La coalición que sostiene a Javier Milei enfrenta hoy un problema que trasciende la corrupción de un funcionario: la imposibilidad de mantener unida una alianza política cuando el presidente se niega a aplicar los mismos estándares de "tolerancia cero" que pregona como marca de su gobierno. El País América documenta cómo el Senado fue convocado y luego suspendido por el propio oficialismo para evitar una interpelación a Manuel Adorni, el jefe de Gabinete investigado por enriquecimiento ilícito. El gesto es tan transparente que casi no requiere análisis: cuando la presión institucional se vuelve incómoda, simplemente se cancela la sesión.
Lo relevante para la mirada internacional es que esta maniobra ha fracturado visiblemente el PRO de Mauricio Macri y la Unión Cívica Radical, los dos partidos que han funcionado como amortiguadores políticos del gobierno libertario. Ambos se dividen ahora entre quienes protegen a Adorni y quienes consideran que debe apartarse. No es un desacuerdo menor: es la primera señal clara de que la paciencia de los socios políticos tiene límites, y que esos límites se alcanzan cuando el presidente antepone la lealtad personal a la coherencia institucional.
La prensa extranjera ve aquí algo más que una crisis de gobernanza. Ve la confirmación de un patrón: un presidente que llegó al poder prometiendo acabar con la corrupción y que ahora defiende a un investigado con la misma intensidad que critica a sus adversarios. La diferencia es que antes Milei podía atribuir esos ataques a persecución política. Ahora, cuando sus propios aliados empiezan a cuestionarlo, esa narrativa se desmorona. El encuadre internacional subraya, sin necesidad de añadir dramatismo, que Argentina está presenciando el momento en que una coalición de conveniencia descubre que sus intereses no son tan alineados como parecían.