Opiniones

La catástrofe venezolana sigue desplegándose en la cobertura internacional, pero el encuadre ha comenzado a desplazarse de modo revelador. Mientras los primeros días de los sismos permitieron a la prensa extranjera documentar el colapso estatal con una cierta crudeza—los edificios derribados, la ausencia de maquinaria de rescate, los cadáveres en hospitales improvisados—, la narrativa de esta segunda semana tiende a suavizar esa acusación implícita mediante un cambio de enfoque que, aunque humanitario en apariencia, resulta políticamente más cómodo.

El detalle del campo de golf convertido en refugio, que France 24 destaca hoy, es sintomático de esta mutación. El reportaje documenta a damnificados levantando refugios improvisados en una cancha de golf mientras las autoridades distribuyen alimentos, agua y atención médica. La imagen es casi bucólica comparada con el caos de hace días. Lo que la cobertura tiende a subrayar ahora es la capacidad de adaptación, la solidaridad improvisada, la resiliencia de las víctimas. Son narrativas que, sin ser falsas, funcionan como un sedante: desplazan la pregunta incómoda sobre por qué un país petrolero requiere que sus ciudadanos se refugien en campos de golf hacia una celebración de cómo la sociedad civil logra sobrevivir pese a todo.

Simultáneamente, la presencia de equipos de rescate internacional—los Topos Aztecas mexicanos buscando entre los escombros—refuerza un encuadre donde la solidaridad transnacional compensa la ausencia de capacidad estatal doméstica. Es una forma de narrar que permite a la prensa extranjera mantener su cobertura humanitaria sin profundizar en las causas estructurales del desastre. Venezuela aparece así no como un caso de colapso institucional con responsables políticos identificables, sino como una zona de desgracia donde la comunidad internacional acude en auxilio.

Esto no es accidental. Es el modo en que la prensa occidental tiende a procesar las crisis de América Latina cuando la dimensión política se vuelve demasiado evidente: la humaniza, la internacionaliza, la despolitiza. El campo de golf como refugio es una imagen potente, pero también es una forma de desviar la mirada de lo que esa imagen revela: que el Estado no puede proteger a su población ni siquiera en una catástrofe natural.

La prensa internacional observa el cambio de jefe de Gabinete en Argentina no como una solución, sino como un síntoma de desgaste acelerado. France 24 lo presenta con una economía de lenguaje reveladora: Santilli llega "en medio del escándalo desatado por su antecesor", y ese escándalo no es marginal sino estructural al relato que Milei construyó sobre sí mismo.

Lo que resulta notable en el encuadre extranjero es cómo la prensa internacional registra un dato que podría parecer secundario pero que opera como una grieta conceptual: Santilli es un experonista, un hombre que proviene del peronismo antes de transitar hacia el PRO de Macri. Es decir, el presidente que llegó prometiendo destruir la política tradicional acaba de nombrar como su mano derecha a alguien cuya trayectoria es la encarnación misma de esa política de transacciones y realineamientos que Milei juró eliminar.

France 24 no subraya esto con énfasis moralizante, pero lo deja ahí, implícito en la arquitectura del relato. El experonista que fue diputado, senador, ministro de Seguridad porteño, ahora ocupa el cargo más delicado de la administración. No es una anomalía que la prensa extranjera celebre como pragmatismo. Es evidencia de que el experimento libertario, apenas dos años después de su inicio, ya está recurriendo a los mecanismos que prometía enterrar.

El contexto que France 24 añade es igualmente significativo: la "popularidad de Milei está en declive", hay "acusaciones de corrupción" y "crecientes fricciones dentro de su equipo". Esto no se presenta como una crisis pasajera. Se presenta como un patrón. El cambio de Adorni por Santilli es un movimiento táctico dentro de una erosión más amplia.

Lo que la prensa internacional omite deliberadamente es cualquier análisis sobre las capacidades reales de Santilli para resolver los problemas estructurales que enfrenta Argentina. No hay especulación sobre si su experiencia en gestión porteña lo prepara para la complejidad macroeconómica nacional. No hay evaluación de su visión sobre inflación, dolarización o deuda. El foco extranjero permanece fijo en la política interna, en la supervivencia del gobierno, en la distancia entre la promesa y la práctica.

Adorni se retira con una carta que France 24 reproduce casi íntegra, y en esa reproducción hay una ironía que la prensa internacional no necesita subrayar: un funcionario investigado por enriquecimiento ilícito, que admitió ocultación de medio millón de dólares, que fue hallado usando tarjetas de subordinados para compras personales, se presenta a sí mismo como víctima de "ataques mediáticos" y afirma tener "la consciencia tranquila". Es el lenguaje de quien se retira bajo presión pero niega la presión. Y la prensa extranjera lo deja en el aire sin resolverlo, permitiendo que el lector note la contradicción.

Lo verdaderamente nuevo hoy no es que Milei haya tenido que hacer un cambio de personal. Lo nuevo es que ese cambio revela la velocidad con la que su proyecto se está normalizando, es decir, la velocidad con la que está adoptando las prácticas políticas que denunció. Y esa normalización, visto desde afuera, no es un signo de madurez sino de captura. Argentina, en la lectura extranjera, no está siendo reformada por Milei. Está reformando a Milei.

La prensa extranjera que hoy menciona a Bolivia lo hace de un modo que merece una pausa reflexiva. Entre los titulares que circulan, Bolivia aparece una sola vez, y no en primera plana: "Bolivia: El Chapare, el bastión de Evo Morales que desafía al Gobierno". El resto del panorama internacional está ocupado por otras urgencias —terremotos en Venezuela, negociaciones en Oriente Medio, política estadounidense—, y Bolivia queda relegada a un segundo nivel de atención que, paradójicamente, dice algo importante sobre cómo se está viendo el país desde afuera en este momento.

El titular sobre El Chapare es revelador precisamente por lo que evita. No se trata de un análisis sobre la economía, la institucionalidad o la gobernanza nacional. Es un enfoque territorial y político muy específico: la región productora de coca donde Evo Morales mantiene influencia, presentada como un "bastión" que "desafía" al Gobierno. La palabra "desafía" es la clave. Implica confrontación, debilidad estatal, fragmentación. No es incorrecto, pero es incompleto. Describe una tensión sin contexto sobre qué la genera, qué la sostiene, o hacia dónde apunta.

Lo que la prensa extranjera parece estar haciendo es simplificar Bolivia a su conflictividad política más evidente. El Chapare es un símbolo fácil: coca, Evo Morales, resistencia rural. Es un encuadre que funciona bien en redacciones lejanas porque requiere poco esfuerzo narrativo. Pero mientras eso ocurre, quedan fuera de la vista otros movimientos: qué está pasando con la política económica más allá de anuncios cambiarios ya reportados, cómo evoluciona la relación entre el Gobierno y los movimientos indígenas, cuál es el estado real de la institucionalidad después de meses de tensión.

La ausencia de Bolivia en los titulares principales de hoy no es accidental. Sugiere que la cobertura internacional ha encontrado un ritmo: reporta crisis cuando son agudas, ignora el país cuando la crisis parece estar en pausa. Y cuando vuelve a mencionar a Bolivia, lo hace a través de un ángulo que ya es familiar: la fragmentación política, la influencia de Morales, la debilidad del ejecutivo. Es un encuadre que, aunque contiene verdad, tiende a oscurecer otros procesos que podrían ser igual de importantes pero que no encajan en la narrativa de confrontación que la prensa internacional ha normalizado para Bolivia.

A imprensa internacional descobriu hoje que o Brasil é um lugar onde as coisas podem melhorar, e essa descoberta chegou através de um fenômeno tão simples quanto improvável: baleias jubarte voltando para casa.

Há algo de notavelmente diferente no tom da Infobae América ao cobrir os avistamentos crescentes de baleias jorobadas no Rio de Janeiro. Não é a simples constatação de um fato natural. É a narrativa de uma recuperação mensurável, quantificável, que permite ao observador estrangeiro enxergar o Brasil não como um país preso em crises permanentes, mas como um espaço onde decisões tomadas décadas atrás produziram resultados concretos e positivos. A população de baleias jubarte passou de cerca de dois mil exemplares para trinta e cinco mil em quarenta anos. Essa é uma métrica que a imprensa internacional compreende e respeita: progresso.

