Opiniones

La prensa internacional que hoy mira a América Latina parece estar recalibrando su lente. Donde antes privilegiaba la narrativa monolítica de la crisis —violencia, colapso institucional, migración desesperada— ahora comienza a fragmentar la región en historias paralelas que casi no se tocan entre sí. El efecto es paradójico: la cobertura extranjera se vuelve simultáneamente más diversa y más desconectada de cualquier comprensión estructural de lo que sucede.

Considérese el orden de los hechos tal como la prensa internacional los presenta hoy. El Salvador aparece duplicando a Nicaragua en turismo internacional, alcanzando 4.1 millones de visitantes en 2025. Es un dato económico positivo, reportado sin ambigüedad. Pero en la misma jornada, ese mismo país registra 26 feminicidios, perpetrados mayormente por parejas o exparejas. Ambos hechos son ciertos. La prensa extranjera los publica. Sin embargo, rara vez los conecta. El turismo es cifra de recuperación; la violencia de género es estadística de tragedia. Parecen ocurrir en países diferentes.

Cuba, por su parte, sufre su tercer apagón nacional en seis meses. France 24 capta el testimonio directo: "Living like this is agony". Es una frase que humaniza la crisis energética, que la saca del registro técnico. Pero el medio no establece diálogo alguno con la noticia de que Venezuela acaba de sufrir un doble terremoto y que refugios rescatan cientos de mascotas. Una es una crisis de larga duración; la otra, un desastre natural. Ambas son reales. La cobertura las mantiene en compartimentos estancos.

Lo que emerge de este panorama es un encuadre donde América Latina deja de ser un continente con dinámicas propias —donde la violencia de género, la precariedad económica, la fragilidad institucional y la vulnerabilidad ante desastres naturales son fenómenos interconectados— para convertirse en una colección de eventos discretos. Un técnico de fútbol anuncia una lista de jugadoras. Colombia cae en penales. Paraguay rechaza declaraciones racistas de una senadora. Francia y Marruecos reeditan una semifinal. Cada noticia existe en su propia burbuja.

La prensa extranjera también mantiene viva la narrativa de la persecución y la rendición de cuentas, pero de manera que refuerza una cierta imagen de debilidad institucional. Ecuador investiga a un expresidente. Argentina condena a un excomandante por el hundimiento de un submarino. La República Dominicana impone prisión preventiva a un cabo acusado de homicidio. Son hechos que podrían leerse como señales de que la justicia funciona, pero la cobertura tiende a subrayar la lentitud, la tardanza, la acumulación de crímenes sin castigo previo. El mensaje implícito es que estas instituciones actúan cuando ya es demasiado tarde.

Hay un detalle que merece atención: la única noticia que trata de iniciativa civil positiva es la de una universidad peruana que fortalece una red de emprendedoras. El encuadre es el del trabajo comunitario, la autogestión femenina, la resiliencia. Pero aparece como un acto de resistencia individual, no como política pública. Es decir, la región sigue siendo retratada como un lugar donde lo que funciona es lo que los ciudadanos construyen a pesar del Estado, no gracias a él.

La cobertura de hoy revela algo que la prensa internacional parece haber asimilado sin decirlo explícitamente: América Latina ya no es una región que requiera explicación unitaria. Es un mosaico donde el turismo crece, la violencia persiste, los apagones asfixian, los deportistas compiten, los tribunales sentencian lentamente, y los ciudadanos emprenden. Cada fragmento es reportable, pero la conexión entre ellos permanece invisible. Es una forma de cobertura que, paradójicamente, permite a la prensa extranjera mantener la neutralidad del reportaje mientras deja intacta la confusión sobre qué es realmente América Latina y por qué estas cosas suceden simultáneamente en el mismo espacio geográfico.

La Argentina que retrata la prensa internacional hoy no es la del estadio, sino la de los tribunales y las catástrofes. Mientras el país sigue compitiendo en el Mundial 2026, la cobertura extranjera ha desplazado su foco hacia dos historias que hablan de responsabilidad estatal, negligencia y tragedia: la condena al excomandante por el ARA San Juan y la muerte de un niño argentino en el colapso de un edificio en Venezuela.

El contraste es instructivo. La prensa internacional, que durante semanas ha oscilado entre el análisis técnico del fútbol argentino y las dudas sobre su trato favorable en la competencia, ahora introduce un registro completamente distinto. No se trata ya de preguntar si Messi recibe ventajas o si Argentina merece estar donde está. Se trata de documentar un país donde las instituciones fallan: donde un submarino se hunde y la justicia tarda años en procesar responsabilidades, donde edificios se desmoronan y argentinos mueren lejos de casa.

Lo que emerge de estos titulares es una Argentina fragmentada en la narrativa internacional. Por un lado, persiste la cobertura del equipo nacional como protagonista deportivo. Por otro, irrumpen historias que sugieren un país enfrentado a sus propios déficits: seguridad, regulación, capacidad estatal. El niño Lucas Gámez, argentino atrapado en una tragedia venezolana, encarna una paradoja que la prensa extranjera no necesita explicitar: mientras Argentina juega en un torneo mundial, sus ciudadanos pueden morir en edificios que se caen.

La BBC, que hace poco cuestionaba si Argentina recibía trato favorable, hoy parece más interesada en interrogar qué clase de país es Argentina cuando nadie la está mirando jugar. France 24 y El País América, por su parte, documentan un pasado que no termina de cerrarse, un presente que sigue cobrando vidas. La condena al excomandante es justicia retrasada; la muerte del niño es tragedia presente.

No hay aquí un encuadre unificado. Hay, en cambio, una Argentina que la prensa internacional ve simultáneamente como candidata deportiva y como sociedad que carga con historias de negligencia institucional. El Mundial sigue, pero ya no es la única Argentina que merece ser contada.

A escassez de notícias sobre Brasil na cobertura internacional de hoje oferece, por si só, um dado revelador. Enquanto a imprensa estrangeira dedica seu espaço editorial a uma semifinal de futebol entre França e Marrocos, o Brasil permanece ausente do enquadramento global. Não por acaso, mas por uma razão que merecia reflexão mais profunda.

