La prensa internacional observa hoy en Ecuador un fenómeno que merece examinarse con cuidado: la aprobación casi unánime de una ley de extradición acelerada se presenta como evidencia de que el país está ganando terreno contra el crimen organizado, cuando en realidad expone una verdad más incómoda sobre la naturaleza de esa batalla.
Infobae América subraya los números que tranquilizan. Ciento treinta y nueve de ciento cuarenta asambleístas votaron a favor. La Revolución Ciudadana, partido de oposición suspendido, apoyó la medida. Los plazos se reducirán de seis años a cuarenta y cinco días. Se crea una unidad técnica especializada. El ministro del Interior publica fotografías de Gato Negro en uniforme anaranjado dentro de la cárcel de máxima seguridad, con el mensaje "Cero impunidad" que suena a victoria.
Pero el encuadre internacional, aunque no lo articule explícitamente, está registrando algo distinto. La ley que se aprueba hoy no es una respuesta a un problema resuelto, sino una aceleración de herramientas frente a un problema que se acelera más rápido. El hecho de que una norma de extradición de hace veinticuatro años necesite actualización urgente, que los plazos hayan llegado a extenderse seis años, que se requiera una unidad técnica especializada solo ahora, sugiere que Ecuador ha estado operando en un estado de rezago institucional mientras la criminalidad transnacional no ha esperado.
Lo que la prensa extranjera celebra como eficiencia es, en cierto sentido, admisión de ineficacia previa. Y lo que presenta como estrategia coordinada —la cooperación internacional, las extradiciones de Fito y otros líderes de Los Choneros, la captura de Gato Negro en Barranquilla gracias a operativos conjuntos con Estados Unidos, Colombia y agencias federales estadounidenses— es también una confesión de que Ecuador no puede resolver esto solo.
El detalle de Gato Negro es particularmente revelador. Un hombre condenado en 2017 por asesinato, que logró huir a Colombia donde "habría recibido apoyo de cabecillas de estructuras criminales" y obtuvo documentación falsa, solo fue capturado cuando tres países coordinaron su búsqueda. No es un triunfo de la capacidad ecuatoriana, sino de la capacidad de otros para hacer lo que Ecuador no podía hacer.
La unanimidad legislativa que Infobea resalta tampoco es lo que parece. Que la oposición apoye una ley de seguridad no indica consenso político genuino, sino que el problema es tan grave que ningún partido puede permitirse parecer blando ante él. Es el voto del rehén que aprueba el rescate.
Lo que la cobertura internacional no dice, pero que está implícito en cada párrafo, es que Ecuador sigue combatiendo síntomas mientras la enfermedad se expande. Una ley que acelera extradiciones es útil. Pero un país que necesita acelerar extradiciones porque los criminales se reproducen más rápido que las instituciones pueden procesarlos está en una carrera que ya está perdiendo. La prensa extranjera ve el movimiento táctico y lo reporta como estrategia. No ve, o no quiere ver, que ambos bandos están corriendo en la misma dirección, y que solo uno de ellos tiene que ganar una vez para que todo cambie.