La prensa extranjera ha encontrado hoy en la aprobación del préstamo nicaragüense con el Fondo OPEP un fenómeno que merece atención no por lo que dice, sino por lo que deliberadamente no dice: la normalización de la deuda como narrativa de estabilidad en un contexto de colapso institucional.
Infobae América, el principal medio que cubre esta noticia para la audiencia latinoamericana, despliega un relato técnico impecable. Detalla montos, plazos, kilómetros de carretera, procedimientos parlamentarios. El Parlamento aprobó por unanimidad. El Ejecutivo tramitó de manera expedita. Hay una carretera que conecta regiones agrícolas con centros de distribución. Todo suena como la operación normal de un Estado que funciona. El Fondo OPEP, fundado en 1976, es presentado como una institución multilateral seria. Los números cuadran: 31.5 millones de préstamo, 35 millones de costo total, 3.5 millones de contrapartida nacional.
Pero esta precisión narrativa es, precisamente, lo que debe interrogarse. En un país donde el régimen ha desmantelado la abogacía independiente, donde excarcelaciones masivas responden a calendarios simbólicos, donde tratados de extradición con Rusia crean jurisdicciones paralelas, la cobertura de un préstamo para infraestructura vial funciona como un acto de restauración simbólica. Es decir: si el Gobierno puede obtener financiamiento internacional, si instituciones multilaterales firman contratos con él, entonces acaso no sea tan disfuncional como parecería.
Lo que la prensa extranjera omite es la pregunta incómoda: en qué contexto de gobernanza se ejecutará este proyecto. No es irrelevante que la Asamblea Nacional, donde el oficialismo tiene mayoría absoluta tras la desaparición de la oposición política, apruebe por unanimidad cualquier cosa que el Ejecutivo envíe. No es neutral que una embajadora reciba plenos poderes para firmar un contrato internacional sin que medie debate público alguno. Estos detalles procedimentales, que el texto de Infobae presenta como evidencia de eficiencia, son en realidad síntomas de una estructura donde la separación de poderes es una ficción.
El Fondo OPEP, como institución, no tiene la responsabilidad de auditar la democracia interna de sus deudores. Pero la cobertura de prensa que legitima estos acuerdos sí tiene esa responsabilidad. Al presentar la transacción como un acto administrativo normal, la prensa extranjera participa, sin intención quizá, en la construcción de una apariencia de normalidad que oculta el vacío institucional.
Hay un segundo ángulo que merece notarse. Este es el segundo préstamo del Fondo OPEP en meses. En diciembre anterior, ya se había aprobado otro por 25 millones para otra carretera. La acumulación de deuda externa en proyectos de infraestructura, mientras el régimen erosiona las instituciones que podrían fiscalizar su ejecución, sugiere un patrón: el endeudamiento como mecanismo de legitimación internacional y como fuente de recursos que, en ausencia de controles, pueden ser desviados o ejecutados con opacidad.
La prensa internacional, al reportar estos hechos sin este contexto, convierte la deuda en una señal de viabilidad. Pero la pregunta que debería formularse es más incómoda: ¿quién pagará estos préstamos cuando el régimen que los contrajo haya desaparecido o sea reemplazado? ¿Quién fiscalizará que los 96.15 kilómetros de carretera se construyan efectivamente, o que los fondos no se desvíen hacia otros propósitos? ¿Qué garantías existen cuando la Asamblea Nacional es un órgano sin independencia?
El editorial de hoy no es sobre una carretera. Es sobre cómo la cobertura técnica, desprovista de contexto político, se convierte en un instrumento de normalización. Nicaragua sigue siendo Nicaragua. Pero ahora, además, tiene deuda nueva.