La captura de Nelson Haase Mazzei, el último ex militar prófugo condenado por el asesinato de Víctor Jara, cierra un capítulo de la justicia transicional chilena que la prensa internacional está leyendo de un modo muy particular. No como un acto de clausura, sino como un recordatorio de cuánto tiempo ha tardado Chile en hacer efectivas sus propias sentencias contra los perpetradores de la dictadura.
Infobae América subraya un hecho que merece examinarse: Haase Mazzei llevaba años oculto en una zona rural del sur, después de que la Corte Suprema ratificara su condena en 2023. Esto no es un detalle menor. La prensa extranjera tiende a leer la justicia chilena como un modelo de la región, un país que procesó a sus militares cuando otros no lo hicieron. Pero esta detención revela una grieta en esa narrativa: la justicia chilena puede condenar, pero no siempre puede hacer que los condenados se presenten. Haase Mazzei se negó voluntariamente a cumplir su sentencia durante años. Otro de los condenados, Hernán Chacón Soto, se suicidó cuando la policía fue a notificarle. Un tercero, Pedro Barrientos, fue deportado desde Estados Unidos en 2023 después de vivir décadas en el exilio.
Lo que la cobertura internacional no dice explícitamente, pero que está implícito en los hechos, es que la efectividad de la justicia chilena ha dependido tanto de la voluntad de los militares como de la del Estado. Cuando esa voluntad faltó, Chile tardó años en ejecutar sus propias órdenes de captura. La prensa extranjera presenta este arresto como un cierre, cuando en realidad es un testimonio de lo frágil que ha sido el proceso de rendición de cuentas en Chile.
Hay además una capa más profunda en el encuadre internacional que merece atención. El relato sobre Víctor Jara que circula en la prensa global está fuertemente personalizado: el cantautor icónico, la viuda británica que luchó cincuenta años por justicia, la figura romántica de la Nueva Canción Chilena. Joan Jara murió en noviembre de 2023, apenas hace meses, y Infobae la menciona como parte del contexto de esta detención. Pero lo que la prensa internacional tiende a hacer con estos casos es convertirlos en narrativas de redención individual: una mujer que persiguió justicia, un régimen que finalmente fue juzgado. Es una lectura que tranquiliza, que sugiere que los sistemas funcionan, aunque sea lentamente.
Lo que se pierde en esa lectura es la pregunta más incómoda: qué significa que Chile haya necesitado cincuenta años, la muerte de la viuda, y aún así tenga que cazar ex militares en zonas rurales para hacer cumplir sus sentencias. Significa que la justicia transicional chilena, aunque más avanzada que la de muchos países, sigue siendo fundamentalmente frágil, dependiente de la buena voluntad de los perpetradores y de la persistencia de sus víctimas.
La prensa extranjera lee esta detención como un acto de cierre. Pero es más bien un acto de persistencia, que es algo muy distinto.