Quando um país deixa de ser notícia, duas coisas podem estar acontecendo simultaneamente. A primeira é que a crise aguda passou, e com ela desapareceu o interesse do olhar externo. A segunda é que a crise se normalizou tanto que deixou de ser vista como anormal. O Brasil parece estar em algum ponto entre essas duas possibilidades, e o silêncio atual da cobertura internacional talvez seja menos tranquilizador do que parece.

Durante meses, a imprensa estrangeira se fixou em narrativas específicas sobre o país: a justiça que prende ex-presidentes, as fraturas familiares que se convertem em crises políticas, a indústria automotiva que oscila entre recuperação e contradição. Esses foram os fios narrativos que o olhar de fora escolheu puxar. Hoje, nenhum deles está em pauta nas manchetes disponíveis. O vácuo não significa que Brasil tenha resolvido seus problemas. Significa que a atenção internacional migrou, e que o país, por enquanto, deixou de ser protagonista de sua própria história no enquadramento global.

Isso não é necessariamente ruim. Pode ser, inclusive, uma oportunidade para que o Brasil construa narrativas sobre si mesmo sem a interferência constante de um olhar que reduz complexidade a drama, que confunde recuperação com triunfo, que vê a justiça como contenção de ameaças em vez de exercício de direito. Mas há um risco embutido nessa invisibilidade: quando a imprensa internacional deixa de olhar, também deixa de questionar, de documentar, de manter acesa a chama de um escrutínio que, ainda que imperfeito, é melhor que a indiferença total.

O Brasil segue seu caminho, noticiado ou não. A questão que fica é se essa ausência de cobertura reflete estabilidade conquistada ou simplesmente desinteresse passageiro.

La prensa internacional vuelve hoy a Colombia con un titular que marca un cambio de registro. No es política de campaña, no es reforma social, no es el pulso cotidiano de un gobierno en marcha. Es una acusación directa de sabotaje institucional, formulada por De la Espriella y amplificada por France 24 bajo una frase que suena a ultimátum: "Pretende destruir a Colombia".

El encuadre extranjero elige la dramatización. No es un análisis de las tensiones políticas que rodean la transición de justicia de Petro, ni un despliegue de los argumentos técnicos o jurídicos que puedan sustentar la denuncia. Es la captura de una frase lapidaria, de una acusación sin matices, presentada como noticia internacional. Esto revela algo importante sobre cómo la prensa de fuera lee ahora los conflictos domésticos colombianos: no como debates complejos sobre el modelo de país, sino como enfrentamientos de voluntades donde alguien intenta "destruir" a alguien.

Lo que sorprende es la ausencia de contexto. France 24 no explica quién es De la Espriella en el mapa político actual, ni qué intereses representa, ni cuál es el estado real de esa transición que supuestamente se suspende. El lector internacional recibe una noticia que parece grave, pero desconectada de cualquier narrativa que le permita entenderla. Es el síntoma de una cobertura que reacciona a los gritos sin seguir el hilo.

Hay una ironía incómoda en esto. Mientras la prensa extranjera sigue buscando en Colombia la confirmación de sus prejuicios sobre inestabilidad política y conflicto, el país continúa funcionando, negociando, avanzando en procesos que no caben en un titular de alarma. La cobertura internacional no está capturando Colombia tal como es, sino Colombia tal como confirma sus expectativas sobre América Latina: un lugar donde la política es drama, donde las instituciones se tambalean, donde la palabra "destruir" es el verbo que mejor explica lo que sucede en los pasillos del poder.

La prensa extranjera que hoy se detiene en Costa Rica lo hace desde un ángulo que revela la fragilidad de una narrativa económica que el país ha cultivado durante años: la de una nación estable y próspera donde los fundamentos macroeconómicos funcionan según lo esperado. Infobea América, a través de los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, documenta una anomalía persistente que desafía las proyecciones oficiales y pone en evidencia cuán poco predecible resulta la realidad económica incluso en contextos institucionales sólidos.

El dato es perturbador por su longevidad. Una inflación interanual negativa de menos 0.32 por ciento en junio no es un accidente estadístico aislado, sino el resultado de cuatro años consecutivos en los que el primer semestre de cada año ha permanecido en territorio deflacionario. La última vez que Costa Rica registró inflación positiva fue en abril de 2025. Lo que la cobertura internacional subraya, sin necesidad de dramatismo, es que esto no encaja en el relato de un país donde las instituciones monetarias funcionan con precisión quirúrgica. El Banco Central fijó una meta entre 2 y 4 por ciento. Costa Rica está sistemáticamente fuera de ese rango, hacia abajo.

Lo que resulta particularmente revelador es cómo la prensa extranjera enmarca las explicaciones oficiales. El presidente del Banco Central, Roger Madrigal, atribuye la previsión de un retorno a cifras positivas en el segundo semestre a la situación geopolítica externa y al fenómeno de El Niño. Es decir, a factores que están fuera del control de la política monetaria doméstica. La cobertura internacional registra esta explicación sin cuestionarla directamente, pero el acto de documentarla genera una pregunta incómoda: si los factores externos son tan determinantes, ¿qué tan efectivas son realmente las herramientas que el Banco Central posee? ¿Cuál es el alcance real de la autonomía institucional cuando los ciclos económicos parecen estar gobernados por dinámicas geopolíticas y fenómenos climáticos?

El detalle de los aumentos mensuales añade una capa de complejidad que la prensa extranjera no ignora. La gasolina subió 4.80 por ciento en junio, los pasajes de autobús 5.43 por ciento, tras ajustes aprobados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. El conflicto entre Irán y Estados Unidos elevó el precio internacional del petróleo al cerrar el Estrecho de Ormuz, lo que resultó en un aumento de veinte colones por litro de gasolina súper en Costa Rica. Estos son hechos que Infobae América registra con precisión, pero que juntos cuentan una historia diferente de la que las autoridades monetarias quieren narrar: la de un país cuyos precios están siendo empujados al alza por presiones externas que son imposibles de predecir o controlar, mientras que la inflación interanual permanece negativa debido a comparaciones con períodos anteriores en los que los precios ya eran más altos.

