La prensa internacional vuelve hoy a Chile con un encuadre que merece atención precisa: no como protagonista de su propia crisis, sino como un caso de estudio dentro de un fenómeno global más amplio. El informe de la London School of Economics sobre litigio climático sitúa a Chile en una lista que incluye a Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda, pero la manera en que se lo menciona revela algo importante sobre cómo la mirada extranjera sigue ordenando la realidad del país.
El caso del centro de datos de Google en Cerrillos aparece en el análisis de la LSE como un precedente, un hito en la historia de la resistencia ambiental contra la infraestructura digital. Es cierto que el litigio tuvo éxito, que detuvo ese proyecto específico. Pero observe cómo se formula la conclusión en el reportaje: "The lawsuit succeeded in halting the Cerrillos project, on the grounds that climate impacts had not been properly considered, but not the wider explosion of datacentres, which is draining Chile's already drought-stricken wetlands." La victoria es presentada como parcial, incompleta, insuficiente. Chile ganó una batalla pero perdió la guerra, sugiere el texto.
Hay aquí un patrón recurrente en cómo la prensa extranjera lee a Chile: como un territorio donde los mecanismos de defensa ambiental funcionan apenas lo suficiente para generar anécdota, pero no para alterar la trayectoria de fondo. El país aparece en la misma categoría que Irlanda, donde el gobierno mismo impulsa la expansión de datacentres a pesar del consumo energético, o que Estados Unidos, donde la litigación es masiva y constante. Pero la mención de Chile es breve, casi de pasada, como si su relevancia fuera principalmente la de confirmar que el problema es verdaderamente global.
Lo que la cobertura internacional no enfatiza, aunque está implícito, es que Chile enfrenta una versión particularmente aguda de esta contradicción: un país con estrés hídrico severo, con humedales ya comprometidos, que es simultáneamente atractivo para la inversión en infraestructura digital de gran escala. El reportaje menciona que los humedales están siendo drenados, pero lo hace como dato secundario, como consecuencia inevitable del "wider explosion" más que como el corazón del conflicto chileno específico.
La perspectiva de la LSE, citada a través de su investigadora Joana Setzer, ofrece una salida inteligente al dilema: no se trata de detener el desarrollo, sino de asegurar que sea alimentado por renovables en el momento en que eso es técnicamente posible. Es un argumento sensato, orientado al futuro, que desplaza el debate desde la prohibición hacia la condicionalidad. Pero aplicado a Chile, este encuadre tiene un efecto particular: convierte al país en un laboratorio donde se prueba si es posible que la presión legal logre que la infraestructura digital se alinee con las restricciones ambientales reales.
Lo que queda sin decirse es si Chile, con su institucionalidad frágil en materia ambiental y su dependencia de la inversión extranjera, está en condiciones de ejercer ese tipo de presión de manera sostenida. El caso de Cerrillos sugiere que sí, al menos una vez. Pero la prensa internacional parece leer ese caso no como prueba de capacidad chilena, sino como excepción que confirma la regla: que en la mayoría de los lugares, incluyendo Chile, la expansión de datacentres continúa a pesar de las objeciones ambientales.
El encuadre extranjero, en suma, sitúa a Chile en una posición ambigua: lo suficientemente desarrollado como para tener litigio ambiental sofisticado, pero lo suficientemente vulnerable como para que ese litigio sea presentado como insuficiente. No es la peor posición narrativa en que podría estar el país, pero tampoco es la de un actor con control sobre su propia historia.