Opiniones

La prensa internacional que hoy cubre América Latina ha optado por un encuadre que, en apariencia, es el más técnico y menos dramático de los posibles: Costa Rica enfrenta un repunte de dengue, las autoridades publican boletines epidemiológicos, se recomiendan medidas preventivas. Infobea América reporta los números con la precisión de un comunicado oficial. Pero este silencio relativo, esta ausencia de alarma en la cobertura extranjera, dice algo importante sobre cómo la prensa de afuera está viendo hoy a América Latina.

El dato central es paradójico: Costa Rica registra 1.411 casos acumulados de dengue en 2026, lo que representa una reducción del 8 por ciento respecto a 2025, cuando había 1.540 contagios. Por cualquier métrica racional, esto es una noticia de control relativo, de gestión que funciona. Las autoridades sanitarias lo subrayan. Y sin embargo, el boletín epidemiológico que Infobea reproduce íntegro advierte que esta reducción podría "desaparecer rápidamente" porque desde la semana 17 hay un "aumento sostenido de notificaciones" que ha llevado la curva a aproximarse "peligrosamente" a la zona de alerta.

Lo que la prensa extranjera no está diciendo, o está diciendo de modo tan técnico que se vuelve invisible, es que Costa Rica vive en un estado de vigilia permanente frente a una enfermedad que, aunque controlada en números absolutos, sigue siendo impredecible. La región del Pacífico Central ya registra 91 casos por cada 100.000 habitantes. Hay 24 casos de dengue con signos de alarma. Las condiciones climáticas aceleran la reproducción del mosquito. El fenómeno de El Niño sigue operando como factor multiplicador.

Pero el encuadre internacional no es el de una amenaza sanitaria latente. Es el de un país que reporta, que tiene sistemas de vigilancia, que comunica. Es decir, es el encuadre de una institución que funciona, aunque sea precariamente. En el contexto más amplio de cómo la prensa extranjera está viendo América Latina en estos días, esto marca una diferencia notable. No es Venezuela con sus sismos y su colapso estatal. No es Perú con su regreso de figuras controvertidas. Es Costa Rica cumpliendo con sus protocolos, actualizando sus boletines, pidiendo a la población que elimine criaderos.

La ironía es que este encuadre "positivo" o al menos "institucional" oculta algo que merece atención: que en América Latina, incluso cuando los sistemas funcionan, la región sigue siendo territorio de riesgos que la prensa extranjera tiende a reportar como fenómenos aislados. El dengue no es una crisis costarricense. Es una realidad regional que afecta simultáneamente a docenas de países, que se expande con el cambio climático, que requeriría una respuesta coordinada que la prensa internacional casi nunca encuadra como tal. En su lugar, cada país reporta sus números, cada capital publica sus boletines, y la cobertura extranjera documenta la suma de esos reportes sin preguntarse por la lógica sistémica que los conecta.

Costa Rica, en este sentido, es casi invisible en la narrativa internacional no porque su situación sea irrelevante, sino porque es demasiado ordenada, demasiado institucional para generar la tensión que la prensa extranjera necesita para convertir un hecho en noticia. Un país que controla su epidemia, aunque sea de modo frágil, no es noticia. Es solo un país funcionando, lo cual, en el contexto latinoamericano tal como la prensa de afuera lo ve, es casi lo más raro que puede ocurrir.

La prensa internacional descubre hoy una Argentina que, lejos de ser la candidata inevitable que muchos imaginaban, debe luchar por su supervivencia en un torneo que se supone ya dominaba. El encuadre es revelador: no se trata de una victoria, sino de una escapada. BBC Mundo elige la palabra "sobrevive", France 24 habla de "sufrir", El País América invoca directamente "la historia de los Mundiales". El tono no es el de quien celebra a un campeón vigente avanzando de fase, sino el de quien documenta un milagro evitado por los pelos.

Lo notable es que la narrativa internacional no culpa a Argentina por el susto, sino que le otorga un protagonismo casi involuntario a Cabo Verde. El equipo caboverdiano, ubicado en el puesto 64 de la clasificación mundial, debutante en un torneo de esta magnitud, se convierte en el personaje central de la historia. BBC Mundo lo describe como "la selección sorpresa del campeonato" y subraya que es "la nación más pequeña en disputar un partido de eliminación directa de una Copa del Mundo". Cada detalle amplifica la narrativa de lo improbable, de lo heroico, de lo que no debería haber sucedido pero sucedió.

Esto revela algo incómodo sobre cómo la prensa extranjera está leyendo a Argentina en este Mundial: no como un equipo que domina, sino como uno que está siendo cuestionado. La presencia de Messi en el relato funciona casi como un salvavidas narrativo, un recordatorio de que sí, Argentina sigue siendo Argentina, pero ese sí ya contiene una duda que antes no estaba. Cuando BBC Mundo menciona que Messi "protagonizó otro momento de magia" para el 1-0, el adverbio "otro" sugiere que estos momentos son cada vez más necesarios, más desesperados, menos inevitables.

El gol en propia puerta de Diney Borges en el minuto 111, que finalmente salvó a Argentina, no es presentado como un error de Cabo Verde sino como una ironía del destino. La prensa internacional lo registra con una cierta compasión hacia los caboverdianos, como si Argentina hubiera ganado no por ser mejor sino por ser más afortunada. El párrafo que describe el golazo de Sidny Lopes Cabral, con su disparo con efecto que superó al portero Dibu Martínez, recibe más admiración que el gol de la victoria. La mejor noche de la carrera de Cabral ocurre en una derrota; la supervivencia de Argentina ocurre en una victoria que nadie quería que fuera así.

Lo que la prensa internacional omite, o apenas susurra, es una pregunta incómoda: ¿qué sucede si Argentina se cruza en octavos con un rival que cometa menos errores que Cabo Verde? El encuadre extranjero registra el presente sin especular sobre el futuro, pero la inquietud ya está sembrada en el lenguaje. Argentina avanza, sí, pero la manera en que avanza —sufriendo, dependiendo de un autogol, siendo salvada por la prórroga— es el tipo de información que las redacciones internacionales guardan para construir narrativas posteriores sobre equipos que no supieron mantener su condición.

La ironía final es que Cabo Verde, que perdió, probablemente recibirá más cobertura admirativa en los próximos días que Argentina, que ganó.

