fútbol una zona de comodidad narrativa donde la complejidad política, económica e institucional del país se suspende temporalmente.

Esto no es nuevo. Lo que sí lo es es el timing. Hace apenas días, la prensa extranjera documentaba fracturas políticas profundas, decisiones sobre fracking que contradicen el discurso oficial, acuerdos comerciales que reposicionan a México en la geopolítica global. Hoy, la lente se ha desplazado hacia un partido de grupo, hacia alineaciones y estrategias de selección.

Es tentador interpretarlo como un respiro. Es más preciso verlo como un síntoma de cómo funciona la cobertura internacional: México existe en ciclos. Cuando no hay crisis visible o decisión política de alto impacto que reportar, el país se reduce a lo que es fácil de narrar, lo que genera audiencia sin exigir contexto. El fútbol cumple esa función. Es legítimo, es entretenimiento, es parte de la realidad mexicana. Pero es también un recordatorio de que la atención extranjera sobre México es selectiva, episódica, y que cuando los reflectores se apagan sobre un tema, el país simplemente desaparece de la pantalla internacional hasta que vuelve a haber algo urgente que contar.

La prensa internacional que hoy se ocupa de Nicaragua ha decidido mirar hacia adentro del sistema financiero, y en ese gesto hay algo que merece examen. Infobae América publica cifras sobre el comportamiento del crédito bancario en los primeros meses de 2026, un tema que podría parecer técnico, desprovisto de dramatismo político. Pero la elección misma de este tema, en este momento, revela algo sobre cómo la cobertura extranjera está reencuadrando su comprensión del país.

Durante años, la narrativa internacional sobre Nicaragua ha girado alrededor de la represión, el exilio, la ilegitimidad del régimen. Esos elementos siguen siendo reales y documentados. Sin embargo, la aparición de un reportaje que se detiene en los detalles del crédito de consumo, en las tasas de aprobación de tarjetas de crédito, en el crecimiento de los préstamos personales, sugiere que la prensa extranjera está buscando ahora un indicador diferente: el de la estabilidad económica superficial que coexiste con la represión política.

Los números que Infobea presenta son, en sí mismos, contradictorios en lo que revelan. Las tarjetas de crédito en circulación alcanzan 1.75 millones, con un monto de 24,215 millones de córdobas. El consumo nacional creció 3.6% en el primer trimestre. El crédito industrial se fortaleció. Pero simultáneamente, los créditos agrícolas se contrajeron 5.1%, la ganadería cayó 2.2%, y el crecimiento general del sistema financiero desaceleró de 16% a 11.5% respecto al año anterior. El fenómeno de El Niño se menciona como factor, pero la realidad es que los sectores productivos tradicionales están en retroceso mientras el consumo de las personas se sostiene mediante deuda.

Lo que la prensa extranjera parece estar documentando, sin decirlo explícitamente, es un modelo de supervivencia económica: una población que financia su gasto cotidiano mediante crédito de consumo mientras los sectores que generan empleo y producción real pierden dinamismo. Es un cuadro que sugiere fragilidad disfrazada de estabilidad. El índice de morosidad se mantiene en 1.3%, lo que Infobea destaca como un signo de solidez en la gestión de riesgo bancario. Pero ese dato también puede leerse de otra forma: como evidencia de que el sistema financiero está extendiendo crédito a personas que, aunque lo pagan por ahora, están cada vez más dependientes de él para subsistir.

El encuadre de Infobea no es crítico ni denunciante. Es descriptivo, casi neutro. Y esa neutralidad es precisamente lo que hace el reportaje significativo para el análisis del encuadre internacional. La prensa extranjera no está diciendo que Nicaragua está en crisis económica. Está diciendo que Nicaragua está en una forma particular de funcionamiento: uno en el que el régimen mantiene control político absoluto, la represión continúa, pero la economía de consumo sigue girando, alimentada por deuda. Es un régimen que no necesita legitimidad democrática para mantener cierta estabilidad macroeconómica en la superficie.

