La noticia que debería ocupar el centro de cualquier lectura latinoamericana de la jornada no menciona a América Latina en ninguna de sus líneas, y sin embargo la atraviesa de punta a punta. Estados Unidos sancionó a la Corte Penal Internacional, la institución que desde La Haya procesa a los acusados de genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad, y lo hizo horas después de que Navi Pillay, exjueza del tribunal, recibiera el Nobel de la Paz. La coincidencia, que BBC Mundo subraya desde el propio titular, no es un detalle de color: es la medida exacta de la distancia entre lo que el orden jurídico internacional premia y lo que la potencia que lo fundó —y nunca lo ratificó— decide castigar.
Marco Rubio lo dijo sin eufemismos: "O la CPI cesa sus amenazas, o acabaremos nosotros con la CPI". Las sanciones prohíben que entidades estadounidenses hagan transacciones con el tribunal, lo que en la práctica corta servicios bancarios y tecnológicos, y apuntan a colapsar su capacidad financiera. Ya no se trata de represalias contra jueces o fiscales individuales, como las diecisiete veces anteriores: ahora el castigo es contra la institución entera. El secretario de Estado invoca la soberanía estadounidense y el fantasma de que la CPI procese a ciudadanos de su país, aunque la investigación sobre Afganistán que tanto irritó a Washington ya está cerrada. Lo que queda en pie, y el propio texto lo consigna, son las órdenes de arresto contra funcionarios israelíes, empezando por Benjamin Netanyahu, que celebró las sanciones diciendo que la CPI "no era un tribunal" sino un organismo político.
Para América Latina esto no es una discusión abstracta. La región fue protagonista en la construcción del estatuto de Roma y varios de sus países tienen causas abiertas o latentes ante el tribunal. Más importante aún: la CPI es el único foro permanente donde un latinoamericano puede sentarse como víctima y no como súbdito. Cuando Washington decide que puede desmantelar el tribunal por decreto, lo que queda al descubierto no es solo la fragilidad de La Haya, sino la de un principio que a la región le ha costado sangre: que existen crímenes que no prescriben ante ninguna soberanía.
El resto del material que la prensa extranjera ofrece hoy sobre América Latina confirma, por contraste, cuánto de la región se piensa desde afuera en clave de catástrofe natural o folclore deportivo. El terremoto de magnitud 7,7 en Panamá —que Infobae cubre con precisión a través de la solidaridad de Asfura, la red consular salvadoreña, la línea de emergencia guatemalteca y la reanudación de vuelos en Tocumen— es la clase de noticia que la prensa internacional sabe contar: hechos verificables, consecuencias concretas, cooperación regional que funciona. Es un consuelo menor, pero es un consuelo: cuando la región se ayuda a sí misma, el relato externo la trata como sujeto y no como síntoma.
No ocurre lo mismo con el resto. Los tres hombres declarados culpables por el asesinato de los surfistas australianos en México vuelven a poner al país en el casillero de la violencia que consume extranjeros, un encuadre que BBC Mundo mantiene incluso cuando el sistema judicial mexicano, esta vez, funcionó. El migrante baleado por el ICE en Nueva York, que El País América reporta aún con la bala alojada en el cuerpo, devuelve la imagen inversa: el latinoamericano como cuerpo disponible para la brutalidad del Norte. Y el artículo de Ariel Dorfman en la prensa chilena sobre la caída de Pinochet, ofrecido como esperanza y advertencia para Estados Unidos, es la excepción que confirma la regla: solo cuando un latinoamericano tiene algo que enseñarle a Washington sobre cómo muere una democracia, la región entra en el relato como maestra y no como paciente.
Hay un hilo que conecta las sanciones a la CPI con todo lo demás, y no es el que la prensa extranjera elige. El mismo gobierno que dice defender la soberanía nacional contra un tribunal internacional es el que dispara a un migrante en una calle de Nueva York y el que financia la política que expulsa a millones hacia el sur. La soberanía, en ese vocabulario, es un derecho de unos pocos y una carga para los demás. América Latina lo sabe desde hace siglos. La novedad de hoy es que la Corte Penal Internacional, ese artefacto que la región ayudó a construir para que ningún verdugo quedara impune, acaba de enterarse también.