Tony Bruno Smith, Dionisio Robins, Argüello Celso Lino, Ignacio Celso Lino, y los otros cuatro guardabosques mayangna siguen tras las rejas, convertidos en un símbolo de la impunidad sistemática que caracteriza al régimen orteguista. Su caso expone cómo la represión en Nicaragua no solo silencia disidentes políticos, sino que también aplasta a las comunidades indígenas que defienden sus tierras ancestrales frente a intereses económicos y políticos. La prensa internacional, al cubrir estas historias, desmonta la narrativa oficial que presenta al gobierno como protector de los pobres y el medio ambiente, revelando en cambio una maquinaria de persecución que opera sin distinción de causas.
Lo más revelador es la indiferencia absoluta ante los organismos internacionales: las resoluciones de la CIDH, la Corte Interamericana y la ONU son tratadas como papel mojado, demostrando que Nicaragua actúa con el mismo desdén hacia el derecho internacional que hacia sus propias leyes. Este caso, alejado de los focos habituales de la oposición urbana, muestra que la crisis de derechos humanos en el país no es un asunto meramente político, sino estructural, arraigado en la negación de justicia a los más vulnerables. Mientras la comunidad internacional se limita a emitir declaraciones, los guardabosques mayangna esperan tras las rejas, y los bosques que protegían siguen siendo devorados por la impunidad.