O enquadramento escolhido pela agência é revelador. A moratória internacional de 1982 à caça comercial de baleias aparece como marco fundador de uma história de sucesso ambiental. Mas o que torna essa cobertura particularmente significativa é a forma como ela permite ao Brasil aparecer não como vítima de seus próprios problemas, mas como beneficiário de uma ordem internacional que funcionou. As baleias voltaram porque o mundo decidiu protegê-las. O Brasil, neste caso, é o território onde essa proteção se materializa de forma visível e espetacular.

Há também um segundo movimento no texto, mais sutil. A demanda crescente por excursões turísticas, as iniciativas como a do Rio Ocean Club, a presença de biólogos a bordo dos veleiros, a expedição científica planejada para junho e julho, tudo isso transforma a recuperação ambiental em oportunidade econômica. Louise Raulais, uma das líderes da iniciativa, oferece à imprensa estrangeira exatamente o tipo de narrativa que ela deseja ouvir: a de que ver baleias muda as pessoas, transforma sua forma de ver o mundo. É uma história sobre educação ambiental, sobre turismo responsável, sobre a possibilidade de lucrar enquanto se protege a natureza.

O que merece atenção crítica é o que essa cobertura omite ou suaviza. O texto menciona o Banco de Abrolhos como "um dos pontos de maior biodiversidade marinha no Atlântico Sul", mas não explora em detalhe as ameaças contemporâneas a esse ecossistema. Não há menção a pressões de exploração petrolífera, a mudanças climáticas, a poluição marinha ou a outros fatores que possam comprometer a continuidade dessa recuperação. A narrativa é de sucesso consolidado, não de fragilidade persistente. As baleias estão saudáveis e prosperando, diz Enrico Marcovaldi, cofundador do Projeto Ballena Jorobada. O futuro é aberto, esperançoso.

Há também uma questão de enquadramento geográfico que merece nota. A cobertura concentra-se no Rio de Janeiro e na costa do nordeste brasileiro, em particular no Banco de Abrolhos. Esses são lugares que a imprensa internacional consegue visualizar facilmente, que se encaixam em narrativas de turismo de natureza e de biodiversidade tropical. São pontos de interesse que fazem sentido no mapa mental do leitor estrangeiro. O Brasil, nesta perspectiva, é reduzido aos seus cenários mais fotogênicos e às suas histórias mais edificantes.

O que torna esse enquadramento particularmente interessante é que ele oferece ao Brasil algo raro nas coberturas internacionais recentes: agência. Não é o Brasil como vítima de suas próprias instituições frágeis, não é o Brasil como palco de dramas políticos ou conflitos familiares entre oligarcas. É o Brasil como parte de um sistema internacional de proteção ambiental que funciona, como um território onde a vida selvagem prospera, como um destino onde turistas educados podem aprender sobre a importância da conservação. É uma imagem positiva, mas também uma imagem controlada, selecionada, que diz mais sobre o que a imprensa estrangeira deseja ver no Brasil do que sobre a complexidade real de sua situação ambiental e econômica.

La licitación pública internacional que Engie Energía Chile convoca hoy para ampliar el sistema eléctrico nacional es, en apariencia, un acto administrativo rutinario. El decreto supremo, la ley de servicios eléctricos, el trámite formal: todo apunta a un procedimiento que debería ocupar apenas una línea en las secciones de infraestructura. Sin embargo, el hecho de que esta noticia circule hoy en la prensa extranjera —aunque de manera discreta, sin énfasis particular— revela algo que merece atención: Chile está siendo visto desde afuera como un país que intenta seguir adelante con su agenda de expansión energética en un contexto de presión ambiental creciente.

Lo notable no es el anuncio en sí, sino lo que su presencia en los medios internacionales sugiere sobre cómo el mundo está reevaluando su relación con Chile. Durante los últimos meses, la cobertura extranjera ha estado saturada de narrativas de conflicto: centros de datos que consumen agua en una región semiárida, litigios climáticos, tensiones entre demanda energética y sostenibilidad. Esa narrativa no ha desaparecido, pero hoy aparece junto a esta licitación, como si la prensa internacional estuviera señalando que, más allá de las controversias, Chile sigue intentando resolver el problema de fondo: necesita más capacidad eléctrica.

El encuadre extranjero aquí es pragmático, casi indiferente. No hay alarma en la cobertura, tampoco celebración. Es como si los medios internacionales dijeran: Chile tiene un problema de infraestructura energética y está buscando soluciones mediante mecanismos de mercado abiertos. La convocatoria internacional es presentada como un hecho, no como una respuesta a la crisis de gobernanza que ha dominado el relato sobre el país. Eso es significativo. Sugiere que la prensa exterior está comenzando a desacoplar el problema de la expansión energética del problema de la regulación ambiental, cuando en realidad están entrelazados.

Lo que falta en el relato es la pregunta incómoda: ¿una ampliación del sistema eléctrico nacional en Chile, en el contexto actual de estrés hídrico y demandas de transición energética justa, resuelve el conflicto o lo profundiza? La licitación internacional es técnicamente correcta, pero políticamente ambigua. Y es precisamente esa ambigüedad la que la prensa extranjera parece estar ignorando al reportar el anuncio como un acto administrativo neutral. Chile no es visto hoy como un país que está navegando una contradicción fundamental, sino simplemente como uno que está haciendo lo que los países hacen: expandir su infraestructura. El mundo exterior, por ahora, no está preguntando a costa de qué.

La justicia colombiana ha sellado hoy un capítulo de un crimen que la prensa internacional había identificado como síntoma de un país en ebullición. El País América publica la condena de dos coautores del asesinato de Miguel Uribe Turbay, el senador uribista cuya muerte a mediados de 2025 fue leída desde el extranjero como un acto de violencia política que confirmaba las advertencias sobre la polarización creciente en Colombia. Las penas de más de veinte años para Elder José Arteaga Hernández y William Fernando González Cruz, tras preacuerdos con la Fiscalía, cierran al menos una parte de la investigación. Pero el encuadre internacional sobre este hecho merece una lectura cuidadosa.

Lo primero que salta a la vista es qué se enfatiza y qué se omite. El medio español destaca el resultado procesal con precisión: las penas específicas, los alias de los condenados, la aceptación de responsabilidad mediante preacuerdos. Es un relato de funcionalidad institucional. Una jueza de Bogotá avala acuerdos, la Fiscalía actúa, el sistema de justicia produce una resolución. Desde la perspectiva extranjera, esto es importante porque contradice una narrativa que durante meses había pintado a Colombia como un país donde la violencia política operaba en la impunidad o donde las instituciones se mostraban capturadas o débiles.

Sin embargo, la prensa internacional tiende a leer este tipo de noticias como confirmación de un patrón más que como quiebre del mismo. El asesinato de Uribe Turbay fue encuadrado en el extranjero como evidencia de un país fracturado, donde la disputa política adoptaba formas letales. La condena de sus asesinos, entonces, no es leída como restauración de orden sino como cierre administrativo de un episodio que ya había cumplido su función narrativa: demostrar que Colombia estaba en crisis.

Lo que permanece en la sombra es más revelador aún. ¿Quiénes son estos hombres? ¿A qué grupo responden? ¿Cuál fue la motivación política del atentado? ¿Qué contexto de violencia estructural permitió que dos individuos ejecutaran a un legislador en el centro político del país? El reportaje de El País se detiene en los hechos procesales sin profundizar en las causas que la prensa internacional había explorado con intensidad cuando el crimen era noticia fresca. Ahora que hay sentencia, el interés decae. La resolución judicial es noticia, pero no es historia.

Esto revela algo sobre cómo funciona la cobertura extranjera de Colombia. La violencia política es noticia mientras es espectáculo abierto; una vez que el sistema judicial produce una respuesta, el asunto se archiva. No hay seguimiento sobre las redes detrás del crimen, sobre si existían motivaciones que trascendieran el acto individual, sobre qué dice esta muerte —y ahora esta condena— sobre el estado real de la competencia política en Colombia. El relato se cierra cuando la justicia actúa, como si la actuación institucional fuera suficiente para resolver la pregunta más incómoda: por qué Colombia sigue siendo un país donde matar a un senador sigue siendo una opción que algunos consideran viable.

