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🇩🇴 República Dominicanamiércoles, 5 de agosto de 2026

La prensa extranjera que hoy observa República Dominicana ha descubierto algo que los gobiernos suelen preferir mantener en los márgenes del discurso público: el precio real de la negligencia ambiental, expresado en dólares. Infobae América, a través de la investigación del INTEC, convierte la degradación de los manglares en una cifra que no admite interpretación poética ni evasión retórica. Setenta y cinco millones de dólares anuales. Una quinta parte de los ingresos turísticos. El 1.8% del PIB nacional.

Lo que hace notable este encuadre internacional no es que denuncie la desaparición de un ecosistema, sino que la traduzca al lenguaje que los gobiernos entienden: el del costo económico inmediato. La prensa extranjera, en este caso, no está siendo particularmente original ni audaz. Simplemente está reportando lo que un centro de investigación dominicano ya ha cuantificado. Pero el hecho de que Infobea América amplíe esta voz académica local hasta convertirla en titular continental revela algo sobre cómo se lee a República Dominicana desde afuera: como un país cuya prosperidad depende de activos naturales frágiles, y cuya capacidad de gestionarlos es, por lo menos, cuestionable.

El artículo es cuidadoso en sus atribuciones. No acusa, documenta. Cita un modelo econométrico de co-integración que abarca casi tres décadas, reconoce que la cifra de 75 millones es conservadora porque excluye beneficios como la captura de carbono y la protección contra huracanes, y subraya que la investigación fue financiada por fondos públicos de innovación. Es decir, la prensa internacional está legitimando su narrativa apoyándose en la seriedad metodológica de actores locales.

Pero hay un matiz que merece atención. El encuadre no es exactamente alarmista ni apocalíptico. Es, más bien, instrumental. Los manglares no son presentados como un bien en sí mismo, como un derecho de la naturaleza o como un patrimonio cultural irreemplazable. Son presentados como infraestructura natural que sostiene el turismo, que protege playas y arrecifes, que mantiene paisajes atractivos. El ecosistema es valioso porque genera ingresos. La conservación no es un fin ético, sino una estrategia económica necesaria para mantener la competitividad.

Esta lógica tiene consecuencias. Implica que si los manglares dejaran de ser rentables, su protección sería menos urgente. Implica que la degradación es un problema porque afecta números que importan en Nueva York o Madrid, no porque erosiona la vida de comunidades costeras que dependen de esos ecosistemas de otras maneras. La prensa extranjera, al adoptar este lenguaje, está siendo pragmática, pero también está reproduciendo una jerarquía de valores donde lo ambiental solo cuenta si se traduce en impacto macroeconómico.

Hay otro aspecto que el encuadre internacional deja en segundo plano. El artículo no pregunta por qué los manglares se degradan. No hay investigación sobre actores, responsabilidades, corrupción, permisos mal otorgados o regulaciones incumplidas. La degradación aparece como un hecho, casi como una fuerza natural, cuando en realidad es el resultado de decisiones humanas específicas. La prensa extranjera convierte un problema de gobernanza en un problema de gestión ambiental, lo que es una forma sutil de despolitizar la cuestión.

Tampoco hay reflexión sobre por qué un país turístico de ingresos medios-altos sigue permitiendo que su base ambiental se erosione. La respuesta obvia es que hay actores económicos que se benefician de esa erosión, al menos a corto plazo. Pero eso requeriría una conversación sobre poder, intereses y distribución de recursos que la prensa internacional tiende a evitar cuando reporta desde países donde los gobiernos son aliados geopolíticos o socios comerciales.

Lo que sí hace el encuadre es ofrecerle a República Dominicana una herramienta. Si el Gobierno y el sector privado adoptan esta narrativa de los manglares como activo económico estratégico, pueden justificar políticas de conservación apelando a la competitividad, no a la ética ambiental. Es una victoria pragmática, pero limitada. Porque una vez que la naturaleza se reduce a valor económico, su destino queda atado a las fluctuaciones del mercado turístico global.

La prensa extranjera, en suma, está mirando a República Dominicana a través de un lente que es a la vez útil e incompleto. Útil porque genera evidencia cuantificable que puede mover decisiones de política pública. Incompleto porque deja afuera las preguntas sobre quién se beneficia de la degradación, quién paga el costo real, y si un país puede construir prosperidad genuina sobre la premisa de que sus ecosistemas son valiosos solo mientras generen dividendos turísticos.

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