La prensa internacional sigue a Ecuador por sus ciclos de violencia criminal, pero lo que hace hoy Infobae es algo más específico: documentar cómo la represión estatal y la rivalidad entre bandas convergen en un mismo punto geográfico para producir un resultado que parece simultáneamente un fracaso de seguridad y una victoria judicial incompleta.
El asesinato de David Gabriel Macías Villamar en Olón —ejecutado por un comando disfrazado de policía— no es simplemente otro crimen en la larga cadena de violencia que caracteriza a Ecuador. Es, en cambio, un evento que expone una paradoja que la cobertura extranjera apenas nombra pero constantemente documenta: mientras el Estado logra extraditaciones de alto perfil y condenas de lavado de activos contra la familia Macías, las estructuras criminales siguen operando lo suficientemente bien como para ejecutar asesinatos selectivos en urbanizaciones turísticas con equipamiento policial falso.
Infobea, en su relato, enfatiza los golpes acumulados contra Los Choneros. Fito ya está en Estados Unidos esperando juicio. Ronald Javier fue capturado en Bogotá hace tres semanas. Seis familiares fueron condenados en mayo a entre siete y diez años por lavar 25 millones de dólares. El texto construye una narrativa de desmantelamiento progresivo del núcleo criminal. Pero luego, en el mismo párrafo donde enuncia esa presión judicial, describe un comando armado que entra a una urbanización privada, somete a un guardia de seguridad y dispara más de veinte veces sin que nadie sea detenido.
Lo que la prensa extranjera tiende a separar en compartimientos —los éxitos operativos en un lado, la violencia cotidiana en otro— aparece aquí como un mismo fenómeno. La represión judicial y la represión criminal ocurren en paralelo, a veces en la misma provincia, sin que una cancele la otra. De hecho, la hipótesis que Infobea presenta es que el asesinato de David es parte de la disputa entre Los Choneros y Los Lobos por el control del narcotráfico y las cárceles, una rivalidad que ha generado episodios de violencia más graves en la historia reciente del país.
Esa última frase es importante. La prensa internacional usa el lenguaje de la "historia reciente" para hablar de eventos que en otros países serían considerados excepcionales. El motín de septiembre de 2023 en la Penitenciaría del Litoral, donde murieron 123 reclusos, aparece aquí como un hito de referencia, no como un shock. Y el asesinato de hoy se presenta como una posible detonante de represalias y nueva escalada, como si el país estuviera en un estado permanente de escalada contenida que puede, en cualquier momento, volver a explotar.
Lo que Infobea no subraya, pero que está implícito en el relato, es que las autoridades ecuatorianas tienen líneas de investigación preliminar que identifican a David como presunto cabecilla regional de Los Choneros en Manabí con influencia sobre cárceles. Es decir, el Estado sabía quién era. Y aun así, fue ejecutado en una urbanización privada por hombres disfrazados de policía. Eso no es un fracaso de inteligencia. Es un fracaso de presencia estatal en tiempo real.
La prensa extranjera, cuando cubre Ecuador, tiende a celebrar los golpes contra el crimen organizado como si fueran finales de capítulo. Pero lo que Infobea documenta hoy, sin decirlo explícitamente, es que en Ecuador los capítulos no terminan. Se multiplican. Se solapan. Mientras se desmantelan núcleos familiares de capos, otros capos disputan territorios. Mientras se incautan toneladas de cocaína, se ejecuta a hermanos de narcotraficantes extraditados. La represión existe. La violencia también. Y ambas ocurren en el mismo escenario, a veces el mismo fin de semana, sin que una resuelva la otra.