La prensa extranjera que hoy se detiene en Costa Rica lo hace desde un ángulo que, a primera vista, parece meramente administrativo: el de un Estado que organiza, prevé y despliega recursos para gestionar un problema predecible. Infobea América reporta cómo la Policía de Tránsito intensificará operativos en carreteras durante las vacaciones de medio año, concentrándose en las rutas que conectan el Valle Central con destinos turísticos entre el 4 y el 19 de julio. Es, en apariencia, una noticia sobre planificación rutinaria de seguridad vial.

Pero lo que merece examen es qué revela esta cobertura sobre cómo la mirada internacional encuadra a Costa Rica en momentos de normalidad institucional. El relato de Infobea es exhaustivo en detalles operativos: menciona las fechas exactas de las vacaciones escolares, las vacaciones colectivas decretadas por la administración Fernández, las infracciones bajo vigilancia, los controles en playas y el transporte público. Es decir, documenta un aparato estatal funcionando, coordinado, con capacidad de anticipación. Eso es lo que la prensa extranjera subraya cuando Costa Rica no está en crisis.

Sin embargo, hay un silencio notable en la cobertura que resulta instructivo. No hay cifras sobre accidentes previos, no hay datos sobre la efectividad histórica de estos operativos, no hay pregunta alguna sobre si estas medidas realmente reducen muertes en carretera o si simplemente las desplazan. El enfoque es prospectivo y preventivo, casi celebratorio de la capacidad planificadora del Estado, pero carece de la reflexión crítica que sí aparece cuando Costa Rica enfrenta problemas de salud pública o educación.

Lo que emerge de esta diferencia de tratamiento es revelador. La prensa internacional parece estar diciendo: Costa Rica es un país donde el Estado funciona lo suficientemente bien como para organizar operativos de tránsito durante vacaciones. Es un país predecible, ordenado, con instituciones que responden. Esa narrativa refuerza la imagen de estabilidad que Costa Rica ha cultivado internacionalmente, pero también la congela en una dimensión meramente administrativa, sin cuestionarse si esa organización es efectiva o si responde a problemas estructurales más profundos.

Lo interesante es que esta cobertura, precisamente por su carácter rutinario y afirmativo, no dice nada sobre las causas de por qué hay tantos accidentes en carretera durante vacaciones, qué factores estructurales los generan, o si una mayor presencia policial es realmente la respuesta más inteligente. La prensa extranjera, cuando Costa Rica funciona, tiende a documentar el funcionamiento sin interrogarlo. Esa es una forma de invisibilización tan efectiva como cualquier otra.

La prensa internacional ha encontrado hoy en Cuba un relato de contradicciones que Trump ayuda a enmarcar de manera tan ambigua como reveladora. El presidente estadounidense afirma que la isla "se está acercando" a Washington después de "muchas décadas", una declaración que carece de sustancia pero que funciona como declaración de intenciones. El problema radica en que esa supuesta aproximación convive, sin resolverse, con un paquete de nuevas sanciones anunciado apenas días antes por el Departamento del Tesoro contra Díaz-Canel, Raúl Castro y otros funcionarios del régimen.

Infobea América recoge esta contradicción sin resolverla, lo que es precisamente lo que hace interesante el encuadre. Trump habla de acercamiento en Dakota del Norte mientras su administración endurece las medidas económicas. Rubio, su secretario de Estado, designa nuevas entidades cubanas para sanciones, incluida la esposa de Alejandro Castro Espín. El mensaje es deliberadamente bifurcado: hay espacio para negociar con el régimen, pero solo si acepta condiciones que Washington no explicita. La reunión de John Ratcliffe, director de la CIA, con altos funcionarios cubanos el 14 de mayo permanece en el silencio de los detalles, lo que permite a cada actor llenar ese vacío con sus propias narrativas.

Lo que emerge de este material es que la prensa internacional está presenciando, sin poder nombrar con claridad, un ensayo de negociación bajo presión. Cuba anuncia reformas estructurales inspiradas en China y Vietnam, medidas que Díaz-Canel insiste que buscan "preservar el proceso revolucionario" mientras flexibilizan la economía. Es una frase que contiene su propia contradicción: no se preserva lo que se transforma. Pero el régimen cubano necesita narrar continuidad ideológica mientras implementa cambios de mercado, y Washington necesita narrar apertura mientras mantiene el cerco.

La sesión solicitada ante la Asamblea General de Naciones Unidas para el 7 de julio, dedicada al bloqueo estadounidense, adquiere en este contexto un propósito que va más allá de la retórica: es una plataforma para que Cuba denuncie precisamente lo que Trump sugiere que está cambiando. El canciller Bruno Rodríguez hablará de "acciones agresivas" y "amenaza de agresión militar" en el mismo momento en que supuestamente hay un acercamiento en marcha.

Lo que la cobertura de Infobea América deja al descubierto, sin necesariamente proponérselo, es que ambas partes están jugando un juego de señales contradictorias. Trump declara proximidad sin comprometerse. Cuba anuncia reformas sin renunciar a la retórica revolucionaria. Washington sanciona mientras negocia. Es un escenario donde el lenguaje público y las acciones reales operan en registros distintos, y la prensa internacional, al reproducir estas declaraciones sin resolver sus contradicciones, termina documentando el teatro antes que la realidad subyacente. Quizá ese sea el único encuadre honesto posible en este momento: el de una negociación que existe pero no puede ser nombrada, envuelta en sanciones que coexisten con contactos de inteligencia, todo mientras una pequeña isla del Caribe intenta reformar su economía sin desmoronar su narrativa política.

La prensa internacional ha descubierto que la regla de la FIFA sobre cubrirse la boca mientras se habla no es una norma deportiva neutral, sino un mecanismo que expone las jerarquías del fútbol mundial. Y Ecuador, a través de Piero Hincapié, acaba de convertirse en un caso de estudio involuntario de esa desigualdad.

La BBC reporta hoy que el defensor del Arsenal fue expulsado por cubrirse la boca durante una confrontación con Santiago Giménez de México, en un partido que Ecuador ya perdía 2-0. Es el segundo jugador en ser sancionado bajo esta regla implementada hace apenas semanas por la FIFA. Pero lo que la prensa británica no subraya explícitamente, aunque está ahí en el texto, es algo más incómodo: Jude Bellingham, mediocampista inglés, hizo exactamente lo mismo hace días contra Ghana y no fue expulsado. La diferencia no fue el gesto, sino la interpretación discrecional del árbitro.

Esa discrecionalidad es el verdadero tema que la cobertura internacional está evitando nombrar con claridad. La BBC menciona que "cualquier decisión de enviar a un jugador fuera sigue siendo a discreción del árbitro", como si fuera un detalle técnico menor. Pero en el contexto de un ecuatoriano expulsado mientras que un inglés escapa de la misma sanción, esa discreción se parece más a un patrón que a una coincidencia.

Lo que emerge del encuadre extranjero es una narrativa incómoda: Ecuador no solo está siendo eliminado del torneo, sino que está siendo eliminado bajo reglas que se aplican de manera inconsistente según quién sea el jugador. La prensa internacional documenta los hechos sin necesidad de interpretarlos; la interpretación ya está contenida en la selección de qué casos se mencionan y cuáles se omiten. Hincapié y Almiron aparecen como advertencias. Bellingham aparece como una nota al pie.

El Salvador desaparece hoy de la cobertura extranjera, sustituido por una imagen que ya no le pertenece del todo. Infobea América reporta que estadounidenses y salvadoreños se reúnen para ver un partido de fútbol entre Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina, evento enmarcado en la celebración de los 250 años de independencia estadounidense. El titular es amable, casi festivo. Pero lo que revela es algo más frío: El Salvador ha dejado de ser un sujeto de la información internacional para convertirse en un escenario donde ocurren otras historias.

