Hay una cifra que la prensa extranjera ha querido subrayar hoy como un éxito: desde su implementación en agosto de 2018, la Alerta Isabel-Claudina ha logrado localizar a más del noventa por ciento de las mujeres reportadas como desaparecidas en Guatemala. Infobae América presenta el dato con la solvencia de quien documenta un avance institucional verificable, y en efecto lo es: 14.743 alertas activadas, 14.197 desactivadas tras ubicar a las mujeres, un noventa y seis por ciento del total. El mecanismo, creado por el Decreto 9-2016 y puesto en funcionamiento cinco años después de su aprobación legislativa, representa una respuesta inmediata donde antes existía la instrucción tácita de esperar entre veinticuatro y setenta y dos horas antes de iniciar cualquier búsqueda. Esa espera, que el Estado imponía a las familias, era en realidad una condena disfrazada de procedimiento.
Pero el encuadre extranjero de esta noticia contiene una tensión que conviene no pasar por alto. El mismo artículo que celebra el porcentaje de localización registra que permanecen 546 alertas activas, y que en el último período evaluado, entre julio de 2025 y junio de 2026, se activaron 1.673 alertas: 1.572 desactivadas y 101 aún vigentes. Son números que describen una maquinaria que funciona mejor que antes, pero que no deja de ser una maquinaria construida sobre la repetición del horror. La prensa internacional tiende a presentar estos mecanismos como historias de éxito institucional, y hay algo de verdad en esa lectura: la Alerta Isabel-Claudina existe porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado guatemalteco por negligencia, prejuicios de género y ausencia de protocolos de búsqueda urgente en los casos de María Isabel Véliz Franco y Claudina Isabel Velásquez Paiz. Que un instrumento nazca de una condena internacional y que las instituciones que lo integran se reúnan cada año para evaluar su coordinación es, en sí mismo, un dato notable para un país que durante décadas archivó denuncias de violencia contra la mujer sin mayor consecuencia. Sin embargo, detrás de los porcentajes y las reuniones anuales, persiste una pregunta incómoda: ¿puede un sistema que solo reacciona ante la desaparición ser suficiente en una sociedad donde el feminicidio y la impunidad siguen siendo la norma?