Opiniones

La prensa extranjera publica hoy, casi sin inmutarse, una noticia que debería bastar para abrir un debate serio sobre el lugar que América Latina ocupa en la imaginación de Washington: Estados Unidos ha contratado una empresa privada para cobrar multas migratorias en Guatemala, México y Honduras. Infobae América lo presenta como un dato operativo más, un eslabón administrativo en la cadena de control migratorio. No hay ironía, no hay pregunta incómoda. La noticia se lee como si fuera lo más natural del mundo que un gobierno extranjero externalice la coerción sobre los ciudadanos de tres países soberanos a una compañía dedicada a la recaudación. Esa naturalidad es, precisamente, el encuadre del que debería desconfiarse.

No es casualidad que el otro artículo central del día sea el relato de la reunión entre la encargada de Negocios de Estados Unidos en Honduras y los ministros de Defensa y Seguridad de ese país para "fortalecer la cooperación en la lucha contra el crimen organizado". El lenguaje del comunicado, reproducido sin filtro por Infobae, es un catálogo de eufemismos: "seguimiento a prioridades compartidas", "mecanismos de cooperación existentes", "fortalecimiento de las capacidades institucionales". Nadie

La prensa internacional, siempre ávida de símbolos que simplifiquen realidades complejas, ha encontrado en la creación de un "Día Nacional de los Equipos de Fútbol" en Argentina una oportunidad para reforzar una narrativa que ya le resulta familiar: la de un país donde el deporte actúa como válvula de escape, como espejo de identidad y, ocasionalmente, como campo de batalla política. El gesto de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) al consagrar el 15 de julio como fecha conmemorativa no es, en sí mismo, noticia de trascendencia global, pero sí ofrece a los medios extranjeros un pretexto perfecto para proyectar sobre la Argentina una imagen donde lo emocional —y lo controvertido— eclipsa lo estructural.

Lo curioso del encuadre elegido es que, más allá del triunfo deportivo, lo que parece interesar a la prensa internacional no es tanto el fútbol en sí, sino los elementos que lo rodean: la bandera de las Malvinas desplegada por los jugadores, las investigaciones de la FIFA por ese gesto y por los incidentes posteriores a la final, o la mención a las "celebraciones" que siguieron al partido. El *feed* de Argentina que resume la noticia opta por destacar estos detalles, como si el verdadero interés no estuviera en el deporte como fenómeno cultural, sino en cómo el fútbol argentino se ha convertido en un escenario donde se dirimen disputas que exceden lo deportivo. Es revelador que el texto de la AFA —que menciona el orgullo por "cada uno de los equipos nacionales"— quede relegado a un segundo plano frente a la cobertura de los incidentes disciplinarios. La ironía es que, en un país donde el fútbol es, efectivamente, un lenguaje universal, la mirada externa parece empeñada en traducirlo siempre a términos de conflicto.

Lo que estos titulares no dicen —porque quizá no les compete, o porque no encaja en su narrativa— es que la decisión de consagrar una fecha así responde, en parte, a una estrategia de cohesión social en un contexto de alta polarización. Tampoco mencionan que, más allá de los ecos de las Malvinas o de los altercados en Catar, el fútbol argentino sigue siendo un motor económico y cultural que, pese a todo, funciona: los jugadores siguen entrenando, los estadios se llenan, y la selección sigue siendo un orgullo nacional. La prensa extranjera, en cambio, prefiere subrayar lo que confirma sus prejuicios: que en Argentina hasta el deporte se politiza, que incluso en la victoria hay espacio para la controversia, y que el país parece condenado a convertir cada logro en un nuevo capítulo de una trama más grande.

Hay una pizca de verdad en esto, claro. El fútbol argentino no es ajeno a las tensiones políticas, y el gesto de los jugadores con la bandera de las Malvinas es, en efecto, un acto con implicaciones que trascienden lo deportivo. Pero reducir el fenómeno a eso es como juzgar un cuadro por el marco y no por la pintura. La prensa internacional, sin embargo, rara vez se resiste a la tentación de simplificar, especialmente cuando el país en cuestión ofrece material tan rico para alimentar historias que ya tiene escritas. Que hoy Argentina aparezca en los medios extranjeros por un día nacional de fútbol —en lugar de por su crisis económica, su inflación o su inestabilidad política— no es casualidad. Es una elección narrativa. Y como toda elección, revela más sobre quienes la hacen que sobre el país que retratan.

La prensa internacional no suele perder el tiempo con matices cuando se trata de Bolivia: prefiere el drama de la caída. Y hoy, Infobae América lo ofrece en dosis concentrada. El relato es impecable, casi clásico: un país que vivió su Edad de Oro gracias a un recurso —el gas— que ahora se agota, y cuyos líderes, en lugar de preparar el futuro, se enredaron en disputas políticas que ahuyentaron la inversión y la exploración. Los números son contundentes: de 6.011 millones de dólares en exportaciones de gas en 2014 a apenas 1.082 millones proyectados para 2025. La decadencia, así, se mide en ceros que se desvanecen.

Lo que el artículo omite con igual esmero es que la crisis no es solo técnica, sino también política. Cuando Infobae señala que la nacionalización de 2006 "incrementó la participación del Estado en la renta extraordinaria", no profundiza en cómo esa decisión, en manos de un gobierno que luego se volvió obsesivamente estatista, terminó ahogando al sector privado sin generar alternativas reales. Tampoco cuestiona por qué, tras más de una década de ingresos récord, Bolivia no logró diversificar su matriz productiva. La industrialización prometida por Luis Arce, entonces ministro y luego presidente, quedó en promesas incumplidas, y las empresas estatales que debían ser el motor de ese cambio hoy son un lastre fiscal.