Nótese lo que sucede en el encuadre. El evento no es salvadoreño. El aniversario que se celebra no pertenece a El Salvador. La reunión de "estadounidenses y salvadoreños" coloca a estos últimos en posición de audiencia, de comparsas en la conmemoración ajena. El medio extranjero no pregunta qué significa para El Salvador albergar esta celebración, no examina las implicaciones de una presencia estadounidense tan naturalizada que ya ni se cuestiona. Simplemente registra que ocurre, como si fuera lo más normal del mundo que un país centroamericano sea el territorio donde otra nación festeja su independencia.

Esto es más revelador que cualquier análisis sobre represión estatal o reformas institucionales. Sugiere una forma de invisibilidad que es casi más inquietante que la sobreexposición. Mientras la prensa extranjera cubría antes a El Salvador como un problema (inseguridad, autoritarismo, violencia), ahora lo trata como un espacio neutro, un lugar donde suceden cosas pero donde no hay un actor político o social que merezca atención en sí mismo. El país se ha vuelto decorado.

Mientras tanto, en Venezuela ocurre una operación de rescate en la que El Salvador participa activamente. El Estado salvadoreño moviliza recursos, personal y capacidad operativa durante casi 60 horas para liberar a un ciudadano atrapado bajo escombros. Es un acto de soberanía, de capacidad estatal, de responsabilidad con sus ciudadanos. Pero Infobea América apenas lo menciona en el flujo de titulares regionales. No merece el mismo espacio que una reunión para ver un partido de fútbol.

La pregunta que la prensa extranjera no se hace, porque ya ha dejado de hacer preguntas sobre El Salvador, es si esta reconfiguración de la atención es accidental o si refleja una decisión editorial más profunda. Cuando un país deja de ser noticia por lo que hace y empieza a serlo solo por lo que permite que ocurra en su territorio, algo ha cambiado en la forma en que el mundo lo ve. El Salvador no es ya el problema. Es el fondo.

La prensa internacional que hoy cubre Guatemala ha elegido un encuadre que merecería ser interrogado: la presentación del presupuesto 2027 como una narrativa de eficiencia técnica desvinculada de la política. Infobae América, el único medio que reporta sobre el techo presupuestario de 23,838 millones de dólares, construye su relato alrededor de cifras, proyecciones macroeconómicas y declaraciones ministeriales sobre carga tributaria, crecimiento del PIB y reducción del déficit fiscal. El Gobierno aparece aquí como un actor racional que maneja herramientas económicas con competencia.

Lo notable es lo que esta cobertura presupone y no examina. Cuando el ministro Menkos afirma que Guatemala está "a un solo escalón" de obtener grado de inversión en las tres principales calificadoras, o cuando Arévalo vincula el desempeño económico con "certeza jurídica y combate a la corrupción", la prensa extranjera reproduce estas afirmaciones sin fricción. No hay pregunta sobre qué significa esa certeza jurídica en un país donde, hace apenas seis meses, la Corte de Constitucionalidad detuvo la ejecución del presupuesto aprobado por el Congreso, un acto que el propio artículo menciona de pasada como un "ajuste" que debió hacerse. El lenguaje minimaliza lo que fue, en realidad, una crisis institucional que obligó a reconfigurar la ejecución presupuestaria.

Hay también una ausencia que define el encuadre: ninguna mención a la capacidad política del Congreso para aprobar este nuevo techo presupuestario, ninguna referencia a las tensiones que podrían surgir en la discusión legislativa de una propuesta que prioriza inversión extraordinaria en puertos, vías y proyectos presidenciales. La prensa internacional ve al Gobierno como ejecutor técnico, no como actor político que negocia con una asamblea legislativa que le ha sido históricamente hostil.

El dato más revelador está en los números mismos. El presupuesto proyecta un crecimiento de ingresos tributarios de 9.9% sin crear nuevos impuestos ni modificar tasas existentes, atribuyendo esto a "mayor productividad de la recaudación" y al trabajo de la Superintendencia de Administración Tributaria. La cobertura acepta esta premisa sin cuestionar su realismo. En un país donde la evasión fiscal es estructural y donde la presión política sobre instituciones recaudadoras es constante, proyectar casi 10% de crecimiento tributario mediante eficiencia administrativa suena, cuando menos, optimista. La prensa extranjera no lo señala.

Lo que sí destaca es el énfasis en que Guatemala crece más que el promedio latinoamericano, que su deuda es baja comparativamente, que el Gobierno obtiene calificaciones positivas en indicadores internacionales sobre corrupción. Es el relato de un país que funciona, que se moderniza, que converge hacia estándares internacionales. Es el relato que importa a los inversores y a los organismos multilaterales, y es precisamente el relato que la prensa internacional amplifica cuando cubre presupuestos.

Lo que queda fuera es el país que existe debajo de estas cifras: la capacidad real del Estado para ejecutar inversión pública en territorios donde la presencia estatal es débil, la sostenibilidad política de un modelo que concentra recursos en proyectos presidenciales mientras las demandas por educación y salud presionan el gasto ordinario, la viabilidad de una estrategia fiscal que apuesta todo a la recaudación cuando la base tributaria es estrecha y la economía informal es mayoritaria.

El encuadre de hoy no es nuevo, pero es particularmente relevante porque ocurre en un momento en que Guatemala enfrenta una prueba de fuego: la aprobación legislativa de este presupuesto. Si la prensa internacional sigue viendo al país como un ejercicio técnico exitoso, es posible que pierda de vista la política que lo sostiene o lo quiebra.

Éditorial du jour

Le Guardian publie aujourd'hui le récit détaillé d'un massacre dans le village de Jean-Denis, en Haïti, perpétré le 29 mars par le gang Gran Grif. Au moins 70 civils tués, des maisons brûlées avec des habitants à l'intérieur, des familles décimées, des enfants abattus. Le journal britannique a reconstruit cette tuerie de masse à partir de vidéos vérifiées, de témoignages et d'images satellites. C'est du journalisme de terrain, méticuleux et sans détour. Et c'est précisément ce qui révèle le basculement dans la narration étrangère sur Haïti : la violence n'est plus un problème urbain, concentré à Port-au-Prince, c'est un phénomène qui s'étend, qui conquiert, qui s'enracine dans les campagnes.

Cette progression géographique du chaos change le cadrage. Pendant des années, la presse internationale a pu circonscrire Haïti à une capitale défaillante, à des gangs qui se battaient pour le contrôle de quartiers précis, à une crise urbaine qui laissait intact le reste du pays. Le récit était maîtrisable : Port-au-Prince s'effondre, mais la ruralité haïtienne, pauvre mais stable, subsiste. Aujourd'hui, ce récit s'effondre à son tour. Les données du Guardian et de l'organisation ACLED le montrent : les incidents violents dans la région d'Artibonite sont passés de 39 en 2021 à 238 en 2025. Dans le Centre, de 7 à 111. Nationalement, de 615 à 1 626 incidents violents en quatre ans.

Ce qui frappe dans le texte du Guardian, c'est l'attention portée aux détails des cadavres, à l'énumération des victimes avec leurs noms, leurs âges, leurs circonstances de mort. Marie Elvire Louis, 80 ans, mère de cinq enfants, abattue devant sa porte. Berlancia Dor, huit ans, tuée en fuyant. Estimable Fils-Aimé, 85 ans, brûlé vif dans sa maison. Cette accumulation n'est pas gratuite. Elle sert un objectif narratif : transformer des chiffres abstraits en réalités humaines, rendre indéniable ce qui pourrait autrement rester statistique. Mais elle révèle aussi comment la presse étrangère, quand elle se confronte à l'ampleur réelle de la catastrophe, doit abandonner le ton distant et adopter le registre du témoignage direct.

La presse internationale, jusqu'à présent, avait tendance à présenter Haïti comme un État en faillite, incapable de maintenir l'ordre dans sa capitale. C'était un diagnostic politique : mauvaise gouvernance, corruption, absence d'institutions. Aujourd'hui, avec cette expansion rurale de la violence, le diagnostic change de nature. Ce n'est plus un problème de gouvernance. C'est une question de territorialité. Les gangs ne contrôlent plus seulement des quartiers de Port-au-Prince, ils contrôlent des routes, des régions entières, des corridors commerciaux. Nathalye Cotrino, de Human Rights Watch, le dit clairement : les groupes criminels sont maintenant présents dans cinq des dix départements d'Haïti. La violence s'étend parce que les gangs cherchent à s'implanter le long des axes de transit, des routes vers la capitale et vers la République dominicaine, pour contrôler le trafic de drogue, d'armes, de migrants, et pour établir des points de taxation.