A imprensa internacional descobriu hoje que o Brasil é um país onde a justiça funciona, e essa descoberta chegou através de uma decisão que, vista de fora, parece menos um triunfo do sistema e mais uma confirmação de sua capacidade de conter figuras políticas perigosas.

A France 24 Español reporta a extensão da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro com um tom que merecia análise atenta. O enquadramento não é de vitória democrática nem de perseguição política. É, simplesmente, o de uma máquina institucional que funciona. O Supremo Tribunal Federal mantém o ex-presidente sob monitoramento eletrônico, prorroga a medida, cita deterioração de saúde como justificativa. A sentença original de 27 anos por delitos relacionados a tentativa de golpe de Estado permanece no horizonte. O que a imprensa estrangeira enxerga nesta notícia é a imagem de um sistema que não colapsa diante de seus próprios ex-líderes, que não negocia impunidade, que segue seu curso mesmo quando o personagem em questão é alguém que ainda possui base política e capacidade de mobilização.

Há algo de particularmente revelador no silêncio do enquadramento internacional sobre este ponto. Não há dramatização sobre o sofrimento de Bolsonaro, não há narrativa de martírio político, não há sequer a ironia que costuma acompanhar coberturas de figuras caídas em desgraça. Há apenas o registro factual de que a prisão continua, que o monitoramento persiste, que a condenação não foi revertida. Para o observador estrangeiro, isso é notável não por ser excepcional, mas por ser exatamente o que se espera que aconteça em uma democracia que funciona minimamente.

O contraste com outras manchetes do dia é instrutivo. Enquanto a imprensa internacional dedica espaço a Keiko Fujimori no Peru, a eleições na Ucrânia, a crises no Irã, a cobertura do Brasil sobre este tema específico é quase monótona em sua confiança no processo. Não há dúvida sobre a legitimidade da decisão, não há questionamento sobre o viés dos juízes, não há a narrativa de um país à beira do caos institucional que costuma acompanhar coberturas de outras nações latino-americanas em situações semelhantes.

Isso não significa que a imprensa estrangeira veja o Brasil como um modelo. A operação contra redes de lavagem de ativos, também mencionada hoje, sugere que o país continua sendo visto como um lugar onde a corrupção é sistêmica e requer operações policiais de grande escala. Mas há uma hierarquia no enquadramento: a justiça funciona para conter líderes políticos, mesmo quando esses líderes tentam desafiá-la. A polícia age contra crimes financeiros. O sistema, ainda que imperfeito, segue seu curso.

O que é verdadeiramente novo no enquadramento de hoje é essa ausência de dramaticidade. Não é celebração, não é condenação moral enfática, não é narrativa de esperança ou desespero. É apenas o registro de que as instituições brasileiras, quando se trata de processar seus próprios ex-líderes por tentativa de golpe de Estado, conseguem fazer o que deveriam fazer. Para um observador internacional acostumado a coberturas de democracias frágeis e instituições capturadas, isso é suficientemente digno de nota para ocupar espaço em um painel de notícias sobre a região. Não como exceção, mas como confirmação de que, neste aspecto específico, o Brasil ainda funciona.

La prensa internacional sigue a Colombia por donde va el balón, y hoy ese destino es un partido de fútbol en la fase de eliminación directa del Mundial 2026. El País América cubre el encuentro de dieciseisavos entre Colombia y Ghana con la precisión de quien reportea un evento deportivo de primer nivel, pero sin mayor pretensión analítica sobre lo que sucede en el país más allá de las líneas del campo.

El encuadre es limpio y funcional. Colombia aparece como una selección sólida que terminó segunda en su grupo, solo detrás de Portugal, tras vencer a Uzbekistán y la República Democrática del Congo, además de empatar ante los portugueses. Es el retrato de un equipo en buen momento, dirigido por Néstor Lorenzo, que avanza en la competición con credenciales respetables. No hay dramatismo, no hay advertencia sobre crisis internas, no hay especulación sobre turbulencias políticas que pudieran afectar al fútbol. Es, simplemente, fútbol.

Lo notable aquí no es lo que dice el medio, sino lo que omite decir. La cobertura internacional de Colombia ha estado durante meses teñida de preocupación: violencia política, polarización, tensiones con el Ejecutivo, cuestionamientos a decisiones presidenciales. El fútbol, en cambio, parece ofrecerle a la prensa extranjera un respiro de esa narrativa más pesada. Un partido es un partido. Una selección que juega bien es simplemente eso, sin necesidad de buscar en ella un reflejo de las fracturas del país.

Esto revela algo sobre cómo funciona la mirada extranjera: tiende a compartimentalizar. Colombia en el Mundial es Colombia el equipo de fútbol. Colombia en las noticias políticas es Colombia la nación en crisis. Rara vez ambas imágenes se tocan, rara vez la prensa internacional intenta tejer una narrativa que las conecte. El resultado es un país fragmentado en la cobertura global, donde lo deportivo y lo político habitan universos paralelos sin interferencia mutua.

Para el medio español que cubre este partido, lo que importa es el desempeño táctico, los resultados, el avance en la competición. Es un enfoque legítimo, por supuesto. Pero también es revelador de las prioridades: cuando Colombia juega bien al fútbol, merece cobertura seria y sin adjetivos. Cuando Colombia enfrenta turbulencias políticas, merece análisis profundo y a menudo preocupado. Pocas veces la prensa extranjera ve a ambas Colombias como una sola.

La prensa internacional que hoy se detiene en Costa Rica lo hace desde un ángulo que resulta incómodo precisamente por su precisión: el de un país que posee las herramientas legales para proteger sus costas pero carece de la voluntad política o la capacidad institucional para hacerlas funcionar. Infobae América, a través del informe del Programa Interdisciplinario Costero de la Universidad Nacional, documenta no una crisis de regulación sino una crisis de aplicación, lo que es diagnosticamente más grave.

