El encuadre que El País América propone hoy sobre Bolivia es el de una catástrofe lingüística presentada como fenómeno casi natural, cuando debería ser leído como síntoma político. Treinta de treinta y seis lenguas oficiales en vías de extinción es una cifra que reclama no solo documentación, sino interpretación. Y aquí es donde la prensa extranjera tiende a fallar: trata la desaparición de lenguas como un proceso inevitable, una erosión cultural que ocurre cuando las sociedades "avanzan", cuando los hablantes migran a las ciudades, cuando el español se impone. El relato de la inevitabilidad.
Lo que este encuadre tiende a ocultar es que la extinción de lenguas no es un accidente histórico sino el resultado de políticas deliberadas, de jerarquías de poder que se reproducen generación tras generación. En Bolivia, país donde más de la mitad de la población es indígena y donde treinta y seis lenguas fueron reconocidas como oficiales en la Constitución de 2009, la pregunta que debería formularse es más incómoda: ¿por qué un Estado que constitucionaliza el plurilingüismo permite que sus lenguas oficiales se extingan? ¿Qué significa que una lengua sea "oficial" si nadie la habla, si no hay educación en esa lengua, si el aparato estatal no la usa?
La prensa extranjera, al reportar esta crisis como un dato de antropología cultural, evita la pregunta sobre responsabilidad estatal. No es un fenómeno que ocurra a pesar del Estado, sino a través de él, en sus ausencias, en sus prioridades presupuestarias, en sus políticas educativas. El País América documenta una realidad, pero la documentación sin análisis de poder termina siendo una elegía por lo que se pierde, no una acusación por lo que se destruye.
Hay además un segundo nivel de omisión. La cobertura internacional tiende a exoticizar la cuestión lingüística en Bolivia como un problema de "preservación cultural", como si se tratara de un museo que se desmorona. Pero las lenguas son sistemas vivos de transmisión de conocimiento, de relación con el territorio, de organización social. Su extinción no es una pérdida estética sino política: es la desaparición de formas de pensar y de estar en el mundo que no caben en la estructura de poder que el español monolingüe representa. Cuando la prensa extranjera reporta sobre lenguas indígenas en peligro, raramente pregunta a quién beneficia esa extinción, quién tiene interés en que desaparezcan.
El encuadre de El País es el de la lástima informada, no el de la crítica estructural. Y esa diferencia es todo.