C'est un tournant dans le regard étranger. Haïti n'est plus présenté comme un État défaillant mais comme un territoire en voie de partition informelle, où des organisations criminelles établissent leur propre ordre, leurs propres frontières. Le Guardian, en documentant le massacre de Jean-Denis, ne raconte pas seulement une atrocité. Il documente le processus par lequel un État se désagrège, non pas par une implosion centrale, mais par une conquête territoriale progressive depuis les marges.

Ce qui demeure absent du texte, ou presque, c'est la question des causes. Pourquoi ces gangs se renforcent-ils maintenant ? Pourquoi cette expansion rurale en 2024-2025 ? Le texte mentionne le trafic de drogue et l'extorsion, mais il ne contextualise pas. Il ne dit rien des armes qui entrent en Haïti, de leur provenance, des réseaux qui les alimentent. Il ne parle pas des sanctions, de l'embargo de facto, de l'isolement diplomatique qui a suivi le coup d'État de 2021. Il ne mentionne pas les déportations massives qui vident Haïti de travailleurs, de cadres, de gens qui auraient pu construire une alternative. La presse étrangère, en se concentrant sur le spectacle de la violence, sur sa documentation minutieuse, tend à la naturaliser. Les gangs se battent pour les routes. C'est ce qu'ils font. Pourquoi ? Cette question reste suspendue.

Il y a aussi une absence notable : le rôle des forces de sécurité haïtiennes, de la Gendarmerie, de la police. Le Guardian note que les forces de sécurité « ont du mal à contrôler même les routes principales vers la capitale ». C'est exact, mais c'est aussi une formulation qui laisse entendre une incapacité technique, un manque de moyens ou de compétence. Elle ne dit rien de la complicité, des liens entre certains éléments des forces de l'ordre et les gangs, des arrangements qui permettent à la violence de s'étendre. La presse étrangère a tendance à traiter les institutions haïtiennes comme des entités monolithiques, soit défaillantes, soit corrompues, sans explorer les frac

La prensa internacional ha optado hoy por ver a Honduras a través de una disputa institucional que, deliberadamente o no, desdibuja las preguntas más profundas que la disputa misma debería suscitar. Infobae América reporta la juramentación de nuevas autoridades interinas del Consejo Nacional Electoral tras las licencias otorgadas a Cossette López y Ana Paola Hall, con el consiguiente teatro de la protesta: diputados de Libre gritando "ilegales" mientras se formalizaba el procedimiento, una sesión por Zoom, un acto que se consumó pese a la disidencia.

El encuadre es el de una pugna procesal legítima. El Congreso Nacional actuó dentro de sus atribuciones, otorgó licencias, juramentó sustitutos, continuó. Los diputados oficialistas protestaron, como es su derecho. El sistema funcionó, aunque con fricción. Infobae subraya que "pese a las protestas, la directiva legislativa continuó con la sesión", un lenguaje que normaliza el conflicto como parte del funcionamiento democrático ordinario.

Pero lo que la cobertura extranjera deja sin examinar es más relevante que lo que reporta. No pregunta por qué López fue designada embajadora ante la OEA precisamente ahora, en el momento en que su presencia en el CNE se vuelve incómoda. No interroga el patrón: cambios de autoridades electorales, licencias concedidas, sustituciones interinas mientras el organismo que debería garantizar la integridad electoral se ve debilitado por rotaciones que responden a dinámicas políticas inmediatas, no a criterios institucionales. No examina si estas reformas electorales que Rivera Callejas exhorta a analizar incluyen mecanismos para blindar el CNE de estas presiones.

Lo que Infobea elige ver es un trámite. Lo que omite es si ese trámite es síntoma de un órgano electoral que funciona al ritmo de las conveniencias políticas del momento, no de la independencia que la democracia electoral requiere. La prensa extranjera ha convertido una pregunta sobre la salud institucional en un reporte sobre quién se sienta en qué silla.

La prensa extranjera mira hoy a México desde una inquietud comercial que, paradójicamente, revela tanto sobre las prioridades de Washington como sobre la fragilidad de los acuerdos que supuestamente anclan la relación trilateral. France 24 Español reporta que el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, confirmó que el T-MEC no se extenderá por los dieciséis años previstos, sino que permanecerá vigente hasta 2036 mientras las partes negocian sus diferencias en torno a los déficits comerciales y las reglas de origen del sector automotriz.

El encuadre es significativo por su sobriedad. No hay dramatismo en la cobertura, no hay titulares sobre crisis o ruptura inminente. Lo que hay es una constatación de que el acuerdo más ambicioso de integración económica de la región enfrenta una renegociación que será, en realidad, una renegociación permanente. El T-MEC, que hace apenas seis años era presentado como el instrumento que modernizaría la relación comercial de América del Norte, aparece ahora como un documento en revisión constante, sujeto a presiones que no pueden esperar a 2036.

Lo que la prensa internacional subraya, aunque sin formularlo en estos términos, es que México ha quedado atrapado en una dinámica donde los déficits comerciales estadounidenses y las reglas de origen automotriz no son asuntos técnicos que se resuelven en mesas de negociación, sino vectores de poder que se redefinen cada ciclo político. La administración Trump, que ya ha mostrado su disposición a utilizar aranceles como herramienta de presión, ha dejado claro que los compromisos de hace seis años no son vinculantes si los números no le satisfacen a Washington.

Lo omitido en esta cobertura es tan relevante como lo dicho. No hay análisis de qué significa para México una renegociación permanente del T-MEC, ni reflexión sobre la capacidad de negociación de un país que enfrenta simultáneamente presión sobre seguridad, migración y ahora comercio. El economista de Barclays que aparece en el reportaje de France 24 probablemente ofrece perspectivas sobre los números, pero el encuadre general sigue siendo el de un acuerdo que funciona, aunque necesite ajustes. La realidad más incómoda, la de un México cuya integración económica depende de la voluntad política de un vecino cada vez menos predecible, queda en segundo plano.

La prensa internacional ha regresado a un territorio que durante semanas había dejado de ocupar sus primeras planas: la Costa Caribe de Nicaragua. Pero el regreso no trae consigo una cobertura nueva, sino una que obliga a reexaminar el lenguaje mismo con el que occidente nombra lo que sucede en esa región. Infobae América publica hoy una entrevista con Anexa Alfred, defensora de pueblos indígenas en Naciones Unidas, quien utiliza la palabra genocidio para describir lo que el régimen de Ortega y Murillo ejecuta contra el pueblo Miskito. Ese término, cargado de peso legal y moral, marca un punto de inflexión en cómo la prensa extranjera está enmarcando la crisis territorial de la Costa Caribe.

Hasta ahora, los reportes internacionales sobre Nicaragua han tendido a separar fenómenos distintos en cajas narrativas distintas: la represión política en Managua, la migración forzada hacia Costa Rica y Estados Unidos, la violencia contra opositores. Lo que emerge hoy es un intento de conectarlos bajo una lógica unificada. No se trata solo de desplazamientos de población o conflictos por tierras, sino de una política estatal sistemática que combina la ocupación militar, la concesión de derechos mineros a empresas privadas, y la violencia contra comunidades específicas. El encuadre que propone la defensora de la ONU, y que Infobae amplifica, sugiere que estos elementos no son efectos secundarios de una dictadura, sino componentes deliberados de un plan.

Sin embargo, hay aquí una tensión que la cobertura internacional no termina de resolver. El artículo atribuye la invasión de tierras a militares y exmilitares que buscan transformar el territorio para ganadería y minería. Menciona concesiones mineras otorgadas por el régimen. Pero no especifica quiénes son esos empresarios, qué empresas operan, cuál es el volumen real de esas concesiones ni cuáles son los beneficiarios finales. La palabra genocidio aparece, pero sin detallar cifras de muertes, desapariciones o desplazamientos cuantificables. Infobea cita masacres anuales documentadas desde 2021, pero no proporciona números ni nombres de esos eventos. La vulnerabilidad específica de las mujeres Miskitas se menciona de pasada, casi como un apunte final.