Lo que ausenta el reportaje es tan importante como lo que contiene. No hay análisis de cómo ese crédito de consumo se distribuye socialmente, quién accede y quién queda fuera. No hay reflexión sobre la sostenibilidad de un modelo donde el consumo crece pero la producción se desacelera. No hay pregunta sobre qué sucede cuando las personas que han endeudado sus ingresos futuros enfrentan una crisis mayor, política o económica. Tampoco hay conexión explícita entre la expansión del crédito de consumo y la emigración masiva que la prensa internacional ha documentado en otros reportajes: es decir, la pregunta de si quienes se van son precisamente aquellos que no tienen acceso a ese crédito, o si el crédito mismo es un mecanismo de retención que funciona solo para algunos.

En suma, el encuadre que Infobea ofrece hoy es el de una Nicaragua que sigue funcionando, que genera números, que mantiene índices de morosidad bajos. Es el retrato de un régimen que ha encontrado una forma de coexistencia con la represión: la estabilidad económica relativa, aunque frágil, basada en el endeudamiento de consumo. No es una narrativa de colapso. Es una narrativa de persistencia mediante mecanismos que, visto desde afuera, parecen funcionar. Esa es quizá la verdadera noticia que la prensa internacional está registrando sin terminar de nombrarla: que Nicaragua no está cayendo, sino consolidando una forma particular de funcionamiento autoritario que la economía de consumo, paradójicamente, ayuda a sostener.

La prensa internacional ha puesto hoy el foco en un episodio que, en apariencia, es puramente institucional: la defensa que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Panamá hace de la independencia judicial frente a las presiones diplomáticas de China. Pero el encuadre extranjero revela algo más interesante que la anécdota de un conflicto entre poderes.

Lo que Infobae América subraya no es tanto el contenido técnico de la sentencia que anuló la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, sino el hecho de que una magistrada panameña haya tenido que salir públicamente a explicar, como si fuera una lección cívica elemental, que los jueces no pueden fallar según lo que la gente quiere o lo que los gobiernos extranjeros demandan. Esa necesidad de hacer "docencia" sobre el funcionamiento de un Estado de derecho es, en sí misma, un dato que la cobertura internacional registra con una mezcla implícita de sorpresa y alivio: sorpresa de que sea necesario aclarar algo tan básico; alivio de que alguien lo haya aclarado.

El verdadero hilo narrativo que emerge aquí es el de Panamá como un país donde la independencia judicial no es un supuesto dado, sino una conquista que debe ser defendida públicamente contra presiones concretas. El embajador chino no fue sutil: pidió al Gobierno panameño que "corrigiera sus errores" y protegiera los intereses de las empresas chinas. Eso es, sin eufemismos, un pedido de que el Ejecutivo interfiriera en una decisión judicial. Y la respuesta del canciller Martínez-Acha, recordando que Panamá tiene separación de poderes y que China no, es lo que la prensa extranjera lee como un momento de claridad institucional.

Pero hay un matiz que merece atención. La cobertura internacional no está celebrando simplemente la independencia judicial panameña como un logro consolidado. Está documentando que esa independencia tuvo que ser reivindicada en voz alta, ante un Estado poderoso, en el escenario de una asamblea regional. Eso sugiere que, desde la perspectiva extranjera, la independencia judicial en Panamá no es un hecho establecido, sino una posición que el país debe mantener activamente bajo presión.

Lo que la prensa no está diciendo explícitamente, pero sí está insinuando, es que Panamá enfrenta una tensión creciente entre su rol como plataforma de inversión global y su capacidad de mantener instituciones que pueden frenar esa inversión cuando la consideren inconstitucional. China invirtió en esos puertos bajo un marco legal que la Corte Suprema determinó que violaba la Constitución. La sentencia es técnicamente irreprochable según el análisis que Infobea reproduce. Pero el conflicto diplomático que generó revela que, en el mundo contemporáneo, un fallo judicial que afecta a un capital extranjero significativo no es un asunto meramente interno.

Lo interesante es que la prensa internacional está enmarcando esto como un test de institucionalidad democrática, no como un conflicto comercial. Eso es, en cierto sentido, favorable para Panamá. Pero también contiene una advertencia implícita: que la independencia judicial es frágil cuando se enfrenta a intereses geopolíticos reales, y que Panamá tendrá que seguir demostrando que sus tribunales no se dejan presionar, porque la pregunta seguirá siendo formulada.

