La prensa internacional que cubre República Dominicana ha elegido hoy un encuadre que merece ser examinado con cuidado: el de un Estado que captura, que extradita, que coopera. Infobae América, prácticamente sola en la cobertura visible, reporta sobre tres arrestos ejecutados por el Ministerio Público y la DNCD, con énfasis particular en la captura de Pedro F. J. en el Aeropuerto del Cibao cuando intentaba huir a Filadelfia, y en dos dominicanos entregados a la justicia estadounidense por homicidio en segundo grado y delitos sexuales.
Lo que llama la atención no es la noticia en sí, sino lo que la narrativa extranjera subraya y cómo lo ordena. El relato está construido para demostrar eficacia: órdenes judiciales precisas, coordinación institucional, cooperación internacional, procedimientos que funcionan. Los números de las leyes violadas se enumeran con exactitud —Ley 631-16, artículos 333, 334, 335 de la Ley 168-21—, como si la precisión legal fuera índice de solidez institucional. La DNCD aparece trabajando "en cumplimiento de los compromisos de cooperación internacional asumidos por la República Dominicana en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional", una frase que suena a certificado de buena conducta emitido por la prensa extranjera.
Pero hay algo que la cobertura no interroga, y esa omisión es donde reside el verdadero encuadre. El caso de Pedro F. J. acumula un catálogo de delitos que sugiere una operación compleja: defraudación aduanera, contrabando, crímenes de alta tecnología, tráfico de drogas, lavado de activos. No es un criminal de perfil simple. Sin embargo, la prensa extranjera lo presenta como un fugitivo capturado en el último momento, alguien que "se disponía a salir del país para evadir la justicia". La narrativa es la de la captura exitosa, no la de la pregunta sobre cómo una red de esa complejidad operó el tiempo suficiente para requerir captura en fuga.
Lo mismo ocurre con los dos extraditables: Mario Jaquez, acusado de homicidio en Nueva York, y Mario Juan García, acusado de delitos sexuales en Connecticut. La cobertura los presenta como individuos identificados, localizados, entregados. Lo que no pregunta es cómo llegaron a República Dominicana, cuánto tiempo permanecieron, si operaban en redes locales o si el país fue simplemente refugio transitorio. El encuadre internacional es el de la cooperación transnacional, no el de la vulnerabilidad que esos refugios revelan.
La prensa extranjera, en suma, está construyendo una imagen de República Dominicana como Estado que funciona, que captura, que extradita, que coopera con Washington. Es una imagen que no es falsa, pero que es selectiva. Omite la pregunta sobre por qué estos individuos estaban aquí, qué permitió que operaran, cuál es la geografía real de la criminalidad transnacional en la isla. En lugar de eso, ofrece un relato de competencia institucional que, paradójicamente, es más reconfortante para el lector extranjero que para quien intenta entender qué está sucediendo realmente en República Dominicana.