Lo que la cobertura internacional omite, o al menos no enfatiza, es la pregunta más profunda sobre qué significa para un país como Costa Rica vivir en deflación durante tanto tiempo. No hay análisis sobre el impacto en los salarios reales, sobre la capacidad de endeudamiento de las familias, sobre los incentivos para la inversión privada. Tampoco hay reflexión sobre si una inflación negativa sostenida es un síntoma de una economía débil o de una gestión monetaria particularmente efectiva. La prensa extranjera documenta el fenómeno con la frialdad de quien reporta datos, pero deja sin respuesta la pregunta sobre qué significa realmente para una democracia centroamericana que sus propias instituciones monetarias no logren mantener la estabilidad de precios dentro de los rangos que ellas mismas establecen.

Lo que emerge de este encuadre es una Costa Rica menos invulnerable de lo que su reputación internacional sugiere. No es una crisis, pero es una anomalía que persiste, que desafía las predicciones, y que expone los límites de lo que una institución central puede controlar cuando los factores externos son tan determinantes. La prensa extranjera, al documentarlo sin dramatismo pero con precisión, está sugiriendo algo que Costa Rica preferiría no escuchar: que incluso los países con buenas instituciones no están exentos de las turbulencias que el mundo exterior impone.

La prensa internacional retorna hoy a Cuba con el apagón como protagonista, pero lo que resulta instructivo es observar cómo encuadra ese fenómeno: no como una consecuencia de decisiones de política energética acumuladas durante décadas, sino como el efecto casi inmediato de una decisión específica de Donald Trump en enero de 2025. El Guardian, que lidera la cobertura, establece una cronología que funciona como narrativa causal simplificada. El bloqueo petrolero es el agente; los apagones son la reacción. Lo anterior queda reducido a una frase de contexto: "The impoverished island was already struggling to keep the lights on."

Esa frase merecería ser el titular. Cuba ya estaba en crisis energética. Su sistema de generación, compuesto principalmente por plantas soviéticas envejecidas, ha sido un problema estructural durante años. Los apagones son anteriores a Trump, más frecuentes desde finales de 2024, pero el encuadre de la prensa extranjera tiende a hacer coincidir la aceleración visible con una causa externa y reciente, lo que tiene la ventaja de la claridad narrativa y la desventaja de la imprecisión histórica.

Lo que sí es nuevo en el relato de hoy es la textura de lo cotidiano. El Guardian no se queda en cifras de megavatios o en declaraciones oficiales. Cita a Meyboll Font, una gestora de redes sociales de 51 años, quien describe vivir con tres o cuatro horas de electricidad diaria y luego enfrenta un apagón total sin saber cuándo volverá la corriente. Cita a un programador joven que no puede trabajar. "Living like this is agony" funciona como titular porque condensa una experiencia que los números no transmiten. Pero también funciona porque personaliza el problema, lo vuelve íntimo, lo convierte en algo que el lector puede sentir en su propia vida.

Ese movimiento tiene consecuencias. Al anclar la narrativa en el testimonio individual, la cobertura tiende a presentar la crisis como una serie de sufrimientos personales más que como un sistema fallido. El bloqueo estadounidense aparece como factor acelerador, pero no como único factor. Sin embargo, la estructura del reportaje—que abre con Trump y el bloqueo en el segundo párrafo—establece una jerarquía de causalidad que puede resultar engañosa para quien no conoce el historial energético cubano.

El dato de que desde enero Washington ha permitido que solo un buque petrolero ruso atraque en Cuba es preciso y verificable. El dato de que el apagón de ayer fue el octavo desde finales de 2024 también lo es. Pero la pregunta que la prensa extranjera no formula con claridad es esta: ¿cuántos de esos ocho apagones habrían ocurrido sin el bloqueo de Trump? La respuesta probablemente es "varios," pero el encuadre actual tiende a sugerir que la crisis energética es principalmente una consecuencia de las decisiones de Washington en 2025, cuando en realidad es el resultado de décadas de inversión insuficiente, infraestructura obsoleta y una economía que nunca ha podido financiar la transición que otros países caribeños han logrado.

Lo que la cobertura sí captura bien es la desesperación presente. El gobierno ha invertido en energía solar, pero esta representa apenas el 10% de la mezcla energética. No hay solución rápida visible. Y para millones de cubanos, la pregunta no es de qué es culpa la crisis, sino cuándo termina. En eso, al menos, la prensa internacional acierta: en que no hay respuesta clara.

La Fiscalía de Ecuador ha pedido seis años y seis meses de cárcel para Lenín Moreno, y ese anuncio, aparentemente rutinario en la sección de justicia de cualquier medio, revela algo que la prensa internacional casi nunca articula con claridad: la paradoja de un país que persigue a sus expresidentes mientras sigue siendo incapaz de resolver sus crisis estructurales.

El País América reporta la solicitud sin dramatismo, como corresponde a un hecho procesal. Pero ese tono neutro es precisamente lo que merece interrogarse. Durante años, la cobertura extranjera sobre Ecuador ha oscilado entre dos narrativas igualmente simplificadoras: la del caos carcelario y la de las victorias tácticas contra el narcotráfico. Ahora aparece una tercera: la de una justicia que funciona, al menos en apariencia, cuando se trata de enjuiciar a los poderosos caídos.

Moreno gobernó Ecuador entre 2017 y 2021. Su administración fue marcada por la represión, por acuerdos discutibles con el crimen organizado, por la erosión de instituciones que él mismo había prometido fortalecer. Que hoy enfrente acusaciones formales podría leerse como un signo de que el estado de derecho opera. Y sin embargo, la prensa internacional rara vez conecta ese punto con la pregunta más incómoda: ¿por qué un país que logra procesar a un expresidente sigue siendo incapaz de contener la violencia que ese mismo expresidente ayudó a crear?

El encuadre extranjero tiende a compartimentalizar. Aquí va la noticia de justicia, allá van los reportes sobre masacres carcelarias, más allá los anuncios de capturas de narcotraficantes. Cada pieza se presenta como evidencia de que algo funciona. Juntas, sin embargo, cuentan una historia diferente: la de un país donde los mecanismos institucionales avanzan a un ritmo completamente desconectado de la realidad que supuestamente deben resolver.

No es claro aún cuáles son las acusaciones específicas contra Moreno, ni si la Fiscalía tiene un caso sólido. Pero lo que importa notar es que la cobertura internacional, al reportar esto como un hecho aislado, omite el contexto que lo hace realmente significativo: que Ecuador necesita desesperadamente que sus instituciones funcionen, no solo para castigar expresidentes, sino para recuperar algún grado de control sobre su propio territorio. Mientras eso no ocurra, cada sentencia será un triunfo administrativo en un país que sigue perdiendo la guerra que realmente importa.