El verdadero silencio, sin embargo, es el de la prensa extranjera al hablar de la dependencia estructural. Infobae menciona la finalización del contrato con Argentina y la declinación natural de los pozos, pero no indaga en por qué, tras años de bonanza, Bolivia no invirtió en exploración ni en tecnología para mantener su producción. Tampoco aborda cómo la inestabilidad política —desde las protestas contra Evo Morales hasta la crisis postelectoral de 2019— erosionó la confianza de los inversionistas, ni cómo la polarización social desvió recursos que podrían haberse destinado a infraestructura o educación. La crisis, en este relato, es un fenómeno casi natural, como si el agotamiento de un yacimiento fuera un desastre geológico y no, en parte, el resultado de decisiones humanas.

Lo más revelador, sin embargo, no está en lo que Infobae dice, sino en lo que da por sentado. Para la prensa extranjera, Bolivia es un país condenado a repetir su historia: un ciclo de riqueza efímera seguido de colapso, donde la abundancia del pasado se convierte en excusa para justificar la mediocridad del presente. No hay espacio para la autocrítica, ni siquiera para la duda. Si las exportaciones de gas se desplomaron, la culpa es de la geología o de los vecinos —Brasil y Argentina— que dejaron de comprar. Si el Estado no tiene dólares, es porque el mundo cambió, no porque el modelo de desarrollo fue miope. Si la inflación galopa, es un fenómeno global, no el resultado de años de gasto público descontrolado financiado con deuda.

Lo peor no es que la prensa internacional simplifique, sino que lo haga con una complacencia inquietante. Prefiere narrar la decadencia como si fuera un destino inevitable, en lugar de preguntarse por qué Bolivia, con recursos que otros países envidian, no logró escapar de la trampa de los commodities. El artículo termina con una esperanza tibia: la posibilidad de que el nuevo gobierno de Rodrigo Paz logre estabilizar las cuentas con créditos externos y diversificación. Pero incluso esa solución se plantea como un acto de fe, no como un plan concreto. La prensa extranjera, al fin, prefiere el espectáculo de la caída a la tediosa tarea de analizar cómo evitarla.

O Brasil não figura hoje nas manchetes internacionais do nosso painel. Não há uma única linha sobre o país nos títulos que chegam do exterior: a atenção do mundo, nesta janela de notícias, está voltada para a Sérvia, que recebe Zelensky em meio à intensificação dos ataques russos, e para a Colômbia, que rompe a negociação com grupos armados e promete guerra ao narcoterrorismo. O Brasil simplesmente não está lá.

Isso poderia ser lido como uma trivialidade do noticiário, um mero acaso editorial. Mas, para quem acompanha o modo como o país é enquadrado pela imprensa estrangeira, o silêncio de hoje tem o seu peso. Nos dias anteriores, o Brasil aparecia como protagonista de crises diplomáticas, de tensões eleitorais, de tragédias na aviação. Era um país sobre o qual se falava com urgência, fosse pela ruptura com Washington, fosse pelo acidente da Voepass. Hoje, não há nada disso. O nome "Brasil" não atravessa nenhuma manchete. E isso, por si só, é um enquadramento.

O silêncio não é neutro. No jornalismo internacional, a ausência de um país na pauta pode significar muitas coisas: que não houve fato novo digno de registro, que a atenção se deslocou para outras regiões, ou ainda que o país deixou de despertar o interesse que despertava ontem. No caso brasileiro, é tentador interpretar essa ausência como um alívio. Depois de dias de manchetes duras, o Brasil não ser notícia pode soar como uma trégua. Mas o editorialista sério deve resistir a essa consolação fácil.

É preciso notar, com franqueza, que o noticiário internacional de hoje não oferece elementos para dizer o que o Brasil é, faz ou representa neste momento. O país não é pauta nem por seus problemas, nem por suas soluções. Ele ocupa, nas manchetes estrangeiras, o lugar do que não acontece — ou, mais precisamente, do que não é narrado. E há algo de irônico nisso: o Brasil, que costuma comparecer ao noticiário mundial por suas crises, desaparece justamente no dia em que os noticiários estão cheios de crises alheias. A Sérvia recebe um presidente em guerra; a Colômbia abandona a mesa de negociação. O Brasil, entretanto, não está nem num extremo nem no outro — pelo menos não segundo as manchetes.

Essa ausência, no entanto, não deve ser confundida com insignificância. Ela diz menos sobre o Brasil do que sobre o critério de noticiabilidade dos editores estrangeiros. O país que ontem era matéria de primeira página por uma disputa com os Estados Unidos hoje não comparece nem como coadjuvante. A volatilidade desse enquadramento é um dado em si: o Brasil é lembrado quando irrita uma potência, quando se envolve em escândalos ou quando uma tragédia aérea comove o mundo. No mais, permanece invisível. É um retrato que revela menos o país do que o olhar que o observa.

Há, portanto, uma lição modesta neste dia de manchetes sem Brasil. A imprensa estrangeira não constrói uma narrativa contínua sobre o país; ela o traz à tona em espasmos, conforme a conveniência do furo ou o choque do evento. O Brasil real, com sua política, sua economia e sua sociedade, pouco interessa quando não há ruído. E o nosso papel, ao observar quem nos observa, é registrar também esses vazios — sem dramatizá-los, sem lamentá-los, mas sem fingir que eles não existem.