Paraguay aparece hoy en la prensa internacional nuevamente como territorio donde se aplican reglas ajenas, pero esta vez el mecanismo es más sutil y más problemático de lo que a primera vista parece. El País América retoma el caso de Miguel Almirón y la tarjeta roja que recibió por cubrirse la boca durante una discusión con el turco Mert Müldür, pero el ángulo no es ya simplemente que Paraguay sea un laboratorio de experimentación normativa. Lo nuevo es que el medio español está documentando una inconsistencia en la aplicación de esa misma regla que, en menos de veinticuatro horas, se reveló como selectiva.

La contraposición es instructiva. Almirón fue expulsado el viernes pasado por un gesto que la FIFA interpretó como un intento de ocultar insultos. El martes de la misma semana, Jude Bellingham, futbolista inglés, realizó exactamente el mismo gesto con el ghanés Jordan Ayew. La diferencia determinante, según el relato de El País, fue que en el caso de Bellingham se consideró que se trataba de una "conversación amistosa", mientras que en el de Almirón se presumió lo contrario. Ningún árbitro intervino, ningún VAR se activó.

Lo que emerge de esta cobertura es una pregunta incómoda que la prensa extranjera apenas formula pero que está implícita: ¿cómo se determina el contexto de una conversación privada entre dos jugadores en medio de un partido? ¿Quién decide si es amistosa o agresiva? El medio español no lo dice explícitamente, pero su documentación de los dos casos lado a lado sugiere que la aplicación de la regla depende menos de lo que ocurrió que de quién es el jugador involucrado. Almirón, de un equipo menor en la jerarquía futbolística global, fue sancionado. Bellingham, de la selección inglesa, no.

Paraguay sigue siendo, en esta narrativa, un escenario donde las reglas se prueban. Pero el matiz que El País introduce es que también es un escenario donde se revelan las grietas de un sistema que pretende ser universal pero que opera con criterios que varían según el poder simbólico de los involucrados. El país no es culpable de nada, pero tampoco es inocente de ser el lugar donde esa injusticia se hizo visible. La prensa extranjera, al menos en este caso, está documentando una contradicción. La pregunta es si llegará a nombrarla como lo que probablemente sea: un acto de arbitrariedad institucional.

La prensa internacional ha llegado a un punto de saturación narrativa con Perú. Después de semanas de cobertura sobre retrasos en el conteo, alegaciones de fraude y drama electoral, El País América anuncia ahora lo que parece ser un cierre de ciclo: Keiko Fujimori ha tomado una ventaja matemáticamente insuperable. Diecisiete días después de la elección, con el 99,8% del escrutinio completado, su margen de 43.386 votos supera ampliamente los 40.213 que quedan por contar. El relato que la prensa extranjera ha estado tejiendo durante semanas encuentra su resolución.

Pero lo que resulta más revelador no es el resultado en sí, sino lo que la cobertura internacional enfatiza sobre cómo se ha llegado a él. El País América subraya que esta es la novena presidencia en una década para Perú, una cifra que funciona como epitafio de la estabilidad institucional. Más aún: destaca que Fujimori ha ganado mientras "championa el legado político controvertido de su padre", el autócrata Alberto Fujimori, la figura que "más ha moldeado y dividido la política del país". La prensa extranjera no ve simplemente una elección resuelta. Ve la consolidación de una dinastía política sobre las ruinas de instituciones débiles.

Lo que falta en este relato es quizás tan importante como lo que aparece. La cobertura internacional ha estado tan enfocada en el drama procesal —los retrasos, las acusaciones de fraude de Sánchez, la lentitud del conteo— que ha dejado en segundo plano las preguntas sobre qué significa, para un país con nueve presidentes en diez años, que una candidata de derecha que encarna la continuidad con un régimen autoritario anterior sea percibida como la opción más viable. El encuadre extranjero ha priorizado la mecánica de la crisis sobre su significado estructural.