La prensa extranjera regresa hoy a El Salvador con una noticia que, en apariencia, pertenece al género de los reportajes económicos de rutina: un préstamo del Banco Mundial por cien millones de dólares destinado a financiar pequeñas y medianas empresas. Infobea América lo reporta con el tono administrativo que caracteriza la cobertura de trámites legislativos: solicitud enviada, garantía soberana, aprobación pendiente, fondos para mipymes, creación de empleo. Pero el encuadre que subyace en esta narrativa revela algo que no había sido tan explícito en la cobertura reciente del país.

Lo que emerge aquí es la imagen de un Estado que accede a financiamiento internacional convencional. No a través de bonos en los mercados de capital, no mediante acuerdos con fondos de inversión o gobiernos bilaterales, sino por la vía institucional ortodoxa: el Banco Mundial, el BIRF, BANDESAL como ejecutor. El relato subraya los procedimientos constitucionales, las firmas en fechas específicas, la intervención de la Asamblea Legislativa conforme al artículo 148 de la Constitución. Es decir, que la prensa extranjera está documentando, casi de pasada, que El Salvador sigue siendo un país que negocia con las instituciones financieras multilaterales bajo reglas que la comunidad internacional reconoce como legítimas.

Esto contrasta de manera notable con el encuadre dominante de los últimos años, que ha tendido a presentar a El Salvador como una anomalía: un país donde el poder ejecutivo actúa sin contrapesos, donde las instituciones se plegan a la voluntad presidencial, donde la seguridad se impone a costa de garantías procesales. Ese relato no desaparece, pero hoy se yuxtapone con otro: el de un Estado que tramita garantías soberanas, que respeta procedimientos legislativos, que accede a crédito multilateral bajo condiciones que suponen cierta confianza institucional.

Los números que acompañan al préstamo merecen atención. Cinco mil mipymes potencialmente beneficiadas, ocho mil trescientos empleos estimados, treinta por ciento de beneficiarias mujeres, inclusión financiera, cadenas de valor globales, formalización empresarial. Son las métricas del desarrollo convencional, del crecimiento inclusivo, del lenguaje que el Banco Mundial ha hablado durante décadas. Y El Salvador, según este relato, está en el carril correcto: solicitando fondos para estos fines, sometiéndose a aprobación legislativa, ejecutando a través de instituciones especializadas.

Lo que la prensa extranjera no subraya, porque no aparece en el texto oficial, es la pregunta implícita: ¿por qué un país que ha logrado los récords de turismo que se mencionan en los titulares secundarios, que ha cuadriplicado a Nicaragua en captación internacional, que mantiene un sistema financiero sólido según el Banco Central de Reserva, necesita aún de préstamos del Banco Mundial para financiar pequeñas empresas? La respuesta obvia es que la capacidad crediticia interna sigue siendo limitada, que el acceso al financiamiento para las mipymes sigue siendo un cuello de botella, que los bancos comerciales salvadoreños no están cubriendo esa demanda con suficiencia. Pero ese diagnóstico no aparece explícitamente en el relato.

Lo que sí aparece es una narrativa dual: El Salvador como destino turístico en expansión, como economía con solidez macroeconómica, y simultáneamente como país que requiere fondos multilaterales para expandir el crédito a pequeñas empresas. Ambas cosas son verdaderas, pero la tensión entre ellas no se examina. La prensa extranjera reporta los hechos procedimentales sin interrogar la lógica subyacente.

Hay otro matiz que merece mención. El proyecto prevé cinco años de implementación, lo que significa que sus resultados no serán visibles sino hacia 2031. Es decir, que El Salvador está apostando hoy a un financiamiento cuya efectividad se medirá en un horizonte que rebasa los ciclos políticos inmediatos. Eso sugiere cierta continuidad institucional esperada, cierta confianza en que los mecanismos de ejecución permanecerán operativos más allá de cambios de gobierno. La prensa extranjera no lo dice así, pero lo da por supuesto al reportar el proyecto sin cuestionamientos sobre su viabilidad a largo plazo.

En suma, lo genuinamente nuevo en el encuadre de hoy es que la prensa extranjera documenta a El Salvador en el acto de funcionar según las reglas del juego internacional convencional. No es una narrativa de ruptura ni de anomalía, sino de normalidad institucional. Eso no significa que la cobertura anterior sobre autoritarismo o represión haya desaparecido. Significa que, junto a ella, coexiste ahora una imagen de un Estado que tramita garantías soberanas, que negocia con multilaterales, que ejecuta proyectos de desarrollo con horizontes de cinco años. La pregunta que la prensa extranjera no formula es si estas dos imágenes son realmente compatibles, o si una de ellas es una ilusión óptica producida por la distancia y el enfoque selectivo.

La prensa internacional que cubre Guatemala hoy ha optado por un encuadre que podría resumirse así: el sistema judicial reconoce sus propias limitaciones, pero sin prisa en resolverlas. Infobae América reporta sobre una sentencia de la Corte de Constitucionalidad que admite una omisión en la ley penal, exhorta al Congreso a reformarla y, mientras tanto, deja todo como estaba.

El caso es instructivo. La Procuraduría solicitó una reparación de casi 93 millones de quetzales por el Libramiento de Chimaltenango; un juez la redujo a 350 mil. La PGN no pudo apelar esa decisión porque la ley no contempla ese recurso. Acudió a la corte constitucional. Y la corte, en efecto, reconoció que hay una omisión legislativa. Pero una sentencia exhortativa no es una orden; es una sugerencia dirigida al Congreso. Mientras tanto, quienes quieran cuestionar montos de reparación deberán seguir promoviendo amparos.

Lo que la cobertura extranjera subraya, sin decirlo explícitamente, es que Guatemala tiene un problema de arquitectura procesal que nadie parece urgido en resolver. El tribunal constitucional no puede crear el recurso de apelación; solo puede decirle al legislativo que lo haga. Y el legislativo, como se sabe, no se mueve por exhortaciones. El resultado es un limbo legal donde las víctimas y el Estado carecen de una herramienta ordinaria para impugnar decisiones sobre reparación en casos donde los acusados aceptan cargos.