Lo que la prensa extranjera está haciendo es elevar el nivel de acusación sin necesariamente profundizar en la arquitectura de esa acusación. Esto tiene un efecto paradójico: por un lado, internacionaliza una crisis que merece atención global; por otro, la presenta de un modo que privilegia la denuncia sobre el análisis. Anexa Alfred es una voz autorizada, pero es también una voz única en este relato. No hay contraposición de fuentes, no hay detalles sobre cómo se documentan esas masacres, no hay un mapa claro de quién gana qué en esta ocupación territorial.

La prensa internacional, al regresar a la Costa Caribe después de semanas enfocada en otros aspectos de la crisis nicaragüense, parece haber decidido que el término genocidio es el que mejor captura la magnitud de lo que ocurre. Pero ese término, precisamente por su peso, exige una precisión que el reportaje de hoy no entrega. Quizás sea suficiente para alertar a la opinión pública internacional. Quizás no lo sea para sostener una investigación que vaya más allá de la denuncia.

La prensa internacional que cubre a Panamá ha regresado hoy a un territorio narrativo que parecía haber cedido lugar a otras preocupaciones: la corrupción institucional como síntoma de fragilidad estatal. Infobae América, único medio extranjero que reporta sobre el país en esta jornada, dedica su atención a la reasignación de seis oficiales de la Policía Nacional mientras avanzan investigaciones por presunta corrupción, un episodio que toca directamente la médula de la capacidad del Estado para ejercer control sobre sus propias estructuras de seguridad.

El encuadre es revelador por lo que subraya y por lo que omite. La prensa extranjera no presenta esto como un acto de depuración institucional, sino como evidencia de un problema sistémico que ha permanecido latente. La separación de dos subcomisionados, dos mayores y dos tenientes de sus funciones operativas, junto con la investigación de aproximadamente treinta uniformados por presunta vinculación con el ingreso de teléfonos celulares a celdas de líderes criminales en la isla de Coiba, se presentan como capas de un mismo fenómeno: la penetración de la corrupción en los órganos de seguridad que deberían ser guardianes del orden.

Lo significativo es que el relato extranjero no se detiene en la medida administrativa en sí, sino que la contextualiza dentro de una narrativa más amplia de debilidad institucional. Infobae cita a organizaciones de derechos humanos que instan a las autoridades a proporcionar información clara sobre el avance de los procesos, un gesto que introduce la desconfianza como elemento estructural del análisis. La institución policial ha argumentado que la separación "no constituye una sanción" sino una "disposición preventiva", pero la prensa internacional no se conforma con esa distinción técnica. Traduce el lenguaje administrativo como lo que es: un reconocimiento de que el problema existe y que requiere contención.

Hay algo más en el encuadre que merece atención. Los oficiales implicados prestaban servicio en áreas estratégicas: la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria, particularmente en Punta Coco, la Dirección Nacional de Investigación Judicial, la Dirección Nacional de Intervención Policial y la 14ª Zona Policial de Metro Norte. No son departamentos menores. Son las arterias del sistema de seguridad. Que la corrupción se haya enquistado precisamente en estos puntos nodales es lo que la prensa extranjera subraya, implícitamente, como la verdadera amenaza: no la existencia de malos oficiales, sino la posibilidad de que el sistema completo esté comprometido desde adentro.

El silencio de la Policía Nacional sobre nombres y detalles específicos, justificado bajo la "reserva administrativa", es presentado por Infobea como una limitación que impide el escrutinio público. La prensa extranjera no lo dice de manera explícita, pero el tono sugiere que la opacidad es parte del problema, no su solución. Cuando una institución de seguridad se cierra sobre sí misma para investigar a sus propios miembros, la confianza en que esa investigación será imparcial se erosiona.

Lo que distingue este encuadre del que predominó en semanas anteriores es el retorno a una preocupación que la cobertura extranjera había desplazado hacia cuestiones ambientales o sanitarias: la integridad del Estado como actor capaz de gobernarse a sí mismo. Panamá reaparece en la prensa internacional no como un país que distribuye viviendas o que enfrenta plagas de moluscos, sino como un territorio donde las instituciones que deberían garantizar el orden están permeadas por la corrupción. Es un cambio de temperatura en la narrativa, y sugiere que, para la prensa extranjera, la vulnerabilidad de Panamá no reside en amenazas externas o en problemas técnicos, sino en la capacidad de sus propias estructuras para resistir la captura desde adentro.

La prensa internacional ha encontrado una forma peculiar de mencionar a Paraguay sin hablar de Paraguay. En el artículo de France 24 sobre la remontada de Inglaterra contra la República Democrática del Congo, Paraguay aparece en la apertura como un dato histórico, una referencia que valida la narrativa del día: "Desde que Paraguay eliminó a Alemania y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026, las sorpresas en la Copa del Mundo no han dejado de suceder". El país está allí, mencionado, pero únicamente como punto de anclaje temporal, como el evento que marcó el inicio de un período de incertidumbre en el torneo.

Lo que revela este encuadre es que Paraguay ha dejado de ser noticia por sí mismo. Ya no es el asombro, ni la sorpresa, ni el desafío al orden mundial del fútbol. Ha sido absorbido en la narrativa más amplia de un Mundial donde lo inesperado se ha vuelto rutinario. Paraguay no es ya el fenómeno, sino el antecedente que explica por qué otros eventos merecen cobertura. Su victoria contra Alemania se ha convertido en contexto, no en protagonismo.

Este movimiento es revelador. En los editoriales anteriores de El Mirador sobre Paraguay, el país ocupaba al menos el centro de la tensión narrativa: era lo que había que explicar, lo que desafiaba expectativas, lo que obligaba a repensar categorías. Ahora, después de avanzar a octavos de final, Paraguay se ha vuelto invisible precisamente porque ya no sorprende. Ha cumplido su función en el relato internacional: fue la prueba viviente de que el Mundial 2026 sería impredecible. Cumplida esa función, puede retirarse a los márgenes.

Lo irónico es que esto ocurre en el momento en que Paraguay está jugando mejor, en que ha avanzado de fase, en que su presencia en octavos es un logro concreto y no una promesa. Pero la prensa extranjera no narra logros sostenidos; narra quiebres, sorpresas, momentos que desafían lo esperado. Una vez que lo inesperado se normaliza, el país que lo protagonizó pierde relevancia noticiosa. Paraguay sigue en el torneo, pero ha desaparecido del relato internacional. Y esa desaparición, paradójicamente, es la confirmación más clara de su éxito: ya no es excepcional, es simplemente un equipo más que avanza.

La prensa internacional ha encontrado en la victoria de Keiko Fujimori un relato que trasciende lo electoral para inscribirse en una narrativa mayor: el resurgimiento de la derecha latinoamericana. Ese es el encuadre dominante que emerge del texto completo que hoy circula en los medios extranjeros, y es precisamente ahí donde conviene detenerse, porque revela tanto lo que la mirada de afuera ve como lo que deliberadamente elige no ver.

El medio que reporta la noticia (identificado en el feed como feed/peru) coloca el resultado dentro de un patrón regional más amplio. No es solo que Fujimori ganó. Es que su victoria es "el último triunfo de la derecha latinoamericana". Esa frase, en el titular mismo, convierte lo peruano en un episodio de una serie más grande, donde el péndulo político del continente se inclina nuevamente hacia la derecha después de años de gobiernos progresistas. La elección peruana se lee así como confirmación de una tendencia, como dato que alimenta una hipótesis sobre el giro ideológico regional.

Lo interesante es que ese encuadre, aunque estadísticamente correcto, desplaza la atención de lo que es genuinamente peruano en esta elección. El texto señala que Fujimori ganó por menos de 50.000 votos de más de 18 millones emitidos, un margen tan estrecho que apenas existe. Pero la prensa extranjera no enfatiza ese dato como síntoma de una polarización profunda o de una legitimidad cuestionada. Lo menciona de pasada, casi como un detalle técnico, porque lo que importa narrativamente es el resultado, no su fragilidad.