El contraste que la cobertura extranjera subraya es notable. Costa Rica cuenta, según el documento citado, con un marco legal ambiental robusto: nueve leyes ordinarias, protecciones constitucionales, leyes de zona marítimo terrestre y leyes orgánicas del ambiente. En teoría, el país debería estar blindado contra la depredación de sus costas. Pero la realidad que emerge del análisis es que estas normas funcionan como decoración institucional. Los proyectos cumplen formalmente la ley mientras la corrupción, el clientelismo y la captura institucional operan en paralelo, un escenario donde convergen élites políticas, empresariales y criminales. Para la mirada internacional, esto es particularmente revelador: Costa Rica no es un país sin regulaciones ambientales, sino uno donde la regulación existe pero no se aplica.

La prensa extranjera encuentra en esto un relato más perturbador que el de una nación simplemente negligente. Es el relato de un Estado capturado. Los planes reguladores costeros, concebidos para el desarrollo sostenible, han quedado expuestos a intereses privados y procesos poco transparentes. Los mapas de cobertura boscosa no se actualizan desde hace más de veinticinco años, lo que permite que se construya en zonas de amortiguamiento bajo una apariencia de legalidad. El Parque Nacional Manuel Antonio ve avanzar el desarrollo en sus límites. Monos congos mueren en Guanacaste por falta de pasos aéreos. Son síntomas de un fracaso administrativo sistémico.

Lo que la cobertura de Infobea enfatiza, sin embargo, es también significativo: la presencia de un informe académico serio, resultado de una mesa de trabajo intersectorial con participación de universidades, instituciones públicas y organizaciones sociales. Esto sugiere que en Costa Rica existe una sociedad civil que diagnostica, que documenta, que propone. Pero el encuadre extranjero contiene aquí una pregunta implícita: si el diagnóstico es tan claro y tan bien fundamentado, por qué persiste el problema. La respuesta que emerge del texto es que la debilidad no está en el conocimiento sino en la gobernanza, en la capacidad de traducir el saber en acción institucional.

La transformación de las costas costarricenses bajo el modelo turístico dominante también aparece en la cobertura como un fenómeno de desigualdad acelerada. Un testigo anónimo relata que Costa Rica está adoptando un modelo tipo Cancún, con mucha impunidad. Los precios del suelo se han disparado en una década, expulsando a familias locales. Los beneficios del turismo se concentran en grandes inversionistas mientras las comunidades absorben los costos sociales y ambientales. Para la prensa internacional, esto es especialmente significativo porque toca un nervio de la identidad costarricense: la idea de un país diferente, más equitativo, más verde. La cobertura sugiere que esa narrativa está siendo erosionada por dinámicas de especulación inmobiliaria y mercantilización del paisaje que no son exclusivas de Costa Rica pero que allí adquieren una particular resonancia.

Lo que la mirada extranjera no enfatiza tanto, pero que está implícito en el análisis, es que Costa Rica enfrenta un dilema sin solución fácil. Necesita los ingresos del turismo. Pero el modelo turístico que ha adoptado está destruyendo las bases ambientales y sociales que hacen al país atractivo. Es un círculo vicioso que requeriría, para romperse, precisamente lo que el país parece incapaz de generar: una articulación política que priorice el bienestar local sobre la inversión extranjera, que aplique las leyes que ya existen, que controle la corrupción en gobiernos locales, que actualice sus datos ambientales, que proteja el acceso a la tierra. La prensa internacional, al documentar este informe, está registrando un país que sabe cuál es su problema pero no ha encontrado el camino para resolverlo.

La prensa internacional retorna hoy a Cuba con una estrategia narrativa que ya ha ensayado antes pero que merece ser examinada con precisión: la conversión del impedimento estructural en testimonio de resistencia individual. The Guardian publica el relato de Abraham Jiménez Enoa, fundador de la primera revista independiente cubana, quien narra su experiencia de aislamiento, vigilancia e interrogatorio tras intentar contar historias de la vida cubana sin interferencia estatal. El medio británico enmarca esto como un podcast de larga duración, lo que otorga al relato una textura de intimidad y credibilidad que refuerza su poder narrativo.

Lo que resulta instructivo no es la existencia de represión contra la prensa independiente en Cuba, fenómeno bien documentado, sino el modo en que esta cobertura específica construye su sentido. Al privilegiar la voz singular, la anécdota del acoso personal, el detalle de la interrogación, la narrativa internacional esquiva una pregunta más incómoda: por qué un proyecto editorial independiente en Cuba enfrenta represión mientras que en otros contextos autoritarios similares puede existir en espacios grises de tolerancia relativa. El Guardian no se hace esa pregunta. Tampoco explora las condiciones que permitieron que la revista llegara a existir en primer lugar, ni examina qué tipo de independencia era posible antes de que "los problemas comenzaran", ni analiza el ecosistema mediático cubano más allá de la represión que lo atraviesa.

En cambio, lo que obtiene el lector es una narrativa de victimización que, aunque documentalmente válida, funciona como cierre interpretativo más que como apertura. El acto de lanzar una revista se convierte en acto de valentía individual contra un aparato represivo monolítico. Esta estructura narrativa es comprensible desde la perspectiva de un medio occidental: es legible, es dramática, es moralmente clara. Pero también es reductora, porque convierte un problema de política de medios en un problema de coraje personal, y porque sitúa al lector en una posición de espectador de una tragedia que ya conoce el desenlace.

Lo que falta en este encuadre es cualquier análisis sobre cómo funciona realmente la represión contra la prensa en Cuba, qué mecanismos específicos se activan, a quién afecta y a quién no, por qué algunos proyectos editoriales alternativos logran cierta circulación mientras que otros son sofocados inmediatamente. Falta también un examen sobre el público de esa revista independiente, sobre qué cubanos podían acceder a ella y cuáles no, sobre si la "independencia" era una realidad o un proyecto aspiracional. Falta, en suma, la complejidad que requiere cualquier análisis serio de la censura en contextos donde la represión no es uniforme sino selectiva, donde coexisten espacios de relativa libertad con zonas de control absoluto.

The Guardian ofrece, en cambio, lo que funciona bien en el ecosistema mediático anglosajón: un relato de persecución que confirma lo que ya se sabe sobre Cuba, narrado por una voz que encarna la resistencia intelectual. Es periodismo válido. Pero es también periodismo que, al enfatizar el drama individual, permite que el lector occidental se sienta moralmente situado sin necesidad de pensar en las estructuras que hacen posible esa represión, sin preguntarse qué rol juega su propio país en el sostenimiento de esas estructuras, sin examinar las contradicciones de su propia posición.