Hoje, o Brasil é uma nota ausente no noticiário internacional. Amanhã, talvez volte a ser manchete por alg

La prensa internacional, cuando decide mirar a Chile más allá de los estereotipos de la catástrofe o el espectáculo deportivo, suele refugiarse en la paradoja como recurso narrativo. Así ocurre hoy con la reaparición de Pedro Lemebel en las librerías españolas, presentada como un fenómeno cultural que, en palabras de la escritora ecuatoriana María Fernanda Ampuero, combina la ternura con la violencia simbólica de un rifle en la mano. El País América convierte a Lemebel en un "pájaro mitológico, extraordinario y de ala rota", una metáfora que, si bien captura la esencia transgresora del escritor chileno, también lo encapsula en una categoría exótica, ajena a las contradicciones políticas y sociales que lo inspiraron. La reedición de sus obras —*Loco afán*, *Tengo miedo torero* y *Adiós mariquita linda*— no se enmarca en un debate sobre la memoria histórica de Chile, ni siquiera en la vigencia de su crítica al neoliberalismo o al conservatismo de la transición democrática. En cambio, se reduce a un fenómeno literario, un oxímoron sentimental que seduce al lector europeo por su belleza y su crudeza, pero que omite el contexto en el que Lemebel operó: un país donde la pobreza, la homofobia y la represión dictatorial no eran meros decorados para la prosa, sino realidades que exigían respuestas urgentes.

Lo revelador no es la reedición en sí, sino el silenciamiento que la acompaña. El artículo no menciona, por ejemplo, que Lemebel fue un activista incómodo para la izquierda chilena, ni que su obra cuestionaba los pactos de silencio de la democracia posdictatorial. Tampoco se detiene en el hecho de que, décadas después de su muerte, Chile sigue siendo un país donde la desigualdad y la violencia de género persisten, temas que Lemebel abordó con una crudeza que hoy podría leerse como premonitoria. En su lugar, la prensa internacional prefiere reducirlo a un icono pop, un "influencer" avant la lettre cuya voz se transmite como un legado estético antes que político. La ternura y el rifle, la marginalidad y el bolero, se convierten en un cóctel que el lector extranjero puede consumir sin riesgo, sin que le exija posicionarse frente a las contradicciones de un país que, aún hoy, sigue luchando por definir su futuro.

Que Lemebel haya sido un oxímoron en vida —y que ahora lo siga siendo en la mirada ajena— dice más sobre los filtros de la prensa internacional que sobre el propio Chile. Cuando el periodismo extranjero elige enfocarse en la paradoja literaria en lugar de en la herencia política de un autor, no hace más que confirmar que, para muchos medios, América Latina —y Chile dentro de ella— sigue siendo un territorio donde lo exótico prima sobre lo estructural. La ternura y el rifle pueden vender libros en Madrid, pero no explican por qué, en Santiago, sigue habiendo quienes prefieren mirar hacia otro lado.

La prensa internacional ha decidido hoy que la noticia de Colombia no es el nuevo presidente, sino su esposa. BBC Mundo dedica su artículo principal a Ana

La mirada extranjera sobre Costa Rica hoy oscila entre dos imágenes que, aunque no se contradicen, revelan una tensión no resuelta en el relato internacional: la innovación como respuesta a los vacíos del sistema y la criminalidad como síntoma de su fragilidad. Infobae América, que ha seguido con atención los avatares institucionales del país, opta esta vez por destacar un esfuerzo académico que, en apariencia, redime al Estado de sus carencias. Los estudiantes de Farmacia de la Universidad de Costa Rica se convierten en protagonistas de un relato donde la precariedad del sistema de salud —con sus listas de espera, sus protocolos obsoletos y su fragmentación entre lo público y lo privado— se mitiga, no mediante políticas públicas, sino a través de la iniciativa individual y el ingenio universitario. Mucorilex, Dulsense, Kapok y las plataformas digitales no son soluciones sistémicas, sino parches temporales que, en el mejor de los casos, podrían escalarse con apoyo externo. La prensa internacional, siempre en busca de historias que humanicen la estadística, prefiere narrar el emprendimiento antes que el fracaso: los 43.000 casos de insomnio diagnosticados por la CCSS en un año se traducen en un "shot" de hierbas y no en un déficit de recursos para salud mental; el envejecimiento poblacional, con sus 1,5 millones de adultos mayores proyectados para 2050, se aborda con un gel que facilita la deglución, como si el problema fuera la pastilla y no la falta de políticas gerontológicas.

Este enfoque tiene su mérito: evidencia que, incluso en un país donde el Estado ha sido tradicionalmente débil en innovación, hay capacidad técnica y creatividad. Pero también omite que estos proyectos son, en el fondo, un reconocimiento implícito de que el sistema no da abasto. La mucositis oral, por ejemplo, afecta al 30-40% de los pacientes oncológicos, pero el tratamiento actual son "preparaciones magistrales", un eufemismo para improvisación. Que estudiantes de quinto año de Farmacia deban diseñar un enjuague bucal con efecto anestésico y mucoadhesivos vegetales no es un logro, sino una señal de que la salud pública costarricense opera en modo de supervivencia. Lo mismo ocurre con FarmaSafe, que busca simplificar un formulario técnico para reportar reacciones adversas: ¿Acaso no debería ser la CCSS quien garantizara que los pacientes pudieran entender los efectos de los medicamentos que toman? La plataforma MedSync, por su parte, expone otro flanco de la debilidad estatal: la duplicidad de fármacos entre lo público y lo privado, un problema que solo existe porque el sistema carece de integración digital.

