La prensa extranjera ha descubierto hoy en los tratados de extradición entre Nicaragua y Rusia un mecanismo que revela algo más complejo que una simple alianza geopolítica: la construcción de un sistema de justicia paralelo que, paradójicamente, se enmarca en el lenguaje de la legalidad internacional.
Infobae América reporta que la Asamblea Nacional ratificó por unanimidad dos acuerdos que permiten el traslado de condenados entre ambos países. El régimen nicaragüense justifica esto como un fortalecimiento de la lucha contra la impunidad y la garantía del debido proceso. Pero la prensa extranjera, al leer entre líneas, detecta algo distinto: la creación de una válvula de escape jurisdiccional que opera bajo cobertura legal.
El detalle que salta a la vista es quién negoció estos tratados. Laureano Ortega Murillo, asesor presidencial e hijo de Daniel Ortega, fue el representante especial en la firma realizada en San Petersburgo el 5 de junio. Sobre él pesan sanciones estadounidenses y europeas por violaciones de derechos humanos y su rol en las elecciones fraudulentas de 2021. Que sea precisamente esta figura la que negocie mecanismos de extradición con Moscú no es un detalle administrativo: es el síntoma de cómo el régimen ha convertido la cooperación internacional en un instrumento de consolidación interna.
Los tratados incluyen salvaguardas formales: exclusión de delitos políticos, prohibición de extraditar a nacionales, rechazo a la pena de muerte. Son cláusulas que existen en acuerdos similares con otros países, como subraya el diputado oficialista Wálmaro Gutiérrez. Pero aquí reside la ironía que la cobertura internacional comienza a captar: un régimen que ha vaciado de independencia su propio sistema judicial, que ha encarcelado a opositores políticos bajo acusaciones fabricadas, que ha revocado credenciales de abogados sin debido proceso, ahora se presenta como garante del respeto a los derechos fundamentales en tratados internacionales.
Lo que la prensa extranjera no dice explícitamente, pero deja suspendido en el aire, es una pregunta incómoda: ¿qué significa garantizar que los procesados enfrenten la justicia cuando la justicia doméstica ya ha sido capturada? El traslado de un condenado nicaragüense a Rusia, o de un ruso a Nicaragua, bajo estos marcos, no es un mecanismo de seguridad jurídica sino de opacidad. Moscú obtiene un canal legal para gestionar sus propios ciudadanos en territorio centroamericano; Managua obtiene un precedente que legitima sus procedimientos judiciales viciados mediante su equiparación formal con los de una potencia internacional.
La Procuraduría General de Justicia de Nicaragua será la encargada de tramitar directamente estas solicitudes. Es decir, la misma institución que opera bajo control político del régimen tendrá ahora autoridad para decidir quién se traslada y quién no, con un marco legal que la comunidad internacional ha validado como conforme a estándares internacionales.
La cobertura de Infobae América no acusa abiertamente, pero el lector atento comprende que está documentando cómo un régimen autoritario utiliza los tratados internacionales no para mejorar la justicia sino para crear nuevas capas de legitimidad sobre un sistema ya comprometido. Los acuerdos entrarán en vigor una vez publicados en La Gaceta. Será entonces cuando la arquitectura legal del régimen nicaragüense habrá ganado un nuevo piso, visible desde afuera pero inaccesible a la revisión independiente desde adentro.