La prensa internacional que hoy cubre Guatemala ha elegido un encuadre que fragmenta la crisis del transporte en sus componentes técnicos, cuando lo que está en juego es la incapacidad estatal para sostener simultáneamente la seguridad y la viabilidad económica de un servicio esencial.
Infobea América publica la advertencia de las gremiales del transporte extraurbano como un asunto de dos variables independientes: la extorsión criminal por un lado, el encarecimiento del diésel por otro. El relato es preciso en los números, desgarrador en las cifras de víctimas —treinta y cinco conductores y ayudantes muertos en seis meses, once usuarios entre fallecidos y heridos—, y contundente en el plazo: dos semanas antes de que las tarifas suban entre quince y veinte por ciento. Pero la forma en que se presenta esta información tiende a aislar cada problema en su propio carril, como si fueran crisis que ocurrieran en planos paralelos en lugar de ser síntomas de un mismo colapso.
La verdad que la cobertura internacional deja implícita pero no explicita es que Guatemala se enfrenta a una situación donde el Estado ha perdido la capacidad de garantizar dos cosas que debería ser capaz de garantizar simultáneamente: que los ciudadanos puedan viajar sin ser asesinados, y que puedan hacerlo a un precio que no consuma sus ingresos. El transporte extraurbano no es un sector de lujo. Es la arteria por la que se mueve la población rural y periurbana, la que vincula municipios, la que sostiene la circulación de trabajadores, estudiantes, comerciantes. Cuando falla, no falla un negocio: falla la conectividad de un país.
Lo que Infobae América reporta con corrección periodística pero sin énfasis interpretativo es que Carlos Vides, presidente de Gretexpa, ha documentado una escalada en dos frentes simultáneamente. Las extorsiones no solo aumentaron en frecuencia respecto al semestre anterior, sino que los montos exigidos por los delincuentes crecieron. Eso significa que la presión criminal se ha intensificado. Y mientras eso ocurría, el conflicto en Medio Oriente elevó el precio internacional del petróleo, lo que Guatemala absorbe íntegramente porque importa la totalidad de sus combustibles. Dos presiones externas e internas que convergen sobre un sector que ya operaba bajo estrés.
El encuadre internacional también deja en segundo plano algo que merece mayor atención: que las autoridades guatemaltecas han recibido al sector en múltiples ocasiones. El ministro de Seguridad, el ministro de Gobernación, viceministros, la cúpula de la Policía Nacional Civil. Hubo conversaciones. Hubo promesas que, según Vides, se arrastran desde inicios de año. Pero las conversaciones no se tradujeron en medidas concretas. Aquí la prensa extranjera toca el punto crítico sin detenerse en él: el Gobierno de Arévalo, que llegó con una promesa de combate a la corrupción y la criminalidad, se encuentra en una posición donde no puede ofrecer ni seguridad ni alivio económico al sector que demanda ambas cosas. No puede porque la violencia criminal escapa a su control inmediato, y no puede porque los precios del combustible no son variables que Guatemala pueda manipular.
Lo que la cobertura internacional no dice, pero que la advertencia de Gretexpa deja entrever, es que estamos ante un escenario donde los costos de la crisis se trasladarán a quienes menos pueden absorberlos: los usuarios del transporte extraurbano. Cuando las tarifas suban, subirán para la población que depende de ese servicio para trabajar. Y esa población seguirá viajando bajo riesgo de ser asaltada, herida o asesinada. El Gobierno ha ofrecido inversión en remozamiento de cárceles, talleres sobre sarampión, análisis de medidas tras evaluar combustibles. Pero el sector que mueve diariamente a decenas de miles de personas sigue esperando resultados concretos.
La prensa extranjera reporta una crisis de transporte. Lo que esa crisis revela es algo más profundo: un Estado que ha perdido la capacidad de gestionar la intersección entre seguridad, economía y servicios esenciales. Cuando eso ocurre, la población no espera a que se resuelvan los debates sobre jurisdicciones ministeriales. Simplemente paga más por viajar, y viaja con miedo.