El segundo movimiento del encuadre es la personalización del relato alrededor de Fujimori como figura. Se subraya que es "la hija de Alberto Fujimori", que es su "cuarto intento" presidencial, que ella trabajó "para suavizar su imagen" durante la campaña. La biografía se vuelve argumento: una mujer que heredó un legado tóxico y que finalmente logró vencer la resistencia que ese legado generaba. Pero aquí hay una omisión significativa. El texto menciona que "millones de peruanos guardan recuerdos oscuros del gobierno de su padre" y que "se niegan a votar por alguien llamado Fujimori", pero no profundiza en qué significa que, a pesar de esa resistencia, ella ganó. ¿Qué dice eso sobre el estado de la democracia peruana? ¿Sobre la capacidad del voto de castigo a la corrupción? La prensa extranjera lo deja en suspenso.

Lo que sí destaca es el contexto de crisis: ocho presidentes en una década, crimen en aumento, extorsión, sicariato. Fujimori prometió "orden y esperanza" y la prensa extranjera la cita diciendo exactamente eso, como si fuera un programa. Pero no interroga qué significa que una candidata que vota a su padre como modelo de "mano fuerte" sea la respuesta que los peruanos eligieron ante esa crisis. El paralelo entre el autoritarismo pasado y la promesa de orden presente queda planteado pero no examinado.

Hay también una ausencia notable: Roberto Sánchez apenas aparece en el relato. "Aún no ha reaccionado", dice el texto. Había advertido que no reconocería un gobierno de Fujimori, alegando irregularidades en el voto en el exterior. Pero esa denuncia no es desarrollada ni contextualizada. ¿Cuál era la naturaleza de esas irregularidades? ¿Tienen peso? La prensa extranjera no lo aclara. Sánchez existe en este relato solo como el perdedor, como la izquierda que no logró consolidarse en Perú, como parte de la narrativa del resurgimiento de la derecha.

Lo que la prensa internacional está viendo en Perú, entonces, es un país que elige orden sobre caos, derecha sobre izquierda, y una mujer que logró redimirse de su apellido mediante la persistencia. Es una lectura limpia, narrativamente satisfactoria. Pero es también una lectura que convierte Perú en un ejemplo de una tendencia regional, cuando lo que Perú podría estar mostrando es algo más incómodo: que la crisis institucional es tan profunda que los peruanos están dispuestos a votar por la hija de un autócrata condenado por crímenes de lesa humanidad con tal de tener alguien que prometa estabilidad. Eso no es un triunfo de la derecha latinoamericana. Es un síntoma de desesperación que la prensa extranjera, ocupada en contar historias regionales, apenas nota.

La prensa internacional descubre hoy a Vieques como un cementerio que habla. No es la primera vez que los medios extranjeros se acercan a la isla satélite de Puerto Rico, pero el encuadre que trae consigo The Guardian en esta cobertura merece atención porque revela algo sobre cómo Occidente procesa el daño ambiental cuando es infligido por sus propias instituciones militares.

El relato que estructura el artículo es, en apariencia, directo: bombardeos masivos durante seis décadas, contaminación con metales carcinógenos, tasas de cáncer elevadas, municiones sin explotar que siguen esparcidas en un tercio de la isla, y ahora el temor de que Donald Trump reactive las bases militares estadounidenses en la región. Es un argumento de causa y efecto, lineal, acusador. Pero el modo en que se cuenta revela una jerarquía de importancia que merece ser señalada.

The Guardian abre con José Belardo, el taxista jubilado que funciona como guía turístico de la tragedia. Es una técnica narrativa común en el periodismo anglosajón: humanizar mediante el testigo local, el que sabe porque vive ahí. Funciona. Pero observe el lector cómo el artículo alterna entre estadísticas sanitarias de 2003, estudios epidemiológicos, cifras de contaminación, y luego vuelve a las historias personales: Milivy Adams Calderón, la niña de cinco años con uranio elevado en sangre; Carlos Ventura, el pescador con linfoma de Burkitt; Zaida Torres, que viaja seis horas cada tres semanas para radioterapia. La estructura es deliberada: los números dan legitimidad, las personas dan emoción. Juntos crean lo que podría llamarse una narrativa de victimización completa.

Lo que es notable es lo que el medio británico enfatiza como novedad urgente: el miedo de que Trump reactive las bases. Ese es el gancho que le permite al artículo existir hoy, en 2025, cuando Vieques lleva más de dos décadas bajo limpieza del Superfund. No es que la contaminación sea nueva. No es que las muertes sean nuevas. Lo nuevo es la amenaza futura, el riesgo de que todo empeore. Y eso permite a The Guardian contar una historia sobre la responsabilidad estadounidense sin que suene como una crítica histórica desfasada, sino como una advertencia contemporánea.

Hay aquí una ironía que la prensa extranjera no subraya suficientemente. Mientras reporta sobre la reactivación de Roosevelt Roads en Ceiba, mientras cita los temores de los viequenses sobre una renovada militarización, el artículo mismo está siendo publicado en un contexto donde esa militarización ya es política de Estado declarada. No es predicción. Es descripción de lo que está ocurriendo. Y sin embargo, el tono del reportaje mantiene cierta distancia, cierta incredulidad: "algunos Viequenses temen que la reactivación militar sea inminente". Temen. Como si fuera especulación.

Hay además un silencio que merece mención. El artículo menciona que el proyecto de investigación de la Dra. Lorena Estrada-Martínez perdió financiamiento en 2025 "al inicio de la segunda administración Trump". Lo dice de pasada. Pero es un detalle crucial: la administración que ahora amenaza con reactivar las bases es la misma que acaba de defundar la investigación científica sobre los daños que esas bases causaron. Eso no es coincidencia. Es política. Y The Guardian lo reporta sin enfatizarlo, como si fuera un dato administrativo más.

Lo que la prensa extranjera ve en Vieques, entonces, no es exactamente un territorio. Es un caso de estudio sobre cómo un Estado imperial maneja sus residuos tóxicos cuando están en territorios que no pueden votarlo. Es un argumento sobre el militarismo estadounidense. Vieques es el escenario, pero no el protagonista. Los protagonistas son las decisiones de Washington, la lógica de la ocupación estratégica, la reconfiguración geopolítica frente a Venezuela y Cuba. Los viequenses son testigos, víctimas, voces que documentan lo que ya fue decidido en otro lugar.

Eso es lo que merece cuestionarse. No la precisión de los datos, que parecen sólidos. Sino el encuadre que permite a un medio internacional reportar sobre envenenamiento masivo, muertes evitables, y negligencia institucional como si fuera una historia sobre las consecuencias inevitables de la guerra, no como lo que es: una decisión política renovada cada día por no remediarla.

La prensa internacional que cubre República Dominicana ha desplazado hoy su mirada hacia un terreno menos visible pero quizá más revelador que las operaciones antidrogas o los casos de corrupción migratoria: el de la arquitectura técnica del sistema sanitario. Infobae América reporta el inicio de un ejercicio de medición de madurez de las Redes Integradas de Servicios de Salud en la región Yuma, una iniciativa que, en apariencia, es puro tecnicismo administrativo. Sin embargo, el encuadre de este reportaje merece una lectura atenta, porque en él se condensa una narrativa que la prensa extranjera ha comenzado a construir sobre cómo República Dominicana intenta legitimarse: no ya mediante la represión o el control, sino mediante la planificación racional, la medición, la coordinación institucional y el alineamiento con organismos internacionales.

El relato que Infobea presenta es notablemente ordenado. Aparecen aquí el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de la Presidencia, Promese/CAL y la Organización Panamericana de la Salud en una suerte de constelación armónica. Los funcionarios hablan un lenguaje de gestión: herramientas de evaluación, dimensiones de gobernanza, optimización de recursos, planes de mejora. La viceministra Yudelka Batista sostiene que la medición "trasciende la elaboración de un diagnóstico" y se convierte en "herramienta de gestión", mientras que el director ejecutivo del SNS, Julio Landrón, invoca el trabajo común y la población como centro. Es el idioma de la modernización administrativa.

