La prensa internacional que cubre República Dominicana ha encontrado hoy un espacio para validar una narrativa que el gobierno ha venido construyendo con insistencia: la de una violencia que no es fundamentalmente criminal, sino social. Infobae América, el medio que reporta las cifras oficiales de la ministra Faride Raful, reproduce sin mediación crítica un desglose que separa los 609 homicidios del año en categorías que permiten al Estado reclamar éxito mediante la reducción porcentual y la reclasificación del problema.
El encuadre es astuto. Raful presenta una tasa nacional de 6.98 por cada 100,000 habitantes y subraya una reducción del 44.3% respecto de 2023, cuando era de 12.54. Cifras que Infobea reporta como hechos establecidos. Pero lo que merece observación es cómo la ministra ha logrado que la cobertura externa acepte una categorización que desplaza el foco: de los 609 homicidios, una porción significativa se atribuye no a delito sino a riñas entre ciudadanos (73.8%), temas pasionales (19.2%) y otras causas. Incluso accidentes de tránsito entran en esta bolsa de "conflictos sociales".
Esto no es un detalle administrativo. Es un ejercicio de narrativa que la prensa internacional, al reproducirlo sin interrogación, valida implícitamente. Una muerte por riña es una muerte, y que se la clasifique como "conflicto social" en lugar de delito no cambia su naturaleza, pero sí cambia cómo se lee la capacidad del Estado para gobernar. Si la violencia es interpersonal y no criminal, entonces el problema no es la seguridad pública sino la convivencia ciudadana, y la solución no es represión sino prevención cultural.
Raful aprovecha este espacio para presentar iniciativas como la campaña Inquebrantables, las Mesas Locales de Seguridad y un proyecto de Ley de Convivencia Ciudadana. Son medidas que suenan bien en un comunicado de prensa internacional, que hablan de resiliencia y resolución alternativa de conflictos. Pero Infobea no pregunta qué ocurre cuando esas mesas locales se reúnen en territorios donde la violencia sigue siendo estructural, ni interroga si una campaña de valores puede competir con las dinámicas reales de pobreza, exclusión y acceso desigual a justicia que alimentan tanto los conflictos pasionales como los delictivos.
Lo que la cobertura externa omite es igualmente revelador. No hay contexto sobre qué significa una tasa de 6.98 homicidios por 100,000 habitantes en comparación regional. No hay reportería sobre dónde se concentran esos 609 casos, ni sobre cuáles son las provincias que no mantienen tasas de un solo dígito, ni sobre cómo vive la ciudadanía en esos territorios. No hay voz de víctimas, de familiares, de investigadores independientes que pudieran ofrecer una lectura distinta de las cifras oficiales.
La prensa internacional, al reproducir el discurso de Raful sin esa textura reporteril, participa de un efecto que probablemente es involuntario pero que resulta funcional: legitima la narrativa estatal mediante la simple publicación de sus declaraciones. República Dominicana aparece así como un país que ha encontrado un camino hacia la reducción de la violencia, que cuenta con un gobierno reflexivo sobre los protocolos de seguridad, que promueve la convivencia. Es una lectura que no es falsa, pero que es incompleta, y esa incompletitud es el espacio donde se instala la validación sin fricción.