Hay también una ironía que la prensa internacional no termina de procesar: Fujimori ganó lentamente, entre dudas y demoras, pero ganó. Sánchez alegó fraude, pero sus alegaciones no pudieron detener lo inevitable. Para la audiencia extranjera, esto se traduce en una lección sobre la resiliencia de los procedimientos democráticos, aunque sean tortuosos. Pero para Perú, el mensaje es más ambiguo: la democracia funciona, pero apenas, y su funcionamiento requiere que una candidata heredera de un autócrata sea la respuesta a la inestabilidad política.

La prensa internacional que cubre República Dominicana ha decidido hoy validar un acto legislativo de gestión ambiental como noticia de relevancia pública, lo que en sí mismo revela algo importante sobre cómo se construye la narrativa del país desde afuera: cuando República Dominicana actúa en materia de regulación y estructura institucional, eso merece ser reportado. No como promesa, no como intención, sino como hecho consumado.

Infobae América trae la aprobación senatorial de cambios a la Ley 225-20 sobre gestión de residuos sólidos, y el encuadre es directo: protección de la salud pública, fortalecimiento del marco normativo, coordinación interinstitucional. El texto detalla con precisión qué contiene la ley modificada: principios de responsabilidad extendida del productor, creación de un Sistema Nacional para la Gestión Integral de Residuos, obligaciones para municipios y generadores de residuos, inventarios y diagnósticos como herramientas de política pública. Es un relato técnico, sin dramatismo.

Lo notable es que la prensa internacional, al menos en este caso, no busca hacer de la gestión ambiental un símbolo de crisis evitada o de transformación milagrosa. Simplemente registra que un país legisla sobre un problema que afecta a la salud pública y que esa legislación tiene componentes de cierta sofisticación: responsabilidad compartida, minimización de generación, acceso a información ciudadana, mercados de reciclaje, empresas sociales. No es un titular que diga "República Dominicana despierta a la realidad ambiental" ni "lucha contra el colapso sanitario". Es más modesto y, por eso mismo, más creíble.

Pero hay un silencio que vale la pena notar. La cobertura no menciona por qué esta modificación era necesaria ahora, qué problemas específicos de gestión de residuos obligaron al Senado a actuar, cuál es el estado actual de la infraestructura de disposición final en el país, o si existen conflictos entre municipios, empresas gestoras y comunidades sobre dónde se depositan los residuos. No hay contexto de crisis ambiental local que haya motivado el cambio. El medio reporta la ley como si fuera un acto de modernización institucional desvinculado de presiones o fracasos previos.

Es el encuadre típico de la prensa extranjera cuando cubre actos legislativos en países que no son centro de atención: se valida la acción formal, se reconoce la sofisticación técnica del instrumento, pero se evita preguntar por la brecha entre lo que la ley dice y lo que sucede en la realidad. Porque eso requeriría reportería de campo, investigación sobre capacidad de implementación, seguimiento de conflictos locales. Es más fácil cubrir lo que el Senado aprobó que lo que los municipios harán con ello, o lo que las comunidades donde se depositan residuos peligrosos ya están sufriendo.

La prensa internacional, en suma, ha elegido hoy ver a República Dominicana como un país que legisla responsablemente sobre un problema global. Eso es verdad. Pero es una verdad incompleta, porque deja sin respuesta la pregunta que importa: ¿funciona?

La prensa internacional ha encontrado una nueva forma de narrar el colapso uruguayo, y esta vez el instrumento no es un rival menor sino uno de los mayores del torneo. El País América desplaza el foco desde lo que Uruguay hace mal hacia lo que un jugador del Real Madrid experimenta en su transición de una crisis a otra. Fede Valverde se convierte en el personaje central, no porque su desempeño sea determinante en el resultado que se avecina, sino porque su figura permite a la cobertura extranjera traducir el fracaso de Uruguay a un lenguaje que sus lectores europeos comprenden mejor: la tragedia personal del futbolista atrapado entre dos tormentas.

El encuadre es revelador. El titular yuxtapone "la tormenta en el Real Madrid" con "la situación límite con Uruguay" como si ambas fueran experiencias equivalentes, cuando la realidad es que una ocurre en el club más poderoso de Europa y la otra en una selección que ha empatado contra Arabia Saudí y Cabo Verde. La equiparación no es accidental. Funciona para trasladar la atención desde el colapso estructural de Uruguay hacia la angustia individual de un futbolista de élite. Uruguay deja de ser un problema futbolístico para convertirse en un problema que le ocurre a alguien importante.