El contraste con el otro titular de Infobae América —sobre el tráfico de fauna y flora incorporado a redes criminales— es revelador. Mientras en el primer caso la prensa internacional celebra la capacidad de respuesta de la sociedad civil, en el segundo se limita a documentar la extensión de la corrupción y el crimen organizado. No hay aquí innovación ni resiliencia, solo el avance de estructuras que, según el medio, han encontrado en la biodiversidad costarricense un nuevo mercado. La paradoja es clara: Costa Rica sigue siendo visto como un país que, pese a sus problemas, produce soluciones, pero también como un territorio donde la ilegalidad se recicla con la misma agilidad con que los estudiantes transforman los déficits en proyectos. Lo que la mirada extranjera no termina de precisar es si estos dos relatos —el de la innovación y el del crimen— son complementarios o contradictorios. ¿Es el país un laboratorio de respuestas creativas o un Estado fallido que delega en sus ciudadanos y en el sector privado la solución de problemas que deberían ser públicos? La respuesta, probablemente, está en ambas cosas. Y en la capacidad de Costa Rica para decidir si quiere ser recordado por sus estudiantes de Farmacia o por sus redes criminales.

Un solo titular de prensa extranjera sobre Cuba en la mañana de hoy, y es de France 24 en su edición para América Latina: Estados Unidos sanciona a militares cubanos y a empresas vinculadas a la adquisición de armas. La escasez, en sí misma, merece una pausa. Después de semanas en que la isla aparecía en los diarios del mundo a través del colapso eléctrico, los testimonios de noches sin corriente y las negociaciones con inversores de fortuna, la mirada de afuera se ha desplazado de golpe al expediente de seguridad. Cuba ha dejado de ser, por unas horas, el escenario de la emergencia humanitaria para convertirse en una nota a pie de página de la política sancionatoria estadounidense.

Lo revelador del encuadre es su estructura. El titular no informa de un acontecimiento ocurrido en Cuba, sino de una decisión tomada en Washington. El sujeto de la frase es Estados Unidos; el objeto, un grupo de militares sin nombre y unas empresas sin rostro. La prensa extranjera no ha viajado a La Habana, no ha hablado con nadie, no ha descrito nada. Ha reproducido, con la sobriedad de una agencia, el gesto administrativo de un gobierno que decide

Dos titulares bastan hoy para que la mirada extranjera sobre El Salvador dibuje una elipse casi perfecta. De un lado, la imagen fotogénica de nuevos soldados que engrosan las filas del Plan Control Territorial. Del otro, la pregunta retórica que France 24 lanza como un titular: ¿el poder absoluto para Bukele? La coincidencia no es casualidad sino encuadre. La prensa internacional observa el país a través de un único lente, y ese lente está enfocado al mismo tiempo sobre el rostro del presidente y sobre la punta de un fusil.

Lo interesante de ambos titulares, vistos en conjunto, es que el primero parece responder a la inquietud del segundo antes incluso de que esta sea formulada. Infobae América ofrece una noticia de seguridad con estética de reportaje gráfico: soldados que se suman, tareas que se refuerzan, un plan que continúa. France 24, con su interrogación sobre el poder absoluto, provee la clave de lectura que convierte esa simple nota castrense en un dato más de una hipótesis mayor. Se establece así una lógica circular: toda política de seguridad es interpretada como prueba de concentración de poder, y toda concentración de poder es invocada para explicar la política de seguridad. El país desaparece bajo esa operación deductiva.

Cabe notar que ambos titulares provienen de plataformas en español. No es un detalle menor: la mirada extranjera sobre El Salvador se ejerce, cada vez más, desde los corredores de la América Latina letrada y no desde los centros anglosajones que antaño dictaban el relato. Pero el resultado es el mismo de siempre: se reduce el fenómeno salvadoreño a la figura de un hombre y sus instrumentos. No se pregunta qué significa, para un ciudadano común de Soyapango o de Santa Ana, ver más soldados en la calle; se pregunta únicamente qué significa para la arquitectura institucional del país. La ciudadanía asoma, si acaso, como telón de fondo.

El interrogante de France 24 tiene además la ventaja retórica de no exigir respuesta. Plantea la hipótesis del "poder absoluto" en forma de pregunta, con lo cual puede lanzar la acusación sin asumir la responsabilidad de sostenerla. Es un gesto de falsa imparcialidad, muy propio de la prensa que prefiere insinuar a demostrar. Y al hacerlo, omite lo que los propios titulares sugieren: que el poder de Bukele, absoluto o no, se ejerce en un país con oposición, con prensa crítica y con un electorado que ha tenido la oportunidad, por ahora, de sancionar sus políticas. Que esto sea considerado, desde afuera, un problema antes que una realidad compleja, dice más de la mirada que del país mirado.

Quizá el matiz nuevo de hoy sea precisamente ese: la prensa extranjera ya no se limita a describir resultados, sino que ha empezado a interrogarlo todo con un escepticismo que roza la caricatura. Todo incremento de seguridad es sospechoso; todo despliegue militar, amenazante. Es posible que los

Hoy Guatemala no aparece en la prensa extranjera azotada por un volcán ni atrapada entre la cooptación de sus instituciones y los gestos de modernización estatal. La mirada de afuera se ha tomado un respiro, y en ese respiro caben dos noticias que no podrían ser más distintas: un aniversario histórico con acento regional y un decomiso menor de posible marihuana en un control de carretera. Es, si se quiere, un día modesto para el país en los titulares internacionales, pero precisamente por eso el encuadre revela algo que las jornadas de emergencia ocultan.

