La prensa internacional que cubre Bolivia ha optado hoy por un silencio selectivo que resulta revelador. Infobea América es el único medio extranjero que reporta sobre la flotación cambiaria, la medida económica más profunda que ha tomado el gobierno de Rodrigo Paz hasta ahora, y sin embargo el hecho apenas genera repercusión en el ecosistema mediático global. Ello no es negligencia, sino un síntoma de cómo se está procesando la crisis boliviana desde afuera: como un problema que ha dejado de ser político para convertirse en administrativo, y por lo tanto menos visible.
El encuadre de Infobae es técnico y sobrio. Presenta la decisión como respuesta a circunstancias acumuladas: la escasez de dólares que se agudizó desde 2023, la caída de reservas internacionales de 15 mil millones a poco más de 3 mil millones, la inflación que superó el 20 por ciento, el mercado paralelo donde el dólar alcanzó cotizaciones de veinte bolivianos. El artículo documenta con precisión cómo una economía que durante años se mantuvo bajo un tipo de cambio fijo de 6,96 bolivianos por dólar se vio obligada a reconocer una realidad que el mercado informal ya había impuesto: que el boliviano vale mucho menos. El nuevo tipo de cambio de 9,73 es presentado como una corrección hacia el equilibrio, no como un fracaso de política económica.
Lo que la cobertura extranjera tiende a omitir, sin embargo, es el costo político y social implícito en esta decisión. Una devaluación de este calibre, aunque sea gradual, afecta directamente el poder de compra de los ciudadanos, especialmente en una economía donde la inflación ya ha erosionado los salarios. Infobae menciona que el gobierno ha autorizado devoluciones de divisas a ahorristas y que ha modulado el acceso al dólar mediante tarjetas de crédito, pero estos son retoques administrativos frente a una realidad más severa: Bolivia está reconociendo que no puede sostener el precio oficial de su moneda y que el costo de ese reconocimiento será distribuido entre la población.
La prensa internacional, al reportar esto como un ajuste técnico necesario, está implícitamente aceptando una narrativa que el gobierno Paz ha promovido: que la crisis es heredada, que responde a factores externos y a decisiones del gobierno anterior, y que la flotación es un paso hacia la estabilización. Pero esta narrativa oculta una pregunta incómoda que la cobertura extranjera rara vez formula: si Bolivia lleva quince años con un tipo de cambio fijo que resultó insostenible, ¿qué decisiones políticas y económicas permitieron que la brecha entre el precio oficial y el real se ampliara hasta punto de ruptura? ¿Y quién pagará ese costo?
El silencio de otros medios internacionales sobre esta noticia sugiere que Bolivia ha dejado de ser un país de crisis política dramática y se ha convertido en un caso de ajuste macroeconómico: importante para especialistas, invisible para la audiencia global. Es un cambio de estatus que, paradójicamente, puede ser más peligroso que los titulares de bloqueos y confrontación, porque permite que decisiones de enorme impacto social se ejecuten bajo el radar de la atención internacional, sin escrutinio, sin debate, sin que se documenten sus consecuencias reales en las vidas de los bolivianos.