Hay una ironía que la prensa internacional no subraya, pero que el lector atento debería notar. El procedimiento especial de aceptación de cargos fue diseñado como un mecanismo para acelerar procesos de corrupción y fraude. Pero si ese mecanismo carece de una vía clara para revisar las reparaciones que fija, entonces lo que gana en velocidad lo pierde en escrutinio. Un juez puede reducir una reparación de 93 millones a 350 mil, y esa decisión queda blindada de apelación ordinaria. Solo el amparo —un recurso constitucional de mayor complejidad— ofrece una salida.

La Procuraduría celebra el fallo como un "fortalecimiento de garantías procesales". Pero el fortalecimiento es nominal. La sentencia reconoce el problema sin resolverlo. Deja la reforma en manos del Congreso, donde reformas de esta naturaleza suelen languidecer. Mientras tanto, la práctica judicial sigue siendo la misma.

Lo que la cobertura extranjera captura, sin dramatismo, es un patrón que se repite en Guatemala: el reconocimiento institucional de deficiencias sin la capacidad o la voluntad de corregirlas de inmediato. La corte dice que hay un vacío. El Congreso tendrá que llenarlo. Y la vida judicial continúa en ese vacío, esperando.

La prensa internacional ha optado hoy por ver a Honduras como un país donde la violencia contra las mujeres es, ante todo, un problema económico. Infobae América reporta sin ambigüedad las declaraciones de Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, quien sostiene que el femicidio y la violencia de género frenan el crecimiento económico sostenible al reducir el talento disponible, la productividad, la innovación y la participación femenina en el mercado laboral. El encuadre es el de una tragedia que impacta los indicadores de competitividad, inversión y desarrollo: naciones con mayores garantías de seguridad para las mujeres registran mejores números macroeconómicos.

Lo que merece atención es lo que ese encuadre deja en la sombra. Que una voz empresarial hondureña hable de femicidio es, en sí, significativo. Que lo haga desde una lógica de productividad y competitividad global es, sin embargo, revelador de cómo ciertos problemas estructurales son traducidos al lenguaje que el capital entiende. Gallardo no niega la urgencia: reconoce que las reformas al Código Penal constituyen un avance y que el aumento de penas es necesario. Pero insiste, correctamente, en que las sanciones penales por sí solas no resolverán nada sin políticas de prevención, protección, acceso a justicia y recursos institucionales.

El dato que la prensa extranjera subraya es brutal: más de 230 muertes violentas de mujeres en 2025, 137 en lo que va de 2026, un promedio de varios casos cada semana. Organizaciones defensoras de derechos advierten sobre altos niveles de impunidad. Pero el titular que Infobea elige enfatizar es el de la presidenta del COHEP explicando por qué esto importa para el PIB, no por qué importa para las mujeres que mueren, para sus hijos huérfanos, para sus madres que entierran a sus hijas.

Hay una lógica perversa en esa traducción. Al convertir el femicidio en un problema de desarrollo económico, se lo desplaza de su naturaleza como violencia estructural, como expresión de poder y control, como fenómeno enraizado en desigualdades de género que ningún aumento de penas ni ninguna reforma institucional erradica sin cambio cultural profundo. Se lo convierte en un obstáculo para la acumulación, un desperdicio de recursos humanos, una ineficiencia del mercado.

Gallardo está en lo correcto cuando menciona la autonomía económica como factor de protección, cuando subraya que las mujeres bajo amenaza no pueden estudiar ni trabajar ni emprender. Pero la prensa internacional, al reproducir su mensaje sin cuestionamiento, está aceptando un encuadre donde la solución al femicidio es, en última instancia, hacer que Honduras sea más competitivo, más atractivo para la inversión, más alineado con los estándares de naciones desarrolladas. Como si el problema fuera que Honduras pierde dinero con sus mujeres muertas, no que Honduras mata a sus mujeres.

Los otros titulares del día refuerzan esa lectura: la desaparición de Angie Peña, la masacre en Rigores, las irregularidades en investigaciones. La violencia sigue siendo el hilo narrativo dominante sobre Honduras en la prensa de afuera. Pero cuando esa violencia es filtrada a través de la voz de un organismo empresarial, cuando es presentada como un freno al desarrollo, algo crucial se pierde: la idea de que las mujeres tienen derecho a vivir simplemente porque son humanas, no porque su muerte reduce la competitividad nacional. La prensa internacional, al amplificar ese encuadre, está legitimando una forma de pensar donde la vida de las mujeres tiene valor solo si genera valor económico.

La prensa internacional observa hoy a México en un punto de tensión que no es nuevo, pero que adquiere una crudeza particular: la confrontación entre la retórica de soberanía de un gobierno y la realidad de una muerte bajo custodia estadounidense que demanda explicaciones que ninguno de los dos países parece dispuesto a dar con claridad.

El caso de Lorenzo Salgado, el mexicano fallecido tras ser detenido por el ICE en Texas, ocupa el espacio editorial con una particularidad que merece atención. No es presentado únicamente como un incidente bilateral, sino como un síntoma de desconfianza institucional. El País América subraya el reclamo familiar por una investigación independiente, un detalle que trasciende el hecho puro de la muerte para instalarse en la pregunta sobre quién puede investigar a quién y bajo qué términos. La familia no cree en las versiones oficiales, y esa incredulidad es el verdadero titular que la prensa extranjera amplifica: la ausencia de un arbitraje creíble.

Paralelo a esto, la respuesta de Ken Salazar al cuestionamiento de Claudia Sheinbaum sobre el caso Zambada —la negativa rotunda de que Estados Unidos estuvo involucrado en la operación de extradición— revela otro encuadre extranjero que comienza a consolidarse: México como territorio donde los hechos se disputan públicamente entre gobiernos, pero donde la verdad operativa permanece opaca. Salazar no niega un hecho; niega una responsabilidad. La prensa internacional nota la diferencia y la registra como un síntoma de que las explicaciones oficiales, de ambos lados, están construidas para cerrar conversaciones, no para abrirlas.