Infobae América dedica su artículo principal a los treinta y nueve años del Acuerdo de Esquipulas II, firmado en la ciudad guatemalteca el 7 de agosto de 1987. El texto cumple con el rigor de la efeméride: recuerda el título oficial del documento, los cinco presidentes que lo suscribieron, sus compromisos de amnistía, cese al fuego y elecciones libres, y su efecto en la pacificación de la región, incluida la paz salvadoreña de 1992. Pero conviene observar cómo está contada la historia. Esquipulas es tratada como un punto geográfico, casi como un escenario neutral, mientras que el verdadero protagonista del relato es Óscar Arias Sánchez, el Nobel de la Paz, el arquitecto, el hombre que supo de la distinción en la playa y destinó su dinero a una fundación. Guatemala asiste

Ce que la presse internationale retient aujourd’hui de Haïti se résume en une équation simple : d’un côté, des milliers de vies humaines transformées en variables d’ajustement d’une politique migratoire américaine aussi brutale que calculée ; de l’autre, l’illusion persistante d’une normalisation institutionnelle dans un pays où l’État n’a plus les moyens de ses ambitions. L’article principal publié ce jour ne fait que confirmer ce que les observateurs attentifs savaient déjà : la fin des protections TPS pour les Haïtiens n’est pas une mesure administrative anodine, mais un coup de massue qui s’ajoute à une série de décisions visant à effacer toute existence légale pour des centaines de milliers de personnes. Ce qui est nouveau, en revanche, c’est le ton employé par les autorités américaines, une franchise qui frise l’arrogance. *« Nous les attrapons maintenant »*, déclare le secrétaire à la Sécurité intérieure, Markwayne Mullin, comme si la déportation était une opération de police plutôt qu’un drame humain annoncé. La métaphore guerrière n’est pas une figure de style : elle révèle une volonté délibérée de traiter les Haïtiens non plus comme des individus en quête de refuge, mais comme une menace à neutraliser.

Ce cadrage, typique d’une certaine presse anglo-saxonne, occulte soigneusement les responsabilités en amont. L’article cite les chiffres – 300 000 Haïtiens privés de statut en une nuit, une économie américaine privée de 262 milliards de dollars de contribution depuis 2001 – mais il ne s’interroge pas sur la logique qui sous-tend cette décision. Pourquoi, après des décennies de présence légale et de travail indispensable, ces personnes deviennent-elles soudainement indésirables ? La réponse, implicite, est ailleurs : dans la rhétorique d’un gouvernement qui a fait de l’immigration un épouvantail électoral, où Haïti n’est plus un pays en crise, mais un repoussoir commode. Le paradoxe est frappant : les mêmes autorités qui déconseillent formellement à leurs ressortissants de se rendre en Haïti – au point de leur recommander de rédiger un testament avant leur voyage – n’hésitent pas à y renvoyer de force des milliers de personnes. *« C’est une abdication morale inconcevable »*, souligne Krish O’Mara Vignarajah, président d’une organisation de défense des migrants. Mais cette indignation, aussi légitime soit-elle, reste cantonnée à un cercle restreint. Pour la majorité des médias, l’histoire à raconter est celle d’une administration américaine qui agit, point final.

Ce qui manque cruellement dans ce récit, c’est la dimension haïtienne. L’article évoque la violence des gangs, l’effondrement des services publics, le chaos politique, mais il le fait à travers le prisme d’une menace importée aux États-Unis, comme si Haïti n’était qu’un décor sans acteur. Les Haïtiens, eux, disparaissent derrière leur statut de victimes ou de délinquants potentiels. Pourtant, des voix comme celle de Josiane Valsaint, citée dans le Guardian, rappellent une réalité plus complexe : celle de travailleuses et de travailleurs qui ont bâti des vies aux États-Unis, payé des impôts, élevé des enfants, contribué à des communautés. Leur expulsion n’est pas seulement une question de droit migratoire, mais une fracture sociale et économique. Pourtant, la presse internationale préfère se concentrer sur les chiffres de la répression – les 96 % d’augmentation des ordres de déportation entre mars et juin, les bracelets électroniques imposés aux Haïtiens traqués – plutôt que sur les conséquences humaines de ces politiques.

Il y a là une forme de cynisme méthodique. En traitant Haïti comme un problème à gérer depuis l’extérieur, les médias étrangers reproduisent, sans toujours le vouloir, la logique des gouvernements qui ont contribué à sa déstabilisation. Le fait que des élections soient programmées pour décembre, comme en témoignent certains titres, ne change rien à l’absurdité de la situation : comment organiser un scrutin crédible dans un pays où les bandes armées contrôlent des quartiers entiers, où la police est soit absente, soit corrompue, où des millions de personnes survivent sans accès à l’eau potable ou à l’électricité ? Pourtant, cette fiction électorale est relayée comme une preuve de résilience, tandis que la crise migratoire est présentée comme une fatalité. Entre ces deux récits, il n’y a pas de pont. La presse internationale, dans sa grande majorité, choisit de disséquer les symptômes plutôt que la maladie, de commenter les effets plutôt que les causes.

Ce qui est nouveau aujourd’hui, en définitive, ce n’est pas la souffrance des Haïtiens, mais la façon dont elle est instrumentalisée. Les États-Unis ne se contentent plus de fermer leurs frontières : ils transforment Haïti en un territoire à évacuer, comme on vide un bâtiment condamné. Et la presse, dans son ensemble, se fait le relais de cette opération, en réduisant un pays entier à une statistique ou à un décor de violence. Le vrai scandale n’est pas que Haïti soit en crise. C’est que le monde préfère regarder ailleurs.