En ese sentido, el encuadre de hoy no es nuevo. Es el encuadre de siempre: Cuba como laboratorio de represión, el cubano como víctima cuya voz debe ser amplificada desde afuera porque adentro ha sido silenciada. Que sea cierto no lo hace menos limitado como forma de entender qué sucede en la isla.

La prensa extranjera trae hoy a El Salvador un caso de extorsión digital que, a primera vista, pertenece al género de la noticia policial de rutina: captura de un delincuente, incautación de dispositivos, promesa de investigación. Infobae América lo reporta con el tono administrativo que caracteriza la cobertura de operativos de la Fiscalía General de la República. Pero el encuadre merece atención, porque revela algo nuevo sobre cómo se está narrando ahora el país desde afuera.

Lo que emerge en este relato es la imagen de un Estado que funciona. No un Estado que resuelve, sino uno que actúa, que coordina, que captura y que comunica su actuación. La Fiscalía aparece como un ente que "coordinó un amplio operativo", que "ejecutó una orden de detención", que confiscó dispositivos con precisión catalogada, que promete análisis periciales y que, además, convoca públicamente a otras víctimas a denunciar. El lenguaje es el de la eficiencia institucional. Dos allanamientos, dos locaciones, un inventario detallado de lo incautado: cinco celulares en un lugar, dos en otro, tarjetas SIM de tres compañías distintas, un CPU. Todo registrado, todo documentado, todo comunicado a la prensa.

Esto es importante porque marca un giro sutil en el encuadre extranjero sobre El Salvador. Durante meses, la cobertura internacional ha oscilado entre dos polos: la narrativa de represión estatal (régimen de excepción, cárceles abarrotadas, detenciones masivas) y la narrativa de caos criminal (pandillas, extorsión, violencia sin control). Hoy aparece una tercera: la del Estado que persigue delitos específicos, que utiliza tecnología forense, que invita a la ciudadanía a colaborar. No es el Estado represivo de hace un año, ni es el Estado ausente de hace cinco años. Es el Estado que resuelve casos.

Pero hay algo que falta en este encuadre, algo que la prensa extranjera no subraya. El caso de Samuel Alejandro G. es un delito de violencia digital contra mujeres. Ocho víctimas, al menos. Material íntimo utilizado como arma de chantaje. Suplantación de identidad. Daño psicológico deliberado. Estos elementos están en el texto de Infobae, pero no constituyen el hilo narrativo principal. El énfasis cae en la captura, en la operación, en la capacidad institucional. El énfasis no cae en la naturaleza del delito ni en sus víctimas. No hay testimonios de las mujeres afectadas. No hay reflexión sobre por qué la extorsión sexual digital es un fenómeno creciente en El Salvador. No hay contexto sobre la violencia de género digital en la región. Lo que se reporta es la respuesta estatal, no el problema que la respuesta intenta resolver.

Hay una ironía incómoda aquí. La prensa extranjera celebra, tácitamente, que El Salvador tenga una Fiscalía que funciona, que persiga delitos digitales, que utilice informática forense. Pero lo que esa celebración implícita oculta es una pregunta incómoda: ¿por qué es noticia que el Estado capture a un extorsionista sexual? ¿Por qué es digno de cobertura internacional que una institución pública haga lo que se supone que debe hacer? La respuesta es que durante años no lo hizo. O no lo hizo de manera visible. O no lo hizo de manera que pudiera ser reportada sin riesgo.

El encuadre extranjero, entonces, está midiendo a El Salvador contra un estándar bajo. No está preguntando si la justicia es efectiva, si las víctimas reciben reparación, si los sistemas de protección funcionan. Está preguntando, simplemente, si hay un Estado que actúa. Y la respuesta, según Infobea, es sí. Eso es suficiente para la noticia. Eso es lo que merece ser reportado al mundo.

Lo que se pierde en este encuadre es la complejidad del país real. Un país donde una Fiscalía puede capturar a un delincuente digital pero donde ocho mujeres han tenido que soportar el chantaje con su intimidad. Un país donde hay equipos de informática forense pero donde no hay cifras públicas sobre cuántos casos de extorsión sexual digital existen. Un país donde el Estado comunica sus operativos a la prensa pero donde las víctimas no saben a dónde acudir más allá de lo que dice un comunicado oficial.

La prensa extranjera, en suma, está reportando la imagen que El Salvador quiere proyectar. Y El Salvador quiere proyectar la imagen de un Estado que funciona. Eso no es falso. Pero tampoco es completo. Es, simplemente, lo que es conveniente narrar desde afuera: el orden, no las grietas que el orden intenta ocultar.

La prensa internacional que hoy cubre Guatemala ha elegido un encuadre que merecería ser interrogado: la presentación del programa E10 como un acuerdo técnico entre socios estratégicos, cuando en realidad es un acto de política comercial estadounidense que Guatemala ejecuta sin debate público visible.

Infobea América, el único medio que reporta sobre el inicio de este programa de gasolina con diez por ciento de etanol, construye su relato alrededor de felicitaciones diplomáticas, calendarios de implementación y declaraciones ministeriales sobre sostenibilidad energética. La Embajada de Estados Unidos aparece aquí no como un actor que presiona, sino como un socio que celebra. El tono es de colaboración técnica. Lo que se omite es más revelador que lo que se dice.

El artículo menciona, casi de pasada, que la administración Trump ha impulsado la apertura de mercados extranjeros al etanol estadounidense y que Estados Unidos es el mayor productor mundial. Esto no es un detalle marginal. Es el núcleo de la transacción. Guatemala no está adoptando E10 porque sus analistas energéticos lo hayan recomendado tras años de estudio, sino porque Washington lo ha impulsado y la embajada lo celebra. El encuadre extranjero presenta esto como modernización cuando es, más precisamente, una decisión comercial que beneficia a productores estadounidenses de etanol.

Lo notable es cómo la cobertura desvincula completamente el programa de cualquier contexto político o económico más amplio. No hay preguntas sobre quién paga el costo de esta transición, qué empresas importadoras se benefician de las inversiones en infraestructura, si los consumidores verán cambios en los precios, o si existe algún debate legislativo sobre si Guatemala debería depender de combustibles importados. El ministerio supervisa, las empresas se adaptan, los técnicos calibran. Todo funciona en el plano de la eficiencia pura.

