La prensa extranjera ha decidido que Bolivia es, fundamentalmente, un problema de seguridad. No de política, no de instituciones débiles, no de legitimidad cuestionada. Un problema de violencia criminal que desborda las capacidades del Estado y que, en la narrativa que hoy ofrece Infobea América, reclama una solución militar.
El encuadre es revelador. Cuando el secretario de Seguridad de Santa Cruz pide una "intervención militar conjunta" con inmunidad penal para las fuerzas armadas, cuando solicita que se autorice "hacer uso de sus armas de reglamento exenta de responsabilidad penal", la prensa extranjera no titula sobre militarización ni sobre el riesgo de que un Estado fragilizado entregue poder de fuego sin cadena de mando clara. Titula sobre la "violencia extrema" que justifica esa demanda. El énfasis está en la amenaza criminal, no en la solución que se propone.
Hay una lógica en ello, desde luego. Los hechos están ahí: dos reclusos brasileños fugados de Palmasola, cuatro personas asesinadas en una hacienda fronteriza, un policía acribillado y su cuerpo abandonado en una pista clandestina. El PCC y el Comando Vermelho peleando por rutas de narcotráfico en la frontera. La cifra de muertos en días es real. Pero la forma en que se cuenta esta historia —como una escalada de violencia que demanda respuesta militar— oculta algo: que Bolivia está pidiendo, de facto, una suspensión de garantías en nombre de la seguridad.
Lo que la prensa internacional no examina con igual detenimiento es por qué un Estado que hace poco estaba en crisis política abierta ahora aparece tan dispuesto a entregar poder militar sin restricciones. No pregunta si la debilidad institucional que permitió el caos político es la misma que ahora impide responder a la criminalidad sin recurrir a la militarización. No sugiere que quizá ambas cosas están conectadas: que un Estado cuyas instituciones están fracturadas —donde el Gobierno y la Policía se desautorizan mutuamente, donde las órdenes de captura no se cumplen— es precisamente el tipo de Estado que no debería recibir más poder sin supervisión.
En cambio, la narrativa acepta la premisa de la urgencia. Santa Cruz, la región más poblada, está bajo asedio. La ciudadanía, según la presidenta de la Asamblea Legislativa citada en el artículo, "merece vivir en paz". Nadie discute esto. Pero la pregunta que queda sin respuesta en el texto de Infobea es simple: ¿quién supervisa a esos militares una vez que se les otorgue inmunidad? ¿Quién garantiza que no se conviertan en otra amenaza?
Lo que emerge es un patrón que la prensa extranjera tiende a repetir en América Latina: cuando la seguridad se deteriora, la solución se militariza, y la cobertura se enfoca en los síntomas —los asesinatos, las fugas, el caos— sin interrogar las causas institucionales que permiten que esos síntomas proliferen. Bolivia aparece como un país donde el crimen organizado está "por encima de las fuerzas del orden y del propio Estado", según el funcionario citado. Esa frase es devastadora. Pero la prensa extranjera la reporta como un dato, no como un síntoma de que algo mucho más profundo está roto.
El anuncio de que la Policía Federal de Brasil abrirá una oficina permanente en Bolivia es, en este contexto, casi un acto de compasión internacional: si el Estado boliviano no puede contener a sus propios criminales, al menos Brasil ayudará. Es una imagen de soberanía en retirada, pero se presenta como cooperación pragmática.
Lo que falta en todo esto es una pregunta que la prensa extranjera rara vez formula cuando reportea sobre seguridad en América Latina: ¿a quién le conviene que Bolivia esté en este estado? ¿Quién se beneficia de un Estado tan debilitado que debe entregar poder militar sin restricciones? La respuesta probablemente no sea simple, pero la ausencia de la pregunta en la cobertura internacional es, en sí misma, una respuesta sobre cómo la prensa extranjera elige ver a Bolivia: no como un país con problemas políticos profundos que generan debilidad institucional, sino como un territorio donde la violencia criminal ha ganado la batalla y donde la única salida visible es la mano dura.
Eso puede ser verdad. Pero es una verdad incompleta, contada de una forma que naturaliza la militarización como respuesta inevitable a la crisis, en lugar de cuestionarla como síntoma de que algo mucho más grave está ocurriendo en el Estado boliviano.