La prensa internacional ofrece hoy una imagen de Honduras que bien podría haber salido de un comunicado institucional: la encargada de Negocios de Estados Unidos, Colleen A. Hoey, se sienta con el ministro de Defensa y el secretario de Seguridad para “dar seguimiento a las prioridades bilaterales”, y el director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, anuncia que las muertes múltiples van en descenso y que “muy seguramente” seguirán bajando el resto del año. Todo encaja. Las autoridades hondureñas y la diplomacia estadounidense coinciden, la cooperación se refuerza y la violencia, según las estadísticas policiales, cede. Es el tipo de noticia que la cobertura extranjera reproduce con la solemnidad de quien asiste a una victoria administrativa.

Pero la noticia, mirada de cerca, tiene la consistencia de un boletín: no se informa de ninguna acción concreta, ni de acuerdos específicos, ni de avances verificables. Se dice que hubo una reunión, que se abordaron temas “relacionados con la seguridad regional”, que se analizaron “oportunidades para continuar fortaleciendo las capacidades”, que habrá “intercambio de información y experiencias”. Nada de eso es falso. Tampoco es información. El encuadre opera precisamente así: convierte el ritual de la cooperación en la prueba de que la cooperación existe, y la reunión en un fin en sí mismo. Lo que no se dice —porque el comunicado no lo dice y la agencia lo reproduce sin distancia— es qué significa, en la práctica, que Estados Unidos refuerce su compromiso con instituciones hondureñas cuya fragilidad ha sido documentada por los mismos medios que hoy celebran el diálogo.

El matiz que merece atención es la declaración de Oseguera Mass sobre la tendencia de las muertes múltiples, que el artículo presenta como una disminución “en comparación con el año 2025”. La cifra es extraña —¿cómo se compara con un año que apenas comienza?—, pero la prensa la integra sin sobresalto en el relato de mejora. Y es comprensible: la afirmación del director policial, apoyada en “proyecciones de la institución”, resulta útil. Refuerza la narrativa de que Honduras es un país que, con ayuda externa, está poniendo orden. Nadie pregunta cuánto de esa reducción se debe a acuerdos entre el Estado y las estructuras criminales que no aparecen en ningún comunicado. Nadie contrasta la promesa optimista con los 24 episodios de muertes múltiples en Yoro que la propia prensa internacional documentaba hace pocas semanas.

La mirada extranjera sobre Honduras, en días como hoy, es la mirada de un espejo que solo refleja la superficie que los funcionarios pulen. Estados Unidos y Honduras hablan de seguridad, los índices “muestran” una baja, y la nota se cierra con el compromiso de seguir cooperando. Esa es, para el lector internacional, la realidad hondureña: un país donde el crimen organizado se combate con reuniones binacionales y donde la violencia parece someterse a las proyecciones policiales. Resulta cómodo. También resulta una forma de no contar a Honduras, sino de inventariarla como un socio que cumple. El oficio

La reanudación parcial de los envíos de aguacate desde Michoacán, tras solo dos días de suspensión por parte de Estados Unidos, no es un episodio menor en la cobertura internacional de México, pero tampoco es un hecho lo suficientemente disruptivo para alterar el relato dominante sobre la relación comercial entre ambos países. Lo que sí revela, con precisión quirúrgica, es la fragilidad de un sector que, al depender de la estabilidad en una de las regiones más violentas del país, se convierte en un termómetro perfecto para medir la salud —o la enfermedad— del Estado mexicano en su conjunto. El *El País América* no profundiza en las causas estructurales de la violencia en Michoacán, más allá de mencionar la presencia de 1.500 militares desplegados en las últimas horas, sino que se limita a constatar un hecho: la presión externa obliga a México a mover fichas rápidas para evitar un daño económico mayor. La ironía, no obstante, reside en que la solución inmediata —el envío de tropas— no resuelve el problema de fondo, sino que lo posterga. La prensa internacional, en este caso, no está interesada en analizar por qué el crimen organizado sigue operando con tal impunidad en una zona clave para la exportación, sino en registrar los tropiezos del Gobierno mexicano cuando estos afectan intereses extranjeros.

Que Estados Unidos haya reaccionado con una alerta de seguridad y luego haya retrocedido en cuestión de días no es, en el fondo, una noticia sobre México, sino sobre la dependencia mutua en un sector estratégico. El aguacate, ese producto que en los últimos años se ha convertido en un símbolo de la globalización alimentaria —y en un arma diplomática—, sirve aquí como excusa para hablar de algo más grande: la capacidad de México para garantizar seguridad en sus regiones productivas. Pero el enfoque del medio español no trasciende lo coyuntural. No hay espacio para preguntarse por qué, tras años de militarización, la violencia persiste en Michoacán. Tampoco se cuestiona el papel de los cárteles en el control de rutas comerciales alternativas, ni cómo estos grupos han diversificado sus ingresos más allá del narcotráfico. La cobertura se queda en la superficie: un Gobierno que actúa bajo presión, una crisis resuelta a medias y, sobre todo, una narrativa que refuerza la idea de que México solo reacciona cuando el mundo lo mira.

Mientras tanto, el resto de la prensa internacional parece indiferente a este episodio. *France 24 Español*, en un giro inesperado, prefiere centrarse en una multa millonaria a Meta por afectar la salud mental juvenil en Estados Unidos, un tema que, aunque relevante, poco tiene que ver con la realidad mexicana del día. La desconexión entre lo que ocurre en el país y lo que eligen destacar los medios extranjeros es, en sí misma, un síntoma de cómo se construye la imagen de México desde fuera: como un escenario de crisis efímeras, donde los problemas se resuelven con soluciones temporales y donde la violencia y la corrupción son temas recurrentes, pero nunca se analizan en profundidad. Michoacán, hoy, es solo un recordatorio de que, en el tablero geopolítico, México sigue siendo un actor secundario cuyo valor se mide en toneladas de aguacate exportadas o en titulares que confirman sus fallas. Lo demás —las causas, las responsabilidades, las soluciones estructurales— queda para otra ocasión. O para otro medio.

