La prensa internacional que hoy se detiene en Bolivia ha elegido un ángulo que merece examinarse con cuidado: el de la continuidad de un modelo extractivista que, lejos de representar una ruptura con el pasado, constituiría más bien una aceleración sin los velos retóricos que lo acompañaban antes. El relato es potente, pero contiene una simplificación que vale la pena desmenuzar.
El artículo de fondo que domina hoy la cobertura internacional traza una narrativa de simetría casi perfecta: gobiernos de izquierda que hablaban de ambiente mientras destruían; gobierno de centro que, sin pretender hablar de ambiente, simplemente destruye. La conclusión implícita es que Bolivia enfrenta lo mismo bajo nuevas etiquetas. Pero el medio que reporta esto —y aquí está lo interesante— no está realmente diciendo que nada ha cambiado. Está diciendo que lo que ha cambiado es la arquitectura del poder, no sus objetivos.
Cuando el reportaje señala que el anterior presidente de la asociación de productores de soja ahora dirige el ministerio de desarrollo y ambiente, o que el anterior presidente de la otra gran lobby agroindustrial es ahora ministro de desarrollo rural, no está contando una anécdota de conflicto de intereses. Está documentando algo más estructural: la desaparición de la mediación. "No necesitan negociar con un intermediario, que es el gobierno", dice el economista ambiental que cita el artículo. "Ellos son el gobierno." Esa frase resume el encuadre: no es que haya más extractivismo, es que el extractivismo ha dejado de fingir que negocia consigo mismo.
Lo que la prensa internacional enfatiza, acertadamente, es que esta transformación ocurre en un contexto donde la resistencia indígena y campesina sigue siendo la variable que el gobierno no puede ignorar completamente. Las marchas desde el Amazonas, los bloqueos de carreteras, los escudos humanos frente a empresas petroleras: estos hechos son reportados como evidencia de que Bolivia mantiene una capacidad de movilización que otros países latinoamericanos han visto erosionarse. Pero el encuadre también sugiere, implícitamente, que esa resistencia opera ahora contra una máquina estatal menos permeable a la negociación que antes.
Hay, sin embargo, una omisión notable en cómo la prensa extranjera está narrando esto. El reportaje documenta que la ley de tierras fue repelida en mayo tras las protestas, lo que podría leerse como una victoria de la movilización. Pero luego cita al economista ambiental diciendo que "en diez años verás que las pequeñas propiedades convertidas a propiedades medianas han tenido tasas más altas de deforestación". El daño, sugiere, ya está hecho. La prensa internacional está narrando una resistencia que gana batallas pero pierde la guerra. Esa narrativa es más compleja que la de una represión simple, pero también más desmoralizante.
Lo que menos aparece en este encuadre es la pregunta sobre por qué un gobierno centrado como el de Rodrigo Paz, que no tiene un mandato ideológico pro-extractivista, ha elegido esta ruta. La respuesta que el reportaje sugiere es estructural: cuando una crisis fiscal golpea, la respuesta es siempre la misma en Bolivia. Pero eso deja sin responder si hay algo específico en la actual administración que la hace más vulnerable a esa lógica, o si simplemente la ha abrazado con menos disimulo que sus predecesoras.
En cualquier caso, el encuadre que hoy domina es el de un país donde la continuidad extractivista es ahora desnuda, donde los intermediarios se han convertido en actores directos, y donde la resistencia sigue siendo real pero opera contra máquinas de poder cada vez más consolidadas. Es un relato que, para bien o para mal, sitúa a Bolivia en una categoría incómoda: ni en crisis de gobernanza, ni en estabilidad, sino en una suerte de equilibrio perverso donde el modelo que destruye ha aprendido a no necesitar siquiera la ficción de la negociación.