La fecha de disponibilidad pública es el 21 de agosto de 2026, casi dos años desde ahora. Esto sugiere que el programa está aún en fases preliminares, pero la cobertura no lo presenta así. La Embajada de Estados Unidos ya lo llama un avance histórico. El viceministro Barrios insiste que no se pospone nada, que solo se flexibiliza la norma técnica. Lo que se está viendo aquí es un mecanismo común: cuando una decisión política es impopular o controvertida, se la redefine como una serie de pasos técnicos inevitables, cada uno pequeño, ninguno cuestionable en sí mismo.

La prensa internacional no está siendo engañada. Simplemente está reportando dentro de un marco que acepta que los gobiernos latinoamericanos ejecutan las prioridades comerciales estadounidenses como parte del orden natural de las cosas. No hay ironía en la embajada felicitando a Guatemala. No hay pregunta sobre si Guatemala pidió esto o si fue ofrecido como parte de una negociación más amplia. El encuadre extranjero, al presentar esto como un acuerdo entre técnicos y diplomáticos, lo hace invisible como lo que es: una decisión de política exterior que Guatemala no debatió públicamente.

La prensa internacional ha optado hoy por ver a Honduras como un país que enfrenta una crisis de mortalidad infantil cuya responsabilidad descansa, fundamentalmente, en los padres. Infobae América reporta las cifras de Casa Alianza: 197 menores fallecidos en el primer semestre de 2026, con accidentes viales liderando las causas al 47 por ciento, seguidos por homicidios con 73 casos y suicidios con 32. El encuadre es el de una tragedia que exige, ante todo, supervisión familiar más rigurosa, cumplimiento de normas de tránsito y comunicación constante entre responsables e hijos.

Lo que merece atención es lo que ese encuadre deja en la sombra. La cifra es alarmante, ciertamente, pero la forma en que se la presenta la domestica dentro de una narrativa de responsabilidad privada. Grecia Moreno, directora del Observatorio de la Niñez, señala que muchas muertes por accidentes viales ocurren porque adolescentes conducen sin edad ni experiencia legal para hacerlo. Es una observación que invita una pregunta incómoda: ¿por qué en Honduras los menores tienen acceso a motocicletas y vehículos en primer lugar? ¿Qué ausencia de fiscalización estatal permite esa circulación? La cobertura internacional, sin embargo, traslada el problema a la esfera doméstica. Los padres deben supervisar más. Las familias deben asumir un rol más activo. La responsabilidad compartida que pide Casa Alianza se lee, en el texto de Infobea, como un reparto donde el Estado aparece casi como un actor secundario solicitante de políticas, no como el responsable de su implementación y cumplimiento.

Hay un segundo movimiento que merece escrutinio. El informe documenta la expansión geográfica de la violencia: departamentos como Colón, Yoro, Choluteca y El Paraíso ahora registran casos que antes se concentraban en Francisco Morazán y Cortés. Esa información es presentada como hallazgo preocupante pero sin mayor análisis de sus implicaciones. ¿Qué explica esa dispersión? ¿Crecimiento real de la violencia o reconfiguración de las dinámicas delictivas? ¿Debilitamiento de la presencia estatal en zonas que antes eran más controladas? La prensa extranjera documenta el fenómeno pero no lo interroga. Se limita a reportarlo como dato que refuerza la alarma general.

Los suicidios, finalmente, merecen una mención particular. Treinta y dos casos en seis meses, el dieciséis por ciento del total de muertes infantiles, es una proporción que en otros contextos habría generado un análisis separado sobre salud mental, acceso a servicios psicológicos, presión social y acoso escolar. Casa Alianza lo menciona; la prensa internacional lo registra como parte de una lista. No hay profundidad en ese rubro. No hay interrogación sobre qué está ocurriendo en las escuelas, en las redes sociales, en el tejido psicológico de la adolescencia hondureña. El suicidio aparece como dato más que como síntoma de una crisis que merece su propio análisis.

El encuadre de hoy, entonces, es el de una tragedia que se lee como suma de responsabilidades individuales y familiares, con el Estado como gestor de políticas que otros deben ejecutar. Es un relato que tranquiliza: si el problema es que los padres no supervisan, entonces la solución es que supervisen. Si el problema es que los adolescentes conducen sin permiso, entonces la solución es que los padres lo impidan. Es un relato que, al mismo tiempo, deja intactas las preguntas sobre por qué un Estado no logra garantizar que sus menores no mueran a tasas que alarman a organismos internacionales de protección infantil. Esa ausencia, en la cobertura de hoy, es tan reveladora como lo que sí aparece.

La prensa internacional descubre hoy en México un país donde el arte se vuelve más legible que la política, donde la ficción narrativa logra lo que la realidad institucional no consigue: mostrar sin manipular, documentar sin distancia turística, humanizar sin paternalismo. El artículo de Infobae América sobre Fernando Eimbcke y su película Moscas revela un encuadre extranjero que, por primera vez en días, no mira a México como un territorio de crisis sino como un laboratorio de dignidad estética.

El movimiento es sutil pero significativo. Mientras la cobertura internacional ha estado enfocada en la fragilidad de las instituciones mexicanas —desde la violencia en celebraciones públicas hasta la incapacidad para contener animales salvajes—, la atención a este director y su obra introduce una narrativa paralela: la de un cine que, precisamente porque rechaza la distancia y el espectáculo, logra capturar algo más verdadero sobre la realidad latinoamericana que cualquier reportaje convencional.

Lo que Infobea subraya es instructivo. La película fue la única en español en competencia oficial en la Berlinale, ganó el Premio del Jurado Ecuménico, y su método de producción —transporte público, colaboración con habitantes reales, rechazo deliberado a los drones y las vistas aéreas de la ciudad— se presenta como un acto de resistencia estética contra la narrativa de México como espectáculo lejano. Eimbcke rechaza explícitamente la visión de drones porque "me parecen un horror para mostrar una ciudad". Es una declaración política disfrazada de opción técnica.

