La prensa extranjera que hoy mira a Argentina elige tres puertas de entrada y solo una conduce al territorio. Las otras dos llevan al estadio y al Atlántico Sur. Lionel Messi y su carrera convertida en misterio sagrado por un lado; el anuncio del canciller de que Argentina impedirá la explotación petrolífera offshore en Malvinas por el otro. Entre esas dos escalas —la épica deportiva y la reivindicación soberana— se cuela, con esfuerzo, un tercer titular que es el único que habla de lo que ocurre dentro del país: la protesta contra la extranjerización de la tierra y el agua, y el papel de Javier Milei como facilitador de esa venta.
El contraste no es casual y merece señalarse. La prensa internacional puede dedicar páginas enteras a la nostalgia de un ídolo y titulares rotundos a una disputa diplomática de décadas, mientras el conflicto que el propio material describe como crítico —la tierra, el agua, los desalojos, las comunidades indígenas— aparece en un solo artículo, con cifras precisas y con una escena humana que lo ancla: Marta Sahores, profesora de química de 84 años, marchando en Esquel bajo el lema de que la tierra no se vende. Ese desequilibrio de cobertura es, en sí mismo, un dato editorial. Lo que se subraya y lo que se omite no depende del azar.
El texto que sí se ocupa del asunto construye un encuadre nítido y documentado. Los extranjeros poseen alrededor de 13 millones de hectáreas, cerca del 5% del territorio, un área comparable a Inglaterra. La ley de tierras de 2011 fija topes que, según el investigador Tomás Costa, del Observatorio de Tierras de la UBA, ya están superados en departamentos como Lácar, en Neuquén, donde cerca del 54% de la tierra es de propiedad extranjera y un puñado de entidades estadounidenses concentra 144.313 hectáreas, catorce veces más que la comunidad mapuche Curruhuinca, que lleva años reclamando acceso al agua limpia. La Corte Suprema acaba de despejar el camino para que avance la reforma que busca derogar esa ley, dos meses después de un intento fallido en el Congreso. El oficialismo aprobó en el Senado una versión recortada de su ley de inviolabilidad de la propiedad privada, retirando las dos cláusulas más conflictivas —el aumento del tope del 15% al 25% y la vía rápida para desarrollar tierras tras incendios— pero manteniendo artículos que agilizan desalojos y dificultan expropiaciones para obras públicas. El profesor Pablo Volkind lo resume sin eufemismos: no es lo que podría pasar, es lo que ya pasa, con una oleada de desalojos en Jujuy, Neuquén, Chubut y Misiones.
Hay un hilo narrativo que el artículo traza con claridad y que conviene retener: la extranjerización no es un fenómeno abstracto de balances macroeconómicos, sino una geografía concreta que se superpone con reservas naturales, parques nacionales, glaciares y territorios indígenas a lo largo de la cordillera, desde Salta y Jujuy hasta Tierra de Fuego. En abril, Milei firmó una reforma de la ley de glaciares que autoriza la minería en zonas antes protegidas. El régimen de incentivo a las grandes inversiones, conocido como Rigi, relaja los límites a la repatriación de capitales, baja el impuesto a las ganancias corporativas y exime de aranceles a la maquinaria importada, con treinta años de estabilidad regulatoria garantizada. Un «súper Rigi» en proyecto extiende esos beneficios a megaproyectos de frontera como los centros de datos de inteligencia artificial y la fabricación de semiconductores, que requieren cantidades masivas de agua y minerales críticos como el litio. El caso de Puerto Libertad, en Misiones, donde la forestal chilena Arauco controla tanta tierra que el intendente debe pedirle permiso antes de avanzar con un parque industrial de diez hectáreas, funciona como la caricatura perfecta de lo que el artículo denuncia: la soberanía local convertida en trámite ante un privado extranjero.
Lo que el encuadre deja afuera también importa. El artículo no menciona, por ejemplo, qué porcentaje de esa tierra extranjera se destina a producción agrícola, a minería o a especulación financiera; no distingue entre inversión productiva y acaparamiento; no recoge la voz de ningún funcionario del gobierno que explique la lógica de la desregulación más allá de la etiqueta de «libertaria». La figura de Peter Thiel, con su 1% en Vista, la petrolera de Vaca Muerta, aparece como botón de muestra del cortejo a los milmillonarios, pero no se desarrolla qué contraprestaciones obtiene el país. El artículo elige el punto de vista de los manifestantes y los investigadores, y lo sostiene con coherencia. Es una elección legítima, pero es una elección: la nota es, en rigor, una crónica de la resistencia, no un balance de la política de tierras.
Queda, entonces, una imagen para el día. Mientras el mundo lee sobre Messi y sobre Malvinas, un puñado de titulares se ocupa de que el país se vende por partes y de que quienes se oponen son, en su mayoría, jubilados, estudiantes, comunidades indígenas y una profesora de química de 84 años que dice que están en las calles cuando hace falta y en los tribunales cuando hace falta. La prensa extranjera lo registra, pero lo registra al margen, como quien cumple con una cuota de conflicto social antes de volver a lo que de verdad vende: el fútbol y la geopolítica. No es una distorsión grave; es una jerarquía de intereses. Y las jerarquías de intereses, cuando se repiten todos los días, terminan siendo la única versión de un país que el resto del mundo llega a conocer.