Lo que resulta notable es lo que rodea estos titulares. Infobae América publica sobre exposiciones de mujeres mexicanas, sobre propuestas de acceso médico, sobre ambientes laborales de impacto. Son historias de México que funciona, que innova, que se reinventa. La cobertura extranjera no ignora estas narrativas, pero las coloca en un contexto donde la muerte en custodia y el cuestionamiento sobre soberanía operan como un contrapeso que las relativiza. No es que la prensa extranjera sea incapaz de ver a México más allá de sus crisis; es que, cuando la crisis toca la frontera y la confianza institucional, todo lo demás se oscurece.

El encuadre de hoy sugiere que la prensa internacional está menos interesada en culpar a un gobierno específico que en documentar la fragilidad de un sistema donde dos naciones comparten una frontera pero no parecen compartir criterios sobre qué es una muerte bajo custodia, qué es una operación soberana, y quién tiene derecho a investigar qué. Para la mirada de afuera, esa fragilidad es el verdadero México de este momento.

La prensa internacional que cubre a Panamá ha hallado hoy un terreno donde el país parece actuar con coherencia institucional: la defensa de sus ecosistemas frente a presiones económicas. Infobae América reporta el veto presidencial de José Raúl Mulino a un proyecto de ley que habría debilitado la protección de los arrecifes coralinos, un acto que, en el contexto de la narrativa extranjera sobre Panamá, resulta casi sorprendente por lo que implica.

El encuadre que la agencia construye es notable por su precisión técnica. No se trata de una decisión política ambigua o de una concesión disfrazada. Mulino rechaza la iniciativa del diputado Benicio Robinson por razones explícitas: el proyecto pasaba de una prohibición expresa de construcciones sobre corales a un modelo de evaluación caso por caso, lo que abría márgenes de discrecionalidad administrativa. El veto presidencial señala, con claridad, que la norma carecía de definiciones sobre qué actividades se permitirían, qué permanecería prohibido y cuáles serían los estándares ambientales mínimos. Esta es la clase de argumentación que la prensa extranjera suele asociar con Estados frágiles incapaces de sostener posiciones firmes.

Lo que la cobertura subraya, sin embargo, es que en este caso la fragilidad no ganó. Panamá enfrenta presiones reales: blanqueamiento coralino en Portobelo, Las Perlas, Coiba; aumento de la temperatura marina, sobrepesca, turismo no regulado. El país tiene planes de desarrollo que contemplan el uso recreativo de sus costas. La tentación de flexibilizar normas ambientales para facilitar inversión es, en contextos latinoamericanos, casi irresistible. Que el Ejecutivo haya resistido, y haya articulado un argumento institucional coherente para hacerlo, es lo que captura la atención de Infobea.

Pero el encuadre también revela algo sobre cómo la prensa extranjera lee las prioridades de Panamá. Los arrecifes coralinos son, sin duda, un bien público. La Autoridad de los Recursos Acuáticos del país señala que son ecosistemas altamente productivos que mantienen zonas costeras, alimentan economías locales y sustentan turismo. Pero en el contexto de una nación donde jubilados insisten en equiparación de pensiones menores a 600 dólares, donde la corrupción ha capturado sistemas tributarios completos y donde la seguridad ciudadana sigue siendo un desafío, la cobertura internacional de una decisión ambiental puede parecer desproporcionada.

Lo que ocurre aquí es que la prensa extranjera, al reportar este veto, está validando una narrativa alternativa sobre la capacidad estatal panameña: no la de un Estado capturado o negligente, sino la de un Estado capaz de defender límites institucionales cuando lo considera necesario. Es un matiz importante. No significa que Panamá haya resuelto sus problemas de gobernanza, pero sí que hay espacios donde la lógica institucional aún prevalece sobre la presión económica inmediata. La pregunta que la cobertura deja implícita es si esa misma coherencia se aplica de manera consistente en otros ámbitos donde está en juego el interés público.

La prensa extranjera ha encontrado en Paraguay un espejo para reflejar sus propias obsesiones morales, y eso es, paradójicamente, la forma más eficiente de no mirar al país.

El titular de France 24 Español sobre las declaraciones racistas de una senadora paraguaya contra Mbappé es técnicamente correcto: registra un hecho que sucedió. Pero el encuadre revela una lógica narrativa que ya resulta familiar. Paraguay no aparece como un lugar donde ocurren cosas, sino como un lugar donde la prensa internacional puede documentar el rechazo a algo que ella misma considera inaceptable. El país existe, en esta cobertura, únicamente en la medida en que sus ciudadanos se alinean con los valores que la prensa extranjera ya sostiene.

Nótese lo que está ausente: no hay preguntas sobre quién es esa senadora, qué posición ocupa en la estructura política paraguaya, cómo sus declaraciones se insertan en debates más amplios sobre raza, nacionalismo o identidad en Paraguay. No hay contexto sobre el sistema político que la eligió o que podría sancionarla. Lo que importa es que los paraguayos, como colectivo, rechazaron algo que la prensa occidental considera moralmente repugnante. El país se redime a través del rechazo, no a través de la comprensión de sí mismo.

Es una forma peculiar de invisibilidad: Paraguay es visible únicamente cuando se comporta de acuerdo con los estándares éticos que la cobertura internacional presupone. En el momento en que lo hace, deja de ser Paraguay y se convierte en una provincia de la conciencia moral global. El país desaparece nuevamente, esta vez no detrás de historias de redención personal, sino detrás de narrativas de corrección colectiva.

La prensa internacional ha descubierto hoy en Perú un territorio donde la agencia femenina y el emprendimiento funcionan como narrativa de esperanza. Infobea América, al cubrir la iniciativa UNIDAS de la Universidad César Vallejo, elige un encuadre que merece examinarse con cuidado, porque revela tanto lo que la mirada extranjera está dispuesta a ver como lo que sigue ignorando deliberadamente.

El artículo se estructura alrededor de una premisa tranquilizadora: que el empoderamiento económico de las mujeres es un camino viable, que las universidades pueden catalizarlo, que las redes de apoyo funcionan y que más de quince mil mujeres ya han accedido a capacitación y asesoría. Es un relato de progreso incremental, de capacidades en construcción, de herramientas digitales que amplían mercados. Cecilia Yarlequé, emprendedora de Piura con su proyecto de artesanías en paja toquilla, encarna el tipo de éxito que la cobertura internacional encuentra legible: una mujer que aprendió liderazgo, mejoró su gestión, escaló su negocio.

