La prensa internacional que hoy cubre Guatemala ha descubierto un proyecto que, por su escala y ambición, obliga a repensar cómo se narra la modernización del país. El Consorcio Interoceánico presentó ayer la Ciudad Portuaria San Jorge, y el relato que Infobae América construye es notable no tanto por lo que dice como por lo que presupone: que Guatemala puede ser, simultáneamente, un territorio donde operan megainversiones de quince mil millones de dólares y un Estado capaz de garantizar que esas inversiones se ejecuten sin captura, sin desplazamientos forzados disfrazados de "asociaciones voluntarias", sin que la certeza jurídica sea un espejismo de acuerdos municipales sobre papel.
El encuadre extranjero aquí es peculiar. Infobea no cuestiona los números—7.5 millones de contenedores anuales, 65 mil empleos directos, una zona franca con base legal desde 2001—ni tampoco interroga la mecánica de la tokenización de activos o la emisión de COINGT bajo regulación salvadoreña. Acepta, en cambio, la narrativa de los promotores casi sin fricción. Tres mil quinientas familias "integraron voluntariamente" sus propiedades durante veinticinco años. No hubo desplazamientos, solo "socios". Trescientos cincuenta acuerdos municipales respaldan la certeza jurídica. Un decreto de utilidad pública de 2013 cierra el círculo legal.
Lo que la cobertura internacional omite es la pregunta incómoda: en un país donde la CIDH acaba de firmar acuerdos sobre desapariciones de hace cuatro décadas, donde la captura estatal es un fenómeno documentado, donde la titularidad de tierras ha sido históricamente un campo de disputa, ¿cómo se garantiza que una franja de 372 kilómetros y 140 metros de ancho, que cruza cuatro departamentos y toca a cuarenta y seis municipios, realmente descansa en consenso y no en presión económica, desinformación o asimetría de poder?
La prensa extranjera parece fascinada por la sofisticación del esquema: la comparación con Singapur, el apoyo de organizaciones ambientales que preservan treinta y cinco hectáreas de humedal bajo un túnel, la presencia de una delegación salvadoreña, los ministros de economía alineados. Es el relato de un país que intenta saltar a la modernidad logística sin resolver antes las fragilidades institucionales que lo caracterizan. Y eso, precisamente, es lo que la cobertura internacional no problematiza. Asume que el proyecto es viable porque está bien financiado, bien presentado, bien respaldado legalmente en el papel. No pregunta si Guatemala tiene la capacidad institucional para ejecutarlo sin que se convierta en otro caso de desposesión de tierras, otra fuente de conflictividad rural, otro ejemplo de cómo la inversión extranjera y doméstica puede reconfigurar territorios sin que los afectados tengan voz real en la decisión.
El silencio de la prensa internacional sobre estas tensiones es revelador. No es que niegue los riesgos; simplemente los deja fuera del encuadre. Guatemala aparece como un país que ya está en la modernidad, que ya tiene las herramientas, que solo necesita que el mundo le crea. Eso es, quizá, lo más riesgoso de todo: una narrativa que celebra la ambición sin examinar si las instituciones que deben sostenerla existen realmente o solo en el papel de los acuerdos municipales.