La Fiscalía ecuatoriana ha dado un paso más en el laberinto de sombras que rodea el asesinato de Fernando Villavicencio, pero el encuadre que la prensa internacional elige para este desarrollo no hace sino confirmar una narrativa ya consolidada: Ecuador como territorio donde el crimen organizado y el poder político se entrelazan hasta volverse indistinguibles. Infobae América, en su cobertura, no se limita a informar sobre la acusación formal contra siete presuntos autores intelectuales —entre ellos un exministro de Rafael Correa, un excongresista y un empresario radicado en Estados Unidos—, sino que refuerza la idea de un país donde las instituciones han sido penetradas por estructuras criminales. La mención de Wilman Terán, exjuez y expresidente del Consejo de la Judicatura, condenado en el caso *Metástasis* por su complicidad con el narcotraficante Leandro Norero, no es un detalle menor: es la prueba, según el medio, de que la corrupción no es un fenómeno aislado, sino un sistema.
Lo llamativo no es que se acuse a figuras con pasado político o que se hable de financiamiento criminal, sino cómo estos elementos se ensamblan en un relato que prioriza el dramatismo sobre el contexto. La BBC Mundo, por su parte, reduce el caso a un simple titular: *"Ecuador imputa a un exministro y otras seis personas por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio"*, como si el asesinato de un político en plena campaña electoral fuera un hecho aislado y no el desenlace violento de una pugna de poder donde el narcotráfico es solo la cara más visible. El medio no profundiza en las ramificaciones del caso *Metástasis*, ni en cómo la infiltración criminal en el sistema judicial —con jueces y fiscales cooptados— explica, en parte, la impunidad que ha permitido que estos crímenes queden impunes durante tanto tiempo. En cambio, el foco se centra en la figura de José Serrano, exministro de Correa, presentado como un eslabón clave en una cadena de complicidades que va desde la política hasta el crimen organizado, sin que se explore cómo este entramado refleja, a su vez, las debilidades estructurales de un Estado que nunca terminó de desvincularse de su pasado autoritario.
Lo que la prensa extranjera omite —o al menos no subraya— es que el asesinato de Villavicencio no fue solo un crimen político, sino un síntoma de una crisis más profunda: la de un país donde el Estado ha perdido el monopolio de la violencia y donde la justicia, en lugar de ser un contrapeso, se ha convertido en un instrumento más del poder. Las condenas a los autores materiales, mencionadas de pasada, apenas rozan la superficie de un problema que trasciende al magnicidio. La Fiscalía habla de "autores mediatos", pero la prensa internacional prefiere quedarse en la superficie: en la acusación, en la extradición solicitada a Venezuela y Estados Unidos, en el escándalo judicial. No hay espacio para preguntarse, por ejemplo, cómo es posible que un narcotraficante como Norero pudiera operar desde una prisión con tanto poder, o por qué figuras como Terán, un juez de alto rango, terminaron involucradas en una red de corrupción que incluía desde sobornos hasta la manipulación de procesos penales.
El encuadre, en definitiva, sigue siendo el mismo de siempre: Ecuador como un país atrapado entre el crimen y la política, donde la línea que los separa es cada vez más difusa. La prensa extranjera, al no cuestionar este relato, contribuye a perpetuar una imagen de Ecuador como un territorio sin salida, donde la violencia y la corrupción son el único futuro posible. Lo que no dice, o no quiere decir, es que detrás de este entramado hay décadas de políticas fallidas, de Estados débiles y de élites que han priorizado sus intereses sobre el bien común. La acusación contra siete personas, por importante que sea, no resuelve nada; solo confirma lo que ya sabíamos: que en Ecuador, el poder se ejerce tanto con balas como con sobornos, y que la justicia, cuando llega, suele llegar demasiado tarde.