Pero lo que revela este encuadre es más interesante que lo que afirma. Al presentar el emprendimiento femenino como solución—como estrategia de "reducir brechas de género" y "promover igualdad de oportunidades"—la prensa internacional está trasladando la responsabilidad de la igualdad hacia el ámbito privado, hacia la iniciativa individual y colectiva de las propias mujeres. La universidad fortalece redes, sí. Pero ¿qué dice esto sobre el estado de las políticas públicas de género en Perú? ¿Qué implica que una universidad deba suplir lo que debería ser garantía estatal?

La frase de Verónika Calderón—"trabajar en favor de las mujeres significa directa e indirectamente trabajar por las familias"—es particularmente reveladora en su lógica. La prensa extranjera la reproduce sin cuestionamiento, pero encierra una trampa conceptual: la idea de que el valor de la autonomía económica femenina reside en su capacidad de beneficiar a otros, de fortalecer familias, de generar "nuevas generaciones". No se plantea que las mujeres trabajen por sí mismas, para sí mismas, como fin en sí mismo.

Lo que la cobertura omite es igualmente significativo. No hay mención a los obstáculos estructurales que hacen que iniciativas como UNIDAS sean necesarias en primer lugar. No hay contexto sobre las brechas salariales, el acceso desigual al crédito, la violencia económica o la carga de trabajo doméstico no remunerado que sigue siendo responsabilidad casi exclusivamente femenina en Perú. El artículo presenta el empoderamiento como un proceso de "generación de capacidades" que evoluciona desde "una lógica asistencial", pero no interroga por qué esa lógica asistencial existía ni qué condiciones la perpetúan.

La prensa internacional, al cubrir historias de éxito empresarial femenino en Perú, está eligiendo una narrativa que permite sentirse optimista sobre la región sin confrontar los sistemas que generan la desigualdad. Es un encuadre que celebra la resiliencia mientras deja intactas las estructuras que la hacen necesaria. UNIDAS es, probablemente, una iniciativa valiosa. Pero presentarla como respuesta a la pregunta sobre igualdad de género en Perú es, en cierto modo, evitar la pregunta verdadera: qué falla en un país donde una universidad debe compensar la ausencia de políticas públicas de empoderamiento económico femenino.

El silencio sobre el contexto político y económico más amplio es, en última instancia, el verdadero titular. Perú sigue siendo un país de crisis institucional, de inestabilidad laboral, de informalidad económica que afecta desproporcionadamente a las mujeres. Pero hoy, la prensa internacional prefiere contar la historia de quienes logran escapar de eso mediante redes, mentorías y herramientas digitales. Es una historia reconfortante. También es, deliberadamente, incompleta.

La prensa internacional que cubre República Dominicana ha elegido hoy un encuadre que revela, quizá sin proponérselo, una tensión fundamental en cómo occidente observa a los países de la región: la coexistencia de narrativas de progreso técnico y narrativas de fragilidad institucional, presentadas como fenómenos independientes cuando en realidad compiten por la legitimidad del mismo Estado.

Infobae América publica con prominencia la adquisición de dos equipos GeneXpert para fortalecer el diagnóstico de tuberculosis. Los números son precisos: 3.3 millones de pesos de inversión, 36 dispositivos en la red pública, 31,047 pruebas moleculares realizadas en 2025, una tasa de mortalidad de 0.6 por cada 100,000 habitantes. El ministro de Salud habla de acceso universal, el director del SNS de oportunidades para detectar la enfermedad de manera temprana. El tono es el de un comunicado oficial bien estructurado, con cifras que respaldan un argumento de avance institucional.

Pero el mismo día, en las mismas páginas del mismo medio, aparecen otros titulares: un cabo acusado de matar a un joven de 19 años, un empresario condenado por robo de energía. No son historias aisladas ni excepcionales en la cobertura de América Latina. Son, sin embargo, ilustrativas de una paradoja que la prensa internacional rara vez examina en profundidad: la capacidad de un Estado para adquirir tecnología de diagnóstico de alta gama coexiste con la aparente incapacidad de sus instituciones de seguridad para ejercer control sobre sus propios uniformados.

Lo que Infobae hace, sin necesidad de explicitarlo, es compartimentalizar. La tuberculosis entra en la sección de salud pública, donde el Estado aparece como modernizador. El crimen policial entra en la sección de justicia, donde el Estado aparece como reactivo. Ambas historias son verdaderas. Ambas merecen cobertura. Pero la arquitectura de cómo se presentan —separadas, sin conexión narrativa, sin que una ilumine la otra— permite al lector internacional construir una imagen del país que es simultáneamente progresista en lo técnico y frágil en lo institucional, sin que esa contradicción genere incómoda reflexión.

El detalle más revelador está en las declaraciones de los funcionarios dominicanos. El viceministro de Salud Colectiva subraya que la tuberculosis sigue siendo uno de los desafíos de salud pública más importantes a nivel mundial, especialmente por el incremento de casos resistentes a los medicamentos. Es una afirmación que, en boca de un funcionario, busca contextualizar el problema como global, no como síntoma de debilidad local. La prensa internacional la reproduce sin cuestionamiento. No pregunta cuál es la tasa de resistencia a medicamentos en República Dominicana en comparación con otros países de la región, ni si la inversión en diagnóstico molecular es proporcional a la inversión en tratamiento, ni cómo se articula esta política con sistemas de salud más amplios.

Lo que emerge es un encuadre donde la tecnología actúa como narrativa de legitimación. Cada nuevo equipo GeneXpert es presentado como evidencia de que el Estado funciona, de que la modernización es posible, de que hay un futuro donde ninguna persona tendrá que enfermar de tuberculosis. Es un argumento poderoso. Es también, inevitablemente, incompleto. No porque la tuberculosis no sea un problema real o porque la inversión en diagnóstico sea irrelevante, sino porque la prensa internacional ha elegido ver la salud pública dominicana a través de la lente de la adquisición tecnológica, no a través de la lente de los resultados epidemiológicos o de la equidad en el acceso.