Lo que la cobertura extranjera está haciendo aquí es invertir el orden de la representación. En lugar de ver a México a través de sus crisis institucionales, lo ve a través de sus artistas que se niegan a exotizar su propio país. El neorrealismo italiano que Eimbcke cita —De Sica, Ladrón de bicicletas— es una referencia que la prensa internacional entiende como legitimadora: México no es un territorio de caos, sino un espacio donde la dignidad artística puede dialogar con la pobreza material sin condescendencia.

Pero hay una ironía que la cobertura no explora. Mientras Eimbcke filma en blanco y negro en conjuntos habitacionales reales, respetando a sus personajes y rechazando la manipulación emocional, la prensa extranjera sigue operando desde una distancia que el director mismo rechaza. Infobae América celebra la película como un "fresco social de la realidad latinoamericana", pero esa celebración sigue siendo externa, sigue siendo la mirada de quien observa desde afuera. La ironía es que el método de Eimbcke —nunca llegar como turista, moverse en transporte público, dejarse inspirar por la realidad cotidiana— es exactamente lo opuesto a cómo la prensa internacional cubre a México.

Lo nuevo en el encuadre de hoy es que la prensa extranjera ha encontrado en el cine mexicano contemporáneo una forma de redención narrativa que no requiere de cambios políticos o institucionales. No necesita que México resuelva sus problemas para validar su existencia cultural. Simplemente necesita que sus artistas sigan siendo honestos. Es un movimiento que, de manera accidental, también es un alivio: México puede ser un lugar donde cosas terribles suceden y, simultáneamente, un lugar donde se hacen películas hermosas. La prensa internacional parece haber decidido, al menos por hoy, que la segunda verdad también merece espacio.

La prensa extranjera ha vuelto a un hilo narrativo que parecía agotado: el de las represalias contra la Iglesia Católica en Nicaragua. Pero lo que distingue hoy el encuadre de Infobea América no es simplemente la reiteración de persecuciones conocidas, sino el desplazamiento del foco hacia una dimensión que hasta ahora había permanecido más bien en segundo plano: el uso de la confiscación de tierras como instrumento de represalia selectiva contra familias específicas, particularmente las de clérigos desterrados.

El caso de Leonardo Urbina, presentado por el GREX, encarna un patrón que la cobertura internacional comienza a subrayar con mayor claridad. No se trata meramente de vigilancia eclesiástica, de restricciones a homilías o de detenciones de sacerdotes, hechos que ya han sido ampliamente documentados. Se trata, en cambio, de una modalidad de castigo que trasciende al individuo perseguido para alcanzar a su círculo familiar más cercano. La confiscación de tierras en Boaco, las presiones para vender propiedades a precios irrisorios, las muertes que la organización atribuye al estrés generado por estas acciones: todo ello dibuja una estrategia de represión que busca multiplicar el sufrimiento más allá del clérigo exiliado.

Lo que resulta notable en el encuadre de Infobea es cómo esta dinámica se presenta como parte de un fenómeno más vasto: la persecución sistemática de la Iglesia Católica desde 2018, pero con énfasis en lo que podría denominarse represalias de segunda generación. El obispo Juan Abelardo Mata detenido tras pedir oraciones por la Iglesia perseguida; el padre Frutos Constantino Valle en arresto domiciliario sin proceso conocido; sacerdotes bajo vigilancia permanente. El patrón que emerge es el de una represión que se ha sofisticado en sus mecanismos, que ya no necesita de la espectacularidad de las detenciones masivas sino que opera mediante presiones graduales, vigilancia constante y castigos que alcanzan a terceros.

Sin embargo, hay una omisión notable en cómo la prensa extranjera está enmarcando esto. Mientras subraya con precisión los hechos reportados por el GREX, tiende a mantener cierta distancia respecto de una pregunta más incómoda: qué papel juega el silencio institucional de la Iglesia Católica nicaragüana en la perpetuación de este ciclo. Infobea cita el pronunciamiento de una organización de excarcelados políticos, pero no profundiza en las razones por las cuales muchos sacerdotes que permanecen en Nicaragua no denuncian públicamente estos hechos, más allá de la explicación obvia del temor a represalias. Hay una dimensión de coerción que la cobertura toca apenas tangencialmente.

Lo que sí queda claro en el encuadre internacional es que la represión contra la Iglesia no ha disminuido, como podría sugerirse tras los años de relativa menor visibilidad mediática. Se ha transformado. Ha aprendido a operar con menos ruido y mayor efectividad. Y la prensa extranjera, al amplificar hoy el caso de la familia Urbina, está señalando algo que merece ser visto: que en Nicaragua, la persecución religiosa ha dejado de ser un fenómeno episódico para convertirse en una estructura permanente de control que permea la vida cotidiana de comunidades enteras.

La prensa internacional ha encontrado en Orlando Gill no un portero, sino un personaje de novela. Y ese descubrimiento revela algo inquietante sobre cómo se narra a Paraguay desde afuera: el país desaparece completamente detrás de una historia de redención que funciona precisamente porque no exige preguntas sobre Paraguay.

El relato de BBC Mundo es impecable en su construcción narrativa. Un hombre que vendió su uniforme para salvar a su hijo prematuro ahora salva a su país en el Mundial. La simetría es perfecta, casi demasiado perfecta. Y esa perfección es el problema. Porque cuando una historia es tan limpia, tan libresca, tan apta para ser adaptada al cine, es porque alguien ha decidido qué contar y qué omitir.

Lo que se cuenta: la pobreza de Gill, el parto traumático, la venta de sus pertenencias, el ascenso meteórico desde las categorías menores de San Lorenzo hasta el arco titular de Paraguay. Es una narrativa de mérito y supervivencia que funciona en cualquier idioma, en cualquier contexto cultural. Es, en otras palabras, universalmente consumible.

Lo que no se cuenta es más revelador. No hay contexto sobre por qué un futbolista de 26 años que jugaba en la primera división argentina se veía obligado a vender su uniforme para mantener a su familia. No hay análisis sobre qué significa que un portero de una selección nacional tenga que recurrir a eso. No hay preguntas sobre los salarios, sobre la estructura del fútbol paraguayo, sobre las condiciones de vida de los atletas en un país donde un portero en primera división no gana lo suficiente para cubrir una emergencia médica.