Hay días en que la prensa extranjera no necesita construir un relato sobre Nicaragua: el régimen lo entrega ya redactado, con banda sonora incluida. El titular de Infobae América de esta jornada reproduce las palabras de Rosario Murillo, quien ha llamado “basura” y “traidores” a los nicaragüenses desnacionalizados, además de “desechos”, “fantochería” y “mentecatería”. La noticia, en rigor, no es nueva: el régimen lleva décadas descalificando a sus opositores. Lo

La prensa internacional suele abordar Paraguay desde dos coordenadas fijas: o bien como un territorio donde la precariedad estructural —salud, educación, inflación— se exhibe como prueba de un Estado fallido, o bien como un país que, contra todo pronóstico, sorprende con algún dato macroeconómico que desafía el pesimismo. Hoy, sin embargo, el encuadre extranjero elige la segunda opción, pero con un giro revelador: no se trata de celebrar el crecimiento o la estabilidad, sino de documentar cómo un extranjero, un defensa neozelandés de 32 años, se convierte en el rostro inesperado de un país que, en su imaginario colectivo, rara vez produce héroes deportivos de exportación. El País América no está hablando de economía, ni de política, ni siquiera de corrupción: está hablando de fama, de reconocimiento callejero, de ese instante en el que un ciudadano común —por más que sea un futbolista— se vuelve más visible que las instituciones.

El texto describe un fenómeno curioso, casi inverosímil para quienes conocen la indiferencia con la que suelen tratar los medios internacionales a Paraguay: un jugador que, hasta hace dos meses, era un desconocido en su propio país, hoy es asediado por fans en las calles de Asunción. No es un ídolo local, ni un símbolo de redención nacional, sino un extranjero que, por azar, encarna una fantasía ajena: la de que en Paraguay algo —o alguien— puede funcionar como un imán de atención positiva. El detalle más revelador no está en los selfies ni en los gritos de alegría, sino en la incomodidad de Payne al verse atrapado en ese ritual de admiración. "¡I’m sorry! ¡Muchas gracias!", repite, pidiendo ayuda a los guardias para escapar, como si la fama fuera un exceso que no sabe cómo gestionar. Hay algo profundamente irónico en esto: un país que en los titulares extranjeros suele aparecer como sinónimo de abandono o de milagros económicos frágiles, ahora se obsesiona con un extranjero que huye de su propio éxito.

Lo que omite este relato —y esto es clave— es que Paraguay, en su cotidianeidad, rara vez produce este tipo de escenas. No es que no haya figuras locales admiradas, sino que el país, en el imaginario global, no suele ser el escenario donde se forjan leyendas. El encuadre extranjero, en este caso, elige un prisma curioso: no analiza las razones por las que Payne llegó a Paraguay (¿un fichaje fortuito? ¿una estrategia de marketing?), ni profundiza en cómo este fenómeno refleja —o no— el estado de la sociedad paraguaya. Simplemente se limita a documentar el absurdo de un momento: un neozelandés que se convierte en estrella en un país donde, hasta hace poco, era invisible.

Este enfoque, aunque anecdótico, es sintomático de cómo la prensa internacional suele abordar Paraguay: o bien como un caso de estudio de lo que sale mal, o bien como un escenario donde lo excepcional —un dato económico positivo, un extranjero famoso— se convierte en noticia por sí mismo. Lo que queda fuera de la foto es el Paraguay real: el que lucha contra la desigualdad, el que resiste la precariedad, el que, en su día a día, rara vez encuentra motivos para ser reconocido más allá de sus fronteras. Payne, en este caso, no es más que un espejo deformado: un reflejo de lo que el mundo quiere ver en Paraguay, no de lo que Paraguay es.

La prensa internacional que hoy enfoca a República Dominicana parece haber encontrado, por fin, un tema que no se resuelve en la dicotomía entre el desastre ambiental o el folclore del crimen y el éxito individual. El litigio constitucional que busca suspender la prohibición de publicar sondeos electorales hasta 2027, impulsado por Justicia Sin Fronteras ante el Tribunal Constitucional, revela algo más incómodo que un simple conflicto de competencias entre poderes: expone el riesgo de que un órgano electoral, por vía reglamentaria, se arrogue facultades legislativas para acotar derechos fundamentales. La maniobra no es menor. Según el medio local Diario Libre, citado en el reportaje de Infobae América, la controversia ya ha derivado en sanciones administrativas contra firmas encuestadoras, lo que subraya el carácter urgente que ahora reclaman los demandantes.

Lo que más sorprende en este encuadre extranjero no es la existencia de la norma en sí —que prohíbe difundir encuestas electorales hasta el primer domingo de julio de 2027—, sino el argumento central que la desmonta: la JCE habría excedido su mandato al extender una restricción que, según la Ley 20-23, solo debería regir durante los ocho días previos a la votación. La organización Justicia Sin Fronteras, representada por Harrison Feliz, sostiene en su recurso que el artículo 216 de esa ley ya delimita con claridad el alcance temporal de la prohibición, y que cualquier ampliación por vía reglamentaria constituye una usurpación de facultades. La cita incluida en el texto es contundente: el legislador no dejó un vacío susceptible de ser colmado discrecionalmente por la JCE. Aquí, la prensa internacional no está contando una historia de corrupción o de impunidad, sino de un posible abuso de poder institucional disfrazado de celo electoral.