Hay además una precisión brutal en la descripción del estado de la selección. El País menciona "fracturas internas con el técnico" que no se han cerrado, empates que no debieron ocurrir, una clasificación "al borde del abismo". Estos son hechos ciertos, pero la forma en que se presentan —como telón de fondo de la experiencia de Valverde— subordina el análisis del equipo al análisis del individuo. Uruguay se ve desde afuera, pero no se ve a sí mismo. Se ve como el obstáculo que un jugador europeo debe sortear mientras lidia con sus propias dificultades en el Bernabéu.

Lo que la prensa internacional no hace es preguntarse por las causas profundas de por qué Uruguay está donde está. No examina decisiones tácticas, no cuestiona la estructura del equipo, no analiza cómo una selección histórica llegó a depender de un partido contra España para sobrevivir. En su lugar, ofrece una narrativa más cómoda: la del talento individual atrapado en circunstancias adversas. Valverde es un actor en una tragedia, no el síntoma de una enfermedad sistémica.

Este giro en el encuadre es más sofisticado que las coberturas anteriores, pero igualmente reductivo. Uruguay no desaparece de la mirada extranjera, pero aparece solo cuando es necesario para explicar algo más importante: el viaje emocional de alguien que importa en otro lugar.

La prensa internacional ha desplazado hoy su atención hacia un territorio que, aunque geográficamente concreto, resulta narrativamente revelador: la catástrofe natural. Tres medios de alcance global reportan sobre terremotos de magnitud 7 y superior que sacudieron a Venezuela en las últimas horas. El dato sísmico es objetivo. Lo que merece análisis es lo que la cobertura internacional elige hacer con él.

Cuando la BBC Mundo abre su reporte con un testimonio directo —"Pensé que el edificio me iba a caer encima"— está haciendo algo que la cobertura política de Venezuela rara vez permite: humanizar la experiencia cotidiana del país sin mediarla a través de marcos ideológicos. El terremoto, por su naturaleza, es un evento que no admite interpretación partidista. No hay versión opositora del terremoto ni versión gubernamental. Existe solo la experiencia compartida del miedo y la vulnerabilidad.

Esto contrasta de manera instructiva con la cobertura previa. Durante semanas, la prensa extranjera ha leído a Venezuela como un tablero de ajedrez donde cada movimiento se traduce en términos de ganancia o pérdida geopolítica. Las negociaciones, los nombramientos, los comunicados: todo pasa por el filtro de quién gana terreno frente a quién. Hoy, por primera vez en el ciclo reciente, la narrativa internacional se ve obligada a reconocer algo más simple y más perturbador: que Venezuela es también un territorio donde ocurren cosas que escapan al control de cualquier actor político, donde la infraestructura colapsa no por decisión sino por movimiento tectónico.

La prensa extranjera, sin proponérselo quizá, ha dejado asomar una pregunta que sus editoriales previos evitaban: en qué condición se encuentra un país para responder a una emergencia de esta magnitud. Los testimonios de pánico que cita la BBC sugieren un estado de fragilidad que va más allá de la pugna política. Es la fragilidad de quien vive en edificios que podrían caer, en ciudades cuyas redes de respuesta ante desastres son inciertas, en un territorio donde la capacidad institucional para contener una crisis de origen natural es dudosa.

No es accidental que esta cobertura emerja ahora. La prensa internacional, saturada de narrativas sobre conflicto político, encuentra en el terremoto una puerta de entrada a una realidad más material y menos susceptible de ser enmarcada según conveniencias. Pero tampoco es ingenuo pensar que mañana, cuando los escombros se hayan contabilizado y los testimonios se hayan archivado, el encuadre volverá a su cauce anterior: el de Venezuela como escenario de disputa geopolítica. Por ahora, sin embargo, la naturaleza ha impuesto un paréntesis. Y en ese paréntesis, la prensa internacional reconoce, aunque sea de refilón, que hay un país debajo de la política.