La noticia que hoy llega desde Ginebra tiene la virtud de la precisión técnica: cerca de dos mil abogados nicaragüenses fueron borrados del registro de la Corte Suprema sin notificación individual, sin expediente disciplinario y sin vía de recurso ante autoridad independiente. La relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, lo dice sin adornos: estas destituciones atentan contra el derecho fundamental a un juicio justo. Infobae América recoge el pronunciamiento y lo titula con la palabra "masiva", que es la única posible cuando se habla de dos mil profesionales convertidos en la nada jurídica de un día para otro.
Conviene detenerse en lo que la cifra significa y en lo que la prensa internacional subraya al repetirla. No se trata de dos mil casos de corrupción probada ni de dos mil sanciones individualizadas tras un debido proceso. Se trata de una depuración administrativa que convierte la abogacía en un privilegio revocable. El abogado excluido no puede presentar escritos, no puede representar a nadie ante un tribunal, no puede dar fe notarial. La consecuencia no es solo la ruina profesional de los afectados: es que cualquier ciudadano que necesite defenderse tendrá que hacerlo con los letrados que el sistema considere aceptables. La defensa deja de ser un derecho del justiciable y pasa a ser una concesión del aparato.
Satterthwaite menciona un patrón que la prensa extranjera ha venido documentando desde 2018 y que hoy adquiere una forma nueva: vigilancia, acoso, amenazas, exilio forzado y cancelación de licencias contra quienes asumieron la defensa de presos políticos, promovieron causas de derechos humanos o denunciaron abusos. La novedad no está en la denuncia, que es antigua, sino en el instrumento. La Circular 2026 del Consejo Nacional de Administración Judicial y Carreras Profesionales obliga a los jueces a verificar la inscripción del abogado antes de prestarle servicios. Es un mecanismo elegante en su crueldad: no prohíbe ejercer, solo hace imposible hacerlo. Y traslada al funcionario judicial la tarea de filtrar, con lo que la responsabilidad se diluye en una cadena de cumplimientos debidos.
El encuadre extranjero acierta al conectar esta medida con las reformas constitucionales de 2023, las que habilitaron la revocación de nacionalidad y ampliaron las facultades disciplinarias de la Corte Suprema. La relatora recuerda que veintiséis abogados fueron inhabilitados tras ser despojados de su nacionalidad. Ese precedente importa porque revela la lógica del método: primero se despoja de un atributo de la persona, luego se le niega el ejercicio de su oficio. La secuencia no es azarosa. Es una tecnología de exclusión que se perfecciona por etapas.
Lo que el material de hoy no dice —y conviene señalarlo— es que la inhabilitación masiva no ha generado, hasta ahora, una reacción equivalente a su escala. La comunicación de la relatora es un gesto institucional dentro del sistema de derechos humanos de la ONU, con la fuerza que ese sistema tiene: la de nombrar. Satterthwaite pide que la comunidad internacional responda y que Nicaragua cese los ataques, pero la propia trayectoria reciente sugiere que Managua ha aprendido a convivir con la condena internacional sin modificar sus prácticas. La pregunta que el encuadre periodístico deja abierta, y que no responde, es qué sigue después del pronunciamiento. La denuncia, por sí sola, no restituye a nadie en el registro.
Hay un matiz que los titulares de hoy permiten entrever y que merece atención. Junto a la noticia de Ginebra, Infobae América informa que organizaciones exigen revertir el archivo del caso por el asesinato del opositor Roberto Samcam, y que cinco trabajadores de Nuevo Carnic irán a juicio por un presunto robo de bienes valorados en poco más de treinta y cinco mil dólares. Las tres piezas, leídas juntas, dibujan un mismo paisaje: un sistema judicial que archiva lo grave y persigue lo menor, que despoja de defensa a los ciudadanos y luego los somete a procesos donde esa defensa será, cuando menos, precaria. La prensa extranjera lo cuenta como tres noticias separadas. El lector atento puede leerlas como una sola.
La mirada de afuera sobre Nicaragua tiene hoy un mérito y un límite. El mérito es haber puesto el foco en un mecanismo menos espectacular que una detención pero más profundo en sus efectos: la destrucción silenciosa de la abogacía independiente. El límite es que, una vez más, la historia se cuenta desde la denuncia internacional y no desde la resistencia interna, que existe y que el material apenas roza. Dos mil abogados excluidos son dos mil trayectorias, dos mil clientelas, dos mil decisiones personales ante la disyuntiva de callar, emigrar o intentar regularizar su situación en el mismo sistema que los borró. Esa parte de la historia no aparece en el despacho de Ginebra. Y es, quizá, la que más explicaría lo que está ocurriendo en Nicaragua.