La prensa extranjera ha encontrado hoy un nuevo eslabón en la cadena de desmantelamiento institucional que caracteriza al régimen de Ortega y Murillo: la expulsión masiva de abogados del registro judicial de Nicaragua. El dato es brutal en su sencillez. Más de dos mil profesionales del derecho fueron eliminados del sistema de la Corte Suprema sin notificación, sin proceso, sin explicación. Simplemente desaparecieron.
Lo que distingue este encuadre de la cobertura anterior sobre Nicaragua no es tanto la novedad del autoritarismo en sí, sino la lógica que la prensa internacional está identificando detrás de la medida. Reed Bródy, experto de la ONU, no presenta esto como un acto aislado de represión. Lo coloca dentro de una arquitectura de cierre que ya ha consumido a las ONG, las universidades, los medios, las iglesias. Ahora, dice, le toca a la abogacía. La frase resume lo que Infobae América está subrayando: no es represalia contra individuos específicos, sino desarticulación sistemática de los cuerpos intermedios que históricamente se interponen entre el poder y el ciudadano.
La prensa extranjera enfatiza particularmente un aspecto que revela la sofisticación del mecanismo. No hubo acusaciones, no hubo expedientes, no hubo defensa posible. El régimen simplemente utilizó una base de datos, un registro administrativo, como instrumento de exclusión. Martha Patricia Molina, una abogada que ejerce desde 2013, se enteró de su expulsión cuando dejó de figurar en el sistema. Pidió explicaciones por correo electrónico. Nunca recibió respuesta. El silencio institucional es aquí parte de la estrategia: no hay nada que impugnar, ningún acto administrativo formal que recurrir, ningún procedimiento que violar porque no hay procedimiento en absoluto.
Lo que la cobertura internacional destaca es que esto viola frontalmente los estándares internacionales que el propio régimen, en teoría, debe respetar. Bródy cita el Principio 28 de las Naciones Unidas sobre la función de los abogados, redactado hace más de tres décadas. Ese principio ordena que cualquier medida disciplinaria contra un letrado debe tramitarse ante un comité imparcial, un organismo independiente o un tribunal. Nicaragua hizo exactamente lo opuesto: ningún comité, ningún órgano, ninguna independencia. Solo la voluntad administrativa de una Corte Suprema que funciona como apéndice del ejecutivo.
La prensa extranjera no está diciendo que esto sea sorprendente. Nicaragua ya ha cerrado universidades, expropiado medios, perseguido iglesias. Pero sí está señalando que el cierre de la abogacía marca un punto de no retorno en la construcción de un Estado sin contrapeso alguno. Los abogados, en teoría, son los guardianes de los procedimientos, de los derechos, de la posibilidad misma de que exista un conflicto legal que no sea decidido de antemano por el poder. Eliminarlos del registro es, en cierto sentido, eliminar la última ficción de que existe un sistema judicial.
Lo que permanece ausente en esta cobertura es cualquier explicación del régimen. Ni Ortega ni Murillo han ofrecido razón alguna para la expulsión. No hay acusaciones de corrupción, no hay denuncias de conspiración, no hay siquiera un pretexto. El silencio es total. Y es precisamente ese silencio el que la prensa internacional está interpretando como revelador: cuando no hay ni siquiera la necesidad de justificar, es porque el poder ya no reconoce a quién rendir cuentas.