La noticia que hoy debería ocupar un lugar central en los tableros internacionales no es un terremoto ni una operación contra cárteles, sino una factura de electricidad. Infobae América recoge el trabajo de La Prensa sobre el modelo energético de Nicaragua: un país que importa energía a precios bajos, la revende por encima del costo y suma a Honduras como cliente mientras sus propios ciudadanos siguen pagando algunas de las tarifas más altas de la región. La cifra es reveladora: en 2025 Nicaragua destinó cerca de 130 millones de dólares a comprar energía en el Mercado Eléctrico Regional; en los primeros meses de 2026 ya llevaba gastados más de 65 millones. Los números no dibujan una crisis ni una catástrofe: dibujan un negocio.
La prensa extranjera, sin embargo, tiende a encuadrar esta información como una anomalía más de un régimen autoritario. El artículo subraya que los especialistas califican el modelo de “contradictorio”, que los beneficios se concentran en empresarios del sector y figuras vinculadas al gobierno de Ortega, como la familia Murillo, y que el ministro de Energía, Salvador Mansell, presume de que casi la mitad de la electricidad nacional proviene de fuentes renovables, omitiendo en su relato el papel de las inversiones privadas extranjeras. Ese encuadre es correcto hasta donde llega, pero no agota la lectura. Lo que la mirada internacional suele tratar como una rareza latinoamericana —un régimen que convierte la infraestructura pública en mecanismo de lucro para unos pocos— es, en realidad, un síntoma de un problema más profundo y extendido: la captura del Estado por intereses particulares, un fenómeno que no es exclusivo de gobiernos autoritarios ni de esta región, pero que aquí adquiere matices particulares por la debilidad institucional y la opacidad en la gestión de lo público.
Mientras los medios globales reducen la complejidad latinoamericana a estereotipos de corrupción o inestabilidad, pierden de vista que estos casos son también el resultado de dinámicas globales: mercados energéticos distorsionados, flujos de capital que premian la concentración de poder y una arquitectura financiera internacional que facilita el enriquecimiento opaco. La cobertura debería ir más allá del escándalo puntual y cuestionar cómo estos sistemas se sostienen, quiénes los financian y por qué persisten a costa del bienestar colectivo. Hasta entonces, seguiremos leyendo sobre América Latina como si fuera un gabinete de curiosidades políticas, en lugar de un espejo que refleja las fallas de un orden económico que nos incluye a todos.