Lo que omite, o al menos no enfatiza, este relato es el contexto político en el que se inscribe la norma. La prohibición de publicar sondeos hasta 2027 no surge en el vacío, sino en un año preelectoral donde la transparencia en la información pública suele ser vista como un riesgo por quienes detentan el poder. La JCE, al aprobar el reglamento el 22 de mayo de 2026, podría estar respondiendo a presiones para evitar que los resultados de encuestas tempranas alteren el clima político antes de las elecciones. Sin embargo, ese trasfondo no aparece en el texto de Infobae América, que se centra en el conflicto jurídico y en los derechos vulnerados, dejando en penumbra las motivaciones prácticas detrás de la medida.

Lo que sí queda claro es que, por una vez, la mirada extranjera no se detiene en el turismo, la inseguridad o los desastres naturales para retratar a República Dominicana. En su lugar, elige un tema que, aunque técnico, toca fibras sensibles en cualquier democracia: la libertad de expresión y el equilibrio de poderes. El Tribunal Constitucional tendrá la última palabra, pero el episodio ya deja una enseñanza incómoda: incluso en un país donde la prensa suele ser más vigilante de los escándalos que de los procedimientos, la tentación de controlar la información persiste. Y en eso, República Dominicana no es una excepción, sino un espejo.

La prensa internacional suele reservar sus miradas más sombrías para Uruguay cuando el clima —y no la política ni la economía— se encarga de recordar que el país, pese a su imagen de estabilidad, sigue siendo un territorio frágil ante los embates de la naturaleza. Así lo refleja hoy Infobae América, que no pierde la oportunidad de empaquetar el desastre en un relato de caos controlado: un muerto, miles de damnificados, un estadio sin muro y un gobierno que, como siempre, actúa con rapidez pero no con suficiente previsión. El encuadre no es inocente. Por un lado, se destaca la respuesta estatal —"rápida", según el presidente Orsi— como si la velocidad fuera sinónimo de eficacia, omitiendo que la alerta roja llegó tarde para el trabajador rural de Cerro Largo, alcanzado por un rayo antes de que siquiera se decretara la emergencia. Por otro, se insiste en la enumeración de daños materiales —el muro del Estadio Ubilla, los techos volados en Rivera, las columnas derribadas en Maldonado— como si el país fuera una sucesión de escenas estáticas, incapaces de ofrecer resistencia.

Lo más revelador, sin embargo, no está en los números —146 intervenciones de bomberos, 279 personas trasladadas, 6,10 metros de crecida en el Río Uruguay—, sino en el tono de la cobertura. No hay espacio para el análisis de fondo, ni siquiera para la crítica constructiva. El temporal se convierte en un espectáculo de desastres menores, donde lo anecdótico —el conductor rescatado en Colonia, la niña lastimada en Rivera— prima sobre lo estructural. Se menciona, de pasada, que el gobierno reconoce "problemas serios" en vivienda, pero no se profundiza en qué significa eso en un país que, según los propios estándares internacionales, debería tener respuestas más robustas. La advertencia de Orsi sobre los peligros del "día después" —recordando el temporal de 2005, cuando hubo accidentes por cables sueltos— suena a disculpa anticipada: como si el Estado ya hubiera cumplido su parte con declarar la alerta y movilizar recursos, y ahora solo queda esperar que la población no se lastime por su propia torpeza.

La omisión más llamativa es la falta de contexto. No se pregunta por qué, en pleno 2024, un estadio se derrumba por vientos fuertes, ni se indaga en el estado de la infraestructura pública en Maldonado o Paysandú. Tampoco se compara con otros países de la región que enfrentaron fenómenos similares: ¿Uruguay está mejor preparado que Brasil ante estos eventos? ¿O simplemente la prensa extranjera prefiere narrar el desastre como un hecho aislado, una excepción en la narrativa de un país que, por lo demás, funciona? La respuesta parece clara. Para los medios que miran desde fuera, Uruguay sigue siendo ese lugar donde la normalidad es la regla y los desastres son la excepción que confirma la regla. Y así, entre líneas, se transmite una idea inquietante: que incluso en los momentos de crisis, el país sigue siendo juzgado por su capacidad para contener el daño, no por su habilidad para prevenirlo.

La prensa extranjera mira hoy a Venezuela con el gesto de quien cierra un libro y comprueba que la última página confirma la primera. El País América narra la libertad plena de María Lourdes Afiuni como el desenlace de un expediente que, según su propio relato, fue mucho más que un caso judicial: fue la primera bandera de alerta sobre la pérdida de independencia del poder judicial y la vocación autoritaria del chavismo. Hay en ese encuadre una operación de memoria que conviene examinar, porque no habla del presente venezolano, sino del origen de un mal que la mirada extranjera lleva años diagnosticando.

Lo primero que llama la atención es el tiempo verbal del titular: "obtiene libertad plena". No es una liberación que abra preguntas, sino una que cierra un ciclo. El artículo no se detiene en lo que viene después para Afiuni, ni en lo que su caso implica para el sistema judicial que la retuvo durante más de dieciséis años. El foco está en el símbolo: una de las primeras presas políticas del chavismo, un nombre que levantó alertas cuando aún era posible pensar que se trataba de un exceso aislado. La prensa extranjera convierte a Afiuni en la pieza fundacional de una narrativa que hoy, con el país en otras crisis, parece necesitar un ancla en el pasado.

Esa necesidad es reveladora. El encuadre de El