Hay días en que la prensa extranjera le regala a Guatemala una portada que parece escrita para confirmar los peores pronósticos sobre su institucionalidad. Hoy, Infobae América encabeza su sección con el caso de Juana Santiago Chel, la mujer de 72 años que fue desalojada por la fuerza de su vivienda en Nebaj, Quiché, en un operativo que la Procuraduría de los Derechos Humanos no duda en calificar de violento. El encuadre es impecable en su factura: una anciana hospitalizada tres días, agentes empujándola frente a las cámaras, una jueza cuya casa termina incendiada por la turba y dos altos mandos policiales señalados por el ombudsman como violadores de derechos humanos. La escena tiene todos los ingredientes que el corresponsal extranjero busca para ilustrar un país donde el Estado aplica la ley con el pie en el cuello de los más vulnerables. Pero la noticia, como suele ocurrir en estos relatos, gana en claridad narrativa lo que pierde en complejidad.
La declaratoria de José Alejandro Córdova tiene un peso específico que la prensa internacional subraya con razón: por primera vez, la Defensoría del Pueblo de Guatemala nombra a dos autoridades policiales, Gerson Onelio Benites Rivera y Feliciano Cruz Vásquez, como responsables de vulnerar los derechos a la seguridad y a la integridad personal de Santiago Chel, de su hija y de los pobladores del caserío Xecoxo. La frase del procurador, “el Estado no puede ni debe tolerar el abuso de poder”, funciona como un titular perfecto para el lector de fuera, que encuentra en ella la confirmación de que en Guatemala el abuso no solo ocurre, sino que además es oficialmente reconocido. Y el relato de Infobae no escatima detalles para sostener esa lectura: la recomendación de deducir responsabilidades administrativas contra otros tres agentes, la exigencia de cumplir el Protocolo de Actuación Policial de Desalojos y la mención de que el Ministerio Público ya abrió una investigación penal. Todo parece confirmar que, al menos en este episodio, el sistema reacciona con celeridad ante la arbitrariedad.
Sin embargo, el mismo caso revela grietas en ese relato simplificado. La jueza cuyo domicilio fue incendiado, por ejemplo, no era una figura neutral: había ordenado el desalojo sin verificar la legalidad del proceso, lo que desató la ira colectiva. Mientras tanto, la familia de Juana Santiago Chel llevaba años en una disputa por tierras que el Estado no ha logrado resolver de manera definitiva, dejando un vacío de autoridad que la fuerza policial ocupó, pero no llenó. La prensa extranjera, en su afán por mostrar un país donde el poder se ejerce con saña, omite que la violencia en Nebaj no es solo policial, sino también comunitaria, y que la solución no pasa únicamente por sancionar a los agentes, sino por abordar las causas estructurales de un conflicto que se remonta a décadas.
Lo cierto es que Guatemala sigue siendo un país donde la ley se aplica con sesgos, donde los más débiles pagan el costo de la ineficacia estatal y donde los titulares internacionales suelen reducir la realidad a una ecuación de víctimas y victimarios. Pero incluso en esa reducción, el caso de Juana Santiago Chel deja una pregunta incómoda: si el Estado reconoce el abuso, ¿por qué la impunidad sigue siendo la norma y no la excepción?