Hay un patrón aquí que merece nombre: es la cobertura de la modernización sin la cobertura de la modernización desigual. República Dominicana recibe crédito internacional por tener 36 equipos GeneXpert en su red pública. Pero ¿cuántos de esos equipos están en zonas rurales? ¿Cuál es el tiempo promedio entre diagnóstico y inicio de tratamiento? ¿Cuál es la tasa de abandono del tratamiento? ¿Cómo se distribuye la tuberculosis entre los quintiles de ingreso? Estas preguntas no aparecen en el reportaje de Infobea porque la narrativa internacional ha optado por una versión más limpia: el Estado invierte en tecnología, por lo tanto el Estado está funcionando.

Entretanto, en la misma edición, un cabo mata a un joven de 19 años y recibe un año de prisión preventiva. No es un detalle menor. Es la otra cara de cómo funciona el Estado dominicano: con capacidad para comprar máquinas de diagnóstico, pero sin capacidad aparente para disciplinar a sus propias fuerzas de seguridad de manera que evite que maten civiles. O, más precisamente, con capacidad para castigar después del hecho, pero sin capacidad para prevenir que el hecho ocurra.

La prensa internacional no conecta estas dos historias porque operan en marcos conceptuales distintos. Una es una historia de progreso técnico. La otra es una historia de violencia institucional. Que ambas sean verdaderas simultáneamente, que ambas reflejen aspectos reales del funcionamiento estatal dominicano, es algo que requeriría un nivel de análisis más integrado del que la cobertura fragmentada permite.

Así, República Dominicana aparece hoy en la prensa internacional como un país donde el Estado está modernizando sus capacidades diagnósticas mientras, aparentemente sin conexión alguna, sus uniformados siguen matando civiles. No es un retrato falso. Es un retrato incompleto, porque omite la pregunta que debería unificar ambas historias: ¿qué tipo de Estado es aquel

La prensa internacional ha encontrado hoy un nuevo ángulo en la catástrofe venezolana: el de la cuantificación sistemática del desastre. No es una novedad que los números crezcan conforme avanzan las operaciones de rescate y evaluación, pero lo que distingue el encuadre de hoy es la minuciosidad con que se documentan las cifras parciales, como si la precisión en el recuento fuera un acto de legitimidad narrativa.

Infobae América presenta el balance actualizado con la solemnidad de quien lee un acta oficial: 3.811 muertos, 16.740 heridos, 17.907 sin vivienda, 856 edificios afectados, 190 completamente destruidos. Jorge Rodríguez, titular de la Asamblea Nacional, proporciona estas cifras con la cadencia de quien enuncia un inventario. La prensa extranjera las reproduce sin cuestionamiento aparente, como si la fuente gubernamental bastara para conferirles autoridad. Y aquí reside una tensión incómoda: ¿cómo verifica la prensa internacional cifras de esta magnitud en un país donde la información oficial ha sido históricamente objeto de disputa?

Lo que sí documenta la cobertura internacional es el despliegue operativo: 4.388 rescatistas internacionales, 30.076 integrantes de cuerpos de seguridad nacionales, 27.398 pacientes atendidos en hospitales, 9,6 millones de kilogramos de alimentos distribuidos. Estos números tienen la textura de lo verificable porque remiten a acciones concretas, a movimientos de personas y recursos que pueden ser observados. Pero el encuadre que emerge es el de una máquina estatal funcionando, al menos en apariencia, con eficiencia coordinada.

Donde la cobertura se vuelve más reveladora es en lo que omite deliberadamente. Los titulares mencionan que "refugiados por el terremoto exigen más apoyo del gobierno" y que "los venezolanos temen perder sus casas dañadas". Estas frases introducen una fricción: si el aparato de respuesta funciona como lo sugieren las cifras, ¿por qué hay centenares durmiendo en carpas a dos semanas del evento, esperando información sobre sus viviendas? France 24 documenta que en La Lucha, en Catia La Mar, los residentes permanecen en carpas "mientras esperan evaluaciones técnicas". El verbo "esperar" es recurrente en la cobertura, y su persistencia sugiere un tiempo vacío, una laguna entre el desastre y la solución.

La prensa internacional también subraya, con tono de denuncia apenas velada, el reclamo del Gobierno por desbloquear 9.000 millones de dólares en activos congelados. El canciller Iván Gil exige la liberación del oro en Londres y los fondos en el FMI. La cobertura no cuestiona la legitimidad de este reclamo, pero lo enmarca dentro de una lógica de escasez estructural: Venezuela necesita dinero que no tiene acceso, y esa carencia preexistente al terremoto ahora se amplifica. El desastre natural se convierte, en manos de la prensa extranjera, en revelador de una crisis más profunda.

Hay también un matiz de resignación en cómo se reportan los testimonios. Una residente de La Guaira dice: "Todavía siento que esto es una pesadilla. Ojalá pudiera reconstruir mi casa. Crecí aquí y no quiero perderla". Es un testimonio de pérdida, pero la prensa extranjera lo presenta como ilustrativo de una condición más vasta: la vulnerabilidad de quienes construyeron sus vidas en ciudades donde la infraestructura nunca fue pensada para resistir este tipo de eventos.

Lo que la cobertura internacional no examina con la profundidad que merece es cómo un país en crisis económica crónica afronta la reconstrucción. Los titulares mencionan que el Gobierno "destinó más de 7.000 millones de dólares al mercado local desde enero" para estabilizar la moneda, pero no contextualizan si esos recursos hubieran estado disponibles para vivienda de no ser por esa prioridad cambiaria. Es una pregunta que la prensa extranjera tiende a eludir, quizá porque exigiría analizar las decisiones de política económica del Gobierno más allá del registro de lo que sucede en los escombros.

El encuadre de hoy, en síntesis, es el de una catástrofe cuantificada, un desastre que se vuelve legible a través de números, que se organiza en clasificaciones de edificios (verde, amarillo, rojo), que se distribuye en fases de emergencia y reconstrucción. Es un encuadre que privilegia el orden administrativo sobre el caos de la experiencia vivida, que confía en que la precisión del conteo equivale a control sobre la situación. Pero bajo esa superficie de números bien organizados, la prensa internacional documenta también la persistencia de la incertidumbre: miles de personas sin saber si sus casas serán salvadas o demolidas, un Gobierno reclamando recursos congelados, una brecha entre lo que se anuncia y lo que se entrega. El desastre, en otras palabras, ha revelado menos una falla en la respuesta que una fragilidad estructural que el terremoto no creó, solo expuso.