Que la casa de Salvador Allende en Guardia Vieja termine convertida en oficinas de una empresa de ingeniería y topografía tiene la textura de una parábola que la prensa extranjera no ha dejado pasar. El País América la cuenta con el detalle que la hace perfecta: el Gobierno de Gabriel Boric quiso comprarla para museo, la operación se canceló por un proceso plagado de errores administrativos, la senadora Isabel Allende fue destituida por el Tribunal Constitucional por no poder celebrar contratos con el Estado, y su sobrina, la ministra de Defensa Maya Fernández, terminó renunciando. Ahora la familia vende por 1.000 millones de pesos, unos 1,1 millones de dólares, y el símbolo de la memoria chilena se rinde al mercado inmobiliario.
El encuadre extranjero tiene aquí un punto de sutileza que conviene subrayar. No se trata del relato habitual de la dictadura, los derechos humanos o la lucha de clases. La historia que arma El País América es más incómoda: la izquierda chilena, heredera del presidente mártir de la Unidad Popular, no ha sabido proteger ni siquiera la casa donde ese presidente crió a sus hijas. Los herederos de Allende, lejos de custodiar el patrimonio simbólico, han hecho lo que cualquier propietario haría: venderlo. El Estado comprador resultó inepto, la familia resultó vulnerable a las incompatibilidades legales, y el desenlace no lo firma un decreto ni un acto de soberanía popular, sino una escritura privada ante notario.
Lo que la mirada de afuera subraya con ironía es la distancia entre la solemnidad del proyecto y la mezquindad del desenlace. Un museo de memoria era la promesa. Oficinas de una empresa de topografía será la realidad. La negligencia administrativa que El País América menciona en su cobertura previa convierte la política chilena en un escenario donde los grandes gestos se estrellan contra los expedientes mal llenados. Y el costo no lo paga una abstracción llamada Estado, sino las personas concretas que cargan con el apellido: una senadora destituida después de 31 años en el Parlamento, una ministra que abandona su cargo, una familia que opta por la salida más simple, la venta, para no seguir arrastrando el peso de un proyecto que el sector público fue incapaz de concretar.
Conviene recordar que el mismo día la prensa extranjera registra el avance de la megarreforma económica de Kast, que según Infobae busca desregular sectores clave y profundizar el modelo neoliberal, mientras en Chile el debate sobre la memoria histórica se diluye entre papeles mal firmados y patrimonios mal custodiados.