La prensa internacional que hoy se detiene en Bolivia elige un territorio que parece escapar a las urgencias políticas y económicas que han dominado la cobertura reciente: la extinción de lenguas indígenas. El País América reporta que treinta de las treinta y seis lenguas oficiales del país están en vías de desaparición, una cifra que, por su magnitud, demanda atención. Pero lo que merece examen aquí es el tipo de mirada que esta noticia representa y lo que omite.
El encuadre es, en apariencia, cultural y patrimonial. Se trata de lenguas, de identidad, de un acervo que se desmorona. Es el lenguaje de la pérdida civilizatoria, el que permite a lectores europeos o norteamericanos reconocer en Bolivia algo que les es familiar: la vulnerabilidad de lo minoritario frente a lo hegemónico. Es una narrativa que funciona bien en el ecosistema mediático occidental porque no exige que se piense en estructuras de poder, sino en procesos históricos inevitables, casi naturales.
Sin embargo, el reportaje de El País no ofrece el texto completo en el material disponible, lo que impide verificar si la cobertura ahonda en las causas políticas y socioeconómicas de esta extinción lingüística, o si se queda en la constatación del hecho. Esa diferencia es crucial. Porque decir que treinta lenguas están en peligro es una cosa; explicar por qué Bolivia, a pesar de reconocer treinta y seis lenguas como oficiales, no ha generado las condiciones materiales, educativas y de transmisión intergeneracional para sostenerlas, es otra completamente distinta. Una es una noticia; la otra sería un análisis de responsabilidad estatal.
Lo que emerge de este encuadre es una pregunta incómoda: ¿la prensa internacional reportea sobre Bolivia como quien documenta un patrimonio en extinción, o como quien examina un fracaso de políticas públicas? Porque si es lo primero, el tono será elegíaco, retrospectivo, casi arqueológico. Si es lo segundo, debería ser acusatorio. El hecho de que el tema llegue a los titulares internacionales sugiere que hay algo digno de ser preservado, de ser lamentado desde la distancia. Pero esa distancia es precisamente lo que permite evadir la pregunta sobre qué responsabilidad tiene el Estado boliviano, y qué recursos ha destinado realmente a la educación en lenguas indígenas, más allá de su reconocimiento formal.
Bolivia es un país donde el reconocimiento constitucional de la pluralidad lingüística coexiste con una realidad de presupuestos insuficientes, de educación rural precarizada, de migración interna que favorece el castellano. El encuadre internacional tiende a ver esto como un proceso de homogeneización cultural inevitable, cuando podría ser visto como una consecuencia de decisiones políticas concretas sobre dónde se invierte y dónde no. Esa diferencia de perspectiva es la que separa el reportaje de la investigación, y es la que, con frecuencia, no aparece en la cobertura extranjera de América Latina.