Hay días en que la prensa extranjera no descubre Nicaragua, sino que la sentencia. La jornada de hoy ofrece un ejemplo notable de esa operación: el artículo principal de Infobae América no es una crónica ni una denuncia aislada, sino la divulgación de un documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que nombra las cosas por su nombre, y el nombre es "política deliberada de exterminio". Ese es el matiz genuinamente nuevo. Durante años, la mirada foránea sobre Nicaragua osciló entre el escándalo puntual, la cifra de exiliados y la sátira de la retórica oficialista. Hoy, en cambio, el encuadre internacional se ha vuelto técnico, casi forense: la prensa reproduce un lenguaje de calificación jurídica y política que convierte la tragedia caribeña en un expediente con autor, método y beneficiarios.
El informe de la CIDH, presentado en agosto de 2025, documenta 68 asesinatos de personas indígenas entre 2015 y 2024, una cifra que el propio organismo advierte que podría ser mayor debido a la ausencia de registros oficiales y al contexto de represión y censura. Más importante que el número es el marco: la Comisión describe un "régimen de colonización interna" en el que grupos armados, exmilitares y bandas criminales invaden territorios indígenas y afrodescendientes con la tolerancia y aquiescencia del Estado. La prensa extranjera, al hacerse eco de este diagnóstico, no está simplemente informando de una crisis humanitaria; está transmitiendo una tesis sobre la naturaleza del régimen de Daniel Ortega. No se trata de un efecto colateral de la pobreza o de la debilidad institucional, sino de una política activa de despojo, desplazamiento y aniquilación cultural.
Lo que subraya el encuadre foráneo de hoy es la deliberación. Las tres masacres emblemáticas que cita el artículo —Alal en enero de 2020, Kiwakumbaih en agosto de 2021 y Wilú en marzo de 2023— no fueron estallidos espontáneos de violencia rural. La CIDH las describe como ataques premeditados, con mutilaciones, torturas, violencia sexual contra niñas y mujeres indígenas, y la destrucción total de comunidades enteras. El detalle no es gratuito. Al incluirlo, la prensa internacional está construyendo un relato en el que la barbarie no es un accidente, sino un instrumento. Y el corolario lógico de ese relato es que la responsabilidad no recae en bandas criminales difusas, sino en un Estado que ha suspendido desde 2014 el Estado de derecho para erigirse en el arquitecto de esa violencia sistemática.