La prensa internacional que hoy se detiene en Bolivia lo hace desde un ángulo que merecería más escepticismo del que parece estar recibiendo: el de la normalización financiera como solución a una crisis cuya profundidad es mucho mayor que la de sus síntomas monetarios.
Infobea América reporta que Bolivia ha iniciado la segunda etapa de devolución de depósitos en dólares, permitiendo ahora retiros de hasta tres mil dólares tras casi tres años de restricciones. El ministro de Economía presenta esto como parte de un cronograma gradual que se extenderá hasta 2027, con una proyección de más de novecientos treinta millones de dólares en devoluciones en el plazo de un año. Un analista financiero consultado por el medio estatal boliviano caracteriza la medida como "una operación de saneamiento financiero" que fortalecerá la confianza bancaria y disminuirá la presión en el mercado paralelo.
Aquí está el problema del encuadre: la prensa extranjera está cubriendo una apertura gradual de acceso a divisas como si fuera el acto de reparación de una economía, cuando en realidad es apenas el reconocimiento de un fracaso de política monetaria que duró casi una década. El texto de Infobea menciona de pasada que "la desaceleración inició en 2014" pero que "los bolivianos sintieron la crisis casi una década después", es decir, alrededor de 2023. Lo que omite es la pregunta incómoda: ¿por qué un gobierno que mantuvo un tipo de cambio fijo desde 2011 permitió que la crisis se acumulara durante diez años hasta hacerla inmanejable?
El nuevo gobierno de Rodrigo Paz implementó hace poco más de dos semanas un tipo de cambio flexible que ya ha subido más de diez por ciento. El presidente afirma que el dólar "se está estabilizando" tras años de irregularidades. Pero la cobertura internacional no profundiza en lo que significa esa estabilización para el poder adquisitivo de los hogares bolivianos, que según el mismo texto ha sufrido un deterioro severo, con inflación en niveles no vistos en décadas y precios de alimentos y transporte que se han disparado. La devolución gradual de dólares —que comenzará con los depósitos más pequeños y no alcanzará los mayores hasta julio de 2027— es presentada como una victoria de la política económica, cuando podría ser también un mecanismo para gestionar la escasez sin admitirla plenamente.
Lo que la prensa extranjera está viendo es una administración técnica de una crisis, no su resolución. Y lo que está omitiendo es la pregunta sobre quién paga el costo real de esa administración: los ahorristas que durante años no pudieron acceder a su dinero, los trabajadores cuyo salario se erosionó por inflación, los agricultores que según otro titular del día están bloqueando y marchando mientras "se abre la tierra a la industria". El encuadre internacional privilegia el relato de normalización sobre el de la redistribución de pérdidas que toda crisis implica.