En cambio, la historia se convierte en una celebración de la voluntad individual. Gill no es un síntoma de un problema estructural; es un héroe que superó la adversidad. Paraguay no es un país donde los futbolistas viven en precariedad; es el escenario donde sucedió un milagro deportivo. El contexto nacional se evapora. Lo que queda es pura emoción, puro drama personal, completamente desconectado de cualquier realidad política o económica.

Y hay algo más: la dedicatoria de Gill a su sobrino hospitalizado, que BBC Mundo incluye al cierre, funciona como un refuerzo de ese mismo patrón. El portero no celebra a Paraguay ni reflexiona sobre lo que significa para su país. Dedica su victoria a una tragedia personal. La narrativa permanece en la esfera íntima, donde el análisis no es necesario, donde la pregunta "¿por qué?" se reemplaza por la emoción de "¿viste qué pasó?".

Este es el encuadre que la prensa internacional ha elegido para Paraguay: un país que existe únicamente como telón de fondo para historias de superación individual. No como una nación con su propia complejidad, sus propios problemas, sus propias preguntas. Paraguay es el lugar donde suceden cosas extraordinarias, pero esas cosas extraordinarias nunca exigen que se hable de Paraguay mismo.

La ironía es que esta narrativa, que parece celebrar a Paraguay, lo hace invisible. Gill se convierte en una abstracción universalizable, un símbolo de la voluntad humana que podría ser de cualquier país. Y Paraguay, en el proceso, deja de ser un país para convertirse en un decorado.

La pregunta que France 24 formula en su titular—cómo explicar el triunfo de Keiko Fujimori tras tres intentos fallidos—contiene una premisa que merece examinarse. No pregunta qué significa su victoria para Perú, ni qué proyecto político representa, ni siquiera quién fue derrotado o por qué. Pregunta, simplemente, cómo es posible que alguien gane después de perder. La prensa internacional ha encontrado en la ratificación del Jurado Nacional de Elecciones un enigma psicológico antes que un acontecimiento político.

Esa inversión de énfasis es reveladora. El Jurado Nacional de Elecciones ratificó la victoria de Keiko Fujimori en las elecciones presidenciales de 2026, convirtiendo a la líder de Fuerza Popular en presidenta electa para el período 2026-2031. Son datos. Pero la cobertura extranjera ha optado por enmarcar el resultado no como un mandato electoral sino como un acertijo sobre la resiliencia personal de una candidata. France 24 incluye en su reporte un análisis de Jhosselin Santillán, directora ejecutiva de la Asociación Peruana de Politólogas, pero el titular mismo ya ha decidido de qué trata la historia: del fenómeno Fujimori, no de Perú.

Hay una economía narrativa en esto. Un país que acaba de elegir presidenta ofrece múltiples ángulos de análisis: la composición del voto, las fracturas sociales que lo explican, los programas en competencia, las instituciones que lo procesaron, las expectativas que se depositan en el nuevo gobierno. Pero la mirada de afuera ha elegido concentrarse en un solo hilo: la persistencia como categoría de interés. Es como si Perú fuera principalmente una escena donde se resuelve una pregunta sobre la voluntad de una persona, y no un país donde millones de personas acaban de tomar una decisión colectiva con consecuencias propias.

El paralelo con los editoriales anteriores es tentador pero engañoso. No se trata de que la prensa internacional vea a Fujimori como símbolo de un resurgimiento derechista regional, ni de que reduzca su victoria a una anécdota de cuarta oportunidad. Hoy el encuadre es más específico y, en cierto sentido, más superficial: es el de la pregunta misma. Cómo explicar. Como si la explicación fuera el producto que se debe entregar, y Perú fuera el laboratorio donde se produce.

El País América, por su parte, ofrece un titular más directo: Fujimori acelera en la transición presidencial. Esa frase, "acelera", introduce un elemento de acción, de movimiento hacia adelante. Pero es casi un susurro comparado con la pregunta existencial que France 24 plantea. Uno habla del futuro. El otro habla del pasado de alguien, disfrazado de pregunta sobre el presente.

Lo que la prensa internacional omite es igualmente instructivo. No hay análisis de por qué Perú votó así hoy, en 2026, en este contexto específico. No hay examen de las condiciones que hicieron posible una cuarta candidatura. No hay interrogación sobre qué significa para las instituciones peruanas que una candidata que perdió tres veces logre ganar en la cuarta. Esas serían preguntas sobre Perú. La pregunta que se formula es sobre Fujimori, y esa es una diferencia que define cómo el mundo exterior está viendo este momento.

La prensa internacional que cubre República Dominicana ha encontrado hoy un espacio de cobertura que, por su aparente trivialidad, merece un examen más cuidadoso de lo que sugiere su presentación. Infobae América reporta una reducción en los precios de combustibles para la semana del 4 al 10 de julio, medida respaldada con subsidios del Estado por 424.53 millones de pesos dominicanos. En la superficie, es una noticia de política energética. En su estructura narrativa, revela algo más significativo sobre cómo la prensa extranjera enmarca la gestión económica del país.

El encuadre que predomina en el reportaje es fundamentalmente defensivo. No se trata de anunciar una política de largo plazo o un cambio estructural en la matriz energética dominicana. Se trata, explícitamente, de amortiguar. El verbo que usa el MICM, reproducido sin cuestionamiento por Infobaa, es proteger: proteger a la población vulnerable, proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos con menores ingresos, evitar aumentos abruptos en el costo del transporte. La narrativa es la de un gobierno que contiene crisis, que administra presiones externas mediante subsidios focalizados.

Lo que la prensa internacional subraya, sin decirlo directamente, es una vulnerabilidad estructural. República Dominicana refina únicamente el 20 por ciento de su demanda nacional de combustibles. Opera bajo el modelo de Paridad de Importación, lo que significa que los precios domésticos están atados a la volatilidad de los mercados globales. El conflicto en Medio Oriente iniciado en febrero de 2026 ha elevado el margen de refinación de USD 37.29 a USD 62.64 por barril de gasoil. Ante esto, el gobierno no puede sino subsidiar, porque la alternativa política sería permitir que esos aumentos se trasladaran al costo del transporte público y los bienes básicos.

Pero hay un detalle que Infobae menciona casi de pasada y que merece mayor atención: el GLP, el gas licuado de petróleo utilizado en la mayoría de los hogares dominicanos, se mantiene estable en RD 137.20 por galón, acumulando un año sin variación. Esto no es una victoria de mercado. Es un subsidio permanente. El gobierno ha congelado el precio del combustible que consume la población más pobre en un contexto de inflación internacional de los energéticos. La sostenibilidad de esta política no es un tema que la prensa extranjera aborda.

