El Banco Central del Uruguay publicó esta semana un informe con un título que suena a documento de trabajo interno pero que, leído por Infobae América, se convierte en noticia: Uruguay quiere que sus ciudadanos dejen de ahorrar en dólares. El medio lo presenta como una ofensiva, una estrategia, una tarea que no es sencilla en un país donde la divisa estadounidense funciona como refugio histórico. La narrativa que construye Infobae es la de un Estado que intenta convencer a una población desconfiada de que su instinto de protección le sale caro. Y el argumento del BCU, según el artículo, es básicamente ese: el seguro contra crisis que los uruguayos compran con sus depósitos en dólares tiene un costo que excede lo razonable.
Lo que sigue en el texto es una acumulación de cifras que el medio reproduce sin cuestionar demasiado. Que los ahorristas en dólares perdieron un 6% anual de poder adquisitivo local entre 1972 y 2026. Que la probabilidad de perder poder de compra supera el 60% en todos los horizontes y llega al 93% a doce años. Que la volatilidad del ahorro en dólares fue de 9,8% frente a 1,5% para los depósitos en pesos. Son números del propio Banco Central, presentados como evidencia de una racionalidad que los uruguayos, tercos, se niegan a ver. El medio no se pregunta si esas series históricas, que arrancan en 1972 y atraviesan la crisis de 2002, están midiendo lo mismo que la economía actual que el propio informe describe como más resiliente, con un sistema bancario mejor capitalizado y una inflación dentro del rango meta desde 2023. La tensión entre el diagnóstico de la población y el diagnóstico del regulador queda planteada pero no explorada.
Hay un dato que Infobae destaca y que merece más atención de la que recibe: Uruguay sigue siendo el noveno país más dolarizado del mundo, según el informe, con un 72% de los depósitos del sector privado en moneda extranjera a julio de 2026. El promedio global es 29%. El medio menciona el ranking como curiosidad, casi como exotismo estadístico, sin detenerse en lo que implica: que la preferencia por el dólar no es una anomalía uruguaya sino una característica estructural de una economía pequeña, abierta y con memoria de defaults y crisis bancarias. El BCU lo admite cuando habla de la crisis de 2002 y de los shocks externos. Infobae lo menciona al pasar, como si fuera un detalle pintoresco en lugar del corazón del problema.
La parte más concreta de la estrategia, la que entra en vigencia este mes, es que los bancos deberán notificar a sus clientes sobre el riesgo de ahorrar en dólares. Es una medida de transparencia, no de prohibición, y el medio lo dice. Pero la enmarca dentro de una ofensiva más amplia que incluye proyectos inmobiliarios nominados en pesos y plataformas comerciales que también deberían operar en moneda nacional. Son medidas en carpeta, según el artículo, lo que en lenguaje periodístico significa que todavía no existen. El titular, sin embargo, habla de una estrategia en marcha, y esa diferencia entre lo que ya rige y lo que se pretende hacer es la clase de matiz que el entusiasmo por la novedad suele disolver.
Lo que Infobae no dice es más elocuente que lo que dice. No hay voces críticas, ni de economistas independientes, ni de bancos, ni de ahorristas. No hay mención a si la notificación obligatoria podría tener efectos no deseados, como una corrida hacia el dólar anticipada o una pérdida de depósitos si los clientes interpretan la advertencia como una señal de alarma. No hay contexto sobre qué pasó en otros países que intentaron desdolarizar, ni sobre si el ritmo de reducción de la dolarización, que bajó del 90% al 72% en dos décadas, es rápido o lento, suficiente o insuficiente. El informe del BCU se cita como fuente y como marco, y la noticia se escribe desde dentro de esa lógica. Es un artículo que informa sobre lo que el Banco Central quiere que se sepa, sin preguntarse qué es lo que el Banco Central prefiere que no se pregunte.
El resultado es un retrato de Uruguay como un país que intenta curarse de una costumbre financiera que arrastra desde hace medio siglo, con un Estado que apela a la pedagogía y a la transparencia antes que a la coerción. Es una imagen razonablemente favorable, la de un gobierno que confía en la información más que en la imposición. Pero también es una imagen incompleta, porque la dolarización de los depósitos no es solo una costumbre: es una respuesta racional a una historia de volatilidad que el propio informe reconoce. Que el BCU tenga que convencer a los uruguayos de que su instinto de protección es un mal negocio dice menos sobre la irracionalidad de los ahorristas que sobre la persistencia de una desconfianza que ninguna campaña de notificaciones bancarias va a disolver por decreto.