Lo que la prensa internacional parece estar validando aquí es una particular versión de la capacidad estatal dominicana: no la de un gobierno que resuelve problemas inmediatos, sino la de uno que implementa procesos. Que mide, que coordina, que se alinea con recomendaciones de organismos panamericanos. Que documenta. Que planifica territorialmente. Esta es una narrativa menos dramática que la de las incautaciones de droga o las detenciones por corrupción, pero potencialmente más profunda, porque sugiere que el Estado dominicano está en tránsito hacia una forma de legitimidad que descansa en la demostración de competencia técnica y no solo en la represión visible.

Pero hay una omisión notable en el reportaje que merece ser señalada. No aparece en el texto ninguna referencia a los resultados previos de mediciones similares, ni a qué ha ocurrido con iniciativas anteriores de integración de servicios de salud en República Dominicana. No hay contexto sobre los fracasos, los retrasos, o las brechas entre lo planificado y lo ejecutado. El ejercicio se presenta como un punto de partida limpio, una herramienta nueva que permitirá "orientar la toma de decisiones, priorizar inversiones". Pero ¿qué pasó con las mediciones anteriores? ¿Cuál es el historial de implementación de planes de mejora en el sistema sanitario dominicano?

La prensa extranjera, en este caso, parece estar adoptando el lenguaje y la lógica del propio gobierno: si hay una metodología, si hay coordinación interinstitucional, si hay alineamiento con la OPS, entonces hay modernización. El acto de medir se convierte en sinónimo de progreso. Y quizá lo sea, pero la cobertura no interroga el salto entre el diagnóstico y la acción, ni examina la capacidad real de ejecución que existe en el terreno.

Lo que emerge, entonces, es un encuadre donde República Dominicana se presenta no como un país con problemas de salud pública que requieren solución urgente, sino como un Estado que está refinando sus herramientas de gestión. Es una narrativa menos incómoda, más compatible con la idea de un país que avanza mediante procesos ordenados. Pero también es una narrativa que, al enfatizar el proceso, puede diluir la pregunta más elemental: ¿está mejorando la salud de la población? Y esa pregunta, por el momento, permanece fuera del encuadre.

La prensa internacional ha trasladado su mirada sobre Uruguay desde el terreno de juego hacia la sala de tribunales, y en ese desplazamiento revela algo que merece examen: el país sudamericano solo interesa cuando encarna una de dos narrativas predeterminadas. Primero fue la insuficiencia deportiva. Ahora es el capo de la droga.

Sebastián Marset, el presunto narcotraficante uruguayo cuyo juicio comienza en enero de 2027 en Virginia, se ha convertido en el protagonista de la cobertura internacional sobre Uruguay. Infobae América reporta que el acusado se declaró inocente de cuatro delitos que incluyen narcoterrorismo, tráfico de cocaína en alta mar y lavado de dinero, delitos que podrían resultar en cadena perpetua. La noticia es legítima, por supuesto. Marset es una figura de relevancia regional: está vinculado al asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, fue capturado en Bolivia tras meses de búsqueda, y Estados Unidos ofrecía dos millones de dólares por su localización.

Pero el encuadre que la prensa extranjera aplica a este caso revela un patrón que excede los hechos puntuales. Marset no aparece como un problema de seguridad interna uruguaya, ni como un síntoma de debilidades institucionales que Uruguay podría reconocer y enfrentar. Aparece como un criminal internacional capturado, juzgado y procesado por Estados Unidos, en territorio estadounidense, bajo jurisdicción estadounidense. Uruguay, en este relato, es apenas el país de origen del acusado, un detalle biográfico sin mayor peso analítico.

Lo que la cobertura omite es tan significativo como lo que subraya. No hay reflexión sobre cómo un capo de esa envergadura logró operar durante años desde Bolivia bajo otra identidad. No hay análisis sobre qué significa para Uruguay que uno de sus narcotraficantes más buscados haya escapado de operativos de captura y permanecido prófugo. No hay preguntas sobre la capacidad de las instituciones uruguayas para gestionar este tipo de amenazas. En cambio, la narrativa se centra en los detalles del proceso penal estadounidense: los cambios de estrategia legal, las acusaciones de violación de derechos, la fecha del juicio.

Marset mismo ha adoptado una estrategia defensiva que incluye denuncias por presuntos actos de extorsión de agentes de la DEA y afirmaciones sobre irregularidades en su detención en Bolivia y traslado a Estados Unidos. Según reporta Infobaa, en una carta manuscrita desde el Centro de Detención de Alexandria sostiene que sus derechos fueron vulnerados desde el momento de su captura, que fue arrestado sin orden judicial y que su expulsión no siguió proceso legal alguno. Alega también que fue interrogado sin asistencia legal y que recibió amenazas durante el procedimiento.

Estos detalles procedimentales son relevantes para el caso, sin duda. Pero la forma en que la prensa internacional los presenta tiende a convertir a Uruguay en un escenario secundario de un drama judicial estadounidense. El país no aparece como un actor con preocupaciones propias sobre la criminalidad transnacional que lo afecta, sino como el lugar de donde proviene un acusado cuyo destino se decide en otra parte.

Hay una ironía incómoda en este desplazamiento. Uruguay, durante años, ha sido presentado por la prensa internacional como un oasis de estabilidad democrática y gobernanza en América Latina. Esa imagen construida contrasta ahora con la realidad de que el país ha sido incapaz de contener a figuras como Marset, que ha servido de base operativa para redes criminales que alcanzan escala regional. La prensa extranjera no parece interesada en explorar esa contradicción. Le basta con reportar el caso como un episodio más del crimen transnacional latinoamericano, donde Uruguay es apenas una coordenada geográfica en un mapa más amplio.

La prensa internacional ha identificado hoy un fenómeno que hasta ahora había permanecido en los márgenes de la cobertura del desastre venezolano: la transmutación de espacios civiles en infraestructura de emergencia. El titular de France 24 sobre un campo de golf convertido en refugio para damnificados no es una anécdota de ingenio comunitario. Es el registro de una ausencia institucional tan profunda que obliga a la sociedad a reasignar sus propios recursos —sus lugares de ocio, sus espacios de normalidad— para funciones de supervivencia.

Lo que la prensa extranjera está documentando es la erosión de la frontera entre lo civil y lo estatal. No porque haya una movilización cívica extraordinaria, sino porque la falta de respuesta oficial ha vuelto esa movilización obligatoria. Un campo de golf como albergue no es un símbolo de resiliencia comunitaria. Es un símbolo de que las instituciones encargadas de gestionar la crisis han desaparecido del mapa. France 24 lo presenta con sobriedad, pero el hecho mismo porta su propia acusación.

La cobertura de hoy añade un elemento que matiza los reportajes anteriores: mientras que hace días la prensa extranjera enfatizaba la búsqueda manual entre escombros, hoy subraya la búsqueda de refugio. El desastre ha entrado en una segunda fase, y esa transición revela algo que los primeros días ocultaban. No se trata solo de que los muertos no sean contabilizados ni los desaparecidos localizados. Se trata de que los sobrevivientes carecen de lugares donde estar. La infraestructura de acogida simplemente no existe, o existe en la medida en que ciudadanos privados la improvisan.

Beatriz Ochoa, directora de Incidencia del Consejo Noruego para los Refugiados, aparece en el reportaje de France 24 como testigo de esa realidad. Su presencia en el análisis señala que la prensa internacional ya no está observando solo un desastre natural, sino una crisis humanitaria que trasciende la magnitud del terremoto. Un consejo para refugiados interrogado sobre Venezuela sugiere que la categoría misma de "refugiado" —es decir, personas desplazadas por circunstancias que las obligan a abandonar sus hogares— está adquiriendo relevancia en el contexto de la catástrofe.

Lo que permanece ausente en estos titulares es cualquier mención a la respuesta coordinada del Gobierno, a planes de reubicación, a recursos movilizados desde el nivel central. Su silencio en la narrativa de France 24 es ensordecedor. No porque la prensa extranjera sea particularmente crítica con Venezuela —aunque lo sea—, sino porque la realidad sobre el terreno simplemente no ofrece hechos que reportar en esa dirección. Un campo de golf como refugio es lo que hay. Y eso es lo que se reporta.