La prensa internacional ofrece hoy de Guatemala una doble bandeja que no se toca. De un lado, Infobae América consagra su artículo principal a la Estrategia Nacional de Datos Abiertos, con ministros, viceministras, representantes del PNUD y financiamiento de la Unión Europea. Del otro, los mismos titulares del mismo medio registran la erupción del Volcán de Fuego, la liberación de dos líderes indígenas tras quince meses de prisión preventiva, exdiputados que exigían plazas como favor político y un Ministerio Público que admite ante la CIDH su propia cooptación y desmantelamiento. El contraste es tan abrupto que parece el resumen de dos países distintos, y esa escisión es, precisamente, el encuadre que conviene examinar.
El artículo sobre datos abiertos está escrito con el cuidado del boletín institucional bien redactado. Describe el lanzamiento, la consulta ciudadana en el portal participacionciudadana.gob.gt, las palabras del ministro Marco Antonio Villeda sobre cambiar la manera en que las instituciones producen, administran y comparten información pública, y el apoyo técnico del PNUD con recursos de la Unión Europea. Nada de lo allí reportado es falso, y mucho menos desdeñable: una política de datos abiertos, con participación de sociedad civil, academia y medios, es una mejora efectiva en cualquier administración. Pero el encuadre omite algo que los demás titulares del mismo día delatan: la transparencia que se anuncia convive con instituciones que, según otro titular, han sido cooptadas y desmanteladas. La noticia no establece ninguna conexión entre esas dos realidades, y esa desconexión es el verdadero mensaje.
Que un Ministerio de Gobernación lidere una estrategia de gobierno abierto mientras el Ministerio Público confiesa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que perdió su independencia no es una contradicción que deba señalarse con sarcasmo. Es, más bien, la materia de la que está hecha la transición guatemalteca: un Estado que intenta modernizar sus herramientas de gestión al mismo tiempo que arrastra estructuras capturadas por redes de corrupción enquistadas durante años. La prensa extranjera, al presentar ambos hechos como notas paralelas sin fricción entre ellas, produce un retrato amablemente esquizofrénico. El lector internacional recibe la imagen de un gobierno que abre sus datos y, a la vez, la de un sistema de justicia que admite su colapso, sin que nadie le explique cómo pueden coexistir.
Hay además un matiz de jerarquía informativa que vale la pena subrayar. La estrategia de datos abiertos es una noticia de proceso: anuncia un instrumento, abre una consulta, describe estándares y hoja de ruta. No produce ningún resultado verificable todavía. Ocupa, sin embargo, el primer lugar en la sección Guatemala de Infobae América. El reconocimiento del Ministerio Público ante la CIDH, que es una noticia de consecuencia —un hecho consumado con implicaciones directas sobre el estado de derecho—, queda reducido a un titular secundario, cuando no a un breve en la parte inferior de la página. Esa asimetría no es casual: prioriza la narrativa de la modernización institucional sobre la de la crisis institucional, como si ambas no fueran dos caras de la misma moneda.