La prensa extranjera vuelve hoy la mirada hacia América Latina desde un ángulo privilegiado: el de la justicia supranacional. El artículo de Infobae América sobre las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor de pueblos indígenas de Nicaragua, Guatemala y Honduras tiene el mérito de recordar que la región sigue produciendo jurisprudencia de vanguardia en materia de derechos colectivos, propiedad ancestral y consulta previa. Pero la forma en que esa noticia se enmarca dice más de la mirada externa que de la propia Corte. El tribunal aparece como una suerte de bombero que acude a apagar incendios que los Estados dejaron arder durante décadas. Y es cierto: los fallos lo documentan con crudeza.
El caso Acosta y otros contra Nicaragua es un ejemplo de libro. La Corte responsabiliza al Estado por no investigar el homicidio de Francisco García Valle, esposo de una reconocida defensora de los pueblos indígenas de la Costa Caribe. El tribunal encontró que el juez dictó un sobreseimiento definitivo sin agotar las diligencias. Esa palabra, definitivo, aplicada a un crimen con evidentes móviles políticos y de represalia, resume la distancia entre la norma y la práctica en buena parte de Centroamérica. La prensa internacional lo presenta como un avance jurídico, y lo es. Pero la pregunta incómoda que el encuadre omite es por qué esa tutela judicial solo se activa cuando interviene un tribunal de San José, y no cuando la víctima acude a las instituciones locales.
Algo similar ocurre con los casos guatemaltecos y hondureños. En Chichupac, la Corte encontró desapariciones forzadas masivas, masacres y la imposibilidad de retorno de los desplazados. En las comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, documentó tierras entregadas a terceros, concesiones mineras otorgadas sin consulta y amenazas nunca investigadas. El artículo de Infobae América recoge los hechos y las reparaciones ordenadas, pero lo presenta como una lista de sentencias exitosas. El éxito, sin embargo, es puramente declarativo. Las sentencias existen, los Estados las reciben, y la prensa las convierte en noticia. Lo que no se convierte en noticia es la persistencia de la impunidad, la falta de voluntad política para ejecutar los fallos y la repetición de los mismos patrones de violencia contra las comunidades. Mientras la Corte Interamericana sigue siendo el único actor que, desde fuera, obliga a los gobiernos a rendir cuentas, América Latina sigue atrapada en ese círculo vicioso donde la justicia se mide en kilómetros de distancia entre Washington y San José, y no en la capacidad de sus propios sistemas para proteger a sus ciudadanos.