Lo que emerge del reportaje, entonces, es un retrato de un Estado que elige subsidiar el consumo presente a costa de presiones fiscales futuras. La prensa internacional, al reproducir estas medidas como hechos administrativos sin análisis de su viabilidad o sus costos acumulados, participa de una narrativa que normaliza la gestión de crisis como si fuera gestión ordinaria. República Dominicana no está creciendo hacia una independencia energética o hacia una matriz menos vulnerable. Está administrando su vulnerabilidad mediante transferencias presupuestarias que, según el propio Banco Central, forman parte de una política de subsidios focalizados que se ha vuelto estructural.

El encuadre extranjero, por tanto, no es falso. Es incompleto. Reporta lo que el gobierno hace, pero no interroga por cuánto tiempo puede hacerlo, ni qué sucede cuando la volatilidad internacional no se modera sino que se agudiza. En una región donde la cobertura de la prensa internacional tiende a osciliar entre la alerta sobre violencia criminal y la celebración de indicadores macroeconómicos positivos, las políticas de subsidios energéticos permanentes ocupan un espacio ciego: no son noticia de crisis, pero tampoco son noticia de estabilidad. Son, simplemente, la gestión ordinaria de una presión que no desaparece.

La prensa internacional descubre hoy a Uruguay a través de Mónica Michelena, una mujer que reconstruye la memoria charrúa con una caracola y un quillapí. El País América dedica su cobertura a esta búsqueda personal de identidad indígena, y en ese gesto editorial hay algo que merece atención: es la primera vez en semanas que el país aparece en los titulares extranjeros sin mediación de un futbolista, un narcotraficante o un fracaso deportivo.

El cambio de encuadre es significativo. Donde antes había déficit—no ganamos, no ganamos, caemos en desgracia—ahora hay una pregunta sobre la memoria y la presencia. Michelena, según el reportaje, busca reconstruir lo que fue borrado, lo que desapareció. Usa objetos, vestuarios, símbolos. El quillapí es un atuendo tradicional charrúa que ella luce en las fotos que acompañan la nota. La caracola que sostiene en otra imagen parece ser un instrumento de invocación, de llamada.

Lo curioso es que la prensa internacional, por primera vez en este ciclo de cobertura, ha decidido que Uruguay merece ser visto a través de una narrativa de recuperación cultural en lugar de pérdida deportiva o criminal. No es un cambio menor. Sugiere que existe espacio en la agenda mediática extranjera para historias que no sean sobre derrota o delito, siempre que sean lo suficientemente visuales, lo suficientemente personales, lo suficientemente melancólicas para justificar el reportaje.

Pero hay una pregunta incómoda bajo la superficie de esta cobertura: ¿por qué la prensa internacional necesita que Uruguay sea un país de ausencias para poder contarlo? Primero fue la ausencia de goles. Luego la ausencia de ley. Ahora es la ausencia de un pueblo indígena que fue eliminado hace siglos. El patrón es consistente. Uruguay solo existe en los titulares extranjeros cuando encarna una carencia, una búsqueda, una ruina que puede ser fotografiada y narrativizada.

Michelena está haciendo un trabajo legítimo de memoria. El problema no es ese trabajo. El problema es que la prensa internacional lo enmarca como la historia de Uruguay que merece ser contada, cuando en realidad es la historia que mejor se ajusta a sus criterios de cobertura: íntima, visual, melancólica, sin aristas políticas incómodas, sin preguntas sobre responsabilidad estatal o políticas públicas. Es memoria, pero es memoria segura. Es pasado, no presente.

Uruguay, según la mirada extranjera de hoy, es un país donde lo único que importa es lo que falta.

El cierre del aeropuerto de Maiquetía introduce un cambio de registro en la cobertura internacional del desastre venezolano. Hasta ahora, la prensa extranjera ha documentado principalmente lo que sucede dentro del país: el rescate, los escombros, la supervivencia contra las probabilidades. Hoy, con la infraestructura aeroportuaria dañada y el tráfico desviado a terminales alternativas desbordadas, el encuadre se desplaza hacia lo que sucede en los márgenes, en los intersticios del colapso. Ya no es solo qué ocurre adentro, sino cómo se filtra hacia afuera.

El País América subraya un detalle que merece atención: el Gobierno de Delcy Rodríguez no ha detallado la afectación ni explicado los planes de contingencia. Esa ausencia de información oficial no es un vacío administrativo menor. Es el espacio que la prensa extranjera está ocupando para narrar la realidad. Las filas de tres horas para recoger equipaje, los retrasos de doce horas en vuelos, son datos que hablan por sí solos cuando no hay comunicación estatal que los contextualice o los niegue. La prensa internacional ha aprendido a leer el silencio oficial como un texto en sí mismo.

Lo que emerge de este encuadre es una Venezuela que no solo sufre un desastre natural, sino que carece de la capacidad institucional para gestionarlo de manera visible. El desvío a Valencia, la aglomeración en aeropuertos secundarios, la falta de explicaciones públicas: todo ello compone una narrativa de aislamiento que es tanto físico como administrativo. No es que Venezuela esté incomunicada por los terremotos. Es que la gestión de la crisis la incomunica aún más.

La ironía que la prensa extranjera detecta, aunque no la nombre explícitamente, es que un país ya caracterizado por su aislamiento geopolítico experimenta ahora un aislamiento logístico que lo vuelve literalmente más difícil de alcanzar. Las personas no pueden entrar ni salir con fluidez. Los periodistas, los observadores internacionales, los familiares en el exterior, encuentran barreras adicionales. El desastre natural se convierte, en el relato internacional, en una metáfora de la incapacidad estatal para mantener siquiera los canales básicos de conexión con el mundo.

Lo que no aparece en estos titulares, y es relevante notar su ausencia, es cualquier información sobre cuándo se espera la reapertura de Maiquetía o qué inversión se requeriría. El silencio sobre el futuro es tan elocuente como el silencio sobre el presente. Para la prensa extranjera, Venezuela en este momento no es un país que se recupera. Es un país que se repliega.